* Autoridades de Argentina reconocen que el marco internacional no permite actuar más allá de las 200 millas náuticas, pero podría impedirse el reabastecimiento de buques en altamar.
** Pesca no regulada en el Atlántico Sur tiene costo económico y alto impacto ambiental.
Juan Manuel Harán
Especial para Expediente Público
La lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) conlleva el esfuerzo mancomunado de múltiples organismos y fuerzas de seguridad, como explicó a Expediente Público Juan Benaglia, director de Política Criminal y Delitos Transnacionales del Ministerio de Seguridad de Argentina, a cargo de Patricia Bullrich.
Este ministerio diseña y supervisa las políticas de seguridad marítima y coordina las acciones entre la Prefectura Naval, la Armada y otros organismos. Además, se encarga de formular estrategias de seguridad que aborden esta amenaza de manera integral.
Luego, el Ministerio de Defensa supervisa las operaciones militares para la protección de los recursos marítimos.
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El Ministerio de Defensa coordina también las acciones de las Fuerzas Armadas y colabora con otros ministerios para asegurar una respuesta efectiva contra la pesca INDNR.
Pero es la Prefectura Naval Argentina (PNA) como autoridad marítima nacional con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar. La PNA lucha contra la delincuencia marítima y con el seguimiento de las actividades de las flotas extranjeras de pesca en aguas distantes, operando próximas a las aguas jurisdiccionales de Argentina.
Como explica a Expediente Público el general de brigada Óscar Armaneli, “tanto la Prefectura como la Armada Argentina firmaron un convenio para hacer el control de nuestro mar territorial, que se hace a través de tres procedimientos: con buques de superficie, a través de aeronaves y de un sistema satelital”.
La Prefectura y la Armada “son las que se encargan de tener la presencia marítima en nuestro territorio, pero también existe un control aéreo fundamentalmente por aviones Beechcraft que tienen autonomía de 9 horas. Eso permite recorrer un amplio espacio marítimo; Prefectura tiene dos y uno la Armada”, manifestó Armanelli.
“Pero aparte de eso, como última etapa, está el sistema satelital. La Prefectura posee el Sistema de Vigilancia Guardacostas y está también el sistema Pollux de la Armada Argentina, que combinan imágenes satelitales que le aporta la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales (CONAE)”.
Dicha Comisión les permite “hacer las denuncias internacionales”. Estos esfuerzos se complementan con un patrullaje que se realiza con 5 buques guardacostas tipo Halcón y la cobertura de 2 aeronaves Beechcraft. Uno de estos aviones tiene capacidad de geolocalizar cualquier navío en el mar argentino con una diferencia de solo 3 metros con tecnología láser, agrega Luciana De Santis, abogada y asesora jurídica de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre del equipo de Equipo de Trabajo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos (EICEMAR).
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Vigilancia satelital de embarcaciones
Durante la charla con Prefectura Expediente Público tuvo la posibilidad de ver el Sistema Guardacostas en acción.
Se trata de una plataforma de imágenes digitales que permite visualizar la actividad de cada navío, pudiendo inclusive geolocalizar a aquellos que tienen apagado su sistema de monitoreo.
A través de este software se puede acceder al nombre, matrícula y a los datos de la tripulación de todos los navíos registrados globalmente.
En términos prácticos la PNA, en su función de policía auxiliar pesquera, es la encargada de patrullar la Zona Económica Exclusiva (ZEE), misión que realiza junto a la Armada Argentina, en especial durante la temporada de captura. Para sus operaciones cuenta con herramientas como el ya mencionado “Sistema Guardacostas”, que es una plataforma de monitoreo y vigilancia activa los 365 días del año, que le proporciona capacidad de detectar barcos, aunque apaguen sus sistemas de Identificación Automática AIS (por sus siglas en inglés) y que es la tecnología utilizada en el ámbito marítimo para mejorar la seguridad y la eficiencia de la navegación.
Juan Benaglia, director de Lucha Contra el Delito Transfronterizo, dependiente del Ministerio de Seguridad, agrega que radares instalados en la costa y en barcos “permiten la detección de embarcaciones en tiempo real, incluso aquellas que apagan sus sistemas de identificación para evitar ser detectadas”.
Además, “se utilizan drones para la vigilancia y recolección de información en áreas donde las embarcaciones tradicionales no pueden acceder fácilmente o donde es necesario un enfoque más sigiloso”, mencionó el funcionario.
Benaglia, también director de Política Criminal añade que las unidades de guardacostas se despliegan cerca de la línea costera y en las zonas de mayor actividad pesquera, para disuadir y detectar la pesca ilegal en las etapas iniciales.
“Asimismo, se emplean modelos matemáticos y algoritmos predictivos basados en datos de movimientos de buques, patrones de pesca y datos oceanográficos para anticipar las zonas donde podría haber actividades de pesca ilegal”, dijo a Expediente Público.
La milla 201 no es una zona de guerra
Hay dos aspectos centrales de cómo es el acercamiento que se plantea desde el Estado para enfrentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. El primero es que la lucha contra la pesca ilegal no es una cuestión que se solucione adquiriendo una mayor capacidad armamentística.
“No hay una guerra. Y pasando la milla 200 es altamar: no hay ninguna norma que nos permita accionar sobre esos buques que están más allá de ese límite”, explica a Expediente Público Sergio Almada, coordinador de EICEMAR.
Más allá de la milla 200 en el Atlántico argentino, “salvo que sean de nuestra bandera, ningún Estado puede accionar coercitivamente sobre los navíos que se encuentran en esa zona, si son de otra bandera y están más allá de la ZEE”, dijo el militar.
“El problema no se soluciona con más armamento. No es una zona de guerra, lo que sucede en la milla 201. Lo que tiene lugar es una problemática ambiental, una afectación al ecosistema que se produce por una acción humana, en este caso la pesca”, explica Almada.
El segundo punto sobre el que enfatiza es que la pesca ilegal -es decir la que ocurre dentro de la ZEE-, no representa el problema mayor. La dificultad mayor está relacionada a la pesca irregular y no reglamentada que ocurre en la milla 201.
“Imagínate el impacto de un barco que pueda entrar media milla, una milla a la ZEE, comparado con 500 barcos pescando permanentemente durante 6 meses especies transzonales de nuestra zona económica exclusiva sin ningún tipo de control”, agrega el experto.
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Qué sucede cuando el barco ingresa en la ZEE
Si ante un ingreso a la ZEE el buque sigue el protocolo que le impone la PNA, se lo denomina colaborativo.
Si no, incurre en el delito de desobediencia a la autoridad. En esos casos, cuando el navío sale de la ZEE hacia alta mar escapando, se cesa la persecución y se notifica a la Justicia Federal argentina y se emite una orden de captura internacional a través de Interpol.
Pocos ingresos a ZEE, pero hay antecedentes
“No hay ingresos constantes a la ZEE –sostiene Almada-. Eso de que las flotas extranjeras apagan sus equipos AIS para no ser vistas se terminó en 2017, ya que Prefectura los detecta a través de imágenes satelitales que nos provee la CONAE”.
La PNA lleva capturados, en las últimas décadas, 80 buques pesqueros que operaban ilegalmente en aguas de la ZEE y mantiene una presencia permanente en una vasta frontera marítima desde hace más de tres décadas.
Como explicaron De Santis y el prefecto mayor Carlos Apablaza, jefe del Departamento Policía Auxiliar Pesquera de la PNA, la última intrusión sucedió con el buque Calvao, de Portugal, en 2024, que estuvo 6 millas adentro de la ZEE durante más de dos horas, y que fue luego interceptado por las fuerzas guardacostas previa notificación a la embajada portuguesa con sede en Buenos Aires.
Asimismo, se destaca el caso de un navío chino, en 2020, que ante la infracción de haber ingresado y pescado en la ZEE argentina, fue capturado y puesto a disposición de la justicia argentina. Al parecer Beijing prefirió esa situación en lugar de que recayera un pedido de captura de Interpol sobre su flota.
En 2016, sucedió un caso que marcaría la jurisprudencia en este tipo de infracciones, cuando el buque chino Hua Li 8 fue interceptado en Indonesia luego de haber ingresado a la ZEE argentina por un pedido de captura de Interpol. Este caso es considerado un ejemplo a nivel internacional de buenas prácticas jurídicas en la aplicación de la ley en el mar, explica la subprefecta Luciana De Santis.
“Detrás de cada suceso hay investigaciones. La PNA en estos casos es auxiliar de la justicia. No se lleva a la Justicia barcos, se lleva personas, que son identificadas a través de inteligencia criminal”, indicó De Santis.
Asimismo, el prefecto Apablaza, remarca que existe colaboración diplomática y contacto permanente con las embajadas y consulados de los barcos que pescan dentro de la ZEE o ingresan en ella.
Las causas, otras que meramente comerciales, pueden ser humanitarias: en marzo de 2024, se permitió el ingreso a la ZEE a una flota de 259 barcos pesqueros chinos para refugiarse de una tormenta.
¿Prefectura tiene suficientes herramientas?
La imagen de cientos de barcos pescando en altamar por la noche, con las luces prendidas se repite cada vez más.
La falta de inversión en el sector de Defensa en Argentina es un aspecto que comenta el profesor Fabián Calle durante la entrevista con Expediente Público, y que queda manifestado en el bajísimo presupuesto que le destina de su PBI al sector Defensa: entre un 0.4% a un 0.7% en 2022 (uno de los más bajos índices de la región).
Más allá de esto, el patrullaje del Atlántico Sur conlleva una mezcla de elementos tecnológicos y de equipamiento asistido satelitalmente que permite una mirada cenital de toda la región, con muy alto conocimiento de toda la actividad naviera que allí se lleva a cabo.
La idea de que las flotas extranjeras ingresan a la ZEE de manera irrestricta, se complementa con discursos que piden mayor severidad al momento de las capturas, incluyendo el hundimiento de tales navíos. Sin embargo, debe considerarse que la actividad de las flotas de aguas distantes se da, en la mayoría de los casos, más allá de las 200 millas marítimas, donde termina la ZEE de Argentina. Por eso De Santis explica que solo puede aplicarse una acción coercitiva cuando los navíos de terceros Estados ingresan a la zona ZEE.
“Ante esta situación, se siguen protocolos de actuación que mantienen los mismos criterios de aplicación de la ley en tierra. Sobre el uso de la fuerza, se espera que sea la mínima e indispensable para una situación concreta, salvaguardando la vida humana en altamar”, expresa.
En estos casos desde la PNA se busca desplegar una “buena práctica jurídica internacional”, que implica aplicar la ley evitando posibles reclamos de terceros Estados, porque “cuanto más nos alejamos de nuestra costa disminuyen los derechos del Estado ribereño, en contraposición con los de los terceros Estados, que van aumentando”, agrega.
“¿Qué no es una buena práctica? Por ejemplo, Indonesia si encuentra un barco pescando en su ZEE, lo hunde. Puede hacerlo, pero no es una buena práctica porque está en contra de lo que la normativa internacional estipula para infracción pesquera”, comenta la subprefecta.
Impacto ambiental
“Asimismo, desde el impacto ambiental, como vimos, el daño es incalculable… Si pescas mucho afuera de la ZEE, sin control, la especie decae biológicamente dentro de la ZEE”, reflexiona Almada.
“Esto pasa en casos como el del calamar, que nace dentro del mar argentino y luego es capturado fuera de la milla 201. Lo mismo sucede con el abadejo, cuya captura está prohibida para la flota argentina, y que es pescado, sin embargo, en altamar sin control”, puntualiza.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 79 de las especies que habitan el Mar Argentino se consideran bajo amenaza de extinción. Entre éstas se encuentran todas las especies de tortugas marinas y un número creciente de tiburones y rayas.
Almada indica que la PNA busca que se respeten las resoluciones que publica el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que conforman un plan de manejo de los recursos en el mar.
Este plan sigue el estado del stock de cada especie, determina en qué época conviene hacer captura y cuándo conviene proteger a los juveniles, para no devastar los recursos marinos.
Según este sistema, cada barco de la flota argentina tiene una cuota de pesca preestablecida, e inclusive dentro de este plan se determina una cuota de escape de dichas especies fuera de la ZEE.
El régimen de CITC (Cuotas Individuales Transferibles de Captura) dispone un porcentaje de captura de una especie a cada barco o empresa, del total de lo asignado a toda la flota para dicha especie (Captura Máxima Permisible).
Cinco especies se rigen por el sistema de CITC, y estas cuotas se asignan por 15 años.
En 2009 se distribuyeron las cuotas por primera vez, y actualmente, el CFP se encuentra redistribuyendo las cuotas que regirán durante el siguiente período, lo cual está generando altas expectativas en la industria local, ya que los ayuda a planificar su actividad en el mediano plazo.
Pero Argentina no es considerado un jugador irremplazable en la industria pesquera global. De América del Sur, según el Banco Mundial, solo Chile se encontraba en el Top 10 mundial de este sector con 1,443,520 toneladas producidas (acuicultura) y 2,390,072 toneladas provenientes de captura, en 2021.
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El temor de seguridad por los pesqueros chinos
A la cuestión de la depredación del medio ambiente, el costo económico y de violación a la soberanía, Calle también agrega la cuestión geopolítica. «Por ejemplo, los norteamericanos te dicen: ‘¿qué hay adentro de esas flotas, son todos barcos pesqueros? ¿O hay barcos de inteligencia electrónica, de logística?’“.
“Aquí se mezcla la seguridad nacional, porque estos navíos de pesca al final patrullan el Pacifico Sur y el Atlántico Sur como buques piratas de pesca, pero es probable que entre esos barcos haya algunos que tengan tecnología sensible, rastreo antisubmarino, es decir, se abren distintas hipótesis de conflicto”, sostuvo Calle.
El profesor argentino explicó que “esto es lo que hace China en su mar, donde muchas veces ataca con barcos pesqueros a los filipinos o a los vietnamitas. Claro, son asuntos entre privados parece, y después sucede que los barcos pesqueros están tripulados por agentes de las fuerzas armadas y tienen equipos de comunicaciones y toda la logística”.
En nuestro diálogo con la PNA, no consideran que los navíos de las flotas de agua distantes puedan ocultar armamento o equipamiento militar.
Sin embargo, existe una alarmante falta de transparencia y rendición de cuentas en toda la industria pesquera internacional, que lleva a considerar todo tipo de hipótesis, en especial aquellas que tienen un impacto geopolítico, como vimos, en una región que, pese a lo gélido de su clima, se calienta cada vez más.
Crímenes azules
Almada, especialista en crimen marítimo, destaca también que en el Atlántico Sur no existe jurisprudencia significativa sobre el llamado “Crimen Azul”, que toma distintas formas según la región como puede ser el Cuerno de África, el Golfo de Guinea, o el Caribe, donde además de pesca ilegal hay tráfico de armas y droga, piratería, trabajos forzados a bordo y trata de personas con fines de explotación laboral.
Precisamente el trabajo en situación degradante y abusiva es común en los barcos factoría que se componen las flotas pesqueras de aguas distantes de muchos países.
La pesca de captura tiene una de las tasas de mortalidad ocupacional más altas del mundo, siguiendo los datos de la Labour International Organization.
Como se mencionó en este mismo reportaje, esta industria emplea trabajadores migrantes que son vulnerables a ser engañados y coaccionados por intermediarios y agencias de contratación. Estos trabajadores son obligados a trabajar a bordo de buques haciendo trabajos peligrosos en condiciones infrahumanas bajo amenaza de fuerza o mediante servidumbre por deudas.
“No son hechos que realmente tengan relevancia en el Atlántico Sur, ya que no existe jurisprudencia extensa en Argentina sobre intervención en buques de tercera bandera por estas cuestiones”, indica Almada.
La amplia extensión de costa argentina representa un gran recurso disponible para el país sudamericano y también una gran responsabilidad en lo que respecta al cuidado del medio ambiente. Por este motivo, el estado argentino debe destinar una gran cantidad de recursos en su cuidado, vigilancia y protección por la falta de regulación internacional y cooperación por parte de ciertos estados.
