* La organización pionera en la búsqueda de niños raptados por el ejército en los años 80 sigue enfrentando falta de interés del Gobierno de El Salvador.
** El Gobierno autoritario del presidente Nayib Bukele debilita las instituciones creadas para esclarecer la verdad sobre los menores raptados y dados en adopción irregularmente.
*** La Asociación Pro Búsqueda, que nació en 1994 por iniciativa del sacerdote jesuita Jon Cortina, totaliza 1,440 casos hasta la fecha.
Eric Lemus / Expediente Público
El reencuentro de niños raptados por la Fuerza Armada es uno de los episodios que sigue siendo negado oficialmente en El Salvador, pese a que el Estado fue condenado en 2005, 2011 y 2014 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por tres casos de desaparición forzada.
Aunque el Gobierno del expresidente Mauricio Funes creó en 2010 la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno de El Salvador como medida para resarcir la responsabilidad estatal, la búsqueda de información sobre los operativos castrenses siguió siendo adversa bajo su administración.
De hecho, el presidente Nayib Bukele, que buscará la reelección en 2024 en este país centroamericano, aumentó el bloqueo a los archivos militares cuando un juez indagó sobre la participación de militares en la masacre contra un millar de campesinos en el caserío El Mozote, en el departamento de Morazán, en diciembre de 1981.
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Entre las víctimas están las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, de 15 y siete años, respectivamente, que inicialmente sobrevivieron a la masacre, pero luego soldados del batallón Atlacatl las recapturaron y desde entonces están desaparecidas.
Desaparición forzada a e niños en El Mozote
Ana Julia Escalante, directora ejecutiva de la Asociación Pro Búsqueda, dice a Expediente Público que es uno de los pocos ejemplos donde las víctimas sobrevivieron, pero su rastro posteriormente fue desvanecido.
“Hay testimonio de una persona que vio que llevaban a las niñas y se las entregan a una persona de una casa, las tienen en esa casa; pero luego llega el ejército y se las vuelve a llevar”, describe Escalante.
“Desde ese momento ya no se sabe nada del paradero de las dos niñas. En ese caso, nosotros continuamos acompañando a la familia”, pondera la directora de la organización.
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El caso de las hermanas Mejía Ramírez fue denunciado en noviembre de 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el proceso sigue abierto en la instancia regional.
Hasta la fecha, la organización totaliza 1440 expedientes de los cuales hay 587 resueltos y 349 reencontrados.
“Hay casos que están ligados al conflicto armado, en el que las familias han puesto las denuncias; pero también se incorporan solicitudes de personas adoptadas en el extranjero (…) en ese periodo del conflicto”, pormenoriza Escalante.
Denuncias que no cesan en El Salvador
El aumento de las solicitudes de asistencia técnica es un grifo abierto en el que aumentan las situaciones especialmente por las adopciones efectuadas en dichos años. Es como que brinca un resorte de forma automática cuando se escucha el relato.
“Por los contextos de las historias –porque siempre se hace una entrevista previa– se determina que están ligadas a las condiciones de la guerra, de niños que fueron dados en adopción en condiciones irregulares”, explica.
A lo largo de estas tres décadas, uno de los escollos que se enfrente en este trabajo es la falta de información sobre los operativos castrenses y las acogidas en el extranjero de niños oriundos de El Salvador.
La investigadora Leila Juzam, que estuvo en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley, por ejemplo, analizó el factor de un sub-registro de personas adoptadas durante el conflicto que no han tenido contacto ni con Pro Búsqueda ni con la CNB.
“Basta poner atención a la cifra que la prensa en EE. UU. maneja del número de visas de adopción concedidas: 2,354 de ellas por el Departamento de Estado del Gobierno Federal a parejas de ese país quienes adoptaron niños de El Salvador durante los años de la guerra”, destacó en un ensayo.
Por otro lado, también está el hecho de aquellas víctimas que no informan y siguen guardando silencio por el miedo que persiste.
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“Aquí hay dos fuentes de información: las familias y las personas adoptadas. De hace unos seis años a la fecha han ido aumentando los casos donde las personas adoptadas están solicitando” la intervención de la organización.
La normalización de la impunidad
Elí Hernández, técnico jurídico de dicha instancia, lleva toda su carrera vinculada a trabajo humanitario, especialmente en crímenes de guerra.
“La impunidad resiste y la falta de compromiso de los otros órganos del Estado”, reflexiona mientras conversa con Expediente Público.
“En el caso de la desaparición de niñas y niños se hace patente que los gobiernos salvadoreños han evitado ofrecer información a los familiares y así terminan favoreciendo a la vieja guardia militar, lo que indica que son un poder al que siguen fieles”, añade Hernández.
El Gobierno de Bukele, al igual que las mismas administraciones anteriores, restringe el acceso a archivos castrenses que permita la localización de cientos de casos para lograr el reencuentro familiar.
“Gran parte de la sociedad salvadoreña ha normalizado afirmaciones como ‘los guerrilleros no tenían derecho a criar a sus hijos’ y que los niños y niñas arrebatados a sus familias se encontraban ‘mejor, con buenas familias”, opinó la abogada Leonor Arteaga.
Arteaga, quien es directora del Programa Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), reitera que “estas creencias son propias del tutelarismo donde el Estado decide sobre los destinos de la infancia, especialmente la infancia pobre”.
Los patrones de rapto
El caso seguido por el ejército salvadoreño tiene similitudes con la táctica utilizada por la dictadura argentina cuyas prácticas son catalogadas como delitos de lesa humanidad con la salvedad que en este país centroamericano nadie fue juzgado.
“Hay bastantes rutas que llevaron los niños. Una fue la apropiación incluso por gente del mismo ejército en casos como ‘lo llevé a mi mamá porque estaba sola’, o muchos casos de niñas que fueron llevadas a trabajo doméstico, en condiciones de esclavitud o también fueron objeto de abusos sexuales”, detalla Ana Escalante.
Además, “los fines de las apropiaciones de los niños son varios; pero, sobre todo, fueron porque eran considerados semilla de la guerrilla y una forma de desestabilizar al enemigo fue quitar esa semilla y de alguna forma bajar la moral a partir de la apropiación de los niños”.
“Hubo casos de niños que crecieron bajo la potestad de un militar de alto rango dentro de un destacamento. Ellos crecen con una formación militar y uno de ellos hasta se jubiló trabajando ahí porque esa fue la vida que le enseñaron”, relata.
“Lógicamente cuando ellos saben lo que sucedió entran en choque porque quien se los llevó fue prácticamente quien asesinó a su familia”.
Niños como botín de guerra
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Otro patrón que la organización humanitaria identificó es el patrón económico, donde los menores son un botín de guerra porque son secuestrados de zonas de guerra por los mismos que asesinaron a sus padres.
“Algunos van a la Cruz Roja, otros son llevados a hogares, donde aparecen estas redes de tráfico que se encargan de gestionar todas las adopciones de una forma exprés en los años 1982 y 1983 se da una gran facilidad en las alcaldías generando documentos”, denuncia a Expediente Público la investigadora.
Tres reencuentros en 2023
A pesar de todos los obstáculos, Pro Búsqueda, que cumplió 29 años de trabajo, logró el reencuentro de tres casos de niñez desaparecida durante el conflicto armado en El Salvador.
Sophia fue adoptada cuando tenía aproximadamente cinco meses de edad por una familia en Londres, Inglaterra, y pudo reencontrarse con su familia el 21 de marzo.
Pedro, que era oriundo del departamento de Chalatenango, tenía aproximadamente cinco años de edad cuando fue separado de su madre, quien falleció sin dar con su paradero.
Su hermano, sin embargo, persistió en el caso hasta que el 4 de julio consiguió el reencuentro por vía virtual.
La última historia es la de Flor, quien fue separada de su familia y ofrecida en adopción con documentos falsificados. Ella reside en EE. UU. y pudo conocer a sus hermanos el 24 de julio, a través de una llamada virtual.
Los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil entre el Gobierno y la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no incluyeron el tema de la desaparición forzada de niños.
Tres décadas después, los activistas de Pro Búsqueda dicen a Expediente Público que seguirán fieles a uno de los pensamientos de Jon Cortina, su fundador: “mientras la impunidad sigue ahí, parte de nuestro trabajo es acabar con ella”.
