* Un análisis de Expediente Público sobre las listas de candidatos en las elecciones primarias en Honduras revela que las mujeres aún enfrentan una marcada falta de representación política.
** Wendy Cruz, de la Vía Campesina, lamenta también la baja representación de los pueblos indígenas y originarios.
*** Víctor Grajeda, único diputado de la diversidad sexual en el Congreso de Honduras, afirma que sufrió discriminación y exclusión tras intentar promover derechos para la comunidad LGBTIQ+.
Sharon Ardon / Expediente Público
En 2025 se conmemoran 70 años del derecho al voto femenino. A pesar de este avance, no fue sino hasta 2021 que Honduras eligió a su primera presidenta, Xiomara Castro.
Sin embargo, la representación femenina en otros niveles de elección sigue siendo limitada.
Según un estudio del Consorcio de Mujeres Unidas Por Honduras (COMUNH), actualmente en el Congreso Nacional, de los 128 diputados, apenas 36 son mujeres, lo que equivale al 27%.
Pero son las alcaldías las que tienen mayor disparidad de género en cargos de elección popular en Honduras, ya que solo 16 de los 298 municipios están dirigidos por mujeres.
Esta brecha también se refleja en el Ejecutivo, donde, de las 30 secretarías de Estado, 11 están lideradas por mujeres.
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Mujeres, una minoría en la política
En las próximas elecciones primarias previstas a realizarse el 9 de marzo de 2025, se perfilan tres mujeres entre los 10 precandidatos presidenciales de los tres principales partidos políticos de Honduras.
Rixi Moncada lidera seis corrientes dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre), mientras que Maribel Espinoza representa al movimiento “Todos por Honduras” del Partido Liberal.
Además, está Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, por el movimiento “Avanza” del Partido Nacional.
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¿Dónde queda el principio de paridad?
Durante la convocatoria a las elecciones primarias del 2025 que se llevó a cabo el 8 de septiembre del 2024, la ex consejera del CNE Ana Paola Hall enfatizó en el compromiso del órgano electoral en asegurar que las nóminas respeten la paridad y alternancia estipuladas en la ley.
“Estaremos atentos al respeto del derecho de participación equitativa de las mujeres. No toleraremos la violencia política contra ellas”, manifestó.
Asimismo, la nueva Ley Electoral de Honduras en su decreto No.35-2021, establece en el artículo 72 el principio de paridad, en el cual se debe garantizar la participación política equitativa entre hombres y mujeres como un derecho fundamental.
Este principio exige que todas las planillas de cargos a elección popular estén integradas con 50% por mujeres y un 50% por hombres.
“Nada de nosotras sin nosotras”
A pesar de que Honduras tiene a una mujer como presidenta, la mayor parte de secretarías y cargos de decisión son ocupados por hombres.
Según el registro de COMUNH de 30 secretarías del Poder Ejecutivo en el país, solamente 11 tienen a una mujer como titular de estas. Lo que para ellas “un tercio no es suficiente, necesitamos la mitad”.
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Asimismo, en el Congreso Nacional en el periodo actual, no existe tal paridad, debido a que de 128 diputados que conforman el Poder Legislativo, solamente 34 son mujeres.
Sin embargo, datos recopilados por Expediente Público muestran que para las elecciones primarias del 2025 hay una mayor equidad en las postulaciones a diputaciones.
De las 1,848 personas que aspiran a un curul en el parlamento legislativo, 868 son mujeres y 980 son hombres. Las planillas presentan una distribución alternada entre hombres y mujeres.
No obstante, esta inclusión en las listas no siempre se traduce en una mayor representación de mujeres en el legislativo.
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Alcaldías dominadas por hombres
Además, una revisión minuciosa de las candidaturas a las alcaldías de los tres principales partidos políticos, Expediente Público encontró que las mujeres representan una minoría en las postulaciones para alcaldesas.
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En el Partido Libre, de las 7 corrientes en los 298 municipios del país, solo 415 mujeres aspiran a una alcaldía frente a 1,207 hombres.
En el Partido Nacional, 203 mujeres compiten contra 844 hombres y en el Partido Liberal, apenas 233 mujeres buscan una alcaldía frente a 939 hombres.
Para aplicar la ley, los hombres dominan las candidaturas a alcaldías y las mujeres suelen aspirar a las vicealcaldías.
“No se permitirá violencia política”
Esta baja representación no solo responde al voto ciudadano, a consideración de las mujeres feministas también a los obstáculos que enfrentan las mujeres para postularse.
Factores tales como la violencia política de género y la falta de apoyo y oportunidad dentro de los partidos políticos.
Es por ello, que las organizaciones feministas están exigiendo la aprobación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política Contra las Mujeres.
Un proyecto que permitirá sancionar de forma administrativa a todo aquel que violente o vulnere los derechos de las mujeres dentro de la participación política.
Para Jessica Sánchez, coordinadora del Observatorio Político de Mujeres, es imperativo que se apruebe la ley antes del 9 de marzo del 2025, porque “el sistema patriarcal, la misoginia y el caudillismo imperan todavía en nuestro sistema cultural electoral”.
La también escritora relató a Expediente Público cómo desde el observatorio se han recibido denuncias durante procesos electorales por parte de mujeres que están encerradas en los centros de votación y hay hombres armados que no las dejan salir para que le den los votos y cambiarlos.
«Entonces hasta esos episodios de captura de votos se dan en las elecciones tanto internas como generales”, acotó.
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Incremento de participación LGBTIQ
Otro sector que históricamente ha sido excluido de procesos electorales es la población LGBTIQ+ (Lesbianas, gais, transgénero, bisexuales, intersexuales y queer).
Alex Sorto, director para el Centro de Desarrollo y la Cooperación (CDC) explicó a Expediente Público que a través de los años han venido trabajando arduamente para promover la participación política de personas de la comunidad LGBTIQ+.
Sin embargo, aunque percibe un avance en el número de personas abiertamente LGTBIQ que se postulan a cargos públicos, también lamenta los desafíos que enfrentan estas personas dentro de los partidos políticos cuyas agendas no priorizan los derechos de esta comunidad.
En las elecciones primarias del 2021, 15 personas abiertamente LGBTI postularon como candidatos a diferentes cargos públicos, sin embargo, según el CDC esto trajo un mucha “fuerza mediática por el fenómeno de curiosidad” que los convirtió en víctimas de ataques y discriminación sistemática.
Víctima de discriminación y exclusión
Víctor Grajeda, diputado suplente de la diputada Silvia Ayala del partido Libre, externó a Expediente Público que su inicio en el legislativo fue difícil.
Su trabajo en el parlamento fue difícil tras presentar un proyecto para conmemorar el 27 de mayo como el Día de la lucha contra la discriminación de la comunidad LGTBIQ.
Sus ideales de ayudar a la comunidad se vieron frustrados también por una agenda de partido que no prioriza los derechos LGTBIQ.
Ese proyecto se volcó en una ola de desinformación por sectores conservadores que generaron rumores de que impulsaría una ley de matrimonio igualitario, lo que el diputado negó en un discurso aclaratorio que el presidente Luis Redondo, también de Libre, le pidió hacer frente al hemiciclo.
Pero, durante su aclaratoria, “mis compañeros empezaron a silbarme, abuchearme, hacer burla de mi persona (…), estamos hablando de un acto de discriminación de violencia contra mí en un poder del Estado; realmente fue bastante el impacto”, relató.
Después de ese incidente, los ánimos del diputado disminuyeron luego de ver también cómo desestimaban proyectos, lo que ha recaído en la decisión de no continuar en la política.
“Hay varios aspectos por los cuales he decidido no continuar, pero si viene apegado también al hecho de que me siento como no tan contento con la labor que pude haber realizado por la falta de oportunidad”, puntualizó.
Escasa representación de comunidades originarias
Por otro lado, los pueblos originarios también enfrentan desafíos para obtener representación en los poderes del Estado que velen por sus derechos.
De 128 diputados en el Congreso Nacional en el periodo comprendido entre 2022 al 2026, solo 5 de ellos representan a las comunidades garífunas de Honduras, los que frecuentemente son objeto de amenazas, represión y conflictos por sus tierras ancestrales.
Se trata de Wilfredo Sabio, del partido oficialista Libre; Tomás Ramírez y Osmán Chávez del Partido Salvador de Honduras; David Manaiza y Johana Bermúdez, del Partido Nacional.
Wendy Cruz representante de la vía campesina brindó su perspectiva a Expediente Público en donde lamenta que haya escasa representación de los pueblos indígenas y originarios en los cargos de decisión.
Algo que Cruz reiteró es la forma de hacer política en Honduras que, a su parecer, “es bastante clientelista”.
Con esto se refirió al hecho que dada las condiciones precarias de los lideres sociales es difícil que un defensor de la tierra y territorios pueda acceder a llegar al Legislativo u ocupar un cargo importante.
Práctica clientelista, un obstáculo
En esa misma línea, ejemplificó también el caso de las alcaldías en donde debido a esa práctica clientelar “no se permite la apertura a nuevos liderazgos ni que se vayan renovando los cuadros políticos”.
Para Cruz ese es un verdadero obstáculo que enfrentan, porque debido a eso no se llega a tener suficiente representación en la esfera política y por ende no haya una agenda del sector campesino en el hemiciclo legislativo.
“Eso es grave, y al no tener presencia estamos en desventaja permanente porque no hay una presión interna, no hay representantes que realmente promuevan los intereses de las comunidades”, acotó.
