** Surgen acusaciones contra líderes políticos hondureños de que estarían negociando bajo la mesa la continuidad del presidente Juan Orlando Hernández para evitarle un posible juicio por narcotráfico en Estados Unidos
Documentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que vinculan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con prominentes narcotraficantes -sumado a la inminente terminación del periodo del mandatario Donald Trump- estarían provocando movimientos de políticos de alto nivel en el país centroamericano en busca de brindar inmunidad a personas cercanas al poder, lo que podría derivar en la búsqueda de una nueva reelección del presidente Hernández. Al menos esa es la información que varios políticos de oposición y analistas hondureños han manifestado en comparecencias públicas.
La conexión entre el presidente Hernández y el narcotráfico se viene afirmando desde hace algunos años, pero se ha intensificado desde el 23 de noviembre de 2018, cuando agentes estadounidenses capturaron en Miami a su hermano, Juan Antonio Hernández, alias “Tony”. Durante el juicio, en octubre de 2019, algunos testigos dijeron haber participado o tener conocimiento de pagos hechos al presidente en busca de protección de cargamentos de droga, y para ello se habría involucrado a altos oficiales de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Incluso el fiscal Jason Richman, en los alegatos de apertura del juicio contra Tony, indicó que el presidente había recibido un millón de dólares del mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Esos señalamientos fueron reiterados el viernes 8 de enero de este año, cuando fiscales presentaron un nuevo documento, de 49 páginas, en el expediente de Geovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño acusado de poseer un laboratorio que producía cientos de toneladas de cocaína que era transportada a Estados Unidos. Fuentes está acusado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y su juicio está programado para comenzar el 8 de marzo próximo.
Las nuevas informaciones de la Fiscalía estadounidense hacen referencia a por lo menos dos encuentros entre el presidente Hernández, Geovanny Fuentes y un empresario financista de la campaña política del actual presidente. Estas citas se habrían realizado en el 2013, cuando el ahora mandatario era presidente del Congreso Nacional y aspirante presidencial para las elecciones de ese año, que terminaría ganando bajo fuertes cuestionamientos de fraude.
El testigo indica en el documento que en las reuniones le pidieron acceso a su laboratorio y un aporte en sobornos, que sumarían 25,000 dólares, a cambio de protección militar. El documento de la Fiscalía sostiene que “luego de las reuniones entre el acusado y CC-4, el acusado recibió apoyo de miembros de alto rango del Ejército de Honduras. Por ejemplo, en varias ocasiones, el acusado portaba una subametralladora verde, la cual él dice que le fue proporcionada por (nombre tachado) (CC-13), quien en ese momento era el comandante de la 105 Brigada”.
Agrega que el acusado “también recibió otros equipos de los militares, incluyendo una caja que contenía uniformes militares, chalecos antibalas e identificaciones policiales. La caja contenía una nota que decía para “Geovanny Fuentes” con un sello de la 105 Brigada Militar”. En las conversaciones el presidente hondureño habría hecho bromas en el sentido de que meterían cocaína a Estados Unidos “delante de las narices de los gringos”.
Los documentos publicados no mencionan a las personas directamente, sino por las iniciales CC (coconspirador) y se les asigna un número. Sin embargo, el contexto planteado en los documentos permite deducir de quién se trata. Por ejemplo, en el caso del presidente Hernández los fiscales hacen referencia a CC-4, “quien fue electo presidente de Honduras en el 2013”.
Además, el jefe de la 105 Brigada (CC-13) en las fechas que describe Geovanny Fuentes era el general René Orlando Ponce Fonseca, quien en el 2017 fue nombrado por Hernández como jefe del Estado Mayor Conjunto, el cargo supremo de las Fuerzas Armadas.
Como subjefe fue nombrado el general Reynel Enrique Fúnez Ponce, quien renunció a su cargo en febrero de 2019, diez meses antes de concluir su periodo. En su momento, hizo pública una carta donde decía que su retiro “se origina a que las situaciones que se viven en nuestro país y al interno de las Fuerzas Armadas, van en contraposición de los principios y valores que se me forjaron durante mi formación como oficial, y que a lo largo de mi carrera he venido manteniendo”.
MOVIMIENTOS POLÍTICOS
Esdras Amado López es un reconocido periodista y político hondureño, propietario de un canal de televisión. En el periodo 2014-2018 fue electo diputado por el partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), el que abandonó tras severas discrepancias con sus líderes para fundar su propio partido, Nueva Ruta, del cual es candidato presidencial.
Luego que el viernes 8 de enero la Fiscalía de Nueva York presentó los nuevos documentos, se realizaron dos reuniones entre el sábado 9 y el domingo 10 de enero, en las que habrían participado el presidente Hernández, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, dirigentes del Partido Liberal en representación del aspirante presidencial Yani Rosenthal, y el presidente del Congreso Nacional y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Mauricio Oliva, aseguró Esdras Amado López en una declaración pública.
En esas reuniones, los involucrados habrían analizado el futuro político de Honduras y la repartición de cuotas de poder, entre ellas la reelección presidencial y el nombramiento de diputados de los tres partidos mencionados, dejando de lado el voto popular, indicó López.
Aseguró que entre las alternativas que se barajaron en esa reunión es que Hernández inscriba su candidatura como “independiente”, sin el cobijo de su partido (Nacional) y para ello contaría con el voto de Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que regula los procesos electorales en Honduras y que está bajo el control de los tres partidos mayoritarios. Además, Libre haría una alianza con Yani en la que, en la práctica, cedería la candidatura al político liberal, lo que al final enfrentaría a Hernández con Yani en la carrera presidencial. “Y allí no hay ningún problema, allí todo está hablado”, dijo, en alusión a un entendimiento entre ambos líderes.
Según el político, el propósito de estos movimientos es “protegerse” del brazo de la justicia estadounidense, pues en el ámbito hondureño se ve como posible una solicitud de extradición contra Hernández y otros personajes de su entorno.
“El tema no es reelección, el tema es extradición. Lo que se está jugando en estas elecciones es impunidad. Ya hemos visto claramente lo que está sucediendo en Nueva York, entonces en la medida en que estas instituciones políticas que quieren gobernar, como el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libre, mantengan una fuerza política, difícilmente los van a extraditar”, sostuvo López.
Uno de los supuestos representados en la reunión, el precandidato liberal Yani Rosenthal, ya estuvo preso en una cárcel de Nueva York, condenado a tres años de cárcel y a una multa de 2.5 millones de dólares por hacer negocios con el cártel de Los Cachiros, uno de cuyos líderes, Devis Leonel Rivera Maradiaga, se ha constituido en uno de los principales testigos de la Fiscalía estadounidense. Su proceso judicial se extendió desde noviembre de 2015, cuando se entregó a la justicia estadounidense, hasta salir de la cárcel en agosto de 2020. En ese momento regresó a Honduras y casi de inmediato inició su campaña política por la Presidencia.
Rosenthal, quien fue ministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y posteriormente diputado, podría tener nuevos problemas. El 23 de diciembre de 2020 la Fiscalía de Nueva York liberó documentos en los que el diputado hondureño Fredy Nájera, quien está preso en Estados Unidos y se declaró culpable de tráfico de drogas, aseguró haber solicitado un millón de dólares al cártel de Sinaloa, los que fueron entregados a la campaña de Rosenthal en el 2012, cuando también aspiraba a la Presidencia de la República.
López insistió en que “el tema profundo es extradición, son capturas, incautación de bienes, señalamiento de familias ligadas al narcotráfico, ese es el tema”.
Pero además de “negociar” la presidencia, también habrían hablado de “elegir” a diputados según la conveniencia de cada partido, apuntó.
Aunque el líder de Nueva Ruta hizo esta denuncia de manera pública, ninguno de los mencionados ha desmentido o afirmado sobre su participación en estas reuniones conspirativas.
Políticos de al menos tres partidos también han denunciado maniobras que permitirían la reelección de Hernández. Por ejemplo, la diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, apuntó que dentro de la nueva Ley Electoral, que está siendo discutida y aprobada, se le estaría dando poder de voto a los comisionados suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto tendría el objetivo de que los comisionados suplentes voten a favor de una candidatura de Hernández, tomando en cuenta que al menos dos de los tres comisionados titulares han declarado su intención de votar en contra.
“Lo que buscan es llegar a negociaciones con ellos para inscribir a candidatos que no reúnen los requisitos. La presidenta (del CNE), Ana Paola Hall; y la vocal Rixie Moncada, han dicho que ellas no van a inscribir a ninguna persona que quiera reelegirse, que haya sido presidente. Entonces como los del Partido Nacional saben eso, están de manera subterfugia, buscando la manera de que los suplentes tengan las mismas funciones de los propietarios y así garantizar por mayoría que se pueda inscribir, en una supuesta movida, al actual señor que está en el Ejecutivo. Eso sería terrible e inaceptable”, dijo la legisladora.
PROYECTO NARCO
El presidente del Partido Liberal y también precandidato a la Presidencia, Luis Zelaya, sostuvo que el presidente Hernández “no puede seguir en el poder, porque han sido criminales. Fiscales de Nueva York lo han descrito claramente: Juan Hernández era un proyecto político del narcotráfico”, y eso incluyó a otras personas, muchos de ellos funcionarios públicos, indicó.
Dijo tener conocimiento que después del 20 de enero, cuando Donald Trump entregue la presidencia de Estados Unidos a Joe Biden, “muchas cosas van a cambiar en cuanto a la protección qué gozaba Juan Hernández del gobierno saliente en Estados Unidos. Eso va a cambiar, va a haber una política diferente respecto al tema de corrupción y narcotráfico”.
Afirmó que los “lobbistas” pagados por el gobierno de Honduras en Washington hacían su trabajo para proteger a Hernández, “pero hoy ha cambiado. Los lobbistas ya no tienen el mismo peso que tenían hace 6 meses o un año. Él se va a quedar solo, sin quienes lo protegían”.
Recordó que hace unos meses Hernández recomendaba a sus opositores que tomaran té de tilo para calmar los nervios que él les provocaba. “Yo creo que ahora él ha de tomar litros de té de tilo, porque debe estar muy muy preocupado. El futuro que le espera es una cárcel de 2 por 3 metros junto a su hermano”.
Además, Zelaya escribió en sus redes sociales: “Narco y mil veces narco. Pagarás por tus delitos, vos y tus secuaces. (El) daño hecho a Honduras no quedará impune, quienes te protegían se van y quedás solo. Y jamás permitiremos que otro criminal ocupe la silla presidencial. Vamos a recuperar a Honduras desde el lado correcto”.
LUCHA CONTRA EL NARCO
Ante los nuevos señalamientos contra Hernández y que ahora involucran al general René Ponce Fonseca, el gobierno ha lanzado una fuerte campaña publicitaria en radio, televisión y prensa escrita, donde destacan lo que ellos califican de “logros” contra el narcotráfico.
Además de los anuncios, a los diferentes medios han enviado textos con formato de reportaje, donde el coordinador del Gabinete de Seguridad y Defensa (y embajador en Washington), Luis Suazo, asegura que informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, avalan el trabajo realizado contra el crimen organizado.
Según esos informes, Estados Unidos habría reconocido que el tráfico de drogas ha bajado un 87 por ciento entre el 2013 y el 2020.
Enfatizan también que la Oficina contra Drogas y Delitos de Naciones Unidas, estimó que en el 2013 el valor de la droga que circulaba por Centroamérica era de 4.800 millones de dólares en toda Centroamérica, y que en los seis años de la administración Hernández dejaron de percibir 24 billones de dólares.
En el mismo periodo se han extraditado a Estados Unidos a 36 capos de la droga, decomisado más de 23,000 kilos de cocaína y apresado a 7.104 personas por tráfico de estupefacientes, indicó el funcionario. Sin embargo, se debe aclarar que esos 23 narcotraficantes fueron solicitados por Estados Unidos, mientras que en Honduras muchos de ellos eran señores respetables que no tenían acusaciones pendientes de ningún tipo.
Sobre las intenciones de reelegirse, Hernández no se ha pronunciado por los señalamientos recientes, pero sí lo hizo hace algunas semanas, cuando negó enfáticamente que tenga el propósito de seguir ocupando la silla presidencial más allá del 27 de enero de 2022, día en que termina su mandato.
Por su parte, el general Ponce Fonseca asegura que su nombre no aparece en el documento de la Fiscalía estadounidense y en sus comparecencias públicas afirma ser un hombre de honor, con una carrera militar intachable e incluso se da tiempo para citar versículos de La Biblia.
