*La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, afirmó que el preso político y general en retiro Hugo Torres legalmente murió en manos de la Policía de Nicaragua quien tiene que dar explicaciones del caso.
**Familiares de presos políticos lanzaron un llamado nacional e internacional en favor de la liberación de los opositores.
Expediente Público
La muerte del legendario guerrillero y general retirado del Ejército, Hugo Torres, ocurrida este 12 de febrero de 2022 no detuvo los juicios exprés contra los opositores, pero encendió las alarmas entre los familiares de los presos políticos en Nicaragua, quienes lanzaron un urgente llamado nacional e internacional a favor de las más de 170 personas que permanecen arbitrariamente detenidas, debido a que viven una situación que los pone en “riesgo de muerte”.
Torres murió a los 73 años en circunstancias todavía no muy claras. Su familia ha llevado el caso con mucha cautela y en un breve comunicado solicitaron “respeto a la privacidad y al luto” que están viviendo.
Cinco organizaciones de familiares de presos políticos suscribieron un comunicado demandando nuevamente al Estado la «libertad inmediata incondicional” de todos los reos de conciencia, porque afirman que “son inocentes y nunca debieron haber sido detenidos de manera arbitraria”.
“Debido a la falta de atención médica oportuna y pertinente creemos que la vida y la integridad física y emocional de nuestros familiares presos en las distintas dependencias del Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección de Auxilio Judicial “el nuevo Chipote”, está en gravísimo peligro”, señaló el comunicado suscrito por la Organización Víctimas de Abril (OVA), Grupo Secuestrados Políticos Unidos (GSPU), Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), Comité Pro liberación de Presas y Presos Políticos (CPPP) y familiares de los presos políticos capturados desde mayo 2021.
Hoy la defensora de derechos humanos María Oviedo y al expresidente ejecutivo de Banpro, CEO regional de Grupo Proamerica y exdirectivo de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social (Funides), Luis Rivas Anduray, fueron declarados culpables este lunes 14 de febrero. Los fallos se dan a conocer dos días después de la muerte Torres, ocurrida el 12 de febrero.
Oviedo, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue declarada culpable por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, bajo la Ley 1055, y supuestamente por “propagar noticias falsas”, según la Ley Especial de Ciberdelitos, informó su abogado Eber Acevedo.
Acevedo señaló que el Ministerio Público solicitó una condena de ocho años de prisión en contra de la defensora de derechos humanos. La defensora de derechos humanos fue detenida el 29 de julio de 2021, cuando visitaba a su madre Socorro Delgado, en León al occidente de Nicaragua.
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Es la segunda ocasión que Oviedo es sometida a la justicia del régimen orteguista. En agosto de 2019 fue declarada culpable, tras ser acusada por obstrucción de funciones por el policía Oscar López, quien la insultó durante una visita en la delegación policial de Masaya cuando acompañaba a un preso político.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó 13 años en contra de Rivas, quien se encuentra detenido desde el 15 de junio de 2021.
Muy preocupados
Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, señaló que tras la muerte de Torres se encuentran “preocupados” por lo que pueda pasar con los reos de conciencia.
“No sabemos si en algún momento nos van a entregar a nuestros familiares en un ataúd, esto es inaceptable, esta es una situación de muchísima desesperación y mucha incertidumbre (…) Sobre todo ante un Estado que no responde y que no da respuestas, el Estado tiene bajo su custodia a nuestros familiares y debe de responder”, mencionó Álvarez.
“Pasan largos tiempos incomunicados, no sabemos si están enfermos, no sabemos absolutamente nada”, dijo Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien será sometido a juicio este 15 de febrero.
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Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, insistió que estos “son juicios injustos a través de leyes ilegales”.
“Sabemos que se han creado (los juicios) para poder callar a las personas que piensan diferente al régimen, nuestros familiares son inocentes”, señaló Valle.
Hugo Torres muere en manos de Policía
Detenido desde el 13 de junio de 2021 en la cárcel de El nuevo Chipote, Torres formaba parte de un grupo de 46 opositores apresados el año pasado, previo a las elecciones del 7 de noviembre, tras ser acusados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de supuestamente violar la Ley 1055, “Ley de Soberanía”, aprobada en 2020.
En diciembre, Torres fue llevado a un hospital por complicaciones de salud. Los familiares de las personas presas políticas siempre han denunciado que no se les permite una adecuada atención en salud.
«Por voluntad expresa de nuestro padre no se celebrará honra fúnebre ni ceremonias públicas”, afirmaron los tres hijos del legendario guerrillero.
En 1974 Torres arriesgó su vida en una operación para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos, el mismo Ortega que lo mantuvo cautivo en las celdas de “El nuevo Chipote”.
La abogada y defensora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en entrevista con Expediente Público sostuvo que el general en retiro legalmente murió en manos de la Policía Nacional.
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“Para todos los efectos legales, Hugo Torres está en poder de la Policía, bajo su resguardo, ellos tienen que responder de todo lo que le pase y si ellos lo mandaron secretamente al hospital, ya esa es otra de las violaciones en que ellos incurren”, manifestó Núñez.
El Cenidh demandó una “investigación formal” sobre las circunstancias de la muerte de Torres y la libertad inmediata para las personas que se acercan o están en la tercera edad entre ellos el excanciller Francisco Aguirre, 76 años; la opositora Violeta Granera, 70 años; Mauricio Díaz, 71 años y Edgard Parrales, 79.
En ese rango de edad también se encuentran Víctor Hugo Tinoco, Dora María Téllez, José Pallais y Pedro Joaquín Chamorro, cada uno de 69 años; Arturo Cruz de 68 años; Nidia Barbosa de 66; Irving Larios de 63 y Evelin Pinto de 62.
La “falsedad” del Ministerio Público
El Ministerio Público informó en un comunicado la muerte de Torres por la “gravedad de la enfermedad” que no precisó y señaló que el preso político fue trasladado al hospital desde que presentó “deterioro en su estado de salud”, donde siempre estuvo acompañado de sus hijos.
En el mismo comunicado el Ministerio Público aduce que por “razones humanitarias” solicitaron al juez de la causa contra Torres la “suspensión definitiva del inicio del juicio oral y público”, lo cual no se da por hecho.
“Eso no es cierto, nosotros revisamos Ordice (Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos) y no existe ninguna solicitud, ni ninguna diligencia en ese sentido”, manifestó Núñez.
Para la defensora de derechos humanos, debido a que la información no ha sido transparente, no se puede afirmar que la muerte del general en retiro constituye un crimen de lesa humanidad. No obstante, las torturas hacia los presos políticos ocurridas en “El nuevo Chipote” son hechos constitutivos que sanciona el artículo 7 del Estatuto de Roma.
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“Eso de tenerlos en celdas de aislamiento, en celdas de castigo, esos son actos de torturas. En “El nuevo Chipote” se está cometiendo no solamente malos tratos, sino que se está cometiendo tortura en contra de los presos, la tortura es un crimen de lesa humanidad”, explicó Núñez.
A la fecha, el Ejército de Nicaragua, institución de la que Torres formó parte hasta su retiro en 1998, sigue silencio ante los hechos acontecidos en el caso del preso político.
El jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, es uno de los funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El 22 de mayo de 2020, el gobierno estadounidense sancionó a Avilés Castillo, por su apoyo a la “represión y desmantelamiento de las instituciones democráticas” por parte del régimen de Ortega, pues “brindó apoyo a la policía y las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense”.
Después de su retiro, Torres participó activamente en el partido Unión Democrática Renovadora (Unamos).
El juez de Hugo Torres
El caso de Hugo Torres estaba en manos del juez Quinto de Distrito Penal de Juicio, Félix Ernesto Salmerón Moreno. Este se graduó en el año 2007 en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-León), una universidad al occidente de Nicaragua, después de presentar su monografía sobre cómo “Excepcionar la acusación penal”.
Salmerón Moreno comenzó su carrera profesional dentro del Poder Judicial como secretario de actuaciones en los juzgados de Rivas, donde estuvo por año y medio antes de ser trasladado a Managua.
En Managua, por dos años y medio se desempeñó como secretario de actuaciones de la oficina de Tramitación Local Penal, y por autorización de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, fue promovido a responsable de esa misma oficina en el año 2011, según nota del Poder Judicial.
En 2020 fungió como juez Cuarto Local Penal de Managua. Ocupó el cargo de juez suplente tercero de Distrito, especializado en violencia en Managua.
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Como titular del juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio será quien lleve el juicio de los opositores Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Arturo Cruz, Tamara Dávila, José Pallais y José Adán Aguerri.
La fiscal Andrea del Carmen Salas Gómez es la representante del Ministerio Público y quien presentó la acusación en contra de Torres y también, la misma que acusó al periodista Miguel Mora, fundador del canal 100% Noticias.
Reacción internacional
La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el fallecimiento de Torres aduciendo, al mismo tiempo que siguió demandando la liberación de todos los presos políticos.
Para la OEA es un “hecho abominable mantener presos políticos con enfermedades terminales sin asistencia médica necesaria”.
Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, recordó que el fallecimiento de Torres ocurre durante su “injusta y abusiva encarcelación”.
“Seguir deteniendo a los presos bajo estas condiciones, especialmente a los mayores, es inadmisible. Urgimos su liberación inmediata”, dijo Nichols.
