Coyuntura, Derechos Humanos

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Protestas en Honduras continúan a pesar de la reversión de los decretos privatizadores de la salud y la educación pública.

Médicos y maestros exigen mejoras en los sistemas de Salud y Educación Pública, anuncian diálogo y continuidad de las protestas

Luego de seis semanas de protestas por la anulación del decreto que privatizaría los sistemas nacionales de Salud y Educación, médicos y maestros organizados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación trabajan para instalar el diálogo alternativo ciudadano en el que diversos sectores tendrán la oportunidad de plantear las necesidades de los centros educativos y hospitales con el fin de realizar un verdadero diagnóstico de ambos sistemas en el país.

“No estamos protestando por el tema laboral únicamente, eso sería disminuir a la mínima expresión este movimiento, estamos aquí para defender la salud y la educación”, expresó Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras.

Los Decretos Ejecutivos fueron derogados y “aunque ponían en riego nuestras conquistas laborales, nosotros aventajaríamos en nuestras demandas laborales, en caso de ser despedidos pues recurriríamos a la Corte para ser reintegrados”, detalla Santos.

A finales de abril de este año, la Cámara Legislativa aprobó en su primer debate el artículo 1 de la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación. Para los gremios de ambos ministerios fue alarmante porque en esa nueva normativa se facultaban despidos, lo que provocó que médicos y docentes tomaran acciones orientadas a derogar los Decretos Ejecutivos números PCM-026-2018, PCM-027- 2018.

“La salud y educación son derechos humanos fundamentales con carácter de gratuidad, lo que significa que se les devuelvan los impuestos a los hondureños a través de estos servicios”, comenta Santos.

Puntos para un diálogo alternativo ciudadano

Para el proceso de diálogo, la Plataforma para la Defensa de Salud y Educación solicita la presencia de un mediador extranjero, experto en políticas públicas y derechos humanos.

“Necesitamos un veedor, un juez que sea imparcial y creíble para ambas partes; que no sea un militante del partido de Gobierno o un funcionario”, explica, añadiendo que buscan un diálogo que establezca las líneas de comunicación a través de interlocutores válidos que tengan credibilidad.

Mientras, el gobierno ha insistido en que la derogación es suficiente para que haya diálogo; pero, la plataforma por la Salud y Educación afirma que no existen garantías para resolver el conflicto en negociaciones y ha impuesto nueve condiciones para acceder a un diálogo con el gobierno.

La presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, manifestó que antes de sentarse en mesas, tendrán que cumplir con las exigencias de médicos y maestros.

Uno de los puntos principales que exige la plataforma, es el retiro inmediato de las tropas militares y policiales en las comunidades de Paujiles y Guapinol, que llevan años en un contexto de represión y han apoyado las tomas de carreteras en la lucha por la defensa de la Salud y Educación.

También piden que para acceder a una mesa de negociación, no debe haber ningún tipo de represalias contra dirigentes de la plataforma, luego de denuncias recientes que acusan al gobierno de infiltrar “grupos criminales” en las movilizaciones para desatar la violencia y arrestar a manifestantes.

Reiteran que el diálogo es para construir un plan integral, por lo que deben estar presentes todas las organizaciones de la plataforma. Además, exigen una resolución objetiva y apegada a derecho a favor de Ronmel Herrera Portillo, acusado de provocar incendio en la entrada de la embajada de Estados Unidos y tratado por el gobierno como criminal de alto riesgo, al trasladarlo a una de las cárceles de máxima seguridad.

En otro punto, exigen la “investigación imparcial para determinar la autoría de muertes, lesiones y daños contra la integridad de las personas en los procesos de represión por parte de los organismos de seguridad del Estado”. Por último, la Plataforma solicita el reintegro inmediato de sus compañeros sancionados.

La derogación de los decretos, fue una lucha incesante de la población que durante un mes mantuvo encendidas y masivas movilizaciones, caracterizadas por la violencia emprendida desde las fuerzas policiales y militares.

La lucha no ha concluido

Para Santos, la lucha sigue y desde que dieron la voz de alerta al pueblo de que pretendían hacer negocios con la salud y la educación, considera que esta no debería ser una lucha abanderada por el Colegio médico ni por los maestros, sino por toda la ciudadanía.

Con las protestas masivas, la población, junto a los médicos y maestros, lograron se derogaran los decretos de privatización, “pero todavía persiste el riegos de la privatización por la Ley Marco del Seguro Social”, asegura Santos, anunciando que el diálogo no será posible mientras no estén las condiciones claras.

Aumentar el presupuesto en Salud es la demanda

Para que en los hospitales haya medicinas y todos los insumos médicos -analiza el galeno-es necesario que se asignen 42 mil millones de Lempiras al presupuesto en salud y no 14 mil millones de Lempiras porque allí tenemos un déficit enorme; esa diferencia es asumida por los pacientes quienes deben comprar las jeringas, sueros y medicinas.

“Desde que nombraron a la pedagoga Alba Consuelo Flores como ministra de Salud, no ha habido cambios sustanciales en la mejora de la red hospitalaria a nivel nacional ya que ni siquiera ha sabido manejar la crisis del dengue”, asegura el doctor Santos.

Para el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, desde el nombramiento de la ministra de Salud, ha habido un incremento de Dengue porque dejaron de invertir para eliminar el vector, despidieron al personal, quitaron prebendas a los trabajadores de estas áreas, y no contrataron nuevamente al entomólogo.

“Dejaron de invertir en combustible y veneno. No hicieron lo necesario para controlar eso y ahora tenemos una situación alarmante en la que han fallecido muchos hondureños y no por culpa de los médicos”, comenta.

“Claro está que ella solo se preocupa por los números porque así lo dicen las notas que manda anunciando que recortará el gasto pero, sólo lo hacen para disminuir, según ellos, esa carga fiscal; no es gasto sino inversión, además son fondos de los contribuyentes”, amplía.

“Pretendemos llegar a un sistema de salud accesible para todos, somos intransigentes ya que no podemos permitir la privatización de estos sectores. La Organización de Naciones Unidas, ONU establece las condiciones necesarias para un diálogo, así que no nos podemos ir a sentar así nomás”, concluye.

Falta de presupuesto en educación provoca deserción escolar

En el caso de educación se están produciendo retrocesos en indicadores como deserción escolar. “A lo que hay que agregar que no se han logrado enfrentar los desafíos de la cobertura en los niveles de pre-escolar y media”, analiza Eugenio Sosa, analista político del Centro de Estudio para la Democracia, (CESPAD)

Por otro lado, agrega, los maestros tienen diez años de estar enfrentando el deterioro de sus conquistas laborales y no han tenido aumentos salariales sustantivos, se les incrementó la edad de jubilación, se les impuso la jornada continua y se han sustituido los concursos y plazas por contratos interinos, entre otros.

“Las competencias entregadas a las comisiones como la de reorganizar los sistemas de salud y educación para ejecutar los planes sectoriales, hace que los trabajadores de la salud y docentes se sientan amenazados ante posibles despidos. Estos decretos de emergencia y comisiones no son más que la expresión del desmontaje del Estado social y de la crisis de toda la institucionalidad estatal”, considera Sosa.

Por ello, cabe destacar que el Gobierno ha creado una especie de Estado de excepción al emitir decretos de emergencia y crear comisiones de reorganización”, cuestiona.¡

Las movilizaciones y paros en los sectores de la salud y la educación se han prolongado por dos meses. La ola de protestas dejó varios heridos y carreteras bloqueadas en varios puntos del país. Las manifestaciones crecieron con el llamado a un paro nacional donde se sumaron estudiantes, enfermeras y grupos de oposición del Gobierno.

 

 

 

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