* Partidos políticos en Honduras ocultan quienes los financian. Hay acuerdo opaco entre la Unidad de Política Limpia y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
** Sociedad civil solicita que se elimine acuerdo y tipifique el delito de “financiamiento ilícito” en el Código Penal.
*** Juicio de expresidente Hernández evidenció que el narcotráfico financió campañas políticas en Honduras.
Sharon Ardon / Expediente Público
La reciente condena del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, evidenció la infiltración de dinero del narcotráfico en el financiamiento de las campañas políticas en su país.
El juicio de Hernández reveló que sobornos del narcotráfico financiaron su campaña y las de los tres expresidentes anteriores de Honduras.
El proceso comenzó el 20 de febrero del 2024 y culminó con la condena de Hernández el 8 de marzo.
Pese a estos antecedentes que demuestran la necesidad de transparencia, la Unidad de Política Limpia, encargada de fiscalizar los fondos de los partidos, “enfrenta debilidades que ponen en riesgo la integridad del proceso electoral”, lamentaron expertos a Expediente Público.
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Con las elecciones primarias a las puertas en Honduras, previstas para el segundo domingo de marzo del 2025, se cuestiona si existen mecanismos y herramientas adecuados para garantizar la transparencia de los fondos recibidos por los partidos y candidatos.
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Expediente Público intentó comunicarse con los precandidatos presidenciales Jorge Calix, Rixi Moncada, Maribel Espinoza, Ana García de Hernández, Salvador Nasralla y Nelson Ávila para conocer cómo financiarán sus campañas en las elecciones internas, pero hasta la fecha ninguno de ellos contestó.
Debilidades de fiscalizadores en Honduras
Para regular el financiamiento y transparencia de las campañas políticas y evitar el ingreso de dinero sucio de fuentes ilegales, el Congreso Nacional creó en el 2016 la Unidad de Política Limpia (UPL). Sin embargo, esta presentó serias limitaciones desde su creación.
Por ejemplo, en las elecciones generales de 2017, la campaña del expresidente Hernández del Partido Nacional fue una de las más costosas, con un gasto reportado de 266 millones de lempiras (10.7 millones de dólares) pero no fue hasta 3 años después que la unidad presentó su informe detallando estos costos.
Y es que, entre los desafíos que presenta esta unidad, Osiris Payes, oficial de transparencia del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) enlistó a Expediente Público la escasez de recursos, insuficiente tecnología para fiscalizar a partidos políticos y obstáculos legales para imponer sanciones a movimientos que no declaren fondos lícitos.
Es importante mencionar que la unidad depende directamente de la asignación del presupuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE), al cual solicitaron 124 millones de lempiras (equivalentes a 4.9 millones de dólares).
Los fondos serían destinados al trabajo de fiscalización, pero sin esta asignación, la unidad no dispone de los recursos necesarios para cumplir con sus funciones.
Al momento de esta publicación, la Comisión de Presupuesto legislativa aún no había aprobado la asignación, pero la estaba revisando para su dictamen.
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Reformas electorales en Honduras
En ese sentido, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) informó a Expediente Público que es necesario realizar una serie de fortalecimientos y modificaciones tanto a la ley que rige la Unidad de Política Limpia, Ley Electoral, así como al Código Penal de Honduras.
Osiris Payes asesora legal en transparencia y anticorrupción del Cespad, explicó que, basados en su experiencia como observadores en los comicios de 2017 y 2021, el centro de estudios está proponiendo reformas electorales para evitar que dinero mal habido penetre en la política hondureña.
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El financiamiento de las campañas políticas en Honduras incluye dinero público, a través de la deuda política que el Estado otorga a los partidos, sin embargo, este financiamiento no se aplica en las primarias, únicamente en las generales.
Por otro lado, el financiamiento privado proveniente de personas o empresas se permite siempre y cuando se conozca el origen y cumpla con las normas establecidas. No obstante, la ley prohíbe recibir aportes del Estado, empleados públicos sin autorización, extranjeros, instituciones religiosas o donaciones anónimas.
Partidos ocultan financiamiento
A pesar de eso, la Unidad de Política Limpia solicitó en 2018 al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que los datos sobre donantes privados y sus aportes a campañas políticas fueran declarados información reservada.
Este acuerdo fue ratificado en 2023, aunque el partido de la presidenta Xiomara Castro aseguró que sí publicarán sus estados financieros.
Pero con esta ratificación se permite que los partidos políticos mantengan bajo reserva el origen tanto de las donaciones como de los donantes, lo que genera preocupación a la sociedad civil hondureña debido a la falta de transparencia.
En este sentido, Payes expresó su sospecha por este acuerdo, ya que considera que pone en riesgo la viabilidad de cualquier reforma electoral destinada a combatir el financiamiento ilícito en las campañas.
Para la asesora, mientras este acuerdo siga vigente, será imposible para la ciudadanía conocer quiénes financian a los partidos políticos y con qué intereses, por lo que demandan desde Cespad, la anulación de este acuerdo para restaurar la transparencia y confianza en el proceso electoral.
Campañas electorales prematuras
Paralelamente, Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) dijo a Expediente Público que una de las principales debilidades del sistema electoral hondureño “es el poco o nulo monitoreo al financiamiento privado que reciben los partidos políticos”.
“Al día de hoy, de manera descarada vemos a potenciales candidatos en campaña electoral, a pesar de que la convocatoria ni siquiera ha sido lanzada por el CNE”, percibió la experta.
Y es que, según el cronograma del CNE, la convocatoria a las elecciones primarias e internas inician en septiembre del 2024, mientras el periodo de propaganda electoral comienza el 18 de enero del 2025.
Deslice para más información
Para Castellanos esto implica que los políticos tradicionales están invirtiendo recursos, “cuya procedencia es desconocida no sólo por la población, sino también por los organismos de control estatal que no han demostrado medidas severas al respecto.
Delito de financiamiento ilícito
Una de las reformas importantes propuestas por Cespad, es la tipificación del delito de “financiamiento ilícito” en el actual Código Penal de Honduras.
Actualmente, tanto la Ley de la Unidad de Política Limpia como la nueva Ley electoral mencionan el financiamiento ilícito, pero para Cespad ninguna define claramente qué constituye este delito ni establece sanciones específicas.
Cabe destacar que el Código Penal no tipifica los delitos electorales ni lo define. Cespad propone que se cree el delito de “financiamiento ilegal de campañas electorales” y fije el marco normativo correspondiente, ya que aseguran que “este vacío legal representa una grave amenaza para la democracia”.
Cómo asegurar transparencia
Desde la UPL son conscientes de sus debilidades jurídicas, dado que su ley carece de un reglamento detallado, pero a pese a estas limitaciones, el ente comunicó a Expediente Público estar trabajando para garantizar la trasparencia en las próximas elecciones primarias.
La magistrada de la Unidad Ivonne Ardón detalló que están introduciendo un software de monitoreo digital para rastrear las inversiones de candidatos y partidos en redes sociales.
Ardón aseguró también que la unidad está estableciendo una gerencia de fiscalización que trabajará recopilando información presencial en las actividades electorales para contrarrestarla con los informes financieros presentados por los candidatos.
Todos los partidos, movimientos y candidatos participantes deben presentar un informe detallando de sus ingresos y gastos de campaña dentro de los 15 días posteriores a las elecciones primarias.
Responsabilidad de los partidos
La directora del CNA reconoció que sí bien existen mecanismos para la rendición de cuentas de estos fondos, su efectividad suele fallar debido a la falta de aplicación y voluntad de las instituciones estatales y los partidos políticos.
Para ella, la transparencia de los partidos políticos debe convertirse en una cultura que esté arraigada más allá de los discursos desgastados que se usan en ciclos electorales.
Así como Cespad, Castellanos también considera necesario que el Estado hondureño promueva una cooperación interinstitucional “que trabaje de forma coordinada y no aislada, como hasta el momento lo hace”.
“Tener una Unidad de Política Limpia articulada de forma de directa con el Ministerio Público, IAIP y Tribunal Superior de Cuentas, más el acompañamiento de la sociedad civil, seguro lograría mejores resultados que trabajando cada quien por su lado”, puntualizó.
Democracia y Derechos Humanos
De su parte, el asesor legal del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Saúl Bueso explicó a Expediente Público la importancia de que se fortalezca y reglamente la institucionalidad de la unidad fiscalizadora para robustecer la democracia y de esa manera los derechos humanos.
“Si lográramos tener una ley de financiamiento lo más clara posible y un proceso eleccionario muy claro, esto fortalece la democracia, en un país donde hay democracia hay menor violación a los derechos humanos”, acotó.
