* Una empresa adquiere y explora tierras de El Salvador donde operó otra minera de origen canadiense que fue expulsada por la población hace 26 años.
** Los inversionistas aprovechan que el presidente Nayib Bukele anuló la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador.
Eric Lemus / Expediente Público
Ciudadanos peruanos empezaron a comprar las tierras que dejó un proyecto de extracción minera de capital canadiense, alertaron pobladores del departamento Cabañas, al norte de El Salvador.
Las propiedades adquiridas por los extranjeros son las mismas que eran explotadas por la empresa Pacific Rim-Ocean Gold entre 2002 y 2009. Entonces El Salvador detuvo la minería a cielo abierto y canceló los permisos de exploración, por lo que los inversionistas demandaron al Estado.
Pacific Rim-Ocean Gold exploró en 2002 principalmente el yacimiento El Dorado, que está en las montañas del poblado San Isidro; pero chocó con el rechazo de la población rural que tuvo el respaldo de la Iglesia Católica.
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Los canadienses perdieron el litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y fueron obligados a pagar a este país centroamericano por daños al medio ambiente y contaminación del agua.
Minería y crímenes
Entonces, el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) aprobó en 2017 una ley de prohibición de la minería, una medida vista como una decisión histórica a nivel internacional.
El camino para la aprobación, sin embargo, estuvo precedido de tres asesinatos y amenazas a miembros de la comunidad de San Isidro. Fue el caso del secuestro y homicidio del activista Marcelo Rivera el 18 de junio, y los atentados mortales contra Ramiro Rivera el 20 de diciembre y Dora Sorto el 26 de diciembre. Todos cometidos en el año 2009.
Las víctimas habían abogado por una legislación que alejara la industria extractivista de sus pueblos, que viven de la agricultura y ganadería y donde el agua es un recurso preciado.
El regreso de la minería a El Salvador
La Asociación para el Desarrollo Económico y Social San Marta (ADES) confirmó a Expediente Público que entre 2021 y 2022 detectó la llegada de peruanos acompañados de personas de aspecto asiático en busca de las tierras.
Los inversionistas peruanos utilizan una empresa inscrita con el nombre Agrícola San José que está vinculada a Tombstone Company El Salvador S.A. de C.V., que fue fundada por el estadounidense Blane William Wilson el 26 de febrero de 2021, según confirmó el periódico El Diario de Hoy en el Centro Nacional de Registros (CNR).
Wilson es un geólogo estadounidense que fundó en 2021 la compañía Tombstone Company en San Salvador con un aporte de USD49,900 junto al hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa que actuó como administrador único suplente. Desde entonces no hay rastro hasta que aparece como socia de Agrícola San José.
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Contra ambientalistas
“No solo compraron, sino que iban buscando a las personas que quisieran vender sus propiedades, hicieron regalos a la gente, financiaron un proyecto apícola y otro de peces”, relata Alfredo Leiva.
El dirigente comunitario, que pertenece a ADES, recuerda que los cinco activistas antiminería fueron capturados en enero de 2023 por una acusación de la Fiscalía General de la República que los vinculó a un hecho que data de la guerra civil.
Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), reitera a Expediente Público que “los detenidos fueron líderes claves para sacar a los canadienses hace más de 20 años y lograr la prohibición nacional. Quitarlos del campo de acción es un golpe duro para la organización de la comunidad”.
En contexto: Algo huele mal con la acusación contra varios ambientalistas en El Salvador
Santa Marta, que está ubicado 92 kilómetros al noreste de la capital, es la comunidad símbolo de lucha contra la minería en San Isidro y municipios aledaños; pero desde la reelección de Bukele en febrero de 2024 sufren cercos policiales y militares.
Voces críticas silenciadas
Uno de los rostros críticos al desarrollo de industria minera en el país fue el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, quien previamente fue acusado por enriquecimiento ilícito y fue condenado a devolver US$200,000 al Estado.
Chicas llegó el 3 de febrero al Juzgado de Cojutepeque, que ahora lleva el segundo juicio contra los cinco ambientalistas, en calidad de testigo clave a favor de los acusados.
“Yo he sido convocado en calidad de testigo a favor de nuestros compañeros ambientalistas que están padeciendo de esta injusta acusación, que más bien está orientada pues a frenar todo el esfuerzo que hay en el país en torno a detener la minería metálica, la defensa por la lucha por el medio ambiente y el agua”, declaró el exfuncionario.
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Chicas militó en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante la guerra civil (1980-1992). También se desempeñó como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) hasta que abandonó las filas del partido que antes estuvo en el poder.
En 2017 demandó por calumnia al ahora mandatario y ganó el caso dos años más tarde, por lo que Bukele le indemnizó con US$50,000 en concepto de responsabilidad civil.
Pero mientras se dirime la apelación a este caso, la Fiscalía giró una orden de captura y lo vincula a otro proceso.
Elementos de la FGR llevaron a Chicas a los juzgados el 27 de febrero y le impidieron ofrecer declaraciones a la prensa. Pese al forcejeo, reclamó:“¡somos presos políticos de (Nayib) Bukele! ¡Esta es una persecución política, soy inocente, soy preso político de Bukele! ¡libertad para los presos políticos!”.
La invitación del presidente
Una fuente relató a Expediente Público que el mandatario invitó una noche de diciembre de 2024 a todos los diputados de Nuevas Ideas (NI) a su domicilio. Él dirigió la reunión junto a su primo Xabier Zablah, presidente del partido oficialista.
Los parlamentarios llegaron efusivos por la oportunidad de estar junto a Bukele; sin embargo, el momento central del encuentro fue cuando les dijo que los trajo para decirles que iban a derogar la restricción a la minería y votar por la entrada en vigor de un nuevo marco normativo.
“Debían cerrar el año aprobando la ley. Aquello fue como una prueba de lealtad por el tono con el que les habló y todos agacharon la cabeza”, describe la fuente que prefiere llamarse Gamma.
De hecho, semanas antes, el 27 de noviembre, el mandatario había escrito en X que hay una riqueza en el subsuelo salvadoreño.
“Estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131,565 millones. Esto equivale al 380% del PIB de El Salvador. El potencial total podría superar los $3 billones, más del 8,800% de nuestro Producto Interno Bruto”, publicó Bukele, sin especificar de dónde obtuvo la información.
El Congreso aprobó el 23 de diciembre de 2024 la nueva ley que apuesta por la extracción de minerales.
¿Intereses chinos?
Los ambientalistas insisten a Expediente Público que detrás del proyecto extractivista está China, aunque su acercamiento lo haga a través del capital de terceros.
Ricardo Navarro, director de la organización no gubernamental Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), dice a Expediente Público que “los peruanos al parecer trabajaban para una empresa china». «Los capitales se mueven de un lado a otro, pueden estar basados en China o Estados Unidos o en Guatemala, porque al final buscan el lugar que les convenga más fácil”.
“¿Sabe qué es lo curioso? Cuando llegaron a visitar a la gente, les decían que la minería estaba prohibida en El Salvador y ellos respondían: ‘en un par de años, cuando pasen las elecciones, todo va a ser posible’. Quiere decir que ya había acuerdo con las autoridades o, al menos, conocimiento de que algo venía cocinándose desde antes” agrega.
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Minería sin respaldo en El Salvador
China es considerado uno de los principales socios políticos de Bukele desde su visita a Beijing en diciembre de 2019.
En esa visita obtuvo un acuerdo de cooperación no reembolsable por medio del que se financiaron la Biblioteca Nacional, el nuevo muelle en el puerto La Libertad y ahora un estadio de fútbol que todavía está en obras.
Sin embargo, la idea de reabrir la minería en El Salvador no goza del respaldo ciudadano, según mostró una encuesta efectuada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El sondeo de opinión, hecho del 5 al 17 de diciembre de 2024, reveló que el 59.2% rechaza la minería metálica en este país centroamericano.
De hecho, la simpatía entre los ciudadanos preocupa al mandatario, según relató un funcionario a Expediente Público. “En una reunión privada le explicaron que el descenso de su imagen está ligado a su apoyo a la minería, pero él dijo que no puede echarse atrás porque tiene presiones”, relató.
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Oposición sin éxito
El rechazo en Centroamérica a la intervención de China en minería tiene a Nicaragua como referente, donde el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega aprobó este 6 de febrero la decimosexta concesión minera a cielo abierto en una zona que abarca los departamentos Nueva Segovia, Madriz y Chinandega.
El ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz explica que la empresa china Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., presidida por Edward Xiang Liu, ha recibido más de la mitad de las concesiones, que abarcan un total de 53,404.86 hectáreas.
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En El Salvador, la Iglesia Católica inició este enero de 2025 la campaña “Sí a la vida, no a la minería” junto a diversas organizaciones para rechazar la reactivación de la minería metálica que abandera Bukele.
El arzobispo de la capital, José Luis Escobar Alas, exhortó en una rueda de prensa a la administración Bukele retroceder en la decisión porque “preocupa la contaminación del principal río que abastece agua al país”.
Sin embargo, la respuesta del mandatario hasta este momento redunda en el mensaje que esgrimió en su cuenta X, donde escribió: “Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo! Esta riqueza, dada por Dios, puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo”.
