*En la investigación “El doble rasero de la política antilavado de Daniel Ortega”, el centro de pensamiento Expediente Abierto expone cómo el régimen de Nicaragua instrumentaliza el sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo para criminalizar.
**La UAF investiga a opositores, pero no a Rafael Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado en 2019 por el Departamento de Estado de Estados Unidos por lavar dinero a través de Inversiones Zanzibar, S.A y Servicio De Protección Y Vigilancia, S.A.
***Tampoco se ha investigado a Francisco López Centeno, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sancionado en 2018 por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky.
Expediente Público
La legislación aplicada a la lucha contra el lavado de dinero en Nicaragua se convirtió en otra arma política del régimen de Daniel Ortega desde que volvió al poder en 2007 y es actualmente utilizada para “desaparecer” el dinero proveniente del narcotráfico, cerrar organizaciones sin fines de lucro y castigar las voces opositoras en medio de la crisis sociopolítica que envuelve al país desde hace cinco años, no así a las personas de su círculo cercano, revela una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto.
La investigación titulada “El doble rasero de la política antilavado de Daniel Ortega” expone la inexistencia de separación de poderes en el país centroamericano y la “instrumentalización” del sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo.
“Actualmente Ortega tiene en Nicaragua el control de la persecución penal contra el lavado de dinero y usa esas instituciones para premiar o castigar a sus allegados o círculo cercano y a quién le haga oposición política”, expone la investigación.
En el contexto de la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde 2018 y el agravamiento de la represión, previo a los comicios generales de 2021 el régimen desató una cacería encarcelando a más de 40 opositores.
Ley antilavado a conveniencia
Entre los condenados y luego desterrados y desnacionalizados figuran la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios y del mártir Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quienes fueron acusados por el delito de lavado de dinero.
En el caso de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro también fueron acusados los excolaboradores Walter Gómez Silva y Marcos Fletes, además de Pedro Salvador Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro.
Un caso más reciente es el de la Iglesia católica que fue señalada de “lavar activos” por manejar supuestamente fondos y cuentas bancarias de “personas condenadas por Traición a Patria”.
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Régimen ejerce control desde la UAF
El control político que ejerce Ortega en las instituciones del Estado les resta autonomía funcional, cambia la naturaleza de su misión y representa un “alto riesgo” en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tal y como ocurre con la Unidad de Análisis Financiero, (UAF), de acuerdo a la investigación.
La UAF, oficina creada en 2012 para prevenir y enfrentar el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas, es dirigida por el mayor general del Ejército, Denis Membreño Rivas y el comisionado general de la Policía Nacional, Aldo Sáenz Ulloa.
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Obediencia militar a Ortega
En 2018, con el estallido de la crisis sociopolítica, la Policía Nacional ayudó a “perpetrar graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, mientras que el Ejército de Nicaragua se “negó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales”, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Estas personas que pertenecen a esas instituciones le deben obediencia a Daniel Ortega y más si provienen de la guerrilla, de un sistema muy politizado, entonces, la obediencia se vuelve ya no administrativa, sino también política y es una obediencia ciega”, dijo a Expediente Público un investigador y experto en temas de seguridad y crimen organizado que guardó el anonimato.
En enero de 2023, Membreño Rivas presumió ante los diputados de la Asamblea Nacional que Nicaragua mantiene un sistema de antilavado “eficaz para la prevención, detección, regulación, supervisión, enfrentamiento y sanción penal contra el delito de lavado de activos”.
ONG jugaban papel importante
La investigación también revela que Ortega utiliza el método de “puerta giratoria” en el que se “aplica la ley a los enemigos políticos y se amplían las desregulaciones a su círculo de poder y aliados”. La legislación nacional en esta materia también apunta a las organizaciones sin fines de lucro.
En julio del 2018, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 977 o Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masivas que, en manos del régimen, “ha servido como mecanismo de control político”.
La Asamblea Nacional en conjunto con el Ministerio de Gobernación, cerró más de 3 mil organizaciones sin fines de lucro desde 2018.
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Tráfico de influencia y corrupción
En la práctica, según la investigación de Expediente Abierto, “no existen garantías de autonomía funcional” en la oficina de UAF. Durante los 16 años en el poder, no se ha procesado o condenado por lavado de dinero a ninguno de los allegados al círculo cercano de la familia del régimen.
Entre 2010, un tráfico de influencia y corrupción pública, en el que fue vinculada la entonces directora de la Policía Nacional, Aminta Granera, saltaron a la luz pública y en el que se expuso la forma en que la empresa Farmacéuticos y Conexos SA (Farcosa) tuvo un crecimiento exponencial del capital de 20 a 60 millones de córdobas en apenas un poco más de un año.
Granera estaba vinculada a Farcosa a través de su esposo Oswaldo Gutiérrez, un leonés conocido en su juventud como “El Conejo”, quien apareció como “asesor” de la compañía que se convirtió en la principal suministradora de equipos y medicinas para el Hospital de la Policía Nacional y uno de los proveedores del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) tal y como publicó en una nota Expediente Público.
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En esa lista también está Francisco López Centeno, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien adquirió un “crédito puente” de parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para la empresa Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa).
Tecnosa, propiedad de López, ejecutó el proyecto habitacional “Casas para el Pueblo” que se llevó a cabo entre los años 2007 y 2009. El 5 de julio de 2018, López fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky.
La familia Ortega y Murillo
Expediente Abierto identificó otros casos en los que no se procedió penalmente conforme a la legislación nacional contra testaferros, personas allegadas al régimen, incluso miembros de la familia en el poder como el caso de corrupción pública de Rafael Ortega Murillo, de quien se presume hizo uso discrecional de la cooperación petrolera venezolana.
El Departamento de Estado de Estados Unidos en diciembre de 2019 sancionó a Rafael Ortega Murillo, tras determinar que las empresas Inversiones Zanzibar, S.A y Servicio De Protección Y Vigilancia, S.A. las utiliza para “generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial a los mercados para el régimen de Ortega”.
No obstante, en 2021 previo a las elecciones generales consideradas un “fraude” por unos 40 países democráticos del mundo, el régimen procedió penalmente contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann.
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Según Expediente Abierto, los escándalos de corrupción y la nula rendición de cuentas sumado al autoritarismo de Ortega, influyen para que Nicaragua sea considerado un “país de alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.
“La política antilavado de dinero de Daniel Ortega está plagada de criterios antojadizos y discrecionales que permiten premiar a sus allegados, protegiéndolos desde el Estado al impedir la acción penal en su contra; y castigar a sus adversarios instrumentalizando la persecución penal como arma política para neutralizar la oposición”, puntualiza la investigación.
Desaparición de dinero del narcotráfico
Con el objetivo de “desfinanciar” a las organizaciones criminales los países, incluyendo Nicaragua, crearon la figura del decomiso e incautación como una herramienta contra el lavado de activos.
Desde que Ortega asumió el poder en el 2007, hasta el 2021, el Estado incautó US$120.9 millones, según datos oficiales extraídos de los anuarios estadísticos de la Policía Nacional, pero del “destino final y la utilidad” que el Estado le ha dado a esta cantidad de dinero se sabe muy poco.
La mayor cantidad del dinero se incautó entre 2017 y 2021, periodo en el que la Policía ocupó US$66.7 millones provenientes del narcotráfico. Con frecuencia, aunque no se incluye ese dato en la investigación, se sabe que la Policía también confisca en los operativos antinarcóticos córdobas, pesos colombianos, lempiras y colones.
“No hay una persecución penal contra el lavado de dinero en Nicaragua, por eso no podemos decir que se lavan 10 o 50 millones de dólares. Podemos cuantificar lo que había antes de 2018, pero no se puede cuantificar lo que hay después de 2018, porque se comienza a hacer una doble aplicación, mejor dicho, una aplicación selectiva de la ley con fines políticos y partidarios”, afirmó el experto en temas de seguridad y crimen organizado que guardó el anonimato.
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Aunque la Ley 735, Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, establece la ruta que se debe seguir con el dinero proveniente de esas actividades, «hasta ahora no se ha reportado, ni existe evidencia que esta ruta o proceso haya sido implementado por el Estado”, revela la investigación.
No legalizan el dinero incautado
A partir de 2017, la Policía está incautando millones de dólares que los narcos dejan sobre las carreteras en el país centroamericano, sin embargo, no se transparenta la distribución anual que debe hacer la Tesorería General del Estado, entre ocho instituciones que deben usarlo “única y exclusivamente” en programas y proyectos de prevención, investigación y persecución del crimen organizado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, organización internacional que ayuda a desarrollar políticas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en sus recomendaciones 4 y 38, invita a los países a establecer mecanismos que permitan a los países a “manejar con eficacia” bienes congelados, embargos o decomisados.
El 21 de marzo de 2023, la Policía incautó US$1.2 millones en el sector de El Castillo, municipio de Río San Juan, ubicado a unos 234 kilómetros al Sur. No hubo detenidos, ni proceso judicial, solo la incautación del dinero del cual “nunca se rindió cuenta del destino final”.
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“De esta forma, las autoridades continúan introducción a la economía legal dinero proveniente de actividades ilícitas por medio confiscación antojadiza y distribución discrecional que evade los procesos y mecanismos establecidos por la ley”, señaló Expediente Abierto.
