* Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) alerta que en Honduras los desafíos en materia de derechos humanos «son de gran magnitud».
**De once defensores y tres periodistas asesinados en 2022, solo en dos casos ha habido sentencias condenatorias.
***El año pasado se registraron 11 personas defensoras asesinadas, de las que 6 estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente, y 3 a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, de las que dos eran mujeres transgénero.
Expediente Público
La propuesta política del Gobierno de Honduras en materia de derechos humanos no se refleja en la realidad, según se desprende del informe presentado este martes 28 de marzo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
El Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras se dio a conocer en un evento realizado en el Museo para la Identidad Nacional, en pleno centro de la capital Tegucigalpa. Contó con la presencia de representantes de organizaciones de sociedad civil, feministas, defensores del ambiente, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio Público y Secretaría de Transparencia, entre otros.
El documento abarca el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, año en que asumió el poder la presidenta Xiomara Castro.
“Los retos que revela este informe son de gran magnitud”, dijo la representante de Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo, durante la lectura del documento.
Al finalizar su intervención, Albaladejo entregó a la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, un ejemplar del informe.
La ministra Roque dio un discurso en el que recordó la herencia que dejaron los doce años de gobiernos del Partido Nacional, pero no se refirió a los retrocesos en derechos humanos experimentados en el primer año de Gobierno de Castro con medidas como el Estado de excepción.
Asesinatos y criminalización de defensores
Sobre ese tema, la representante de Oacnudh reconoció que no se ha justificado la decisión de extender esa medida.
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El 2022 fue un año letal para los defensores, como se desprende del informe según el cual las agresiones disminuyeron, pero los asesinatos aumentaron.
Se registraron 11 personas defensoras asesinadas, de las que 6 estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente, y 3 a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, de las que dos eran mujeres transgénero.
El informe alerta que, además del Distrito Central, “los departamentos con mayor número de ataques son aquellos con una alta presencia de población indígena, afrohondureña, y comunidades campesinas”.
También considera que la investigación efectiva de los delitos contra personas defensoras sigue siendo un desafío, ya que, de los once defensores y tres periodistas asesinados en 2022, solo en dos casos ha habido sentencias condenatorias, de ahí que “preocupan las severas demoras en procesos judiciales contra personas defensoras”.
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La organización además expresa su preocupación por la práctica recurrente del uso indebido del derecho penal en contra de defensores, sobre todo los que se dedican a proteger la tierra, el territorio y el medio ambiente, o quienes públicamente se oponen a actividades empresariales o proyectos de desarrollo de gran escala.
Aunque existe un Sistema Nacional de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que en 2022 tuvo un aumento del presupuesto, el informe señala la inactividad del mismo, ya que ni siquiera se cumple con las reuniones mensuales que manda la ley.
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Militarización y uso de fuerza
Y a pesar de que el volumen de casos ha aumentado un 41 por ciento, el número de personal técnico sigue siendo el mismo que en 2021.
En el caso de las personas indígenas y afrohondureñas, persisten las barreras estructurales históricas, traducidas en discriminación y afectaciones serias a sus derechos.
Si bien el informe destaca el compromiso del gobierno hondureño por desmilitarizar la seguridad ciudadana, menciona como obstáculo la continua presencia de la Policía Militar del Orden Público en esas tareas.
Por otra parte, aunque saluda el cierre de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional y el traspaso a la Secretaría de Seguridad de la Fuerza Anti Maras y Pandillas por medio de la creación de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, señala que ese cambio no ha resultado en una reducción del número de casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, ya que “se continuaron registrando abusos”.
También se refiere a la muerte de tres hombres que aspiraban a ser oficiales auxiliares de Policía, después de ejercicios de entrenamiento excesivos y desproporcionales. “Preocupa que la investigación en curso permanezca bajo la responsabilidad de la Dirección Policial de Investigaciones, la cual podría carecer de independencia”, al pertenecer a la misma institución policial.
Corrupción y pactos de impunidad
Honduras está entre los 25 países más corruptos del mundo, según el informe de la Oacnudh que destaca la firma el pasado 15 de diciembre del Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras y las Naciones Unidas para el posible establecimiento de un mecanismo internacional anticorrupción.
No obstante, recuerda que todavía sigue siendo necesario derogar los decretos conocidos como “pactos de impunidad”, una promesa que hizo Castro en su toma de posesión.
La corrupción y la impunidad son un grave problema que socava las bases del Estado de derecho, expresó Albaladejo.
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Deudas con las mujeres y comunidad LGTBI
Aunque celebró la aprobación de la venta y distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), la Oacnudh considera que las mujeres siguen enfrentando barreras en el ejercicio de sus derechos, entre ellos los reproductivos y sexuales, que siguen siendo gravemente restringidos, “incluyendo por la penalización de la interrupción del embarazo”.
Además, falta aprobar la Ley Integral sobre la Violencia Contra la Mujer, la Ley de Casas Refugios para las Víctimas de la Violencia Basada en Género, y la Ley sobre el Trabajo Doméstico.
La violencia contra las mujeres “continúa siendo sumamente grave”, con casi 300 muertes violentas en 2022. Mientras que se registraron 43 asesinatos de personas de la comunidad LGTBI, de los que solo ocho están bajo investigación penal.
“El acceso a la justicia pronta con enfoque de género sigue siendo un desafío”, declaró la representante de Oacnudh.
Algunas recomendaciones
El informe de derechos humanos incluye 23 recomendaciones, entre ellas la desmilitarización gradual, tanto a nivel operativo como de cultura institucional.
Además, abordar de forma integral los problemas de violencia e inseguridad, priorizando un enfoque de derechos humanos, prevención, investigación y sanción.
Medidas como el Estado de excepción deben ser adoptadas en estricto respeto a los derechos humanos, deben ser proporcionales, temporales y limitarse a las exigencias de la situación, estimaron.
También plantea generar un modelo de desarrollo económico sostenible que garantice el acceso equitativo a la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Otra recomendación es la de fortalecer la independencia del sector judicial.
Aunque la representante de Oacnudh mencionó que el Gobierno de Castro ha demostrado compromiso en materia de derechos humanos, reconoció que la propuesta política no refleja la realidad.
En ese sentido, “yo no puedo decir que fue más el avance que el retroceso”, dijo a Expediente Público la activista por los derechos humanos, Berta Oliva Nativí, fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
En alerta por los derechos humanos
Reconoció que el país retrocedió unos 50 años en materia de derechos humanos a raíz del golpe de Estado de 2009, y que hay esfuerzos “pero realmente la crisis que hay en el país demanda mayor acción e interacción”.
En el caso de los crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, “eso sí a uno le pone en alerta (…) pero realmente lo que nos asusta es la ausencia de justicia, ausencia de investigación y la poca acción de la prevención”, apuntó.
“Podemos entender que el sistema de justicia ha estado cooptado desde hace mucho tiempo”, por lo que se hace necesario fortalecerlo para sancionar, pero sobre todo para que no se repitan estos hechos, puntualizó.
