*Francisco “Chico” López, “operador preferido” de los presidentes de Honduras y Nicaragua, impulsó con su socio hondureño, Gerardo Meraz, el proyecto de una refinería en la Bahía de Trujillo, en Colón, parado por ahora, pero al acecho de la ZEDE.
Expediente Público
El empresario hondureño, oriundo de la región de Olancho, Gerardo Arcángel Meraz Puerto, presidente de la Comisión del Valle de Sula, en Cortés, al norte del país centroamericano, es socio del nicaragüense Francisco “Chico” López, y juntos, quisieron, sin ningún éxito, hasta ahora, instalar una refinería de petróleo en la turística y emblemática región de Trujillo, en el caribe de Honduras.
Ambos socios, ligados a los círculos de poder más cercanos al presidente hondureño Juan Orlando Hernández y al de Nicaragua, Daniel Ortega, respectivamente, buscaban con su proyecto, generar con la refinería suficiente combustible para abastecer la demanda en Honduras y Centroamérica, pero las fuerzas vivas se atravesaron en su camino y la instalación de ese centro de distribución de petróleo sigue esperando “su momento”.
Para impulsar el proyecto, Gerardo Meraz Puerto creó la sociedad mercantil Castilla Refinería con el español Juan López García y la ejecutiva de la estatal Empresa de Energía Eléctrica de Honduras (Enee), Enelda Maribia Padilla Hernández, según documentos oficiales en poder de Expediente Público.
Meraz Puerto, también constituyó la empresa Castilla Energy al asociarse con el guatemalteco Ronald Estuardo Mendoza Figueroa y Francisco Antonio José Echeverría Gordillo.
“Es un proceso que lleva tiempo. Estamos esperando áreas suficientemente amplias. Iniciaremos en los próximos meses un proceso más refinado”, dijo Meraz Puerto el 12 de septiembre de 2018 a un medio local sobre la refinería, así como el proceso para la compra de tierras de poblaciones garífunas asentadas en la zona, cuyas tierras son herencias ancestrales de los primeros pobladores afrodescendientes que llegaron al país hace más de 200 años.
“Ya está establecido dónde y cómo va a operar y su estructura con la ejecución de una transnacional con experiencia en Europa y Estados Unidos”, dijo en ese momento Gerardo Meraz, tras indicar que el proyecto iniciaría primero en Honduras para luego extenderse al resto de Centroamérica.
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De acuerdo a las proyecciones del socio de Francisco “Chico” López, el proyecto de la refinería tendría un costo de unos mil millones de dólares ante las proyecciones de convertirse en el principal referente de abastecimiento para Centroamérica. La apuesta de ellos era atraer inversionistas de Europa y Estados Unidos.
Pero el proyecto de la refinería ya tenía una fuerte oposición. En septiembre de 2016, sectores de la Iglesia católica de la zona y de los grupos garífunas, alzaron la voz de alerta al conocer que había sido instalada en Trujillo, una oficina administrativa de la empresa mercantil Castilla Refinería S.A. de C.V.
Indicaron que la instalación de esa refinería tendría un severo impacto en el ecosistema de la Bahía de Trujillo, en cuyas aguas descansa el principal banco de estrellas de mar del caribe hondureño, así como la riqueza natural en flora y fauna del cerro Capiro y Calentura, además de la laguna de Guaimoreto.
En respuesta a esas protestas, la municipalidad o gobierno local de Trujillo, indicó que a la empresa Castilla Refinería S.A. de C.V. solo se le había extendido un permiso para la apertura de una oficina administrativa y que no tenían autorización para “clavar ni una estaca”.
De acuerdo a la municipalidad, la empresa hizo una solicitud para abrir una oficina que pudiera tener acceso a labores técnicas de investigación, batimetría, estudios de suelos para constatar la viabilidad e impacto de ambiente, último que, de acuerdo a la comuna de la zona, no se lo iban a permitir.
Idea acariciada por desde 2008
El interés por montar una refinería en la zona de Trujillo, no es nuevo. Desde el 2008, en el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya ya se mencionaba el propósito de impulsar un proyecto de esta envergadura en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos o Alba-TCP, a través de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En febrero de 2008, el gobierno de Zelaya confirmó esas aproximaciones en el marco de una visita de funcionarios del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez, donde la idea era crear una empresa mixta para el tema de la construcción y operación de terminales de almacenamiento de petróleo. Los sitios originalmente identificados para esa iniciativa fueron la bahía de Trujillo, en el Caribe, y San Lorenzo, en el pacífico hondureño.
Pero fue en el 2016 y 2018 cuando los socios Francisco López y Gerardo Meraz Puerto quisieron concretar ese sueño bolivariano del Alba. “Chico” López y Meraz Puerto son dueños de varios negocios. Dos de ellos son la filial Alba Alimentos Nicaragua en Honduras (Albanihsa), establecida en San Pedro Sula, norte, y Petrocaribe de Honduras, creada en 2013.
López, quien ha sido designado como “persona de interés” en la lista Ofac de Estados Unidos, ha tenido que migrar gran parte de sus negocios a Honduras, y al igual que en Nicaragua, ha logrado codearse y rodearse de personajes altamente conectados con el poder de las figuras presidenciales.
En su intención con su socio hondureño de la empresa Castilla Refinería S.A. de C.V, para instalar la refinería, lograron la donación de 150 hectáreas de tierras comunales en el sector de Barranco Blanco, que pertenece a la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro, revela la investigación de Expediente Público.
La donación señala que si en un año Castilla Refinería no ha puesto a funcionar el proyecto ni ha dado el 1% de las ganancias a Cristales y Río Negro, la empresa está obligada a devolver la propiedad. De momento, nada de eso ha ocurrido.
De acuerdo a los lugareños, el proyecto nunca fue socializado por los empresarios de Castilla Refinería con la Comunidad de los Morenos Naturales de Cristales y Río Negro. Los pobladores han reclamado una contradicción, porque de un lado, la municipalidad declaró el 14 de noviembre de 2016 la zona libre de minas y refinerías, y de otro, surgen los proyectos de Castilla Refinería sin que los habitantes sepan nada al respecto.
De momento, Francisco “Chico” López y su socio hondureño de Castilla Refinería S.A. de C.V. no han podido concretar su negocio en Trujillo, parece estar en reposo, a la espera de otra coyuntura, pero el mapa de las acciones del trabajo a desarrollar, ya lo tienen perfilado desde el 2016, según los registros. Los socios quieren replicar uno de los negocios con el cual operó exitosamente López en Nicaragua, hasta que cayó en la lista Ofac de Estados Unidos, donde se le sindica de ser parte de una red de presunto lavado, que, desde PDVSA, y al amparo del Alba, efectuaba el gobierno de Venezuela.
Albanisa, PDVSA y más
Las empresas nacidas con el dinero del acuerdo petrolero entre Caracas y Managua las controlaba López, todas del conglomerado Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), hasta que fueron señaladas por Estados Unidos de ser parte del supuesto lavado de activos que desde la estatal venezolana PDVSA, como negocio de fachada.
La historia de PDVSA está rodeada de polémica. Se convirtió en punta de lanza de una red de empresas nacidas a la sombra de los precios del petróleo venezolano, en su época de auge. Pero, en el fondo, habría sido una fachada para lavar dinero, según una investigación de IBI Consultants.
La red, que abarca las subsidiarias nicaragüense y salvadoreña de PDVSA, Albanisa y Alba Petróleos—según el diario digital nicaragüense Confidencial– usó cinco esquemas para lavar dinero: 1) venta falsificada de petróleo, 2) compra sistemática de activos, 3) minería ilegal, 4) falsos proyectos de infraestructura y 5) transferencias de banco a banco.
Los montos que se efectuaron bajo esta modalidad oscilaron entre los 10,000 millones a 28,000 millones de dólares entre 2007 y 2018. Para ello utilizaban a “181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países”, señalan las investigaciones. Una de esas personas que estaban dentro de esa red era “Chico” López.
Según el estudio de IBI Consultants ese dinero hacía un viaje enrevesado de banco a banco. El banco de la Alba lo mandaba a una cuenta suya en la sucursal de una entidad financiera asiática con asiento en Panamá. De allí la colocaban en numerosas cuentas controladas por presuntamente por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y sus aliados.
En algunos casos, el dinero que pagó Venezuela era mucho mayor que el valor de las cantidades reales de petróleo que había enviado a El Salvador y Nicaragua.
«Alba Petróleos y Albanisa establecieron docenas de compañías y empresas de fachada donde invertir fuerte -al menos en el papel– en producción de alimentos, instituciones financieras, aerolíneas, centros de estudio, proyectos de energía alternativa, adquisición de tierras, gasolineras y otras actividades», señala la investigación arriba citada.
Para Douglas Farah, periodista e investigador, entrevistado por Expediente Público, esos movimientos alrededor de PDVSA, Alba Petróleos y Albanisa solo representan la importancia que para los implicados tiene el poder y el dinero. “Las ideologías no tienen nada que ver”, aseguró.
Farah es del criterio que las múltiples crisis que enfrenta la nueva administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos, con la pandemia por el coronavirus, los problemas en Corea del Norte, el tema migratorio, entre otros aspectos, han hecho que la política de ese país no esté concentrada en el seguimiento y rastreo de las designaciones de la lista Ofac en el caso PDVSA, pero en corto plazo eso cambiará, pues la lucha contra la corrupción constituye uno de los pilares de su política en Estados Unidos, según el investigador.
Poco a poco, el gobierno de Biden “se está desatando” y la suerte que por ahora ha tenido “Chico” López con sus negocios en Honduras, podría llegar a su término, advirtió Farah.
El periodista e investigador aseguró que la designación de Biden en la vicepresidenta Kamala Harris como su representante para atender el tema migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, junto a Ricardo Zúniga, como enviado especial de Estados Unidos para los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), es una dupla que impulsará con fuerza la lucha anticorrupción y contra la impunidad en la subregión. “Chico” López y sus socios, ahora tienen por qué preocuparse.
Esto es importante, “porque hay una persona específica, encargada de enlazarse con la vicepresidenta, con los países en el campo y con otros analistas y coordinar respuestas”, enfatizó Farah.
¿Quién es “Chico” López?, pregunta expresidente
En Honduras, el nombre de Francisco “Chico” López no suena al oído del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), menos las empresas que se abrieron al amparo del Alba en su administración, aseguró en entrevista con Expediente Público.
Lobo afirmó que inicialmente, su gobierno tuvo interés en conocer más sobre la iniciativa de Petrocaribe: “Era interesante fomentar la producción en Honduras y que esos productos fuesen a venderse a cambio de carburantes”, dijo el exmandatario.
“Hubo visitas a Venezuela”, agregó Lobo, “hubo diálogos, reuniones. Ayudé a que Honduras reingresara a la OEA, a su vez lo hizo el presidente (Hugo) Chávez”, pero insistió en que no tiene idea sobre lo que “pudo haber habido con el señor [Chico] López” y el Gobierno hondureño.
“El 2013 fue mi último año de gobierno y en ese tiempo no supimos nada de esto”, aseguró el expresidente Lobo, para recalcar: “cuando recibo la presidencia, la Alba se había interrumpido a raíz del golpe de Estado contra el ex presidente (Manual) Zelaya Rosales”.
Lobo afirmó ignorar que “Chico” López, que abrió empresas bajo su gestión, ahora es uno de los socios importantes de empresas familiares ligadas al presidente Juan Orlando Hernández. Desconoce que es el creador de Albalinihsa, por ejemplo, insistió.
En Honduras, como en Nicaragua, Chico López se ha arrimado a las oscuras ramas del frondoso árbol presidencial. Sigue siendo tesorero del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) y es amigo de personajes a quienes les atrae la codicia, como a él.
Sociedad con Meraz y de éste con la familia presidencial
Su socio hondureño, Gerardo Meraz Puerto, es presidente del Consejo Regional de Desarrollo del Valle de Sula, que supuestamente construirá represas para que la zona norte no se inunde. Además, es socio en una droguería recién creada con José Amílcar Hernández Flores, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado.
Amílcar Hernández, el presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama, Ana García de Hernández, son propietarios de la empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel). En abril de 2019, Expediente Público evidenció de forma exclusiva que Sersel pertenece a la familia presidencial y que había ganado 38 contratos por 12.6 millones de dólares mediante licitaciones estatales.
Pero “Chico” López y Meraz Puerto no solo esas asociaciones cercanas al primer anillo del poder han desarrollado en Honduras, también se encuentran otras relaciones dudosas. Por ejemplo, a una socia de Meraz Puerto en Amerigas Honduras, Ana Patricia Mejía Mejía, le confiscaron las empresas Internacional de Flexibles y Suministros y Contexaen Honduras, por sus vínculos con la red de lavado de activos de Rafael Abujieres Paz, según consta en el expediente 46-17 JNSPS.
El socio hondureño de “Chico” López, también es propietario de Petróleos Americanos de Honduras y con la cuenta bancaria de esa empresa creó Alba Alimentos de Honduras y Nicaragua, cuyo nombre comercial es Albanihsa y la sociedad mercantil Alba Alimentos de Honduras. Otras empresas son Comercializadora Centroamericana, Comercializadora Agrícola de Honduras y GM Seguros e inversiones Financieras.
Meraz también en conexión con otros empresarios extranjeros, ha formado otras empresas en el país centroamericano en el rubro del petróleo. Algunas son, Mercados Caribeños Varios, Merkavad, la cual conformó con el ciudadano español Jorge Enrique Mesa Lorenzo y el estadounidense Juan Antonio Serrat. Se suma a ella, la firma Cefame, conformada por los guatemaltecos Carlos Enrique y Juan Pablo Urrutia Villalobos, de acuerdo a la investigación de Expediente Público.
En el 2012, Meraz constituyó Terminales de Latinoamérica, Terlatin. Sus socios: Dennis Gerardo Meraz Gómez, Gerardo Arcángel Meraz Puerto y José Darío Gámez Panchamé, éste último fue un diputado del gobernante partido Nacional, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa 2010-2014.
Otras empresas son, Interforte, constituido por Lori Jan Goldstein Anhalt, Edgardo Dumas Castillo, Gilman Matthew y Gerardo Arcángel Meraz Puerto.
Se suman, Amerigas la Terminal, creada por el ex alcalde Oscar Eduardo Kilgore López, Rubén Solano Parada y Gerardo Arcángel Meraz Puerto. Y luego Amerigas de Honduras, formada por Ana Patricia Mejía Mejía, Jarol Isaí Villeda Hernández y Virginia Reyes.
Fabio Lobo, interesado también en el petróleo
El tema del petróleo ha llamado la atención de otros distribuidores, aparte de “Chico” López y Meraz. En los registros se encuentran empresa relacionadas al rubro con empresarios de nacionalidad nicaragüenses y venezolanos.
La empresa Petro Latín tiene como socios al mexicano residente en Nicaragua José García Casas y Ricardo Manuel Gómez Diaz, Sara Natalia Pineda Gadea, Elmer Sebastián Torres Lacayo.
Latam Petroleum, es otra firma, conformada el 04 de junio de 2020, por Mario Fernando Montoya Soto, Oscar Hernán Castillo Peña, la venezolana Livia Libertad Ceballos Salazar y Ariel Nicolas Vargas Ardenco, último que fungió como embajador de Venezuela en Honduras en 2014.
Otras compañías son Analistas e Inspectores Venezolanos de Petróleo, Aivepet Honduras. Sus accionistas son Wilfredo Gabriel Ramírez Lacayo, Macuira Josefina Montiel González, de nacionalidad venezolana, Carlos Lemay Lozada Diaz, de origen cubano, y Tobías Rafael Ramírez Urbina, de nacionalidad nicaragüense.
Pero es la empresa Importadora y Exportadora de Carburantes y sus Derivados (Imexpor), una de las que llama la atención, debido a que sus socios han sido acusados de ilícitos. Uno de ellos es Fabio Porfirio Lobo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico en septiembre de 2017. Fabio Lobo es hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa. Su empresa Imexpor la creó en el 2011 en sociedad con Lucas Jetsel Velásquez Ramos.
Fabio Lobo fue condenado en New York el 24 de septiembre de 2017 a 24 años de prisión por narcotráfico, sin embargo la empresa no ha sido confiscada por las autoridades hondureñas.
Mientras su socio, Lucas Jetsel Velásquez Ramos, lo acusaron de fraude y falsificación de documentos públicos en el caso Narcopolítica, presentado el 24 de mayo de 2019 por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih).
En este caso de Narcopolítica también están implicados Fabio Lobo y el ex líder del desaparecido cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, ambos prisioneros en Estados Unidos por narcotráfico.s Unidos por narcotráfico.
En noviembre de 2019, Lucas Jetsel Velásquez Ramos, obtuvo medidas cautelares distintas a la prisión y en agosto de 2020, la Corte de Apelaciones le ordenó auto de formal procesamiento por un delito continuado a título de cómplice y fue sobreseído de manera definitiva por cuatro delitos de falsificación de documentos públicos.
Una Zede en Puerto Castilla
En el 2017, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que dentro de las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la bahía de Trujillo volvía a la escena como zona de inversión. Ya no solo se construiría ahí una refinería, sino un clúster económico desde el Puerto de Castilla con tres grandes proyectos: generación de 450 megavatios con una inversión de 1,350 millones de dólares, mediante la instalación de una planta de energía eléctrica en Trujillo-Limones.
También, una terminal de gas a un costo de 800 millones de dólares para generar energía eléctrica, gas vehicular y un centro logístico que suplirá el mercado local y adicionalmente el mercado de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y el Caribe.
Y, además, una refinería a un costo de 400 millones de dólares, proyecto que abastecerá de petróleo y otros combustibles fósiles el mercado nacional y regional.
Las ZEDE se ha vuelto un proyecto polémico por representar un enclave dentro del Estado de Hondura, la pérdida de soberanía y por ser inconstitucionales, así lo plantea el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en su más reciente informe técnico jurídico al respecto enumeró las causas porqué la ZEDE lejos de generar seguridad jurídica, la ahuyenta, y exhortó a los empresarios nacional e internacionales a no invertir su dinero en un proyecto amañado.
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Que les pongan la mano encima
Para el investigador y periodista Douglas Farah, las redes criminales de políticos y empresarios saben promover sus ejecutorias, porque cuentan con el beneplácito de mandatarios comprometidos con esos ilícitos.
“Es muy difícil porque tenemos el gobierno de Nayib Bukele (en El Salvador) muy comprometido, el gobierno de Juan Orlando (Hernández, Honduras) muy comprometido, el gobierno de Daniel Ortega (Nicaragua) muy entregado al proyecto. El problema es que no hay interlocutores válidos en esos países”, y eso complica la búsqueda de opciones de salida a las crisis», acotó Farah a Expediente Público.
Para estas redes criminales, la ideología no pesa, recalcó. “Están buscando Estados que les den protección, la garantía de que su dinero es intocable. Bukele quita al fiscal general, porqué éste estaba en una investigación muy seria sobre el Alba Petróleos y no lo podían permitir”, afirmó Farah.
“Honduras está con un problema muy grave que se llama Juan Orlando Hernández, Honduras está criminalizado como Estado”, agregó Farah, pero refirió que investigaciones periodísticas serias y otros esfuerzos regionales pueden servir de insumo para frenar el avance de la corrupción y sus ligues con la política y bandas criminales. Y destacó: las investigaciones de Expediente Público y de otros medios, “han puesto sobre la mesa toda la información para ir más allá en el rastreo de los hechos”.
