*El oficialismo acapara los medios convencionales y pretende hacer lo mismo en las redes sociales ante la huida masiva de audiencia a sitios no controlados.
Expediente Público/Especial desde Caracas
Según el Consejo Nacional Electoral el 4 de julio inició oficialmente la campaña por la presidencia de Venezuela, un proceso marcado por la desigualdad entre los contendores, incluso, en la publicidad y espacios de comunicación.
Ese día, desde muy temprano, el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV) dedicó sus espacios informativos y promocionales para ensalzar la figura del actual gobernante y aspirante a la reelección Nicolás Maduro.
A las 10:30 a.m., por ejemplo, divulgaron una publicidad que destaca la decisión presidencial de llevar las “motopiruetas” al nivel de “deporte nacional”.
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En ese spot, Maduro aparece en la forma de un héroe de historietas, creado por su aparato propagandístico, llamado Superbigote. Algo similar a la campaña que intentó proyectar el autócrata norcoreano Kim Jong Un en marzo de 2022, a propósito del lanzamiento de un nuevo misil balístico.
Poco después del mediodía, el autodenominado “canal de todos los venezolanos” inició una transmisión en directo de los actos proselitistas en respaldo a Maduro, con los que dieron formal inicio a la campaña.
La primera aparición del mandatario fue en una concentración en la población de San Francisco (Zulia). Para ese momento, la estación tenía tres horas continuas de señal en pro del oficialismo.
En un monitoreo de cinco horas, los demás candidatos no ameritaron ninguna mención.
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Con esta tónica arrancó la justa presidencial venezolana, aunque el Acuerdo de Barbados, firmado por representantes del oficialismo y la oposición venezolanos en octubre de 2023, con mediación del Reino de Noruega, establecía que todos los candidatos para la Primera Magistratura gozarían de “igualdad (…) en el acceso a los medios de comunicación y redes sociales, nacionales e internacionales, así como en espacios públicos bajo la administración del Estado”.
Campaña con las uñas
“Como nunca en la historia democrática de Venezuela una campaña electoral ha tenido tanto desequilibrio”, sentenció la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, Delvalle Canelón, al ser consultada por Expediente Público.
Con estas palabras, Canelón hizo referencia a lo visto en los últimos dos meses, cuando ya se conocía la lista de candidatos para la Presidencia, y muchos de ellos hacían recorridos por el país.
“Esto no es exclusivo de los medios públicos, que dependen del Estado y que deberían dar cabida a todos los sectores de la sociedad, y por ser una campaña electoral a todos los candidatos a la Presidencia”, indicó.
“Pero es que tampoco hay libertad ni equilibrio informativo en los medios privados. La situación no es diferente, porque los medios privados, no tienen hoy en día en Venezuela ningún tipo de libertad”, explicó.
En otro punto del pacto firmado en Bridgetown, el gobierno venezolano se comprometió a facilitar y promover la cobertura periodística del proceso.
Sin embargo, según la portavoz del gremio de reporteros, el CNE cerró prematuramente el lapso para las acreditaciones de los periodistas de medios nacionales y foráneos.
El CNE indicó que fue elevada una solicitud al Poder Electoral para que abra un nuevo período, y hasta el momento no han obtenido respuesta.
Arrestos de periodistas
La campaña electoral inicia en Venezuela con cuatro comunicadores sociales tras las rejas. Canelón precisó que solo uno de ellos (Ramón Centeno) fue privado de libertad como consecuencia directa del ejercicio de su profesión, mientras que los demás hacían un ejercicio de sus derechos políticos.
En La Guaira (antiguo estado Vargas) el periodista Luis López fue señalado de “incitación al odio”, mientras acompañaba en un recorrido al candidato opositor Edmundo González.
Previamente, en Caracas, apresaron a su colega Carlos Julio Rojas porque supuestamente participaba en un “plan de magnicidio”.
Las restricciones al ejercicio de los derechos políticos, entre los que figura el de libre expresión, fueron destacadas en el informe presentado en víspera del inicio de la campana por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.
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“Mi oficina continúa recibiendo informes de detenciones a medida que se acerca el día de las elecciones, incluidas personas que apoyan o son miembros de la oposición (…). Siguen aumentando los casos de prácticas de acoso o intimidación contra periodistas y otras personas a través de arrestos y persecuciones”, dijo.
En su reporte, Turk refirió el cierre de emisoras de radio y de medio centenar de páginas web. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), solo en 2024 han cerrado 15.
Estos procedimientos son ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y, en el caso de los portales informativos, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), que monopoliza el suministro de la señal para internet.
“Exigimos que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, faciliten el acceso a sus plataformas para que los candidatos puedan exponer sus propuestas, y los ciudadanos puedan evaluarlas. Solicitamos que se promueva la transparencia en la difusión de la información electoral, evitando la manipulación o la censura”, indicó el órgano sindical.
Buscando alternativas
El uso de los medios públicos como herramientas para la propaganda oficialista y la estigmatización de los opositores no es nuevo. Los órganos internacionales de protección a los DDHH han observado cómo los espacios de VTV son utilizados para amedrentar a los críticos u opositores.
En ello destacan los programas del primer vicepresidente del partido de gobierno Diosdado Cabello, así como del locutor y propagandista Mario Silva.
Igualmente, los medios de prensa, radio y televisión que restan en el país se ven como extensiones del oficialismo. En consecuencia, lo que fueron sus públicos tradicionales han migrado hacia otras plataformas.
Una encuesta llevada a cabo por la consultora More en abril reveló que solo el 17.8% de los entrevistados reconoció utilizar los “medios tradicionales nacionales” para enterarse de lo que sucede.
Mientras tanto, más del 71% afirmó que acuden a medios digitales, ya sea de corto o largo contenido.
Cabe destacar que entre las plataformas digitales están los portales informativos y sus versiones a través de Instagram, Facebook, Youtube y X (antes Twitter). También está WhatsApp.
Esta realidad es conocida por el oficialismo, que ha intentado extender su control hasta ese territorio.
Amenaza a libertad en la red
En una iniciativa controversial, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez introdujo en abril ante el Parlamento dominado por su propia tolda política un proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.
La normativa, aún en espera de sanción definitiva, establece penas de prisión para quienes emitan expresiones consideradas fascistas, según el criterio gubernamental. La privación de libertad, en estos casos, sería más prolongada que la establecida para algunos tipos de homicidios y tráfico de drogas.
De igual forma, se ha iniciado una campaña agresiva para copar estas plataformas con mensajes de propaganda oficialista.
Un usuario desprevenido que abra Youtube en Venezuela con su teléfono podrá encontrar en la parte superior del menú un spot que empieza con esta pregunta: “¿Sabes quién es verdaderamente Edmundo González Urrutia?”.
A partir de allí, se lanzan acusaciones que lo ligan con grupos paramilitares que participaron en el conflicto salvadoreño en la década de los ochenta de siglo pasado.
Estos mensajes tienen el propósito de “sembrar odio” y “aniquilar por aplastamiento” a la dirigencia opositora, en criterio de León Hernández, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello.
Hernández participó en un panel virtual sobre el rol de los periodistas en la campaña electoral. Indicó que algunos mensajes divulgados a través de estas plataformas web son elaborados con inteligencia artificial.
A pesar de su carga peyorativa, se difunden “ante el silencio por omisión del órgano comicial”, que en Venezuela está llamado a controlar los contenidos de la propaganda electoral.
Pero el régimen de Miraflores, sede del Gobierno, también encontró en las redes sociales un instrumento para el control de sus propios seguidores.
A partir de marzo, Maduro impartió órdenes para que los empleados de la administración pública registrasen cuentas en las distintas plataformas (incluido TikTok) y acto seguido se convirtiesen en sus seguidores. Esto incluye al personal de la Fuerza Armada Nacional y los cuerpos de policía.
“Esto sucede en parte por las políticas que aplicó el Estado venezolano. Cuando haces investigaciones sobre cómo la gente se informa, dicen que se informan por WhatsApp y redes sociales. La circulación de información no está en los canales tradicionales”, argumentó.
“Periódicos había más de 100, y ahora son como 24, y no son de referencia. Luego la radio y la televisión, la gente sabe que determinados temas no se hablan allí, pues hay mucha censura”, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización dedicada al análisis de la actividad de los medios en Venezuela.
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Esta situación ocasiona desigualdades en el acceso a la información. Un estudio presentado por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) estableció que más de siete millones de personas en el país se encuentran inmersas en “desiertos informativos”, es decir, áreas que la ciudadanía carece de acceso a información sobre lo que sucede en su entorno.
La cifra aumenta, ya que se agudizan el asedio a la prensa independiente y, a la vez, la crisis de los servicios públicos como la electricidad e internet.
Correa cree que el Gobierno ha sobreestimado el impacto de las redes sociales.
“Están desesperados con el uso de estas redes (…). Si ve las movilizaciones de los últimos tiempos, en el caso de la primaria se bloqueó el portal respectivo, no permitían votar, y la gente construyó mecanismos para enterarse, con redes que combinaban tecnología con liderazgos locales y situacionales”.
“Una cosa es que distribuyas mensajes y otra es que les hagan caso”, afirmó.
