*Industrias extractivistas de palma africana o minería son las más invasivas en las tierras de los pueblos indígenas, de acuerdo a defensores ambientalistas de Centroamérica.
** Nicaragua, Guatemala y Honduras son países que viven un contexto de “múltiples crisis” en territorios comunitarios, afirma el ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz.
Expediente Público
Asesinatos, amenazas, criminalización y arrestos arbitrarios son situaciones que los indígenas y afrodescendientes de Centroamérica viven en su lucha por la reivindicación de sus derechos frente a las grandes industrias extractivas como la minería y la palma africana, que se asientan en territorios tradicionalmente ocupados por los pueblos originarios.
La minería junto a la expansión de proyectos hidroeléctricos y de palma africana en territorios de los pueblos originarios, que se aprueban sin tomarlos en cuenta, no solo provocan un enorme daño ambiental, sino el desplazamiento de sus habitantes.
En el litoral atlántico de Honduras existen unas 190 mil hectáreas de palma africana y cerca del 80% se encuentra en territorio garífuna. Mientras que, en Guatemala se identifican 171,451.81 hectáreas del cultivo de palma, el 57.78% en la zona indígena de Alta Verapaz.
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Del ecocidio al etnocidio
En Nicaragua, hasta 2021, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había otorgado 142 concesiones a empresas mineras y en El Salvador, estas poblaciones resisten ante de la posible reanudación del proyecto de construcción de una octava hidroeléctrica en el río Sensunapán.
El ambientalista y director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, explicó que Nicaragua, Guatemala y Honduras son países que viven un contexto de “múltiples crisis” en territorios de pueblos originarios.
“Son los países donde se están reportando la mayor cantidad de asesinatos a defensores de derechos humanos, a defensores de la tierra, donde hay mayores conflictos sobre todo de los procesos de invasión, de apertura de proyectos, concesiones mineras, palmeras, etcétera”, afirma Ruiz.
Ataques contra pueblos indígenas
En Nicaragua, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), sostiene que el territorio Mayangna Sauni As, uno de los territorios indígenas en el Caribe, es víctima de ataques sistemáticos de colonos no indígenas y/o bandas criminales desde el 2013.
En 2013 asesinaron al indígena mayangna Elías Charles Taylor mientras patrullaba su territorio atendiendo a una denuncia de que colonos estaban tumbando el bosque.
La violencia se extiende a la fecha y en julio de 2023, dos indígenas mayagnas nicaragüenses, identificados como Sergio Julián y Serato Juwith Charly fueron asesinados en el Caribe de Nicaragua.
Estos asesinatos revelan la violencia que viven los indígenas en la reserva natural de Bosawás, una zona que se ha visto afectada por la invasión de colonos, la minería y tala ilegal.
Panamá: de la discriminación al ecocidio
Estas industrias, que ponen a las comunidades en la primera línea del asedio, socavan sus capacidades de adaptación, afirma Yanisbeth González de la Escuela Mesoamericana de Liderazgo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB).
“La minería, la tala ilegal, la extracción que están haciendo los países industrializados y en el caso de las comunidades, la invasión de los colonos y la migración causa un daño al ecosistema ambiental”, dijo González a Expediente Público.
Yanisbeth González, es una activista climática y defensora de derechos humanos que representa a la comarca Guna Yala, una comarca indígena de Panamá habitada por la etnia Guna, en diversos espacios nacionales e internacionales.
“Se están extrayendo nuestros propios recursos y tenemos que partir de ahí, y las consecuencias que tiene (…) Guna Yala tampoco se escapa de esta realidad, tenemos muchos problemas con colonos, con extracción de oro, con tala ilegal”, señaló González.
Según González, los pueblos indígenas son los “guardianes de los bosques” y responsables de los ecosistemas en la región, pero sufren los efectos de las industrias mineras, palmeras, hidroeléctricas y la llegada de colonos no indígenas.
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La activista indígena afirma que cuando se trata de luchas de los pueblos originarios no siempre el resto de la población apoya sus demandas.
Garífunas resisten en Honduras
En Honduras, el cultivo de palma africana amenaza los derechos territoriales de los pueblos y comunidades garífunas.
El pueblo garífuna, que se ubica a lo largo del litoral atlántico, lo conforman 48 comunidades que están cercadas por el cultivo de palma africana.
En el especial “Violencia e impunidad en tierras garífunas”, Expediente Público expone que durante décadas las tierras de estos pueblos han sido pretendidas por diversos grupos económicos, e inclusive por carteles del narcotráfico.
Palma Africana y su expansión
En el litoral atlántico existen unas 190 mil hectáreas de palma y cerca del 80% se encuentra en territorio garífuna, señala el informe “Tendencias regionales y gobernanza en Centroamérica: Territorios y actores en la encrucijada” del Programa Regional de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (Prisma).
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La comunidad de Vallecito, en el departamento de Colón del litoral atlántico, se convirtió en un objetivo clave para la expansión de la palma.
En 1994 la comunidad se vio afectada por la apropiación de 100 hectáreas de sus tierras ancestrales para el establecimiento del cultivo.
Melissa Martínez, integrante de la coordinación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) en la isla hondureña de Roatán, explicó a Expediente Público que los pueblos originarios luchan por “recuperar y eliminar la palma por completo, porque el daño que hace es gravísimo”.
“Nuestras comunidades garífunas están sufriendo mucho por la sequía, debido a tanta plantación de palma. En Vallecito nos ha costado mucho recuperar, porque al contorno, lo que hay son palmas africanas”, explica Martínez.
Dinámica acompañada de desplazamiento
En la Muskitia hondureña, los gobiernos locales facilitaron la “venta ilegal de tierras y la apertura de una narco-carretera». Esto generó conflictos entre las autoridades municipales y las autoridades territoriales por la gobernanza de los recursos, según el informe de Prisma.
Esta dinámica también se acompaña del desplazamiento forzado de los habitantes.
“Se apoderan de las tierras con tantas leyes que ponen a su favor y la gente se ve obligada a tener que migrar, porque ya no tienen dónde vivir y son grandes plantaciones de palmas que todavía existen en estos pueblos y comunidades garífunas”, afirma Martínez.
Con la plantación de coco, los garífunas en Honduras resisten frente a la palma africana que le ha arrebatado su territorio y buscar recuperar sus territorios ancestrales.
La activista indígena afirma que tienen una plantación de coco que abarca de 10 manzanas.
El pueblo indígena de la isla de Roatán, aunque no sufre la devastación de sus tierras por la palma africana, enfrenta las consecuencias de la industria turística.
“La zona costera lo sufre a diario viendo las consecuencias del turismo (…) Para mí el turismo es una empresa extractivista por el daño que causa a nosotros en las comunidades”, afirma la defensora indígena.
Incrementa violencia
Las activistas en Honduras también enfrentan una creciente exposición a la violencia por la defensa de sus territorios.
Según el Sistema de Registro y Documentación de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH), las agresiones contra mujeres defensoras llegaron a 1,879 en los primeros nueve meses de 2023.
El 78% de las agresiones sucedieron contra defensoras de la tierra y el territorio.
Del total de agresiones 532 ocurrieron en el primer semestre del año que, comparado a igual periodo de 2022, cuando se registraron 484 agresiones, se nota un incremento de 48 incidencias.
Para los defensores hondureños septiembre, cuando se registraron 337 agresiones, ha sido el mes más violento en lo que va del año.
En septiembre, Miriam Miranda, lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), sufrió un atentado cuando cuatro hombres armados con fusiles ingresaron a su casa.
El atentado, que no dejó consecuencias, ocurrió en la comunidad de Vallecito, Colón.
“Mucho hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo el impacto que nos causa el defender el territorio de todas estas empresas extractivistas”, manifestó Martínez.
La activista garífuna asegura que algunos defensores se vieron obligados a migrar por las “amenazas e intimidación”.
“Siguen señalándonos, y siguen buscándonos. Yo salí hace poco hacia Vallecito y es una persecución de todos los días”, afirma Martínez.
Guatemala, despojo violento de tierras
A finales del año 2019, la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), identificó 171,451.81 hectáreas del cultivo de palma de aceite.
Por ser un cultivo tropical, según Grepalma, su establecimiento y desarrollo; se estableció en tres regiones de Guatemala: región sur, región nororiente y región norte.
En la zona norte está el departamento de Alta Verapaz, compuesto por 16 municipios, donde el 90% de su población es indígena del pueblo Q’ueqchí.
En esa zona está el 57.78% del cultivo y es la “región más representativa de la palmicultura guatemalteca”, señala Grepalma.
El sistema agrícola de la palma, sin embargo, provoca el despojo violento, la exclusión y propicia el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas en este país centroamericano, afirmó la fuente.
Impacto en los territorios
El ambientalista guatemalteco, Jorge Cabrera, explicó a Expediente Público que la historia de la palma en este país centroamericano inicia con la adquisición de tierras a través de procesos “muy forzados”.
“La palma es un cultivo expansivo (…) Muchas áreas de bosque natural propio de esas zonas de Alta Verapaz y el sur del Petén se transforman, se derriba el bosque, con todo lo que implica en pérdidas de biodiversidad, para instalar un monocultivo”, señaló Cabrera.
El “Estudio sobre los impactos del cultivo del aceite de palma en materia de Derechos Humanos” del Colectivo Madreselva evidencia que “aldeas completas han desaparecido”, porque quienes allí vivían vendieron todas sus tierras.
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En otros casos, la perdida de áreas para la producción de alimentos, de tierras y la falta de oferta de empleos está motivando que familias se trasladan hacia otras regiones del país o migran hacia los Estados Unidos.
Los indígenas son actores de la sociedad que tradicionalmente han defendido la biodiversidad.
El experto guatemalteco afirma que estos son problemas que han despertado la conciencia de un amplio sector de la población en temas ambientales.
“La transformación de la conciencia ambiental en Centroamérica deviene de ese maltrato, esa marginación y exclusión”, señala Cabrera.
Poblaciones no son consultadas
Debido a sus repercusiones, los habitantes que suelen no ser consultados, se oponen a este tipo de industrias.
La preocupación de las poblaciones indígenas frente a estas industrias se centra en la contaminación de las fuentes hídricas y la creciente escasez y agotamiento de las fuentes de agua.
Los guatemaltecos, en junio de 2015, presenciaron el peor desastre ecológico de los últimos tiempos en el río La Pasión.
En el afluente, que nace en las montañas en el norte de Alta Verapaz y se adentra en la planicie de Petén, caían las aguas tratadas de las lagunas de oxidación de la empresa Reforestadora de Palmas del Petén (REPSA) en Sayaxché, que dejó una mortandad de hasta 70 toneladas de peces.
Estos, según Cabrera, son modelos que propician el despojo violento, la exclusión, la degradación y ahondan la vulnerabilidad social.
“Las poblaciones indígenas han sido excluidas del proceso de desarrollo, o sea de los beneficios que puedan ofrecer el Estado, porque las instituciones públicas están cooptadas por estos sectores económicos”, advierte el ambientalista guatemalteco.
El Salvador: despojo de agua
En Sonsonate, departamento ubicado al occidente de El Salvador, los indígenas de Nahuizalco, resisten ante de la posible reanudación del proyecto de construcción de una octava hidroeléctrica en el río Sensunapán.
El proyecto, según organizaciones ambientales, se disfraza con la bandera de energías renovables, pero su ejecución ocasionaría daños al medioambiente y sitio sagrados indígenas.
En el río, considerado fuente de vida desde la cosmovisión de los indígenas de Nahuizalco, existen siete represas y el proyecto de la octava es realmente inviable.
El 23 de febrero de 2023, la alerta para las personas originarias se activó nuevamente, después que la Cámara Ambiental de Segunda Instancia levantó las medidas de protección para el río ordenadas en 2020.
Las medidas de protección impedían que la empresa Sensunapán S.A. de C.V., que se mostró interesada en construir el proyecto llamado “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”, obtuviera los permisos ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Oro de sangre en Nicaragua
En Nicaragua, el acaparamiento de tierras por parte de colonos es solo una de las causas del incremento de la violencia en la Región Autónoma del Caribe Norte.
La minería por parte de colonos y grandes corporaciones causa violencia y amenaza los derechos a las tierras comunales y el régimen de autonomía, explica Ruiz.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en secreto las concesiones mineras desde 2021, cuando había 142 explotaciones de metales otorgadas, según el Ministerio de Energía y Minas.
“Es un modelo neoextractivista que está despojándolos de su territorio y eso es una situación en la región y que se está presentando en los territorios indígenas, incluso de pérdida de biodiversidad”, afirma Ruiz.
Un puñado de empresas transnacionales tienen el control de las vastas concesiones mineras del país.
“El régimen Ortega-Murillo es el que más concesiones mineras ha ofrecido en Nicaragua (…) Ni siquiera en La Gaceta salen publicadas las concesiones y eso es grave”, puntualizó Ruiz.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica son los más afectados por los impactos del cambio climático debido a su alta vulnerabilidad y también sufren las consecuencias de estas industrias extractivistas.
Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos siguen documentando asesinatos, secuestros, violencia e intimidación, hechos vinculados a invasiones de tierras para minería, ganadería, y la explotación de los bosques.
