PARTE II
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó en Nicaragua los hechos violentos del período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018, en su informe final concluyó que en este país “se ha hecho uso ilegítimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otros, para perseguir y sancionar actos de oposición al Gobierno. En todos estos procesos ha habido graves violaciones a la libertad personal, desde órdenes de detención arbitrarias, hasta el uso generalizado de la prisión preventiva, sin cumplir con la necesaria motivación, pasando por el incumplimiento de plazos para el control judicial de la privación de libertad”.
El reporte devastador que valió la expulsión del país del GIEI advierte que “el derecho de defensa y la publicidad del juicio también se han visto vulnerados, incluyendo casos donde se han celebrado audiencias sin la participación del defensor. Finalmente, se ha establecido que el habeas corpus o recurso de exhibición personal ha sido ineficaz”.
A juicio de José Pallais, quien fue presidente de la Comisión de Justicia del parlamento nicaragüense, “el Poder Judicial está al servicio del control social junto con las otras instituciones del Estado como la Procuraduría, el Ministerio Público y la Policía, espacios para la represión, para premiar al que está a favor y castigar al que se opone”.
Los jinetes del apocalipsis del Poder Judicial acaparan la mayor parte de casos contra protestantes, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) lleva entre 80 y 85 juicios que implican a unas 230 personas, teniendo particularmente en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio, a cargo de Ernesto Rodríguez Mejía, uno de los más importantes ejecutores del sistema contra los opositores, lo mismo ocurre con los casos de la abogada independiente Yonarqui Martínez, quien representa a 70 excarcelados y 22 presos políticos.
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En el caso de Defensores del Pueblo, llevan 25 juicios que involucran a unas 130 personas, la mayoría de audiencias iniciales las tramitaron Henry Morales y Leopoldo Vargas, pero los juicios estuvieron a cargo mayormente de Ernesto Rodríguez, Edgard Altamirano y Adela Cardoza.
A mediados de febrero de 2019, el juez Ernesto Rodríguez fue promovido a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
El GIEI menciona directamente al ahora magistrado Rodríguez en su informe por impedir el ingreso de los relatores al juicio por el asesinato del periodista Ángel Gahona, una audiencia que debía ser pública.
Sin embargo, los abogados defensores de los manifestantes sostienen que por ahora no pueden cuantificar con exactitud cuántos casos llevan en cada juzgado, pero más del 95% están en tribunales de Managua.
El único ejercicio estadístico que existe sobre la participación de los jueces en la crisis sociopolítica actual, particularmente a favor del Gobierno, lo tiene Acción Penal, grupo que presentó un estudio sobre 16 expedientes. En este sentido localizan en primera instancia a cuatro personas en el Séptimo Distrito Penal de Audiencia a cargo de Abelardo Alvir Ramos, mientras Henry Morales (Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua) tiene a tres.
Los procesos se llevaron a cabo en el Séptimo Local Penal de Juicio del juez Donaldo Alfaro, quien llevó el juicio a cinco manifestantes, el Tercero Local Penal de Nalia Úbeda Obando juzgó a seis y Alia Ampié Guzmán (Juzgado Cuarto Local Penal de Managua) a cinco.
Por su parte, Enrique William Larios, juez suplente del Juzgado Quinto Local Penal de Managua llevó el caso de 10 autoconvocados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua). Edgard Altamirano, titular del Noveno de Distrito Penal de Juicios de Managua, llevó dos juicios, César Picado (Juzgado Local Único del Municipio de Buenos Aires, departamento de Rivas), tuvo en el banquillo a un líder anticanal y Melvin Leopoldo Vargas (Séptimo de Distrito Penal de Juicios de Managua) a un manifestante de Boaco, esto sin contar algunos expedientes de condenados que están en Apelaciones, archivados en virtud de la polemica Ley de Amnistía, promulgada en junio de 2019.
Sobre las violaciones a los derechos y garantías constitucionales de los jueces en el marco de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, los juristas de Acción Penal señalan que las autoridades judiciales fueron permisivas al aceptar situaciones de secuestro simple y agravado de los presos políticos por parte de policías y paramilitares, además, muchos procesados fueron víctimas de detención ilegal y ocultamiento.
Un reporte de Acción Penal determinó que la prisión preventiva fue tomada como regla general en el caso de los manifestantes, además, los judiciales inobservaron el principio de celeridad procesal, ya que sin fundamento legal decretaron tramitación compleja en causas que no fueron debidamente fundamentadas, con el objetivo de duplicar los plazos de los procesos judiciales. Otra violación al debido proceso fue la sustracción del juez natural, en siete de once casos estudiados, los hechos ocurrieron en los departamentos de Boaco, Chontales, Estelí, Rio San Juan y Rivas, pero fueron juzgados en Managua, mientras los otros cuatro casos si eran de la capital.
DETERIORO DE DÉCADAS
En abril de 2006, la Embajada de Estados Unidos en Managua ya reportaba la corrupción en el sistema judicial y los mecanismos de extorsión y chantaje del FSLN dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como se refleja en los cables de Wikileaks hechos públicos entre 2010 y 2011.
El entonces embajador Paul Trivelli, en un cable clasificado sugiere la cancelación de la visa al juez Tomás Cortez Mendoza, entonces en el Octavo Distrito de Juicio de Managua y actualmente Octavo Distrito de Familia y lo pone como ejemplo de judiciales corruptos con los que FSLN tomó el control del Poder Judicial, señala que Daniel Ortega asegura con ellos “la capacidad de proteger aliados de las consecuencias de sus actos de corrupción y tiene poder de sancionar y silenciar a sus oponentes”.
Las acusaciones van más allá, el cable sostiene que los jueces sirven para amenazar a los oponentes con encarcelamiento y condena mediante acusaciones falsas, extorsionar a empresas legítimas y permitir a los traficantes internacionales de armas y drogas, salir libres a cambio de mordidas.
“El control del sistema judicial entero, desde la CSJ a los jueces criminales como Cortez, le da a Ortega la habilidad de usar nominalmente los medios para arrestar e intimidar a cualquiera que él desee”, describe el embajador.
Uno de los pilares de la asistencia estadounidense era precisamente las reformas al sistema judicial, pero Trivelli responsabiliza directamente al magistrado Rafael Solís de dañar los esfuerzos en ese sentido.
Desde diciembre de 2003 el Gobierno de Estados Unidos había congelado US$49 millones en asistencia judicial “por la corrupción endémica”, particularmente la exoneración de cargos contra el expresidente Arnoldo Alemán como parte del pacto entre liberales y sandinistas.
En 2013, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, manifestó en un informe que “los nombramientos de los magistrados de la CSJ son fuertemente influenciados por la política, sobre todo en el contexto actual donde el partido de Gobierno tiene la mayoría para reformar la Constitución y nombrar a los funcionarios de Estado sin requerir consulta, aprobación o respaldo de otra representación política en la Asamblea Nacional”.
La Relatora Especial incluyó en su informe que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial no respeta los procesos de selección y elección.
El GIEI en la presentación de sus investigaciones de 2018 cita este reporte de la ONU y reitera la falta de imparcialidad de los órganos de nombramiento de jueces, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que “no establece las causas ni los procedimientos a seguir en caso de destitución”.
A pesar de esto, la descomposición del sistema judicial en Nicaragua pasó bajo el radar internacional, incluso la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mantuvo el financiamiento a la CSJ hasta 2018.
Expediente Publico consultó a la AECID sobre el resultado de años de financiamiento al sistema judicial con el resultado de parcialidad que demuestra esta institución tras las protestas antigubernamentales iniciadas en 2018, a lo que la oficina de prensa respondió que “no le corresponde (a la Agencia) valorar el trabajo que llevan a cabo las instituciones de los países socios. No obstante, el último proyecto que hemos llevado a cabo con la CSJ de Nicaragua data de 2016, año en que se concedió la última subvención a esta institución”.
El Centro de Información de AECID también explicó que “el objetivo de la subvención a la CSJ de Nicaragua de 2016 no era financiar a la Corte, sino desarrollar un proyecto de cooperación para el desarrollo que, como todos, contaba con un plazo determinado de ejecución que ya concluyó. En la actualidad la Cooperación Española está centrando sus esfuerzos en apoyar sectores sociales básicos para la población”.
Sin embargo, el 21 Informe de Cooperación Oficial Externa del Banco Central de Nicaragua, publicado en octubre de 2018, indica que el proyecto de fortalecimiento sistema de justicia penal especializada en adolescentes con la CSJ recibió donaciones por US$400,000 de la cooperación española entre 2016 y 2018.
SIN REACCIÓN INTERNACIONAL
Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con oficinas en Washington D.C., en declaraciones a Expediente Público afirmó que en Nicaragua las instituciones se empezaron a deteriorar en la última década y nadie hizo nada.
“Todos debemos hacer un mea culpa, en especial la cooperación internacional, que en el caso del sistema de justicia (de Nicaragua) alimentó esta degeneración, no quiso ver o se hizo de la vista gorda frente a esta dirección del control político”, sostuvo.
“Por qué nadie ha hecho nada, por qué permitimos desde la comunidad internacional que la situación se deteriorara, hasta el punto que pasó lo que pasó el año pasado. Esta pregunta nos hacemos todos y nos obliga a ser más atentos frente a esta llamada de alerta que vemos en los países, como lo empezamos a ver en México, por ejemplo”, agregó Salazar.
En el caso específico de DPLF, este alejamiento o “pérdida de interés” en el país se venía manifestando por la cooptación de las instituciones de justicia desde el Poder Ejecutivo. Salazar explica que poco se podía lograr en un escenario como el de Nicaragua y era poca la capacidad de incidir y modificar las reglas del juego en medio del pacto Alemán-Ortega. “No porque no pase en el resto de Centroamérica, esto ocurre también (en otros países), pero cooptaciones parciales, no al nivel de lo que ocurre en Nicaragua” que ha seguido los pasos de Venezuela, con la diferencia que pasó bajo el radar por años y nadie puso atención.
DEPURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
A pesar que hay una serie de estándares mínimos para garantizar la independencia judicial, esto no viene al caso con el gobierno de Ortega, porque existe el pacto y cooptación, “los estándares más relevantes que tienen que ver con la situación de Nicaragua son los que regulan la selección de las altas autoridades judiciales, esto ha ido degenerando con los años”, resume Salazar.
Sobre si se puede independizar el Poder Judicial en Nicaragua, DPLF lo ve difícil sin un cambio de Gobierno, se deben hacer reformas importantes y necesarias “comenzando con un proceso de depuración de los órganos de justicia, bien pensado y reflexionado, pero nada de eso puede ocurrir hasta que no haya un cambio de administración”.
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Ramiro Orías, oficial de programa DPLF, señala que hay experiencias en Latinoamérica donde hay depuración, la experiencia más cercana es la de Ecuador, pero se creó un caos, tampoco llegó a ser una depuración total, pero hubo una hoja de ruta que permitió alterar las altas cúpulas y el instrumento que permitió controlar todo el cuerpo judicial, pero todavía están en un proceso difícil, peleado, incluso denuncias de los propios magistrados correístas, que se están amparando en el sistema interamericano de derechos humanos.
Frente a una eventual transición, hay algunos instrumentos del Derecho Internacional que se pueden usar para promover reformas que permitan la recuperación, el desmantelamiento de la justicia autoritaria y la recuperación de un sistema independiente de justicia, utilizando algunas vías como las reformas constitucionales como fue el caso de Ecuador y Perú, mecanismos internacionales heterodoxos ad hoc, para acompañar estos procesos usando herramientas de justicia transicional.
En marzo de este año, DPLF presentó en Venezuela una hoja de ruta para una transición del sistema de justicia con estándares de independencia internacionales, reformas parciales a la Constitución, así como mecanismos nacionales e internacionales de acompañamiento.
Uno de los estándares internacionales más relevantes es la inamovilidad de los jueces que pueda brindar estabilidad al ejercicio de sus funciones en el periodo establecido y que solo sean suspendidos por incapacidad o comportamiento indebido.
En cuanto a las reformas constitucionales propuestas para Venezuela, se enfocan en los procesos de selección y control de los jueces, magistrados, fiscales y procuradores, por ejemplo, a través de una Junta Nacional de Justicia.
Los mecanismos de acompañamiento para esta transición en el campo internacional se vinculan a experiencias de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluso, el GIEI brindó en su informe de 2018 las siguientes recomendaciones para Nicaragua:
Salazar señala que hay una experiencia alternativa a la depuración, como en el caso de Colombia que creó la Jurisdicción para la Paz, “se cuidaron que su reforma estuviera alineada y respetara el sistema interamericano y de Naciones Unidas para que no la cuestionaran, eso fue lo que no hicieron los ecuatorianos, donde hay demandas de correísta contra destituciones de jueces”.
En Ecuador se plantearon la destitución de actores y la elección de nuevos magistrados y jueces para el sistema de justicia, pero no se dieron a la tarea de sincronizar y alinear los procedimientos de destitución y nombramiento con los estándares internacionales. En cambio, en Colombia crearon una jurisdicción que no pudiera ser señalada de atentar contra los derechos humanos y el derecho internacional, se cuidaron y se asesoraron para que estas medidas estuvieran alineados con las reglas globales.
“Creemos que cuando esto ocurra en Nicaragua tiene que haber un asesoramiento para que las medidas que se tomen estén alineadas con el derecho internacional y no vengan personajes a demandar al Estado porque los destituyeron ilegalmente”, reitera Salazar.
Por otra parte, pese a que hay trabajos internacionales de apoyo al tema de justicia, en Nicaragua no ha quedado una capacidad instalada en la sociedad civil, no hay una organización como en otros países en la región que son ONG especializadas en monitorear los temas de reforma e independencia judicial, por lo cual, “es un desafío empezar a generar una plataforma de organizaciones que se involucren con el tema de agenda judicial para trabajar localmente el tema”, agrega Orías.
A partir de la crisis de abril 2018 en Nicaragua, una de las primeras iniciativas, aunque aún emergente, que ha empezado a abordar el tema del sistema de justicia es Acción Penal, un grupo de especialistas en procesos penales, constituido por exfiscales del Ministerio Público.
A juicio de los expertos de DPLF, podrían crearse audiencias temáticas sobre este tema, hay varias iniciativas cercanas que la impulsarían, por ejemplo, la CIDH va a sacar un informe sobre corrupción y derechos humanos, que podría llevar una imagen del sistema judicial nicaragüense.
“Aunque todo el mundo sabe cómo está el Poder Judicial en Nicaragua, podría servir esto para tomar una nueva fotografía de cómo están las instituciones y pedir una audiencia temática y promover pronunciamientos de la comisión a nivel de Naciones Unidas, con el relator para independencia judicial, que es un latinoamericano, Diego García-Sayán”, manifestó Salazar.
