*A solicitud del diputado sandinista Gustavo Porras, la Asamblea Nacional reformará la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley General de Educación, que permiten al Estado decidir desde los cargos administrativos hasta los programas académicos de los centros de estudio.
**El catedrático, Ernesto Medina, expresidente del CNU, consideró que la reforma pone una “tapa sobre la autonomía universitaria” en Nicaragua.
Expediente Público
La aprobación en Nicaragua de la reforma a la Ley número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, marca el final de la autonomía del sector y elimina a la Universidad Centroamericana (UCA) de la lista de entidades privadas que conforman el Consejo Nacional de Universidades (CNU), despojándola de la asignación presupuestaria del 6% y otorgando a este órgano rector más atribuciones que lo facultan a elegir los perfiles, planes de estudios y programas académicos en el sistema de estudios superiores.
La salida de la UCA del CNU le significará perder la posibilidad de recibir los 251.8 millones de córdobas (US$8.1 millones) anuales provenientes de los fondos del 6% otorgados por el Estado. Además, de ahora en adelante, tendrá que pagar los servicios de agua, electricidad, teléfono e impuestos. Todo esto pondrá en riesgo la continuidad a corto plazo de esta universidad y dejará sin beca a cientos de estudiantes de bajo recursos económicos a los que ya se le había reducido el apoyo debido a los recortes presupuestarios.
Uno de los cambios en la Ley 89 se centra en el artículo 56, en el que se incorporan los nombres de las universidades confiscadas y elimina a la UCA de la lista que integran el CNU.
La reforma aprobada este 31 de marzo, con 75 votos a favor, establece que el CNU estará integrado por los rectores de las universidades estatales y señala las dos sedes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua tanto en León como Managua; la Universidad de Ingeniería (UNI) y la Universidad Agraria (UNA).
Se incorpora a la Universidad Nacional Politécnica (UNP) antes Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli,), la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que antes se llamaba Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, que absorbió a la Universidad Paulo Freire (UPF, ahora estatal), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (Uneh), a las que se les quitó la personería y pasaron bajo el control estatal.
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También son incluidos los rectores de los centros de educación superior Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan).
Por último, agregó “una universidad privada designada por el CNU”, sin mencionar su nombre.
Los 14 diputados que conforman la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se abstuvieron de votar la reforma que saca del CNU a una «universidad que goza de un alto prestigio no solo a nivel nacional, sino a nivel centroamericano».
«Al ser excluida de ser parte integrante del CNU ya no se le entregará el 6% constitucional, con lo cual se estará afectando a miles de jóvenes universitarios de escasos recursos económicos que han decidido estudiar en esta prestigiosa universidad», dijo el diputado liberal Álvaro Rivera en alusión a la UCA.
El catedrático Ernesto Medina, quien fue presidente del CNU en los años noventa, en entrevista con Expediente Público consideró que la reforma impulsada por los legisladores constituye una “aberración”, debido a que “le mata el alma a las universidades que es su autonomía”.
“A mí me costaría creer que esa universidad que van a seleccionar es la UCA (…) Debemos entender que la UCA sale del CNU y, por lo tanto, no va a tener ya derecho a recibir el aporte estatal, sino que lo va a recibir una universidad seleccionada por el CNU, esto es el ejemplo más claro de que esta iniciativa de ley en ningún momento pretende fortalecer el subsistema de educación superior”, mencionó Medina.
La reforma terminó con más de 60 años de autonomía, una lucha y un espacio que las universidades comenzaron a ganar desde la época somocista y continuó hasta los años noventa, lo que les dio un impulso fundamental a la investigación.
Gustavo Porras contra la UCA
La iniciativa fue presentada el 29 de marzo por el diputado sandinista y presidente del parlamento nicaragüense Gustavo Porras, pese a que él es egresado de la UCA en la Carrera de Administración de Empresas. Porras es uno de los funcionarios del régimen sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Porras, diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2007, fue designado por Estados Unidos porque se considera que es el “máximo operador político” del presidente Ortega y “ejerce un control significativo” sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo.
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En la exposición de motivos, el legislador Porras señaló que la reforma busca “fortalecer” el subsistema de educación superior y el CNU, como órgano rector.
“Lo que hace es poner ya la tapa sobre la autonomía universitaria en Nicaragua (…) Desde ahí eleva el estatus del CNU a órgano rector de la educación superior. Según la Ley 89 (anterior) el CNU es un órgano de coordinación y asesoría de las universidades y los centros técnicos superiores, y con sus abusos a veces, ese ha sido su papel”, aseguró Medina.
La UCA en el centro de las protestas
En 2018, cuando inició la crisis sociopolítica que ha cobrado la vida de al menos 355 nicaragüenses, la UCA se convirtió en un foco de protestas de estudiantes contra el régimen de Danie Ortega y Rosario Murillo.
Ese año la UCA recibió 251.8 millones de córdobas (US$8.1 millones) provenientes de los fondos del 6% otorgados por el Estado, según su informe anual.
La Compañía de Jesús en Centroamérica expresó en 2019 su preocupación por la “reducción sustancial” del presupuesto que constitucionalmente recibía la UCA, institución que sufrió ese año un recorte del 6%, aunque no se especificó a cuánto ascendía.
En un comunicado señalaron que desde 1990 la partida presupuestaria que recibía la UCA, como miembro del CNU, es “en reconocimiento a su activa y positiva participación en la lucha del 6% del presupuesto nacional asignado anualmente por el Estado al desarrollo de la educación superior y con la finalidad de que integre y beneficie a la mayor cantidad posible de jóvenes de escasos recursos en su preparación profesional”.
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El informe de Rendición de Cuentas del CNU evidencia que en 2019 el presupuesto asignado se redujo hasta en un 26.7% el presupuesto asignado a la UCA, entregándole solo 184.5 millones de córdobas (US$5.7 millones).
El 21 de diciembre de 2020, la UCA a través de un comunicado reconoció que las reducciones presupuestarias de la asignación que le corresponde de la partida del 6% del Presupuesto General de la República (PGR) destinada a la Educación Superior y que venía sufriendo desde 2018, sobrepasaban el 60%.
Para la casa de estudios superiores lo hacían con “el claro objetivo de obstaculizar el trabajo que la UCA realiza en función del país y castigar su posición crítica”.
Esas “represalias”, según la UCA, afectaron sobre todo y de manera directa, a los más vulnerables de la comunidad universitaria, los estudiantes becados y los trabajadores.
En 2022, el CNU cercenó aún más el presupuesto y entregó únicamente un millón de córdobas a la UCA, es decir menos del 1 % de lo asignado en 2018, cuando empezó la reducción, obligándolos a replantear su programa de becas que depende de esa asignación presupuestaria.
“Yo creo que la UCA se ha ganado el derecho de que el Estado nicaragüense la apoye, porque hoy por hoy es la mejor universidad de Nicaragua, tiene los mejores centros de investigación, los mejores profesores, las carreras mejor organizadas y al quitarle este presupuesto obviamente vamos a tener una universidad con grandes problemas y esto es una pérdida para todo el subsistema de educación superior”, señaló Medina.
CNU decidirá todo
La reforma a su vez otorgará más atribuciones al CNU, una organización que es actualmente dirigida por Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN-Managua, criticada por permitir ataques en el campus donde fallecieron dos estudiantes durante un ataque paramilitar en las protestas del 2018.
Las instituciones de educación superior, señaló el artículo 12, “someterán a la aprobación” del CNU los perfiles y planes de estudios de las carreras o programas académicos de pregrado, grado y postgrado.
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En el artículo 47 también se estipula que los directores de los institutos y centros académicos y de investigación de las universidades miembros del CNU “serán nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del rector”. La anterior legislación estipulaba que solo debían ser electos por el rector.
“Qué fortalecimiento puede tener un subsistema de educación superior donde las universidades pierden la libertad de pensar, de investigar, de expresarse, de poder organizar debates para discutir los asuntos que no le gustan del Estado o los que le gustan, dentro del espíritu de libertad de la autonomía se puede discutir todo, pero ahora eso no se puede hacer”, criticó Medina.
En el artículo 58 se aprobó que el CNU en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), podrá “supervisar” y también “intervenir” a las instituciones de educación superior, es decir crean un “monstruo burocrático”, según Medina.
“Aquí van a tener al CNU supervisando la gestión, ese verbo intervenir en la situación de Nicaragua y en manos de Daniel Ortega ya nos podemos imaginar qué significa, la única interpretación es que van a terminar con la autonomía de las universidades para poder tener libertad de cátedra, libertad de pensamiento, de investigación, para gestionar sus recursos y eso desaparece totalmente”, explicó Medina.
Eliminan Consejo Nacional de Rectores
Los diputados de la Asamblea Nacional además cambian el artículo 48 de la Ley General de Educación, Ley 582, eliminando el Consejo Nacional de Rectores, que estaba integrado por los rectores de universidades públicas y privadas quienes establecían políticas y estrategias de desarrollo universitario.
“El Consejo Nacional de Universidades (CNU), es el órgano del Estado que tiene como finalidad la definición y articulación de políticas y estrategias para el desarrollo de la Educación Superior nicaragüense”, expresa parte de la reforma al artículo 48 de la Ley General de Educación.
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En su parte final, la iniciativa contempló la derogación del artículo 61 de la Ley 582, que establecía que el Consejo Nacional de Rectores debía convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar informes semestralmente al presidente del Consejo Nacional de Educación.
“El objetivo del Consejo Nacional de Rectores era crear un espacio donde las universidades pudieran al menos hablar de sus problemas, los retos comunes de cara al futuro, pero ahora de un plumazo se la vuelan sin dar ninguna explicación si decir si van a crear otra instancia para llenar ese vacío”, dijo Medina.
