**La noche del martes fue arrestado Juan Sebastián Chamorro, aspirante a la Presidencia, después de Félix Maradiaga quien fue apresado tras atender una citatoria del Ministerio Público. Al igual que al precandidato Arturo Cruz, se les acusa en base a la «Ley de los Pueblos», bajo argumentos de que son «traidores» por gestionar que la comunidad internacional aplique sanciones al régimen de Daniel Ortega.
**Entre las 7:00 y las 9:00 de la noche del 8 de junio, la Policía allanó las viviendas y arrestó a José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la opositora Alianza Ciudadana. La directiva de la Coalición Nacional, Violeta Granera, también fue acusada de «incitar la injerencia extranjera» y la mantienen bajo custodia policial en su residencia.
**Cristiana Chamorro lleva 7 días de «casa por cárcel», mientras una jueza le realizó audiencia preliminar sin presencia de su abogada defensora.
Expediente Público
En el lapso de una semana, el gobernante centroamericano Daniel Ortega encarceló a cuatro aspirantes presidenciales opositores, dos de ellos, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, fueron apresados en menos de 24 horas, y desató una cacería en contra de los principales opositores. Se les acusa bajo la «Ley de los Pueblos», que establece la figura de «traición a la Patria» contra los nicaragüenses que gestionen sanciones a la comunidad internacional contra el régimen de Ortega por los abusos a los derechos humanos y la represión.
Juan Sebastián Chamorro fue detenido este martes 8 de junio por la Policía Nacional, en su residencia y a Maradiaga al mediodía después de atender una citatoria en el Ministerio Público (Fiscalía).
En horas de la noche, se confirmó la detención del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y de la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera.
Aguerri, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, ubicado al sur de Managua, la capital. Mientras Granera permanece en su casa bajo custodia policial, según nota de prensa de la Policía Nacional.
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A todos los opositores detenidos, también se les aplicó la Ley número 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. El catedrático y exembajador Arturo Cruz, fue el primer nicaragüense en aplicársele la legislación aprobada en diciembre de 2020 que es utilizada para castigar a todos los que el régimen considera “traidores a la patria”.
Maradiaga fue interceptado en la vía pública
El opositor Félix Maradiaga fue interceptado por agentes policiales a bordo de una patrulla cuando circulaba en su vehículo por una calle de Managua junto a su abogado Róger Reyes.
Según Reyes, después de salir de la sede de la Fiscalía, fueron detenidos en un retén policial que estaba instalado sobre la vía y posteriormente una patrulla se colocó en la parte de atrás del vehículo donde viajaba Maradiaga.
El abogado confirmó que los agentes agredieron físicamente al aspirante presidencial. «De manera violenta abren la puerta del lado donde estaba Félix, la puerta delantera del lado derecho, abren la puerta donde yo estaba, y sin ninguna palabra uno de los oficiales se acercó a Félix de manera violenta, agresiva, con el puño cerrado le dio un golpe en el rostro a Félix, quien trató de defenderse”, narró Reyes.
Antes de acudir a la Fiscalía, intuyendo lo que ocurriría, Maradiaga grabó un vídeo en donde llama a los nicaragüenses a continuar en “resistencia cívica y la lucha por la libertad de Nicaragua”.
“Hermanos y hermanas nicaragüenses si están viendo este vídeo es porque fui detenido por el régimen de Ortega, como he mencionado en todo momento mis manos están limpias, mi conciencia está limpia”, mencionó Maradiaga.
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En el mismo vídeo, el opositor mencionó que Ortega en un acto de desesperación está ordenando detener a los aspirantes presidenciales porque le tiene “terror y temor a la voluntad soberana de la ciudadanía y no se quiere someter a un proceso electoral libre y justo”.
“Les pido que no perdamos la batalla de la esperanza, esa es la batalla fundamental en la cual debemos que tener una fe de hierro, en que Nicaragua será libre, en que vamos a encontrar un camino de paz y de justicia”, dijo Maradiaga.
Abogado internacional asume defensa
El reconocido abogado internacional de derechos humanos, Jared Genser, anunció que se unirá al equipo de defensores que representarán a Maradiaga ante la justicia orteguista.
“Tras su desaparición, está detenido en un lugar no revelado. Especialmente a la luz del grave abuso físico que ha sufrido en manos de las fuerzas de seguridad nicaragüenses y el riesgo de que sea sometido a nuevas torturas”, manifestó Genser.
El abogado internacional es director del bufete de abogados Perseus Strategies, LLC, oficina ubicada en Whashington, Estados Unidos, así como Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger (R2P), una iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), para prevenir y responder a atrocidades masivas en las Américas, cuando se da una escalada de violaciones de derechos humanos.
Genser se ha desempeñado como asesor internacional de varios destacados activistas de derechos humanos y presos políticos, incluyendo el opositor venezolano Leopoldo López.
“La detención de Félix y otros antes de las elecciones es una decisión descarada y atroz de Ortega para fortalecer su control autoritario. La comunidad internacional debe condenar fuertemente estas acciones e instar al régimen de Ortega para cumplir con sus compromisos internacionales”, indicó Genser.
Rodean casa de Juan Sebastián Chamorro
En un mismo día, el régimen orteguista ordenó la detención del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro que había sido citado la tarde del martes (8 de junio de 2021) por la Fiscalía, según causa en contra de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la que no ha sido aclarada por parte de la Policía y la Fiscalía.
Chamorro tendría que haber comparecido a esa oficina este miércoles 9 de junio, pero las autoridades policiales confirmaron que remitirán al acusado “a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”.
“Si están viendo este vídeo es porque he sido incomunicado o capturado”, advirtió Chamorro en un video pregrabado horas antes del allanamiento en su residencia, ubicada al sur de la capital en Intermezzo del Bosque.
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De acuerdo con el comunicado de las autoridades policiales, el opositor es acusado de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, según la Ley número 1055.
Chamorro se convirtió en el cuarto aspirante presidencial detenido por el régimen orteguista, después de Maradiaga.
Su prima, la periodista Cristiana Chamorro está bajo detención domiciliar desde el pasado 2 de junio, mientras que el catedrático Arturo Cruz, quien ya fue puesto a la orden de un juez, fue detenido el pasado 5 de junio en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
Chamorro, además envió un mensaje a su familia advirtiendo que estará bien, debido a que se ha preparado “espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que viene”.
“A veces en la lucha por obtener la libertad definitiva hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas, no dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos”, dijo el opositor.
Condena internacional
La arremetida de Ortega contra la oposición nicaragüense removió a la comunidad internacional que condenó las acciones del régimen orteguista, incluyendo representantes del gobierno de Estados Unidos.
La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung tildó a Ortega de “dictador”.
“La detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga, el tercer líder opositor detenido en 10 días, confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal (a Ortega)”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria estadounidense.
Los congresistas estadounidenses Albio Sires y María Elvira Salazar nuevamente condenaron la jornada de arrestos a opositores en Nicaragua.
“Queda claro que Daniel Ortega es un dictador. La comunidad nicaragüense puede contar conmigo para denunciar estos atropellos y luchar para la aplicación de sanciones desde ya”, denunció Salazar.
Mientras Sires denunció que los líderes de la oposición fueron “detenidos de manera arbitraria por Ortega en una semana”.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien recientemente advirtió que Nicaragua se encamina a la “peor elección posible” demandó la liberación de los detenidos.
“Urge la liberación de Juan Sebastián Chamorro y de todos los demás presos políticos en Nicaragua, que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega. Nicaragua merece ser libre y democrática”, dijo Almagro también en Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que estuvo en Nicaragua en el contexto de la represión ejercida por el régimen durante las protestas pacíficas de 2018, repudió los actos recientes del régimen orteguista.
Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica desde 2018, cuando la amplia mayoría de nicaragüenses empezaron a manifestarse contra el gobernante Daniel Ortega por las fallidas reformas al Seguro Social.
Al menos 328 fueron asesinadas en ese contexto y más de 2 mil resultaron heridas. Además, la represión obligó irse al exilio a unos 100 mil nicaragüenses.
“La CIDH reitera su rechazo a la continua persecución contra precandidatas y precandidatos presidenciales, que viola las libertades públicas y atenta contra la posibilidad de contar con elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”, señaló el organismo de derechos humanos.
Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), los reportes que llegan desde Nicaragua son “alarmantes”.
La Oacnudh rechazó la jornada represiva que en el último día dejó “detenidos arbitrariamente a tres líderes y una lideresa de la oposición”.
“Ya van seis en la última semana, de los que cuatro eran aspirantes a la presidencia. Oacnudh insta a las autoridades de Nicaragua a liberar de inmediato a todas estas personas y a cesar toda persecución contra opositores, respetando las obligaciones internacionales de derechos humanos”, señaló esta oficina.
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Por otro lado, la abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Sujo, directora de Casla Institute, acusó a la “dictadura de Ortega” de querer arrasar con la oposición antes de las elecciones de noviembre próximo.
“La OEA debe avanzar y atajar a este criminal”, escribió en su cuenta de Twitter la defensora de derechos humanos.
En la misma línea, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló que nunca había visto cosa similar como la que está ocurriendo en Nicaragua.
“En los últimos 30 años, nunca he visto algo semejante. Ortega quiere ser Stroessner”, dijo Vivanco en alusión a Alfredo Stroessner Matiauda, un dictador, militar y político paraguayo fallecido en 2006.
¿Qué dice la Ley 1055?
Tanto a Violeta Granera como a José Adán Aguerri se le imputan cargos por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, tal y como señala el artículo de la Ley número 1055.
La Ley en cuestión fue aprobada el 21 de diciembre de 2021 por la aplanadora sandinista del Parlamento nicaragüense y ha sido utilizada por el régimen para desarticular a la oposición.
La legislación solo contiene dos artículos, y en el primero se establece la “Defensa de los derechos del pueblo”, es decir todo nicaragüense que “encabecen o financien un golpe de estado”, faltan a la soberanía del país.
A quienes “alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, también serán acusados bajo estos argumentos.
Aquellos que “propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “traidores a la patria”, define la legislación que es utilizada por el régimen.
La académica y jurista, María Asunción Moreno, señaló que el país centroamericano se encuentra ante un total “desmantelamiento de las instituciones”. “Es alarmante el nivel de desmantelamiento de las instituciones, reducido a mero soporte de un sistema totalitario impulsado por un régimen irresponsable y sectario que ha suspendido los derechos y libertades fundamentales por la vía de los hechos consumados”, escribió la jurista en su cuenta de Twitter.
