*“Se necesita tomar decisiones radicales”, dijo la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, quien cuestionó que el Gobierno pasa “hablando de cosas pasadas”.
**Hasta la fecha, gobierno de Xiomara Castro no ha cumplido sentencia de la CIDH sobre demarcación y devolución de tierras.
Expediente Público
“El pueblo garífuna, hoy más que nunca, está enfrentando un proceso de expulsión sistemática” de sus comunidades que son disputadas por el crimen organizado, el narcotráfico y las empresas extractivistas, denunció el jueves la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.
La lideresa reconocida internacionalmente dijo que existe una política y una estrategia de vaciar los territorios del pueblo garífuna “y eso es institucional, es del Estado, porque saben quiénes son los delincuentes, quién es el crimen organizado, quiénes están en los territorios del pueblo garífuna, pero no existe voluntad política para generar condiciones para que eso no pase”.
Miranda hizo estas declaraciones en el marco del Foro Centroamericano de Donantes 2022, organizado por la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en inglés), durante su participación en la sesión denominada “Incumplimiento de las sentencias de la Corte IDH: el caso garífuna de Honduras”.
Dos sentencias
En octubre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió dos sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras en los casos “Comunidad garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros” y “Comunidad garífuna de Punta Piedra y sus miembros”, relacionados con violaciones a los derechos humanos y a la propiedad colectiva de esa comunidad asentada en la costa del caribe en Honduras.
“Decidimos acudir a la justicia internacional al no encontrar justicia en este país”, recordó Miranda al referirse a esas sentencias que a la fecha no han sido cumplidas por el Estado hondureño.
En ese sentido, la lideresa garífuna cuestionó la falta de voluntad del gobierno que preside Xiomara Castro, quien asumió el poder el pasado 27 de enero.
“Tenemos cuántos meses de este gobierno y hemos estado exigiendo que se conforme la comisión interinstitucional del más alto nivel para el cumplimiento de las sentencias de la Corte”, sin respuestas positivas, continuó.
A su juicio “nada estamos haciendo en este país hablando de una narcodictadura, hablando de cosas pasadas”. La pregunta es “qué estamos haciendo para que esas cosas ya no se repitan”, cuestionó Miranda.
Voluntad política
Consideró que “no podemos estar hablando siempre de lo mismo, hay que construir y para eso se necesita más que voluntad política, se necesita tomar decisiones radicales”.
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De su lado, el director del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, dijo durante el foro que la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “tiene unas implicaciones sumamente importantes”, pero al igual que Miranda consideró que para cumplirlas se necesitan “decisiones radicales en este país”.
La razón es que la sentencia de la CIDH habla en sus puntos principales del “saneamiento de la tierra y la investigación de la violencia ejercida contra el pueblo garífuna”.
El saneamiento de la tierra significa devolver miles de hectáreas que han sido despojadas al pueblo garífuna, de allí la necesidad de crear una comisión interinstitucional al más alto nivel para que se tomen decisiones, ya que en el tema están involucrados actores empresariales, nacionales e internacionales.
El crimen organizado
“Algunos que simplemente adquirieron tierra para vivienda, otros que han adquirido muchas hectáreas de tierra, entre ellos el crimen organizado”, continuó.
Otro gran problema es el modelo extractivo que también está en el territorio garífuna, para lo cual se han creado mecanismos tales como entregarle las zonas protegidas “a lo que se denominan fundaciones”, cuya finalidad concreta es el despojo inicial para luego traspasarlo a manos privadas.
Tábora recordó el postulado básico jurídico de que la tierra garífuna, de acuerdo con los títulos ancestrales, no se puede transferir a terceras personas “y sobre eso hay que analizar lo que implica el saneamiento”, el cual se va a enfrentar “al modelo extractivo de este país”.
Revisar leyes
Pero devolver la tierra implica también revisar varias leyes inconsultas que han afectado al pueblo garífuna, y que estas sean derogadas o modificadas, explicó Tábora.
“Sanear no solo es un tema de devolver la tierra, también hay que revisar las concesiones mineras, revisar la Ley General de Minería del año 2012, por ejemplo”.
Además, las leyes energéticas partiendo de la Ley Marco del Subsector Eléctrico, de 1994; la Ley General de la Industria Eléctrica, de 2014; la Ley de Promoción para la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, “ley que por cierto es la que genera el asesinato de la compañera Berta Cáceres”, señaló el jurista.
Protección de las costas
Otras leyes que deberán ser revisadas también son la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable, la Ley de Hidrocarburos, “que concesiona medio mar de Honduras”, y la Ley de Adquisición de Bienes Urbanos, que permitió flexibilizar la prohibición de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras naturales o jurídicas en la costa.
Ofraneh presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta última legislación, pero fue declarada sin lugar por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, recordó Tábora.
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Criminalización de defensores
El 18 de julio de 2020, en el marco de protestas para exigir el cumplimiento de las sentencias de la CIDH, ocurrió la desaparición forzada de cinco pobladores, entre ellos cuatro defensores, de la comunidad de Triunfo de la Cruz.
Para Tábora, se trata de una revictimización “porque eso es producto de la falta de cumplimiento de la sentencia” de la CIDH.
En agosto de 2021, organizaciones garífunas e indígenas se unieron para exigir al Ministerio Público en Tegucigalpa, la capital, la investigación de la desaparición forzada en Triunfo de la Cruz.
Pidieron tres cosas puntuales, repasó Tábora: La creación de una Fiscalía Especial para la Desaparición Forzada “no solo de los cuatro compañeros, sino de las cientos de personas que han sido desaparecidas en este país”, y que el mecanismo denominado Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (SUNLA, por sus siglas en garífuna) se le permitiera incorporarse a la investigación de la desaparición forzada. Y lo último, la creación de una comisión permanente de búsqueda con el enfoque de presunción de vida de los compañeros.
“Sobre esas tres cosas no hubo respuestas, un año después volvemos a aparecer el 9 de agosto al Ministerio Público a pedir que nos dieran respuesta y qué currió, nos abrieron una denuncia contra Miriam (Miranda), Luther (Castillo) y contra mí”, rememoró.
La demanda incluye al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la coordinación general del Ofraneh y Sunla por el delito de privación injusta de la libertad de 600 funcionarios del Ministerio Público, señaló Tábora.
Condena abusiva
“Ni juntos vamos a poder pagar esa condena, y además (los acusaron) de desorden público, por qué, por exigir que investiguen la desaparición forzada, por exigir que den respuesta y además por exigir el cumplimiento de la sentencia”, respondió.
Los trataron “como que fuéramos terroristas, solo porque fuimos a exigir respuesta por la desaparición forzada de nuestros hermanos”, dijo al respecto Miriam Miranda sobre la demanda que el Ministerio Público levantó de oficio contra varios defensores.
Esa desaparición forzada “ha cambiado la vida radicalmente de un pueblo, eso es horrible, nadie se puede imaginar lo que significa la desaparición forzada”, puntualizó Miranda.
