*Académicos debatieron en un foro de Expediente Abierto sobre la función y expectativas sobre el impacto de sanciones internacionales contra regímenes autoritarios en América Latina.
**En el caso de Nicaragua, el alcance de las sanciones de la Nica Act y de la Ley Renacer todavía es muy limitado, estiman analistas.
Expediente Público
Las sanciones contra regímenes autoritarios como el de Nicaragua son una herramienta dentro de una estrategia de presión más amplia, cuyo efecto no es inmediato, sin embargo, deben continuar y ampliarse al nervio económico del círculo de poder, resumieron en un estudio Expediente Abierto y expertos durante el foro “Sanciones internacionales como medio para provocar cambios en regímenes autoritarios”, realizado este 28 de septiembre de 2023 en San José Costa Rica.
Sin embargo, Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, manifestó que, incluso, las medidas solicitadas en las leyes NICA Act y Renacer de los Estados Unidos, se han cumplido apenas 25 de 70 puntos.
A finales de 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Nica Act” como herramienta para imponer sanciones a altos funcionarios nicaragüenses y otros implicados en violaciones de derechos humanos y condiciona los préstamos de organismos internacionales a Nicaragua.
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La ley Renacer
La Ley Renacer reúne un mandato de parte del Congreso de Estados Unidos con planes como la revisión del Tratado de Libre Comercio, revisión de actos de corrupción de parte del círculo de poder, sanciones a entes e individuos, financiamiento internacional, investigar y analizar la injerencia rusa en Nicaragua.
Orozco señaló que para la administración del presidente Joe Biden en Estados Unidos “es un avispero” el tema del Cafta, pues no se puede suspender a un país, pero sí se puede renegociar, como se hizo con el TLC de América del Norte.
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El Cafta fue creado para aumentar la competitividad global de Centroamérica con Estados Unidos, pero conformó oligopolios. Por ejemplo, en el caso Nicaragua, 130 empresas en la zona franca, junto con las mineras, se encargan de exportar el 90% de los 8,000 millones de dólares en exportaciones a ese país de Norteamérica.
Por otra parte, la magnitud de los problemas mundiales es enorme. En la década de los 80 había 36 conflictos internacionales como los de Irak e Irán. Ahora hay 36 solo en el continente africano, más la guerra en Ucrania y la amenaza china, dijo el panelista.
Sanciones individuales
Julio Martínez, director de investigación de Expediente Abierto, manifestó que la comunidad internacional prefiere las sanciones a individuos, entidades y sectores, para evitar crisis humanitarias.
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Además, estudios académicos demuestran que las sanciones más efectivas son las de restricción y de señalización, es decir, las que limitan la capacidad represiva y las que dan señales a actores que se están vigilando su actuación.
Se recomienda limitar el dinero para armarse, sobornar y reprimir, señalizar con sanción económica a las personas vinculadas al régimen para que piensen dos veces sobre su futuro a largo plazo, mientras las restricciones de visas son mucho menos útiles que sanciones específicas económica, sostuvo el experto.
Martínez indicó que el estudio de Expediente Público recomienda objetivos claros y factibles, si va a ser coerción, si va a ser una restricción, si va a ser para señalar, así como definir las demandas, por ejemplo, de elecciones.
Hoja de ruta
Normalmente tiene que haber una hoja de ruta para la eliminación de sanciones. Eso quiere decir que el sujeto de sanciones tiene que saber qué acciones tiene que tomar para que se le quiten la designación.
A pesar de algunas experiencias positivas como en Sudáfrica, las sanciones no generan transiciones a la democracia, pero pueden ser una herramienta potente dentro de una estrategia mucho más amplia, mencionó Martínez.
Dicha estrategia incluye, por ejemplo, el debilitamiento de la de coalición interna, la movilización de las bases y una alternativa política clara.
La experiencia venezolana
Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano, indicó que «tenemos que entender las sanciones como una herramienta de la diplomacia internacional y alternativa al conflicto armado y que, además, ha sido utilizada en diferentes momentos para personas de diferentes tendencias ideológicas, los republicanos españoles contra Franco, los chilenos bajo Augusto Pinochet”.
«En el caso venezolano las sanciones financieras se tomaron luego de un momento de protestas en 2017 que se saldó con más de 140 muertos. Y ahí el presidente Donald Trump promueve las primeras sanciones financieras contra Venezuela, la que teníamos hace las sanciones individuales de trabajo del gobierno del sistema de Barack Obama, que afectaron los bienes y sus posibilidades de comerciar”.
Esas sanciones financieras coincidieron con una emergencia humanitaria compleja que venía desde 2014, pero fueron eficaces porque lograron llevar a una negociación con la oposición.
Por otra parte, las sanciones han servido como parte de esta narrativa gubernamental para victimizarse, por ejemplo, argumentado que estas impiden que el Gobierno pueda llevar alimento.
Uzcátegui explicó que actualmente está el debate sobre el retiro de las sanciones en Venezuela. Por un lado, el sector dialoguista “piensa que es suficiente llegar a acuerdos políticos con las autoridades, pero también hemos tenido un sector muy activo en la promoción de este retiro, que son los acreedores de la deuda venezolana”.
En el 2024 puede ser un momento de finalización de agotamiento de la sanción individual financiera contra Venezuela, «lamentablemente estamos recibiendo muchos signos negativos de la comunidad internacional acerca del deseo de normalizar relaciones con Venezuela a como dé lugar”, alertó Uzcátegui.
El sociólogo indica que hay un trabajo a largo plazo por aquí en este tema, pero una política sancionatoria, no es indefinida, ni debería serlo. Por eso los roles de la sociedad civil y la clase política deben ser diferenciados.
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El caso de Rusia
Por su parte, el experto en derecho internacional Vladimir Rouvinski, explicó que las sanciones contra Rusia tienen el objetivo central de parar lo que está haciendo en Ucrania, “y claramente no tenemos el resultado positivo”.
Sin embargo, ya Vladimir Putin no tiene acceso a los mismos recursos financieros, tiene mayores costos asociados que antes eran fáciles, tiene que buscar una manera de esconder el dinero, lo mismo debe estar pasando con Ortega.
Enrique Sáenz, exdiputado y analista, criticó que estas políticas no están alimentadas por la oposición nicaragüense, falta un elemento de información y análisis propio para darle contenido al debate interno.
Las sanciones “no tenían como objetivo botar a Ortega ni por su contenido podían botarlo. Entonces, si alguien pensó y evalúa el marco de las sanciones desde esa perspectiva, pues tiene razón de estar decepcionado, pero eso no nos debe conducir al otro extremo, la alternativa a que no haya acciones en cruzarse de brazos”, sostuvo.
El remate
En contexto: Biden aprueba Ley Renacer y entra en vigor contra régimen de Daniel Ortega
Por otra parte, “estas acciones podían haber sido más efectivas, pero las acciones aisladas tienen impacto aislado. No han tenido una estrategia por detrás. No han seguido la ruta del dinero, yo he puesto el ejemplo del boxeador que le pega un gancho al hígado al contrincante. El contrincante se va contra la cuerda y en lugar de seguirlo para rematarlo, vuelve a su esquina y lo deja que respire”.
María Laura Alvarado, activista de la Unidad Nacional Azul y Blanco, precisó que desde la acera de la de la oposición nicaragüense, también parte de los retos que se tienen es entender que las sanciones no sacan a una dictadura.
Alvarado sugirió una política coordinada por parte de las organizaciones y liderazgos de la oposición, así como aumentar la coordinación sobre la narrativa para “explicar el tipo de régimen que tenemos. Nos enfrentamos a un régimen talibán”, dijo y se necesita explicarle a la ciudadanía por qué es un sistema de este tipo.
