* En medio de la campaña electoral, Nicolás Maduro intenta culpar también a la oposición de las sanciones de Washington y la Unión Europea.
** Si el actual gobernante venezolano es reelecto, el escaso reconocimiento internacional cimentaría las medidas aplicadas en su contra por la comunidad internacional.
Expediente Público
En el puente del Distribuidor Baralt, en Caracas, Venezuela, desde horas de la madrugada cientos de vehículos han formado una hilera en el margen derecho, mientras esperan su turno para surtirse de gasolina en una de las pocas estaciones de servicio que aún la ofrecen a precio subsidiado.
Las personas que hacen espera no saben a ciencia cierta si podrán obtener el hidrocarburo. Son en su mayoría conductores de autos y pequeñas camionetas de transporte público, que aspiran surtirse al precio de 0.11 bolívares por litro, equivalentes a menos de cuatro centavos de dólar.
En el interior de Venezuela, también se presentan “intermitencias” en el suministro de diésel y gasolina, aún si esta es vendida al precio internacional de medio dólar el litro, fijado por el Gobierno de Nicolás Maduro a partir de 2020.
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Régimen de Venezuela en campaña sucia
La nación que hace cuarenta años llegó a estar entre las primeras productoras de crudo del mundo, este año ha tenido que importar gasolina.
Aunque las causas de este problema se remontan al profundo deterioro de la principal industria de Venezuela, la corrupción y la politización de sus cuadros gerenciales, para Maduro y su entorno la culpa es de las sanciones, implantadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unión Europea.
Al aproximarse la elección presidencial del próximo 28 de julio, el oficialismo colocó una valla justo en el sitio donde hacen espera los conductores que quieren obtener su “cuota” de 40 litros mensuales de gasolina.
En una composición fotográfica, pusieron juntos al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López; al presidente del llamado interinato Juan Guaidó, y a la vencedora de las primarias opositoras María Corina Machado. Arriba de ellos, un texto que reza: “El tren de las sanciones”.
En Venezuela, las bandas criminales son llamadas trenes, la más conocida “el tren de Aragua”. Y al otro lado del aviso escribieron: “Ellos buscaron las sanciones del país. No podrán con nosotros. Firma, el pueblo soberano”.
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Venezolanos no se dejan engañar
Todo este esfuerzo del oficialismo venezolano no le funciona, a juzgar por los resultados de las mediciones de opinión pública.
Una encuesta llevada a cabo en febrero de 2024 por la consultora Frequency 58 estableció que las opiniones se encuentran divididas en torno al tema.
Un 27% de los entrevistados manifestó estar de acuerdo con estas medidas contra el Gobierno, mientras 35% estuvo en desacuerdo y un 21.6% no estaba ni a favor ni en contra.
“La gente sabe claramente que la crisis ha sido provocada como resultado de malas políticas económicas en general, pero además que comenzó previa a la imposición de sanciones”, explicó el director de la firma, Oswaldo Ramírez Colina.
En entrevista con Expediente Público, Ramírez Colina considera que el madurismo intenta revivir el debate sobre las sanciones para ganar alguna simpatía dentro de los cuadros del oficialismo, que se encuentran mermados por la decepción hacia el actual gobernante.
“Es un tema tipo “submarino”, emerge o se sumerge por estrategia de persuasión, tratando de encuadrar comunicacionalmente para persuadir a la base oficialista, o al no alineado”, explicó.
La misma división de las opiniones se manifiesta ante la pregunta sobre la reimposición de las sanciones. En concreto contra la industria petrolera venezolana, por el incumplimiento de los términos del Acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023 por representantes del oficialismo y la oposición venezolanas para realizar elecciones justas y libres en el país.
“Volver a hablar de sanciones no siempre funciona. El ciudadano puede recibir el mensaje y no “pararle”. Es decir, considerar que no es verosímil el emisor”, advirtió Ramírez.
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¿A quiénes se han sancionado en Venezuela?
Según el Observatorio Venezolano Antibloqueo -una entidad creada por el régimen, Venezuela es el quinto país del mundo con mayor número de sanciones, con 930.
En realidad, la gran mayoría de estas medidas tiene carácter personal, es decir, no van contra entidades del Estado.
Los primeros sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. durante la era chavista fueron el general Henry Rangel Silva y el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, ambos por sus relaciones con la guerrilla de las FARC, en 2008. Estas eran medidas esporádicas y de alto impacto, que no figuran en el relato del referido observatorio.
De acuerdo con la organización Vendata -resultado de una iniciativa de la sociedad civil-, de todas las sanciones de la comunidad internacional solo 168 afectan a intereses de empresas, ya sean estatales o privadas, que según el Tesoro estarían ligadas al oficialismo venezolano. Esto es el 18% del total.
En esta lista figuran Petróleos de Venezuela, Minerven, Bariven, el Banco Central de Venezuela y la aerolínea Conviasa, por citar algunas.
Según esta base de datos, las sanciones de este tipo comenzaron en 2017, es decir, con la administración de Donald Trump. Hubo trece medidas. Al año siguiente, la cifra se elevó a 81.
¿Cuál es el efecto de las sanciones?
El abogado y exprocurador designado durante el interinato de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, explicó que las sanciones internacionales “responden al corazón del proceso de formación de las políticas públicas en EE. UU.”.
Al ser entrevistado por Expediente Público, señaló que las sanciones personales “tienen un impacto más inmediato y directo”, puesto que implican el congelamiento de los bienes y las cuentas que esos individuos puedan tener en EE. UU. y en su banca corresponsal. Indicó que las sanciones personales también pueden tener efectos sobre la economía de un país.
“La sanción a quien se desempeña como presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) afecta su capacidad para representar a Pdvsa en Estados Unidos. Al ser una persona sancionada no puede firmar contratos. Eso también genera costos de compliance (cumplimiento) para la empresa”, dijo.
Tácticas para eludir sanciones
Desde que comenzaron las oleadas de sanciones contra el régimen madurista, en 2017, el oficialismo venezolano intentó aplicar varios mecanismos para eludirlas. Uno de ellos consiste en manejar la mayor parte de las operaciones de las empresas estatales en efectivo.
Así lo reconoció ante un juzgado argentino uno de los gerentes de la estatal venezolana Emtrasur, la aerolínea de carga cuyo único jet (un 747-300) fue incautado en el terminal aéreo de Buenos Aires, en el curso de una pesquisa sobre financiamiento al terrorismo.
“La mayor parte de las operaciones se hacían en efectivo o a través de Conviasa”, admitió el administrador de Emtrasur, Mario Arraga, ante el juez instructor del caso Federico Villena. De esta forma, podían pasearse por países que también están en la mira estadounidense, como Irán y Cuba, sin dejar un rastro financiero.
Maduro y el esquema criminal
Las operaciones más importantes de comercio exterior del régimen venezolano, en un contexto de sanciones, se hacen a través de intermediarios, tal y como lo explicó el director de Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros.
“Vendes el petróleo a través de mercados negros, utilizas una red amplia de intermediarios, con transportes alternativos que no acuden a las rutas tradicionales para no incurrir en costos por penalización. Pero esto tiene unos costos adicionales por los descuentos. Son montos significativos”, indicó al ser consultado por Expediente Público.
También se manejan en efectivo. De hecho, según Oliveros, el 70 % de los ingresos a las arcas gubernamentales se haría así.
Una variación de este mecanismo es la triangulación. Se aplica en especial cuando se intenta obtener algún bien o servicio.
“Compras a través de intermediarios, porque muchos proveedores no venden directamente al Estado sino a un tercero que lo comercializa con el Estado, y esto tiene una incidencia en los costos”, dijo.
El fracaso del Petro
A partir de 2018, en Miraflores ordenaron al entonces vicepresidente de Economía Tareck el Aissami el diseño de mecanismos que permitieran saltar las sanciones de manera efectiva.
Para ese momento, ya El Aissami fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. Él designó a uno de sus más cercanos colaboradores, Joselit Ramírez, para implantar la criptomoneda nacional, el Petro.
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Aunque el Petro solo tuvo un impacto marginal, Ramírez se transformó simultáneamente en la máxima autoridad para el manejo de todas las monedas virtuales. Todos los que desearan minar bitcoins tenían que solicitar una licencia ante su despacho, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Oliveros recordó que, a través de las plataformas cripto, el gobierno venezolano encontró un vehículo para mitigar el manejo de grandes volúmenes de efectivo, en transacciones de comercio internacional.
En este mecanismo la banca rusa tenía un rol fundamental. Pero todo se vino abajo cuando el régimen de Vladimir Putin invadió a Ucrania, y Occidente impuso sanciones al sistema financiero ruso.
Pérdida de 16 millardos de dólares
En marzo de 2023, Maduro ordenó una investigación penal contra los participantes en este esquema, que en su gran mayoría formaban parte de la élite oficialista.
El Ministerio Público dominado por Miraflores ordenó la detención del superintendente Ramírez. El Aissami fue destituido y, luego de un prolongado confinamiento en una vivienda de Fuerte Tiuna, el régimen también dispuso su procesamiento.
Al menos otras 35 personas permanecen bajo juicio por este caso, llamado Pdvsa-cripto. Según Transparencia Venezuela, la pérdida para el Estado fue superior a 16 millardos de dólares.
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Efecto de elección en las sanciones
¿Qué sucederá con el esquema de sanciones internacionales si Maduro se mantiene en el poder?
El exprocurador José Ignacio Hernández indicó a Expediente Público que cualquier resultado favorable a Maduro será rechazado por la comunidad internacional, puesto que el proceso no ha sido justo ni competitivo.
Por ejemplo, la vencedora de la primaria opositora María Corina Machado fue inhabilitada. Su reemplazo Corina Yoris también lo fue.
La persecución política no ha cesado, y el propio Maduro desconoció públicamente su compromiso de cumplir con el Acuerdo de Barbados.
Sin embargo, de acuerdo con el experto, si la oposición gana las sanciones no serían desmontadas de inmediato.
“Habría un proceso de transformación, reforma y desmontaje gradual de las sanciones (…). Sin embargo, quedarían algunos efectos colaterales en términos de riesgo regulatorio y riesgo reputacional. Entonces (…) independientemente de los escenarios políticos, en Venezuela no hay ningún escenario que conduzca al levantamiento automático de las sanciones”, señaló.
