*La decisión fue anunciada después que el Parlamento nicaragüense aprobó una declaración en la que tachan de injerencista la resolución adoptada por la Asamblea General, que desconoce las elecciones del 7 de noviembre.
**El analista político Enrique Sáenz afirma que las acciones del régimen solo son «lamentos vociferantes de una derrota política».
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega oficializó su “retiro definitivo y renuncia” de la Organización de Estados Americanos (OEA) al denunciar la Carta Constitutiva de este organismo hemisférico que, en el marco de la Asamblea General el pasado 12 de noviembre, declaró los resultados de las elecciones realizadas en Nicaragua “sin legitimidad”.
A criterio de analistas políticos, la acción de Ortega representa “lamentos vociferantes de una derrota política”.
El ministro de Relaciones Exteriores Denis Moncada, confirmó que por instrucciones de Ortega este viernes 19 de noviembre envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunciando la Carta de este organismo siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de la misma que autoriza a cualquier Estado denunciarla mediante comunicación escrita.
La decisión del régimen orteguista se da tras la declaración aprobada el 16 de noviembre de 2021 por la Asamblea Nacional, en la que rechazan la resolución aprobada por la Asamblea General, a la que se sumaron los diputados sandinistas del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los magistrados orteguistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo control del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional.
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“La Asamblea Nacional trabaja de acuerdo a los mandatos o las directrices que el Ejecutivo les indica, al igual que a los demás poderes del Estado. Esa solicitud de los diputados, sin duda alguna, proviene desde El Carmen”, explicó a Expediente Público un experto en asuntos internacionales que prefirió su anonimato.
El régimen invocó el artículo 67 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y citó el artículo 129 de la Constitución Política de Nicaragua, que señala que los Poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral son “independientes entre sí y se coordinan armónicamente”, lo cual no ocurre en el país centroamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, confirmó que en el país el Poder Ejecutivo concentra el poder y domina el resto de Poderes del Estado, lo que ha facilitado que Nicaragua “se transforme en un Estado policial, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades”.
Decisión tendría efecto en dos años
El analista político Enrique Sáenz recordó que la salida de un país del foro regional de la OEA solo tendría efecto hasta dentro de dos años.
El artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA dice en su parte final que “transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante”.
“La decisión de salirse de la OEA, primero, solo tendría efectos hasta dentro de dos años. Segundo, solo confirma el aislamiento y el descrédito internacional de la dictadura”, explicó Sáenz a Expediente Público.
El artículo 143 también dispone que un Estado quedará “desligado” de la OEA “después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, es decir cumplir con los tratados y otras fuentes del derecho internacional, incluyendo en materia de derechos humanos.
“Si recordamos que la resolución del 18 de julio del 2018 que abrió las puertas para que el Consejo Permanente entrara a considerar la crisis política en Nicaragua; los acuerdos suscritos con el secretario general de la OEA, la cálida acogida que le dieron a su visita; la atención que brindaban a las misiones de representantes de Almagro, entre otros, aquel famoso señor Penco, pues estas acciones no son más que los lamentos vociferantes de una derrota política”, dijo Sáenz.
El canciller Moncada señaló que en la misiva piden a la secretaría general que proceda a comunicar a los demás Estados que conforman la OEA.
Régimen acusa a OEA de ser un “foro político”
En la carta enviada a Almagro el régimen nicaragüense acusó a la OEA de “injerencia en los asuntos internos” de Nicaragua. Según Moncada el organismo hemisférico está incluso “transgrediendo su propia Carta”.
“La Organización de los Estados Americanos ha sido diseñada como un foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención, y su actuar contra Nicaragua ha demostrado que esta organización que funciona permanentemente en Washington, tiene como misión facilitar la hegemonía de los Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe”, dice el texto de la carta que envió el régimen a Almagro.
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El pasado 12 de noviembre la Asamblea General instruyó al Consejo Permanente de la OEA para que a más tardar el 30 de noviembre emita sus consideraciones y haga una “evaluación colectiva” para decidir si convocan o no a una sesión extraordinaria para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana lo que podría derivar en diferentes situaciones desde realizar “gestiones diplomáticas, buenos oficios, negociaciones, así como convocar una Asamblea General extraordinaria”.
UNAB: Es parte de un “show mediático”
Alexandra Zamora, integrante del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, señaló que las acciones del régimen solo son parte de un “show mediático montado por la dictadura” de Ortega.
“La realidad es que ante una inminente suspensión por el no cumplimiento de sus compromisos en materia de democracia y de derechos humanos, así como el no reconocimiento de los resultados de las votaciones del 7 de noviembre es una realidad inminente que va a tener como resultado la suspensión del Estado de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos”, señaló Zamora.
Según Zamora la decisión del régimen de denunciar la Carta de la OEA no exime al organismo hemisférico de tomar acciones contra el Estado de Nicaragua.
Posterior a las votaciones, la secretaría general de la OEA denunció que Nicaragua atravesó una “violenta erosión democrática” en un proceso electoral totalmente “viciado” que condujo al “quiebre de su régimen democrático”.
“Podría acelerar que se tomen acciones bilaterales por parte de ciertos Estados y con respecto al financiamiento que Nicaragua recibe por su estatus de miembro de la Organización de Estados Americanos, no es que reciban un financiamiento específico por esto, pero sí limita su capacidad de acceder a fondos comunes”, reiteró Zamora.
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El CSE, un tribunal dominado por magistrados sandinistas, asignó a Ortega el 75.8% del escrutinio de los votos del pasado 7 de noviembre asegurándole un cuarto mandato consecutivo y un segundo a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Los resultados electorales fueron desconocidos por unos 40 países democráticos del mundo y en la última semana derivó en más sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
El canciller sin embargo en la misiva enviada a Almagro insistió que la decisión de la Asamblea General es parte de “acciones agresivas violatorias de la carta de la ONU y del derecho internacional”, por lo que proceden a la “denuncia y renuncia irrevocable, digna y patriótica”.
