*Se frenarían al país centroamericano los desembolsos de instituciones financieras internacionales.
**Nicaragua sería vista como un “Estado paria” al margen de los parámetros democráticos del hemisferio americano; fuera del derecho y las leyes internacionales y que irrespeta la legislación internacional, hemisférica, regional y nacional de protección a los derechos humanos.
***Hasta hora solo Cuba y Honduras han sido suspendidos de la OEA.
Expediente Público
Serias implicaciones políticas, diplomáticas e insospechadas consecuencias económicas, tendría una suspensión de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, organismo que se reunirá mañana 15 de junio para debatir sobre la deriva autoritaria del Gobierno de Daniel Ortega que en las últimas dos semanas ha emprendido una cacería contra candidatos presidenciales, líderes opositores, periodistas y medios de comunicación.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro solicitó el pasado 9 de junio por medio de una carta dirigida al presidente del Consejo Permanente (CP) una “reunión de urgencia” del Consejo Permanente ante la “alteración al orden constitucional” en Nicaragua a la luz del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y debido también al “incumplimiento de la Resolución de la última Asamblea General de la OEA y el desprecio hacia los mecanismos de derechos humanos…”.
En la misma misiva, Almagro considera que debería activarse “los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua”.
Entre los que ya tienen varios días detenidos están Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, quien murió asesinado durante la dictadura somocista. También están Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, todos ellos precandidatos presidenciales. El fin de semana pasado fueron arrestados la exguerrillera Dora María Téllez, el general en retiro Hugo Torres Jiménez y el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, además de Suyén Barahona, presidenta del movimiento Unión Democrática Renovadora (Unamos), Ana Margarita Vijil, Támara Dávila.
Puede interesarle: Indiferencia y pasividad de Biden en Nicaragua
Ante esto, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de EE. UU, solicitó a la OEA “enviar una señal clara” al régimen de Ortega. “Basta de represión. La región no puede solo sentarse a esperar a ver quién será el siguiente”, dijo el pasado domingo.
El artículo 21 también refiere la posibilidad de suspender el derecho de participación en la OEA a un Estados miembro de manera indefinida. Una vez aprobada la suspensión con los dos tercios de votos positivos, el Estado deberá seguir cumpliendo las obligaciones contraídas con la organización y que están contenidas en la Carta Constitutiva de la OEA. Por su parte, el organismo tendrá que seguir manteniendo gestiones diplomáticas para el restablecimiento del orden democrático.
Origen de la activación de la Carta Democrática Interamericana
Desde la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018 en Nicaragua, la OEA ha pedido que se le permita a una misión diplomática de alto nivel ingresar al país, ha ofrecido salidas negociadas y canales de diálogo sin embargo, todos los intentos han sido infructuosos.
En diciembre de 2018, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, luego de conocer el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el cual presentaron “evidencias de crímenes de lesa humanidad” durante la represión que dejó más de 300 civiles muertos, Almagro decidió activar la Carta Democrática Interamericana (CDI), por medio del artículo 20, que específica: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente».
A partir de ese momento la OEA inició una serie de gestiones diplomáticas como crear un grupo de trabajo del Consejo Permanente, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó varios informes que reportaron las violaciones de los derechos humanos y se pidió muchas veces el reingreso del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que fue suspendido temporalmente por el Gobierno en diciembre de 2018.
Lea también: EE.UU., Unión Europea y OEA alineados contra el régimen de Ortega y Murillo
Implicaciones políticas
Si el Consejo Permanente comprueba que las prácticas diplomáticas llevadas a cabo al amparo del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (CDI) no dieron resultado para la restauración del orden democrático, podrían convocar a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Cancilleres de la OEA, para que bajo el artículo 21 de la CDI, suspendan al Estado miembro que ha hecho caso omiso a las reiteradas gestiones de la OEA.
En la historia solo dos países han sido separados: Cuba, que fue expulsada bajo los estatutos de la Carta Constitutiva de la OEA en 1962 y Honduras, que ha sido el único país hasta hoy suspendido por medio del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana en 2009.
Las consecuencias más perceptibles serían en sentido político y económico. A nivel político y diplomático, Nicaragua sería vista como un “Estado paria” que está al margen de los parámetros democráticos del hemisferio americano; fuera del derecho y las leyes internacionales; que no respeta la legislación internacional, hemisférica, regional y nacional de protección a los derechos humanos.
Lea además: Congresistas de EE.UU. advierten ruta autoritaria de Daniel Ortega en Nicaragua
Asimismo, Nicaragua no podría participar en las reuniones y actividades de los organismos, conferencias, comisiones, comités, tribunales, reuniones de consulta y agencias que conforman el Sistema Interamericano y la OEA, lo que en definitiva convertirá a este país en un Estado que no tendrá reconocimiento ni legitimidad alguna en el exterior.
Además, se abre una peligrosa ventana para que algunas naciones tengan la libertad de romper relaciones diplomáticas con Nicaragua o reducir los niveles diplomáticos y consulares, así como el apoyo a las alianzas a nivel regional. De igual manera, se podría afectar la participación de Nicaragua en el proceso de la integración de Centroamérica, si la Secretaría General y los países miembros consideran que sería un obstáculo para conseguir sus objetivos a lo interno y de cara al exterior.
Esas implicaciones debilitarían y aislarían aun más la política exterior nicaragüense, lo que lo estaría convirtiendo en un país frágil en la arena internacional. En este sentido los lineamientos establecidos para conseguir objetivos a nivel diplomático, comercial e incluso de salud, medioambientales, sociales y culturales quedarían estancados.
Implicaciones económicas
A nivel económico sería el golpe más duro para el país, ya que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es parte de las instituciones del Sistema Interamericano. Hasta hoy en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración (BCIE) ha sido de las instituciones financieras que han apoyado a Nicaragua.
La suspensión implicaría que el BID frene los proyectos pendientes de aprobación y rechace la solicitud de nuevos préstamos y cooperación para el gobierno nicaragüense.
Ya en los años 2018 y 2019, según reporta en su Informe anual, el BID no hubo desembolso de dinero para préstamos al Gobierno, llamados “aprobaciones de préstamos con garantía soberana”. Sin embargo, en 2020 volvió a desembolsar préstamos, pero únicamente por la pandemia mundial del COVID-19, y por el paso de los huracanes Eta y Iota.
Otra implicación potencial podría ser la cooperación que recibe el Gobierno de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que podría frenar su apoyo. Dicha acción afectaría de manera directa lo que recibe el Ministerio de Salud (MINSA) para lograr brindar salud a la población nicaragüense.
También el comercio a nivel intrarregional, podría verse afectado si los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), deciden cerrar las fronteras al comercio terrestre con Nicaragua. Esto podría implicar pérdidas económicas para los exportadores e importadores nacionales, y un retroceso en el proceso de integración. También la cooperación económica, técnica y sur/sur podría ser suspendida hasta que Nicaragua vuelva a ser parte de la OEA.
Las formas de votación
En las reuniones anteriores del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las votaciones han tenido resultados favorables a los proyectos de resolución que se negocian para solicitar al régimen nicaragüense la necesidad de un diálogo sincero y verdadero que conlleve a negociaciones que restablecer el orden democrático, las libertades, no seguir violando los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, llevar a cabo elecciones libres y justas, entre otros.
Como se puede ver en el cuadro siguiente, los votos en el seno del Consejo Permanente se clasifican en: -votos a favor, -votos en contra, -abstenciones y países ausentes.
Puede interesarle: Las tres mentiras del Gobierno de Nicaragua en la cumbre de la región con EE.UU.
Votos necesarios para suspender a un Estado
Según el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, para la suspensión de un Estado conforme la Carta constitutiva de la OEA (artículo 89), se necesita contar con el voto a favor de los dos tercios de los Estados Miembros. La OEA cuenta con 34 miembros activos, por lo que, se necesitan un total de 23 votos a favor de la aprobación de una resolución que ordene la suspensión inmediata del estado de Nicaragua en la participación de las actividades que lleve a cabo la Organización hasta su reintegro.
La correlación de fuerzas en el hemisferio americano cambia con cada elección presidencial que se lleva a cabo en los países. Eso se nota en la forma de votación en la OEA. Por ejemplo, Bolivia cambió de Gobierno y el apoyo a los esfuerzos de democratización en Nicaragua dio un giro y ahora es un país que ha votado en contra de cualquier resolución en esa vía.
Por otro lado, hay países que podríamos llamar “influenciables” en su forma de votar debido al manejo de otras naciones, tal es el caso de once islas del Caribe y Belice que pertenecen a la Commonwealth (Mancomunidad de naciones británicas). De las once islas y Belice, hay nueve que han mantenido un comportamiento contrario a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Este escenario podría cambiar con la influencia de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre el Reino Unido para lograr cambiar la forma de votar en algunas de ellas y sumarse a la necesidad de promover un cambio democrático en Nicaragua.
Puede interesarle: Régimen de Daniel Ortega detiene a cuatro precandidatos, empresarios y políticos opositores
Sin embargo, durante las últimas semanas se especula un posible cambio de línea de acción de Argentina, luego de la reciente visita del presidente español, Pedro Sánchez el pasado 9 de junio, y la llamada que sostuvieron el canciller argentino, Felipe Solá y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el 11 de junio. En dicha conversación según un tweet de Blinken, se plantearon “esfuerzos bilaterales, regionales e internacionales para promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Estados Unidos espera trabajar con Argentina para promover estos objetivos compartidos en nuestra región”.
Posteriormente el presidente español Pedro Sánchez, visitó Costa Rica, y en el marco de una reunión del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cinco de los ocho países miembros del SICA aprobaron un breve comunicado instando a Nicaragua a la “liberación de los líderes políticos”.
El Salvador y Honduras fueron los dos países -aparte de Nicaragua- que no suscribieron dicho comunicado. Ambas naciones han mantenido desde el inicio de la crisis sociopolítica nicaragüense una posición ambivalente entre votar a favor y abstenerse en las reuniones del Consejo Permanente.
También se podría considerar un posible cambio de posición de México, que participó en una reunión del SICA y el secretario de Estado, Anthony Blinken, días en los cuales iniciaron los arrestos arbitrarios en Nicaragua.
A continuación, veremos la posible perspectiva de votación si se llega a convocar a un Período Extraordinario de sesiones de la Asamblea General de ministros de Relaciones Exteriores.
Habría un escenario de al menos 19 votos favorables, por lo que estarían faltando los votos de otros cuatro Estados miembro de la OEA para lograr la aplicación del artículo 21 de la CDI que abriría la puerta para suspender a Nicaragua. Se espera que esos votos se logren obtener de los países “influenciables”.
En los votos favorables se incluye a Venezuela ya que la OEA desconoció al régimen de Maduro y le cedió el espacio a un embajador del gobierno interino de Juan Guaidó. El 10 de abril de 2019 la Organización reconoció al delegado de Guaidó como Representante Permanente de Venezuela ante la OEA, ya que el 10 de enero de ese año desconocieron las elecciones venezolanas por considerarlas un fraude.
En las votaciones de tres reuniones del Consejo Permanente después del reconocimiento a Guaidó, el voto de Venezuela no ha sido impugnado, y ha sido totalmente válido para la causa. Aunque, según la costumbre, los gobiernos pueden poner un pie de página en la resolución indicando que: «se reservan el derecho de desconocer lo que se resuelva», cuando no están de acuerdo.
