* Los invasores de tierras comunitarias son movilizados en las elecciones del Caribe de Nicaragua para que “emitan su voto” denunció el observatorio Urnas Abiertas.
** Las elecciones en el Caribe se realizan bajo completo hermetismo de las autoridades del Consejo Supremo Electoral y en un clima de “represión y terror”.
** Usurpación de identidad y de etnia en las boletas electorales, además, de la presión del régimen a trabajadores del Estado, son algunas de las irregularidades del proceso en las dos regiones autónomas del país centroamericano.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto al aparato público movilizaron a los colonos para que “emitan su voto” en las elecciones regionales que se realizan este 3 de marzo en las dos regiones autónomas del Caribe, una jornada marcada por el abstencionismo, confirmó el observatorio Urnas Abiertas.
Los colonos son grupos de mestizos provenientes del Centro y Pacífico del país centroamericano que se han tomado los territorios indígenas, y a su paso han asesinado a decenas de misquitos y mayagnas, atraídos por el potencial de la minería del oro y la ganadería.
Muchas familias indígenas se han desplazado forzosamente y han abandonado sus tierras por las amenazas de los colonos que siempre andan fuertemente armados y actúan con la complicidad del régimen.
“Una situación que estamos empezando a monitorear y que genera preocupación y que ha sido observada en otros procesos electorales es la movilización de colonos para que emitan su voto, un voto que sabemos que es favorable al Frente Sandinista, principalmente en Laguna de Perlas y Puerto Cabezas”, comunicó Urnas Abiertas.
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Voto en elecciones bajo amenaza
Cerca de 500 mil personas, según el Consejo Supremo Electoral, están llamadas a ejercer su voto en el Caribe, pero quienes están acudiendo a las urnas, según Urnas Abiertas, lo están haciendo bajo un proceso de coacción, principalmente estudiantes universitarios y médicos residentes.
Los estudiantes y los médicos, según Valle, son amenazados de “no poder continuar sus carreras” en algunos casos y en otros se les coacciona con la “cancelación de sus becas”. Esta situación se ha reportado en municipios de Puerto Cabezas, Siuna, Rosita, Bluefields, La Cruz de Río Grande, El Tortuguero, Laguna de Perlas y la desembocadura de Río Grande.
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En otros municipios —Kukra Hill, Corn Island, Bluefields, Siuna, Waspam, Paiwás y Prinzapolka— los operadores políticos del régimen entregaron previamente códigos a la población .
“La mayoría fueron entregados casa a casa, los días viernes y sábado. Sin embargo, durante esta jornada electoral, también hemos visto que militantes del Frente Sandinista están afuera de los centros de votación entregando estos códigos”, denunció Valle.
En los días previos a la jornada electoral, el observatorio registró “todo tipo de estrategias para coaccionar el voto”.
A los trabajadores del Estado se les instruye “para que asistan a votar junto a sus familiares”. El régimen, por otro lado, ejerce presión para “bajo amenaza de suspender asistencia social estatales o con la promesa de las personas de recibir dichos beneficios, como pueden ser las láminas de zinc del plan techo”.
Secuestros y desaparecidos
Los comicios regionales en el Caribe se enmarcan en una ola de detenciones desde finales de 2023, principalmente los secuestros de los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama o «hijos de la madre tierra»).
El hecho que ningún partido costeño está encabezando las elecciones o tenga visibilidad en las boletas electorales es otra de las irregularidades junto a las actuales candidaturas.
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“Muchas de las irregularidades son usurpación de identidad, también usurpación de la etnia y de la circunscripción a las que supuestamente dicen pertenecer (…)», mencionó Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.
«Nuestra mayor preocupación en el marco de este proceso electoral es la desaparición forzada en la que se encuentra el dirigente de Yatama, Brooklyn Rivera, y que seguimos exigiendo al Estado que aparezca con vida y que de una prueba de vida de Rivera”, agregó.
Amenazas de encarcelamiento
Durante la audiencia “Nicaragua: Privación arbitraria de libertad por motivos políticos” que se realizó este 1 de marzo en el marco del 189 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los defensores denunciaron la situación de los indígenas en el país centroamericano.
Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, manifestó que documentar la situación de violencia que viven los indígenas es muy “complejo” por las “características del terreno por la extensión de los territorios”.
No obstante, el defensor agregó que conocen al menos de 12 personas indígenas que se encuentran privadas de libertad, entre ellos 10 mayagnas acusados por delitos comunes y dos miskitos que son los líderes de Yatama.
“Conocemos también que hay 27 órdenes de captura contra liderazgos indígenas, es decir, la situación en el Caribe es todavía más grave (que en el Pacífico)”, puntualizó Arce.
Uso de recursos estatales
Por otro lado, Urnas Abiertas en su primer reporte constató la movilización de votantes en vehículos estatales, ya sean terrestres o acuáticos en 9 de 15 municipios como el Tortuguero, Bluefields, desembocadura de Río Grande, la Cruz de Río Grande, Bilwi, entre otros.
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Además, a través de las redes ciudadanas con las que construyen sus reportes, el observatorio constactó la participación de miembros de la Policía y el Ejército Nacional, así como el Ministerio de Salud en “prácticas proselitistas”, señaló Ivannia Álvarez, directora de Redes Ciudadanas de la organización Urnas Abiertas.
“También se ha reportado que, se ha pagado gasolina y otros viáticos a transportistas para movilizar votantes, en algunos casos está señalando que el financiamiento ha sido otorgado por la alcaldía de cada municipio”, dijo Álvarez.
