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Reformas electorales en Honduras son cambios cosméticos

* Partidización aumenta desconfianza hacia el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional Electoral , cuyas autoridades han demostraron ineficiencia para conducir las elecciones en el país centroamericano.

EXPEDIENTE PÚBLICO


Tres días previos a las elecciones primarias del 14 de marzo del 2021, el sistema de entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) falló, solamente lograron entregar la identidad a los nuevos votantes de 18 años y a las personas que habían extraviado su DNI, el resto de la población realizó el sufragio con la antigua identificación. 

Ante la incertidumbre del por qué las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidieron no utilizar el sistema de conteo rápido, alegaron que publicar resultados preliminares \”solamente provoca incertidumbre\”, aunque en todo proceso siempre similar la ciudadanía espera conocer la tendencia de los candidatos. Sin embargo, los del CNE empezarán a brindar los datos hasta que tengan todas las actas verificadas, y trataron de justificar su tardanza en que la actual Ley Electoral les da un plazo hasta de 30 días para su publicación.

De esta manera es el propio órgano a cargo de los comicios que genera incertidumbre en la población hondureña, aumentando el temor de que en las elecciones de noviembre del 2021, se repitan los sucesos de los sucesos del 2017, cuando hubo acusaciones de fraude y se provocó una grave crisis social y político.

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La falta de aprobación de una nueva Ley Electoral, está pasando factura. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, reconoció que ese es un tema pendiente. “En la parte electoral tenemos sesionar lo antes posible para aprobar, existe mucho desorden con los cambios de domicilio que se hicieron”, afirmó.

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El diputado Rivera considera que al momento de entregar la tarjeta de identidad cada ciudadano debe actualizar su domicilio, lo que permitirá depurar el padrón electoral para las elecciones generales de noviembre del 2021. “Debemos presentar un proyecto de ley para delegar a las personas que estarán entregando las identidades que actualicen el domicilio de los ciudadanos”, dijo. 

Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) , fue observador de las elecciones primarias del pasado domingo , y comentó a Expediente Público que las fallas que se presentaron deben corregirlas los partidos políticos , especialmente en las mesas electorales y con el manejo de los centros de votación.  

León señala entre las inconsistencias que no se respetaron las medidas de prevención por el Covid-19 . “Aunque la gente está llegando con mascarilla no está respetando el distanciamiento, esos son los reportes que nos llegan a nivel nacional, junto a las inconsistencias de mesas que no se conformaron por no tener quórum o que tuvieron dificultades porque las maletas electorales llegaron incompletas”.  

Las autoridades electorales tendrán como meta superar todas las inconsistencias presentadas durante las primarias y abogar que para el Congreso Nacional aprueba la nueva Ley Electoral. 

Promesas de nueva Ley quedó en papel

Las fallas en las elecciones primarias del domingo 14 de marzo son consecuencia de que las promesas de dar independencia a las instituciones electorales en Honduras quedaron solamente en el papel, porque las reformas prometidas fracasaron por el involucramiento de los partidos políticos.

El sistema electoral fue reformado con el supuesto fin de evitar que en los comicios previstos se repita una crisis similar a la del 2017, donde hubo denuncias de fraude por parte de los partidos opositores y en las que Juan Orlando Hernández se reeligió en la Presidencia. Hernández logró ser candidato de forma consecutiva amparado en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Honduras, que inhabilitó tres artículos de la Constitución que prohibían la reelección

Según el libro “Tratado de derecho electoral comparado de América Latina”  publicado por el International Institute for Democracy and Electoral Asistente (IDEA), por sus siglas en inglés,en su capítulo “Los Registros Electorales” explica que la organización de un registro electoral confiable constituye el pilar básico sobre el cual reposa toda la estructura electoral.

El texto destaca la importancia de reglas claras que permitan al elector expresarse libremente y exento de presiones para ejercer su voto, y garantizar de esta forma, la eliminación de maniobras para desnaturalizar el cómputo de los sufragios, torciendo el resultado de la elección.

Instituciones sin credibilidad

En el caso de Honduras, se han impulsado reformas al Registro Nacional de las Personas (RNP), para convertirlo en un ente totalmente técnico, responsable de proveer las bases registrales para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) que pueda establecer el nuevo Padrón Electoral.

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Estas reformas al RNP van acompañadas de otras ligadas a los nuevos entes de control electoral vigentes. Sin embargo, lo que ha cambiado en las instituciones es el nombre, pero no las reglas de fondo que garanticen certeza y credibilidad a los responsables de conducir, cada cuatro años, los comicios primarios e internos de los partidos políticos, así como los generales en Honduras.

Para el caso, el Consejo Nacional Electoral, conformado en enero de 2019, antes tuvo dos nombres, producto de igual cantidad de reformas: primero fue Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) y luego Tribunal Supremo Electoral, pero ese cambio no dio más credibilidad como institución.

El último sondeo de Opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la comunidad de los jesuitas, de 2020, revela que el nivel de confianza del TSE, es de 7.5%, mientras el de desconfianza es del 50%.

Con las reformas de 2018 y vigentes a partir de enero de 2019, el TSE se divide en dos entes: el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral. A la par, se impulsó también la modificación para reestructurar el RNP mediante una intervención conformada por miembros del tripartidismo en Honduras: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación (Libre). Ese reparto valió también para el CNE y el TJE. La despartidarización de los entes responsables de rectorar las elecciones quedó en las demandas ciudadanas, pero no en los acuerdos políticos.

En el ensayo “La reforma política electoral en Honduras”, desde 1978 al 2006, indica que fue en el gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006), cuando se llegaron a acuerdos para despolitizar las instituciones, pero ello no se completó y todo quedó en papel.

“El conjunto de propuestas de reformas constitucionales y electorales conocidas como “Los acuerdos del 2001”, son el resultado de una coyuntura interna favorable a los cambios y a un apoyo de la comunidad de países cooperantes, especialmente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El 4 de septiembre de 2001, los principales dirigentes de los partidos políticos, incluyendo los cinco candidatos presidenciales, entre ellos el ex presidente Ricardo Maduro, Rafael Pineda Ponce, Olban Vallades y Matias Funes, firmaron el Manifiesto”, indica el ensayo, al resaltar uno de los más grandes avances que, se suponía sería a favor del fortalecimiento de la democracia del país centroamericano.

Ese avance, se recoge en el libro “Los acuerdos son posibles”, donde se destaca el papel que jugó en ese momento la Comisión Política de los Partidos.

En ese proceso de reformas, la sociedad civil tuvo un rol protagónico empujando procesos y haciendo propuestas. Uno fue el Movimiento Cívico por la Democracia, de coalición de organizaciones civiles, entre las que destacaba la Asociación de Medios de Comunicación, última que influyó en la regulación de las campañas electorales y la difusión de las encuestas de opinión.

Las propuestas de la Coalición, así como de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA)  durante  los comicios del 2001, apuntaba a la necesidad de transformar a los entes de control electoral.

¿Qué falló?

Si las fallas en el sistema de los entes electorales habían sido detectadas con antelación, ¿por qué las reformas establecidas durante el 2004 no obtuvieron los frutos esperados?

Jorge Yllescas, analista político y uno de los protagonistas claves en esos procesos de cambio en materia electoral, explica que pese a existir apoyo de instancias de cooperación como el PNUD, para impulsar estas acciones, “no había una conciencia realmente en las organizaciones de sociedad civil, ni tampoco de los partidos políticos, para empujar esta agenda”.

“La agenda del PNUD no era una agenda propiamente de los hondureños, y la sociedad civil se quedó corta en cuanto a generar mayor conciencia y beligerancia”, asevera Yllescas, quien atribuye esa timidez a la desarticulación del movimiento social hondureño a mediados de los años 90.

“Se hicieron unas reformas donde aparece el nuevo Tribunal Superior de Cuentas, que antes se llamaba Contraloría General de la República, luego se crea el Tribunal Supremo Electoral, supuestamente todos estos organismos, eran organismos técnicos, un Tribunal Supremo Electoral, técnico, libre de los partidos políticos”, pero no fue así, recalcó.

El analista explica que el antiguo Tribunal Nacional de Elecciones, fue reformado en el 2004 por la corrupción y sus malos manejos en los procesos, pero a pesar de la creación del Tribunal Supremo Electoral, no se logró el propósito principal de convertirlo en una institución técnica.

“Todas esas reformas del 2004 se vinieron al suelo justamente porque los partidos políticos no cumplieron con los compromisos de ser organismos estrictamente técnicos” afirmó Para  Yllescas,  los nuevos CNE y TJE, no harán ninguna diferencia respecto a las instituciones que les antecedieron.

“Las autoridades actuales son personas que representan estrictamente a los partidos y eso no deja de ser un problema bastante grave, porque obedecen a las consignas de los partidos y no necesariamente a lo dictado por la ley”, sostuvo.

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Hondureños castigan con abstención

La falta de confianza de la población hondureña en los órganos electorales y sumado al descontento hacia la política tradicional, se refleja al momento de votar, ya que el fenómeno del abstencionismo ha ido en aumento. Para las elecciones de noviembre del 2021 no hay certeza si incrementará.

El problema del Registro Nacional

Mientras la ciudadanía y las organizaciones de sociedad civil no tomen conciencia y acuerpen con fuerzas cambios para despolitizar los entes electorales, el control de los mismos seguirá en manos de los partidos políticos y de una elite política que no es proclive a los cambios de forma y fondo en el ejercicio de la política electoral, advirtió Yllescas.

Si el nuevo CNE y el TJE se estrenan con esos defectos de fábrica, el Registro Nacional de las Personas, no se queda atrás. Durante las elecciones del 2013, ese organismo fue el centro de las denuncias de personas fallecidas habilitados para ejercer el sufragio en el Padrón Electoral. Un Informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, propuso entre sus recomendaciones la necesidad de que el Honduras tuviera un nuevo padrón electoral o caso contrario, una depuración real en donde los muertos no votaran, y pudiera así ser actualizado y creíble.

En su artículo 2, La ley orgánica del Registro Nacional de las Personas, señala que este tiene como finalidad: planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar de forma exclusiva y con la más alta seguridad, el sistema integrado de registro civil e identificación de las personas naturales y proporcionar permanentemente al CNE, sin costo alguno,  la información necesaria para que éste elabore el Censo Nacional Electoral.

“Para lograr su finalidad, el Registro Nacional de las Personas desarrollará metodologías, técnicas y procedimientos modernos, estableciendo los controles tecnológicos, mecánicos científicos u otros especializados, para el manejo seguro, integral, eficiente y eficaz de la información y documentación registral” detalla el artículo.

El RNP se considera una institución de seguridad nacional, un órgano especial del Estado, de carácter independiente, con personalidad jurídica, autonomía técnica y administrativa y autodeterminación normativa, según su ley. Durante su reestructuración, vigente en enero de 2019, la apuesta fue volverlo un ente más técnico, capaz de responder a la necesidad de entregar un nuevo padrón electoral y una nueva cédula de identificación a los hondureños.

Para el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, en el caso del RNP, lo encuentra más técnico. 

“Nuestra incidencia alrededor de los órganos electorales era para que fueran técnicos, obviamente no podemos excluir la participación de los partidos políticos, porque esa es la realidad de nuestro país, sin embargo, nosotros insistíamos que sus integrantes no tenían que ser activistas de los partidos. Creo que de todos los órganos que se crearon, el que vemos por sus ejecutorias más técnico, es el Registro Nacional de las Personas. La mayoría de sus miembros, aunque pertenecían a un partido político, no necesariamente eran personas militantes”, dijo Hernández, cuya organización ha sido una de la sociedad civil que ha impulsado en los últimos ocho años las reformas electorales.

Hernández dice que los partidos políticos no han entendido la importancia que tiene para la democracia y para la credibilidad en las instituciones políticas, la integración de personas técnicas en órganos claves como los relacionados con el sistema electoral, de ahí que las acciones que se observan actualmente desaniman a las personas para salir a votar. Lejos de entusiasmar en la democracia, generan desencanto, acotó.

“Para nosotros lo ideal es que sean profesionales con alto perfil técnico, indistintamente del partido político al que pertenecen. Pero en la cultura política hondureña, lo que hemos visto es que los partidos tratan de poner a sus dirigentes más leales de las estructuras partidarias, porque ellos mismos no confían en el sistema y necesitan cuadros para defender las acciones que se puedan cometer en contra de sus propios intereses”, concluyó.  

Millones de ciudadanos con problemas para votar

No obstante, las autoridades del Registro Nacional de las Personas han estado en el ojo del huracán por las inconsistencias del nuevo censo nacional electoral. En los comicios del 2017, más de seis millones de hondureños estaban habilitados para ejercer el sufragio. Para los comicios de noviembre del 2021 se prevé que esa cifra sea mayor cuando se conozca finalmente el censo definitivo.

Previo a las elecciones primarias del 14 de marzo, la consejera del CNE, Rixi Moncada, denunció que más de un millón 200 mil hondureños iban a enfrentaran problemas para ejercer el sufragio e, debido a   las inconsistencias del padrón nacional electoral en el marco del Proyecto Identifícate, que ejecuta el RNP.

Pero según el comisionado-presidente del RNP, Roberto Brevé, quien representa al Partido Liberal, muchas de esas inconsistencias fueron resueltas, descartando que sea la cifra que señala Moncada, representante de Libre en el CNE.

Brevé dijo a Expediente Público que los problemas que persisten no se han podido resolver por falta de tiempo, pero que están en ello.

“Las inconsistencias que se encontraron fue en la base de datos del Registro Civil, durante la transferencia de información los mismos técnicos cometieron errores de digitación, ahí hubo inconsistencias, usted tenía un apellido Pérez con S al pasarlo a la identificación lo pasaron con Z genera inconsistencias, pero eso no tiene nada que ver con el enrolamiento”, afirmó el comisionado presidente del RNP.

Brevé señala que las inconsistencias se deben resolver en el registro, ya que fueron cometidas por empleados de la entidad, pero que algunos errores deben de seguir proceso para subsanar.