* Régimen de Daniel Ortega de Nicaragua desnacionaliza al grupo de 135 opositores desterrados a Guatemala.
** La revocación de la nacionalidad también viene acompañada de la confiscación de todos los bienes materiales y arrincona a las familias de los expresos políticos.
Eric Lemus y Redacción Central
Cobertura Especial / Expediente Público
El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició la confiscación de las propiedades en Nicaragua de cada uno de los 135 excarcelados y desterrados nicaragüenses, tras arrebatarles la nacionalidad de su país de origen.
“En este momento están asediando todos nuestros hogares y expropiando… estamos pasando momentos muy difíciles”, dice el desterrado Marcos Sánchez a Expediente Público.
Sánchez, de 48 años, estuvo 15 meses preso. En la cárcel sufrió dos derrames cerebrales, pero no recibió buena atención médica. A la tensión que atraviesa como expatriado ahora debe digerir que la dictadura lo desnacionalizó y le quitó lo poco que dejó atrás.
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Desnacionalizados temen por sus familias
Desde el hotel donde permanece mientras define su estatus migratorio en Guatemala, Sánchez reconoce que teme por la seguridad de su familia.
El mismo temor sufre el abogado Salvador Ramírez, quien al conversar con Expediente Público, leía consternado la decisión de la dictadura de arrebatar su nacionalidad como nicaragüense.
“No nos queda otro camino que recuperarnos de lo que puede ser ese golpe una vez sea concretizado. Para mi familia y para mí esto será muy difícil, pero de alguna manera tendremos que salir adelante”, asegura este hombre de 68 años.
Ramírez purgó 15 meses en la cárcel y nunca recibió una sentencia sobre la acusación de “traición a la patria”. Su delito fue criticar al régimen en las redes sociales.
Desnacionalizar y confiscar
Después de desterrar a los 135 excarcelados políticos, el régimen de Ortega y Murillo retiró la nacionalidad y procederá a confiscar los bienes, aplicando las leyes represivas aprobadas en el país centroamericano, que sufre una crisis política desde 2018.
A través de una nota de prensa, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua ordenó “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas” excarceladas políticas el 5 de septiembre de 2024.
En 2023, el régimen despojó “arbitrariamente de su nacionalidad” a 317 personas nicaragüenses (60 mujeres y 257 hombres), según Naciones Unidas.
En el caso actual de los 135 excarcelados políticos, la resolución judicial ordenó el “decomiso de todos los bienes de los condenados”.
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“La resolución de mérito dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la población y al país”, dice la resolución.
Casi una semana después del destierro, la dictadura sigue sin publicar los nombres de los excarcelados. Los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, que intervinieron en la liberación de los opositores, tampoco los han identificado por «razones de seguridad».
Régimen usa leyes represivas
Según la resolución, el régimen acusó a los expresos políticos de “hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Como ocurrió con los 222 desterrados en febrero de 2023, a este nuevo grupo de opositores, se les acusa de promover la “violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional” en Nicaragua.
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El Tribunal de Apelaciones se amparó en las leyes represivas 1055, que son criticadas porque su uso es para justificar acciones represivas y limitar el ejercicio de derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Por otro lado, utilizan la ley 1145, conocida como la Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.
Desnacionalizados víctimas del autoritarismo
Víctor Ticay, el periodista granadino encarcelado 17 meses, reaccionó a la pérdida de su nacionalidad calificándola como una acción más de la ruta autoritaria que desarrolla la dictadura Ortega-Murillo contra quien disienta el autoritarismo.
“Bueno, esto era de esperarse, tarde o temprano iba a suceder. Pienso que si esto está pasando, pues que se haga la voluntad de Dios”, manifestó Ticay a Expediente Público.
