*Al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se le agotó el tiempo de subsanar los errores para cumplir con las condiciones del proyecto Bio Clima. La Junta del Fondo Verde para el Clima decidirá la continuidad del mismo.
**Defensores de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes rechazan la implementación del proyecto, porque sugiere un acuerdo de régimen de cohabitación pacífica con los colonos.
***El régimen busca desesperadamente acceder a los US$116.6 millones del proyecto Bio-Clima.
Expediente Público
La noche del 23 de agosto de 2021, los habitantes del cerro Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As, fueron atacados por colonos armados que asesinaron a 11 indígenas.
A una víctima la violaron reiteradamente antes de morir y le mutilaron una pierna. Otra mujer que sobrevivió al ataque la abusaron sexualmente varias veces, y la obligaron a presenciar el asesinato de su marido.
Este ataque armado es solo uno de tantos registrados en los últimos años, que tuvo lugar solo nueve meses después que el proyecto Bio-Clima fuera aprobado por la Junta del Fondo Verde para el Clima, el 13 de noviembre de 2020.
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“Ningún mayangna debe venir aquí porque serán asesinados”, era parte de los mensajes que enviaron los colonos a los comunitarios, informó en su momento el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).
Como consecuencia de los ataques en los territorios, más de mil personas se han visto obligados a desplazarse y los defensores de los pueblos indígenas y afrodescendientes temen que el proyecto aumente la violencia por parte de colonos armados.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) omitió la inseguridad en que viven los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua y eso permitió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consiguieran un fondo de US$116.6 millones, cuyos desembolsos están paralizados.
En diciembre de 2020, el BCIE aprobó a Nicaragua US$84.0 millones para la ejecución del Proyecto Bio-Clima.
Bio-Clima propone “cohabitación”
Para el ambientalista y director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, los proyectos de financiamiento climático, en general, no deben violar derechos humanos.
“Deben de cumplir ciertas garantías internacionales y buscamos un ejemplo que genere un precedente para que la cooperación al desarrollo establezca condiciones para el financiamiento que se le da al régimen Ortega-Murillo”, dijo Ruiz a Expediente Público.
El 31 de agosto de 2022, el Mecanismo Independiente de Reparación, (IRM, por sus siglas en inglés), del Fondo Verde para el Clima, concluyó que el proyecto Bio-Clima legitimaría la invasión de colonos.
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El proyecto, según una denuncia que recibió el IRM, apoyaría la continuación de la “colonización histórica” de las tierras indígenas por parte de estos grupos.
La estrategia de “cohabitación” del régimen entre los pueblos originarios y los colonos promueve la “exclusión de los pueblos indígenas” y representa para ellos la “pérdida del uso de los recursos naturales en esas tierras”.
La aprobación del proyecto
En junio de 2021, el mecanismo recibió una queja relacionada al proyecto “Bio-Clima: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan”.
Los denunciantes alegaron que no hubo una consulta adecuada y su ejecución perjudicaría a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Por otro lado, la iniciativa aumentaría la violencia por parte de colonos armados y conduciría a la degradación del medio ambiente.
El IRM considera que los acuerdos del régimen de cohabitación pacífica debieron ser divulgado y consultado con las comunidades indígenas.
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Esta iniciativa la financia el Fondo Verde para el Clima (FVC), que aporta US$64.1 millones, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que completa con un préstamo de US$44.2 millones.
El FVC es un fondo mundial que se creó en 2010 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Violencia se extiende
El 11 de marzo de 2023, se registró una nueva masacre en contra del territorio Mayangna Sauni As, en Nicaragua.
Al menos 60 colonos armados ingresaron a las comunidades de Wilú, Musawas y Sabakitang asesinando a cinco personas y dejando dos heridos. Quemaron las casas en Wilú y unas 80 familias de distintas comunidades se vieron obligadas a desplazarse.
A raíz de los ciclos de violencia, asesinatos, amenazas y hostigamiento perpetrados por los colonos, el 14 de octubre de 2015, las comunidades indígenas miskitas del Caribe Norte recibieron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Medidas de protección
El 1 de septiembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó medidas provisionales a favor de las comunidades miskitas de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi.
Dos meses después, el 23 de noviembre de ese año, las medidas se extendieron para proteger a la comunidad de Esperanza Rio Coco.
En el periodo 2011 a 2020, asesinaron al menos 49 indígenas miskitos, 49 heridos, 46 secuestrados. Cuatro personas, a la fecha, siguen desaparecidas, recoge el informe del IRM.
La violencia en estos territorios se ve sustentada principalmente por el avance de la frontera agrícola y ganadera extensiva sobre los bosques de los territorios indígenas y la política extractivista, afirma Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
“Todo esto se realiza sin consentimiento libre, previo e informado de las comunidades”, señala Ormar.
Régimen quiere recursos naturales
La evidencia reunida por el IRM durante su investigación sugiere que el patrón de ataques violentos, al menos aquellos que incluyen pérdida de vidas, se concentran en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), especialmente en los territorios Mayangna y Miskitu.
“Salomón” es un miskito que huyó a Costa Rica, en 2022, al conocer que tenía una orden de captura en su contra.
El indígena desplazado cree que el régimen busca apropiarse de los recursos naturales que hay en los territorios con “fines de comercialización”.
“No solo es comercializar los árboles preciosos, sino que es para meterle ganadería y quiere el control total de las áreas destinadas para las actividades mineras dentro del territorio del pueblo miskito y mayangna”, señala “Salomón”.
Fundación del Río denunció que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), “instrumentalizada” por el régimen, avaló el proceso de consultas en el caso del proyecto Bio-Clima.
“Lo que nos han dicho hasta ahora es que no quieren cortar el apoyo financiero porque tiene un impacto en la gente, lo que les estamos diciendo es al menos establezcan condicionalidades”, alega Ruiz.
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El ambientalista cree que “terceros independientes” pueden supervisar el proceso y asegurar que esos recursos lleguen a las comunidades en “condiciones de respecto a los derechos humanos y derechos territoriales”.
Consultas manipuladas
El proyecto Bio-Clima incluye un área de implementación en 15 municipios y 23 territorios indígenas y afrodescendientes que albergan a los pueblos Mayangna, Miskitu, Rama, Ulwa, Kriol y Garífuna.
Según el régimen contribuiría a reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Reservas de la Biósfera Bosawás y Río San Juan.
Después que la Junta del Fondo Verde para el Clima, el 13 de julio de 2023, determinó que “no cumplió con las políticas y procedimientos”, se aseguró que no se realizarían más desembolsos.
El régimen y el BCIE trataron de subsanar sus errores que ocultaron la realidad que viven los habitantes de esas zonas.
En los meses de julio a septiembre de 2023, el BCIE en conjunto con instituciones del régimen nicaragüense implementaron un proceso de participación y consulta informada en el área de influencia del proyecto.
Unas 5,550 personas participaron en el total de 69 eventos de consulta, según la información.
Los habitantes sugieren que la documentación del proyecto debe ser diseminada en la lengua local.
La permanencia de colonos
Juan Carlos Ocampo, Fundador y Coordinador de Prilaka, movimiento social en defensa de las comunidades indígenas invadidas, explicó a Expediente Público que detrás de este proyecto existe un “alto riesgo”.
Ese riesgo identificado generaría condiciones para la “permanencia de colonos” en los territorios indígenas y afrodescendientes.
“El proyecto quiere invertir recursos en la presencia de los colonos, no en el saneamiento, no en el desalojo, y quiere legalizar las violaciones a los derechos de las comunidades”, advirtió Ocampo.
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El IRM además considera que no se ha actuado con la “debido diligencia” para evaluar el impacto que tendría este acuerdo de cohabitación pacífica en las comunidades indígenas.
No hay análisis en lo que se refiere a la compensación por la pérdida de acceso a la tierra y los recursos generados por algunos colonos que recibirán beneficios bajo Bio-CLIMA.
“No hay condiciones para que un proyecto como este pueda respetar los derechos de las comunidades”, puntualiza Ocampo.
Comunidades demandan “saneamiento”
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en reiteradas ocasiones ha señalado la falta de saneamiento de los territorios.
La Ley 445, Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, garantiza la autodeterminación de esas poblaciones.
El saneamiento, que refiere la legislación, obliga al Estado a resolver jurídica y administrativamente la situación de terceras personas en los territorios indígenas.
“Esta etapa no ha sido iniciada y en lugar de eso el Estado propicia la invasión ilegal y la venta ilegal de tierras indígenas”, señaló Ormar.
Los colonos y terceros se van apropiando de los recursos en las comunidades, asegura la abogada de Cejil.
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La invasión ilegal, según Ormar, se da “de manera diaria y silenciosa”. A la vista del Estado, los colonos proceden a “delimitar el territorio donde van a asentarse”.
“Las comunidades han dicho y elevado su voz que se requiere un proceso de saneamiento primero (…) Ahora el régimen les pide que convivan con sus propios asesinos y eso no debe ser una solución”, puntualizó Ruiz de la Fundación del Río.
Régimen cabildea
La Junta del Fondo Verde para el Clima no abordó el tema en su reunión de tres días en octubre de 2023. Será retomado hasta el 2024.
El régimen envió como su representante a Javier Gutiérrez, secretario de presidencia para el cambio climático a la reunión celebrada en la ciudad de Tbilisi, Georgia.
A pesar de las violaciones de derechos humanos, falta de transparencia y elecciones fraudulentas, el BCIE ha aprobado a Nicaragua fondos por 3,247.5 millones de dólares entre 2009 y 2021, tal y como ha documentado Expediente Público.
