*En una jornada de allanamiento de oficinas, asalto a medios de comunicación y desaparición forzosa de personal periodístico, la precandidata presidencial fue denunciada por instituciones públicas por presunción de lavado de dinero y activos.
**Periodista fue interrogada por horas, junto a contadores de la extinta oficina de promoción de libertad de expresión y libertad de prensa, mientras espantadas voces nacionales e internacionales repudian escalada represiva del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua.
EXPEDIENTE PÚBLICO
La precandidata presidencial independiente Cristiana Chamorro Barrios, fue citada al Ministerio de Gobernación de Nicaragua este 20 de mayo de para declarar por supuestas inconsistencias en los informes financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que ella presidía antes de su cierre en febrero de 2021.
Según Gobernación existen “claros indicios de lavado de dinero” e informó al Ministerio Público, ambas instituciones bajo estricto control del régimen sandinista, para abrir una investigación contra Chamorro y otros dos extrabajadores de la oenegé enfocada en libertad de prensa y expresión.
Del mismo modo fueron allanadas las antiguas oficinas de la citada organización, en una plaza comercial de Carretera Sur de Managua, capital de Nicaragua.
A la vez la oficina en Managua de los medios Confidencial y Esta Semana, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, fueron allanados por un amplio dispositivo policial y un camarógrafo que se encontraba ahí está desaparecido hasta la tarde del 20 de mayo.
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Cristiana y Carlos Fernando Chamorro Barrios son hijos de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y del periodista asesinado en 1978 por la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Después de una hora de espera y dos de interrogaciones, Cristiana Chamorro salió del edificio de Gobernación y explicó qué respondió a los jóvenes funcionarios y anunció que presentará la documentación que le pidieron en el término de 24 horas.
“Acusación macabra”
En relación al allanamiento de los medios de su hermano, expresó que “es parte de la intimidación contra la prensa independiente, seguiremos derrotando la censura, como dijo Carlos Fernando”.
“Oficiales del Migob me entregaron en la puerta de mi casa una notificación para presentarme a las 10:00 a.m. La recibí personalmente a las 9:24 a.m.”, escribió en Twitter la opositora con una foto del momento de la notificación, antes de dirigirse apurada al interrogatorio.
A las 11:12 a.m. tuiteó: “Me he presentado a Gobernación a rendir cuentas de nuestra honestidad y transparencia. El pueblo sabe quiénes son los corruptos”.
Chamorro aseguró que no está inhibida y continuará con sus aspiraciones presidenciales: “Sigo diciéndole sí a Nicaragua en la medida que se pueda y aquí estoy con ustedes. Sigo firme en mi propuesta de servirle a Nicaragua”.
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Cristiana Chamorro fue directora del diario La Prensa en la década de los ochenta cuando los sandinistas ejercieron una censura férrea y al terminar el gobierno de su madre, donde fue funcionaria de comunicaciones, fundó la FVBCH.
Su hermano Carlos Fernando explicó en Radio Corporación que la investigación por lavado de dinero puede ser un intento inhibitorio a su candidatura.
El 5 de febrero pasado, la FVBCH cerró operaciones en rechazo a la Ley de Agentes Extranjeros que obligaría a oenegés a inscribirse en Gobernación y reportar todas sus actividades.
Ortega en guerra sucia contra opositores
La acusación se da dos días después que el Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado en su totalidad por magistrados afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cancelase la personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD), plataforma electoral de la Coalición Nacional, uno de los dos principales bloques opositores al régimen de Daniel Ortega.
El otro bloque opositor que sobrevive es la Alianza Ciudadana encabezada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Chamorro Barrios no es precandidata de ninguno de los bloques y aspiraba a la unidad de ambas agrupaciones para competir por la nominación.
Si bien existen otros partidos políticos, estos son señalados de colaborar con el FSLN.
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Zancadillas
“El gobierno está haciendo lo posible e imposible para anular a la oposición y no tener un impedimento para repetir la aparente justificación electoral que ganó un proceso de votación y así volver a quedarse cinco años más”, afirmó a Expediente Público el analista político y exdiplomático Edgard Parrales.
El exdiplomático considera que en esta estrategia de Ortega juegan su papel los partidos satélites, estos servirán para querer demostrar un proceso democrático con participación pluralista, mientras a los verdaderos partidos de oposición van a buscar como anegarlos y con acusaciones falsas eliminarlos del juego.
Sobre el papel de CxL en esta estrategia sandinista, Parrales considera que hay conjeturas sobre la posición de dicho partido en relación al FSLN, algunas mencionan que la organización está prisionera de ellos por el escándalo de corrupción de los Cenis (certificados de inversión emitidos en la década del 2000).
Parrales indicó que dos altos miembros de CxL, el director nacional Darick Ramírez y el representante estudiantil Max Jerez, expresaron a un canal local de televisión y de manera rotunda su solidaridad con el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador, cancelados por el tribunal electoral, e hicieron un llamado para unirse a todos.
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En la conferencia presidida por Kitty Monterrey, presidente del partido Ciudadanos por la Libertad la mañana del 20 de mayo junto a los más importantes representantes de la Alianza Ciudadana, cerraron filas con lo sucedido a Cristiana y Carlos Fernando Chamorro.
“Esperemos que ellos a pesar de estar demostrando en el pasado una posición muy subjetiva y absolutista hayan llegado al punto que comprendan que todos nos necesitamos y que esta lucha la tenemos que llevar juntos porque de lo contrario, separados nos van a destruir”, aseveró Parrales.
Allanan a medios independientes
La mañana del 20 de mayo fue acordonado por policías el edificio donde funcionan los medios Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro. También hubo presencia de uniformados en la redacción de Artículo 66.
Carlos Chamorro Barrios indicó que no pertenece a la directiva de la extinta Fundación y no han recibido financiamiento de la misma por lo que no se explica la lógica de la incautación de los equipos y documentos de oficina, ni la ocupación del recinto donde realizaban algunas producciones multimedia.
Leonel Gutiérrez, camarógrafo de Esta Semana y Esta Noche, era la única persona en la oficina y hasta la tarde se encontraba desaparecido.
Luis Sequeira, fotorreportero de la agencia francesa AFP también fue detenido por una hora mientras cubría el allanamiento, según reportes de Radio Corporación y otros medios.
Los medios de Chamorro fueron allanados y confiscados también en diciembre de 2018, provocando el exilio del director y los periodistas. Carlos Fernando Chamorro retornó a Nicaragua en noviembre de 2019.
Reacciones de repudio a maniobras
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, tuiteó: “exigimos se respete la vida y la integridad física de los trabajadores de @confidencial_ni y cese el acoso. El respeto a la libertad de expresión como elemento esencial de la democracia hace repudiable este tipo de atentados”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) también se pronunció por la escalada de acciones de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que nuevamente instó a «a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, asociación, y participación política, imprescindibles para elecciones justas, libres y creíbles del 7 de noviembre» próximo.
La plataforma opositora Coalición Nacional emitió un comunicado en solidaridad y respaldo a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, así como al periodista Carlos Fernando Chamorro, junto con su equipo de Confidencial.
“Denunciamos la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y políticos, que han aumentado mientras avanza el contexto electoral. Esto es muestra de debilidad de un régimen que se mantiene en el poder por las armas y que bloquea cualquier intento de elecciones libres, competitivas y transparentes. Mientras la ciudadanía y la comunidad internacional exigen plena libertad para que la oposición pueda participar y derrotar al dictador Daniel Ortega mediante el voto popular, éste no da señales de aceptar una salida cívica a la crisis social, económica y política que enfrenta el país”, informó la agrupación política.
Por su parte, la Alianza Ciudadana condenó “estos claros actos de persecución política y ataque contra la libertad de asociación, expresión y prensa”. “La imputación de graves delitos contra Cristiana y miembros del personal de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, así como el arbitrario allanamiento y saqueo de las oficinas de Confidencial, profundizan la crisis de inseguridad jurídica, persecución a opositores y falta de libertades que sufrimos los nicaragüenses”, dice el comunicado.
Para la Alianza Ciudadana este tipo de acciones represivas son parte de una estrategia para alejar a la población de las urnas, al pretender incentivar el abstencionismo.
La escalada del régimen de Ortega contra los opositores persistió en el resto del día ya que a Félix Maradiaga, precandidato presidencial de la Coalición Nacional y a Juan Sebastián Chamorro, aspirante presidencial de la Alianza Ciudadana, les impidieron salir de sus casas. A ambos políticos opositores les mantienen el asedio, hostigamiento y casa por cárcel de facto, debido a que ninguno tiene acusación penal que sustente que se les impida la libre movilización.
