Decenas de nicaragüenses que fueron prisioneros políticos del sistema represivo de Daniel Ortega, han salido de prisión, pero no han encontrado la libertad deseada: el régimen los persigue, los acosa, los asedia y les amenaza con volverlos a encerrar.
La última vez que en Nicaragua se liberó a prisioneros políticos fue en diciembre de 2019, cuando sacaron de la cárcel a alrededor de 90 nicaragüenses opositores al régimen de Daniel Ortega, y previamente en junio de 2019 con la excarcelación de 50 personas, tras la aprobación de una controversial Ley de Amnistía que además cubrió de impunidad a policías, paramilitares, funcionarios de gobierno y terceros armados afines al gobierno.
Desde entonces el régimen ha aumentado las detenciones arbitrarias y manejado a criterio arbitrario las liberaciones y recapturas constantes de nicaragüenses considerados opositores a Ortega y Rosario Murillo.
Hasta el 7 de diciembre de 2020, el no gubernamental Mecanismo para el reconocimiento de Presas y Presos Políticos, manejaba un listado 110 nicaragüenses en las cárceles del sistema penitenciario sandinista, incluyendo tres mujeres, jóvenes y un activista transexual.
El Mecanismo para el reconocimiento de Presas y Presos Políticos, en sus últimos informes de 2020, califica el comportamiento del régimen contra los reos políticos como un fenómeno denominado “puerta giratoria”: una práctica “que le permite seguir haciendo uso de detenciones como estrategia inhibitoria de la participación y organización política de personas opositoras, y, por otro lado, reforzar su narrativa oficialista de normalidad y negar la existencia de personas detenidas y presas políticas”.
Según el reporte del citado Mecanismo a diciembre del año pasado, 85 de los privados de libertad están condenados y 29 están en proceso judicial, sin embargo, el 35% son excarcelados recapturados, según datos publicados en su último informe.
Justicia transicional en espera
La rebelión de abril de 2018 marcó la historia de este país centroamericano y trajo consigo la fractura en la vida de más de 1,000 excarcelados políticos nicaragüenses que hasta hoy día continúan siendo prisioneros de la dictadura Ortega Murillo.
Sin embargo, el hostigamiento no ha eliminado a muchas familias y víctimas del régimen el deseo de libertad y de una real justicia transicional.
La justicia transicional es “la obligación imperativa que tiene el Estado de Nicaragua de crear los mecanismos necesarios para restaurar los derechos a las víctimas de la represión de graves violaciones a sus derechos humanos”, explica la abogada Leyla Prado.
La defensora de Derechos Humanos sostiene que este tipo de justicia también comprende el deber de investigar a los responsables de estas violaciones y llevarlos ante un sistema de justicia imparcial, ante órganos del Estado que no hayan sido partícipes o cómplices de la actuación represiva de los hechos de abril de 2018.
En cambio, aunque han pasado más de 30 meses en búsqueda de justicia, Prado recalca que esto no se ha cumplido por falta de voluntad política del Gobierno, y cree que desafortunadamente este tema está ausente de la agenda política para este año 2021, pese a la demanda recurrente de sectores políticos nacionales, instituciones religiosas, organizaciones de la sociedad, oficinas de derechos humanos y foros internacionales como la Organización de Estados Americanos, Unión Europea y Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas desde abril de 2018.
Listen to «La muerte cívica, la otra condena de las excarceladas políticas de Nicaragua» on Spreaker.Ex prisioneras políticas en clandestinidad
A 20 meses de haber sido “liberada” en una de las primeras excarcelaciones selectivas, Mariela Sotelo, una comerciante de 45 años, aun se siente presa y acosada.
La persecución por parte de la Policía Nacional no le ha permitido reintegrarse a sus labores como lo hacía antes del 2018 y ahora vive “de arañas y pellizcos” a como ella lo describe.
“Aquí te traje un cariñito”, le dice Mariela, luego de bajarse de un taxi color azul, con un semblante agitado, a su amigo que le recibe la bolsa con alimentos y quien ha sido cómplice de Expediente Público para lograr una entrevista con ella.
El atajo que tomaron por el mercado Ernesto Fernández de la ciudad de Masaya, para despistar a la patrulla de policías que se encarga de asediarla a diario debió angustiar a Mariela, quien recuerda la llamada de alerta que recibió aquel 26 de enero de 2019: “van por tu cabeza, pero si no te encuentran se llevan alguien de tu familia”, minutos antes de que llegaran policías y paramilitares en una camioneta de vidrios oscuros a su casa para trasladarla directamente a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial.
Pasaron 22 días para que pudiera recibir una visita y tres meses en la cárcel, sin ninguna orden judicial.
“Estar en la cárcel fue lo más amargo, es un delito ser Masaya, te tratan de la peor manera. Cuando regresé a mi casa, no quería entrar porque estaba asqueada de estar encerrada, me quedé en el patio” narró Sotelo.
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En los montes de León
“Yo no me siento libre, porque me escondo, me limito a salir y me reprimo, no salgo de esta casa que es toda cerrada, no le hablo a los vecinos, solo hay 2, 3 casas cerca, estoy casi en una parte rural, para poder tener un poquito de paz”, reveló a Expediente Público Ada Laínez Osejo, quien se ha mudado dos veces de casa debido al constante asedio y no ha conseguido un empleo estable desde su excarcelación.
“No estoy trabajando, no he podido porque León (la ciudad) es pequeño y la gente tiene miedo a emplearte, actualmente vivo de la caridad, mi mamá me está ayudando con el alquiler de la casa” manifestó.
Osejo, quien dedicó 20 años de su vida a trabajar para el Estado de Nicaragua y a mantener un negocio propio, salió hace 20 meses de la cárcel La Esperanza.
Su hijo Carlos, quien también participó en las primeras protestas, estuvo cinco meses en prisión y fue condenado por asesinato, terrorismo y portación ilegal de armas. En cambio, figuró en la primera lista de excarcelados el 27 de febrero de 2019.
Para la abogada defensora Leyla Prado, la situación de los excarcelados políticos no ha cambiado en lo absoluto desde su liberación y lo que debió ser el regreso a una vida cotidiana para ellos y sus familiares “se volvió un calvario”.
Desde el proceso de traslado a sus hogares, y en medio de la algarabía en que eran recibidos por sus familiares “comenzaron a ser víctimas de asedio y amenazas por parte de la Policía Orteguista, Paramilitares y simpatizantes del FSLN que habitan en sus barrios”, aseguró Prado.
Recuerdo de los duros días de encierro
Maribel Rodríguez, originaria de la capital Managua, tuvo que abandonar su casa por el asedio constante desde que salió de la cárcel.
En los meses recientes se las ha ingeniado para sobrevivir; con todo y crisis sociopolítica y sanitaria su lucha no claudica. “Los ex presos políticos son blanco fijo, siempre vamos a ser perseguidos y asediados porque saben nuestra postura” sostuvo durante la entrevista.
Rodríguez narró entre lágrimas que fue duro enterarse que su marido también había sido secuestrado por la Policía Nacional, hasta 15 días después de su detención.
“No le daban de comer, yo suplicaba a los guardias que le llevaran parte de mi comida y cuando salimos de la cárcel lo vi flaco y me di cuenta que él intentó suicidarse”, narró.
Para ella la resistencia al estar encerrada y castigada fue difícil, pero el mayor dolor “es el que sufren nuestras familias y todo el pueblo de Nicaragua, porque ellos no saben todo lo que nos hacen allá adentro”.
“No se ha observado progreso ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”, recalcó la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en la reciente actualización oral, realizada el pasado 14 de septiembre, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (Oacnudh).
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, sostiene que las excarcelaciones y capturas se dan por oleadas y eso ha afectado conocer la cantidad exacta de presas y presos políticos.
Además, la información es limitada a diferencia de otros años en los que podía ingresarse a los sistemas penitenciaros e investigar in situ. “Nosotros trabajamos en función de la información que nos trasladan los familiares de los presos, equipo jurídico y de monitoreo”, expresó.
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La muerte cívica, otra condena
Gonzalo Carrión defensor del Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más (CNN+), describe que el Estado de Nicaragua, se ha caracterizado por una sistemática y feroz persecución, donde no queda a salvo ningún derecho de las personas ex presas políticas.
“El régimen no los considera como personas con derechos, sino como enemigos, y eso trae como consecuencia la muerte cívica, que implica el desplazamiento forzado que ha sido tanto interno como externo, la forma de persecución sistemática y la imposibilidad material de conseguir un empleo estable”, explicó Carrión.
Desde el exilio, Carrión manifiesta que además del monitoreo y denuncia permanente de los abusos y atropellos del régimen, en su organización han promovido solicitud de medidas cautelares de CIDH para personas detenidas por razones políticas.
Por otro lado, señala que “el Estado de Nicaragua en manos precisamente de la dictadura, no respeta ni ha respetado ninguna solución de mecanismo de protección por organismos internacionales de derechos humanos, como las medidas otorgadas por la CIDH.
Según fue señalado a la CIDH “la constante persecución política y hostigamiento que sufren, así como la incertidumbre y limbo jurídico en el que se encuentran sus causas judiciales, ha resultado en una suerte de Muerte Civil para las y los excarcelados y sus familiares; que en la práctica representa la negación de todos sus derechos civiles” así lo afirman en su informe Personas privadas en libertad publicado en octubre de 2020.
El exilio como alternativa
La situación de represión estatal y violación de los derechos humanos en el país no solo continúa obligando a que las personas nicaragüenses se desplacen internamente, sino que también provoca un desplazamiento fuera del país.
Ana Patricias Sánchez Moraga, está exiliada. Tiene 8 meses de haber dejado a sus dos hijos y vivir en un centro de refugio fuera de Nicaragua.
“Es terrible tener que salir de tu país donde estás con tu familia, donde tenés toda tu vida, y salir sola es terrible” comentó a Expediente Público.
Moraga y su hermana fueron detenidas en julio de 2018, luego de haber participado en una de las marchas denominada “Juntos somos un volcán”; las acusaron de terroristas y dictaron seis años de cárcel, pero solo pasaron siete meses en prisión y salieron bajo la figura jurídica de “casa por cárcel”.
En marzo de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicó que más de 100,000 personas nicaragüenses se habrían visto forzados a huir desde el inicio de la crisis. Muchos de estos casos corresponden a personas son excarceladas que tienen que emigrar y particularmente junto a sus familiares ante al asedio persistente y la falta de oportunidad de reinserción.
“Volviendo a ser humano» es el informe publicado en diciembre 2019 por el CNN+, que cita Gonzalo Carrión, quien se conmovió al escuchar decir esa frase por un ex preso exiliado, y enfatiza que la fractura familiar de los ex reos y ex reas continua presente porque muchos nicaragüenses se movieron de sus casas o han tenido que exiliarse, como el caso de Moraga.
Por otra parte, la Comisión Interamericana, ha reiterado su llamado al Estado de Nicaragua a cesar la represión, y abandonar la intimidación que permanece en todo el país y particularmente garantizar y priorizar las condiciones de un retorno seguro para todas las personas desplazadas en el contexto de la crisis, incluyendo a excarcelados y excarceladas.
Managua, Jinotega y Jinotepe fueron las tres ciudades a las que huyó Alex Hernández, el único ex reo del municipio de Catarina en Masaya, para ocultarse, luego de la denominada Operación Limpieza en la que paramilitares y policías mataron a balazos a decenas de nicaragüenses.
Un 23 de septiembre de madrugada les cayó la Policía en una casa que compartía con cuatro personas más y liberaron a todos después de unas horas, excepto a él, dejándolo cinco meses en prisión, acusado de portación ilegal de armas, de haber quemado la casa sandinista de su pueblo natal y robo.
Fue trasladado a “La Modelo” y el 1 de marzo de 2019, salió de la cárcel en la tercera oleada de liberaciones selectivas.
Entró caminando a su pueblo con el traje azul de preso, ingresó a la Iglesia Católica en agradecimiento y minutos más tarde la policía ya estaba desempeñando su papel de asedio.
La situación de inseguridad y amenaza a la integridad física y sicológica de las personas excarceladas aún persisten.
A ello se suma el drama que viven también al ser estigmatizados y no pueden obtener un empleo para subsistir, ni atención medica en hospitales públicos.
“Luego de salir por la cárcel me fui a Costa Rica, en carácter de exilio. A los cuatro meses me regresé, no aguanté mucho tiempo. Lo que realmente nosotros empujamos como un gremio de excarcelados, es un compromiso de las próximas autoridades que esto se inicie lo más pronto posible, yo creería que las y los excarcelados deben ser tomados en cuenta”, finalizó Hernández.
El desafío de la Unidad de Presas y Presos Políticos
Allan Gómez Castillo, quien permaneció en el Centro Penitenciario La Modelo durante tres meses, y ahora forma parte de la Unidad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, cree que luego de haber salido de la cárcel para él lo más importante fue seguir en la lucha y buscar cómo organizarse.
Además, buscó a amigos y familiares para seguir levantando la voz por los que están aún encerrados y denunciar “porque lo peor que uno puede hacer es quedarse callado”, expresó Castillo de 23 años.
El principal reto para la UPPN, que cuenta con 130 miembros aproximadamente, ha sido mantenerse unidos y que se respeten sus exigencias, sus criterios y denuncias, porque según Hansell Vásquez, (miembro excarcelado) a ellos se les ve como ex reos sin experiencia política o sin suficiente trayectoria.
Al oír “Libertad por aprobación de ley de Amnistía”, como causa para salir de la cárcel, se le apagó la alegría a Vásquez.
“Cuando leí eso, la alegría de estar saliendo se vino abajo porque era una ley de amnistía general, o sea que los asesinos de ellos también quedaban absueltos, todos los que mataron a los chavalos por los que salimos a las calles, policías y paramilitares, cadejos asesinos, esa formación política y criminal, ejecutora de crímenes de lesa humanidad, quedaron absueltos”, dijo.
El ex reo enfatiza que el objetivo de abril fue uno: “meter preso al asesino y sus cómplices, y sus cómplices han crecido, cada día son más. Por eso se salió a las calles, se salió para luchar contra el régimen, y llevarlo hacia la justicia, a enfrentarlos presos, no para darles una amnistía, impunidad o garantía”.
Vásquez recuerda que llegó a su casa luego de 11 meses preso y se sentía irreal: “estaba en mi casa, con mi familia, en el sofá que me sentaba todas las noches, frente a la misma tele, miraba mi computadora que toda la vida ocupé, a mis dos perritas y los dos gatos de mi mama”.
Luego de eso comenzó el asedio y hasta hoy es la novena casa a la que ha tenido que mudarse.
“Esto no es libertad, esto es casa por cárcel. Mi país es una cárcel. Y literalmente sigo preso” manifestó.
Aunque la UPPN no está conformada por los más de 1,600 excarcelados en el contexto de crisis de derechos humanos en el país que contabiliza la CIDH por su participación y apoyo a las manifestaciones sociales.
Debido a los diferentes intereses y visión de justicia, a criterio de Vásquez, sostenerse en unidad es uno de los retos para que la organización persevere en su búsqueda de justicia. Superar la falta de ingresos económicos de UPPN ha sido también otro de los retos para que la Unidad continúe con su propósito, pero se han estado capacitando entre ente sí para conocer más sobre los procesos de justicia y sostener su demanda de libertad para las personas detenidas por razones políticas.
En todo el contexto de crisis en Nicaragua se han formado otras organizaciones como la Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas AFPP, el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua CPLPP, Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua UPPN, Organización de Víctimas de Abril OVA y el denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Sin embargo, no existe una sola unificación. Noel Amílcar Gallegos, periodista que ha dado seguimiento a temas políticos y al status de presas y presos políticos en los últimos años considera que “esta situación se ha percibido desde que los primeros ciudadanos opositores fueron encarcelados a partir del estallido social en abril de 2018, de igual forma, otro factor ha sido porque algunos presos políticos pertenecían a agrupaciones políticas como Alianza Cívica, PLC, Movimiento Campesino, entre otros. Además, he conocido que dentro de las cárceles ha habido ciertas diferencias entre reos políticos que al final los ha llevado a tomar distancia unos de otros. Por otra parte, hay que tomar en cuenta su lugar de origen, por ejemplo, hay presos del norte como centro y sur del país y por lo que cada comunidad u familia se aboca a una determinada asociación que puede estar más cerca para hacer sus gestiones», finalizó el ex periodista del diario La Prensa.
