*Karina Fonseca, directora del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, alertó que la organización recibió “discursos de odio” en las redes sociales que amenazan con actos “hostiles” contra migrantes.
**Las recientes declaraciones del presidente costarricense, dejan al descubierto su falta de conocimiento sobre el tema migratorio, las leyes internacionales y los derechos humanos de las personas.
***En 2021 se recibieron 108.712 solicitudes de refugio en Costa Rica, pero solo fueron aprobadas 2,430, según datos oficiales, lo que contradice rotundamente el discurso de Chaves.
Expediente Público
Las recientes declaraciones del presidente costarricense Rodrigo Chaves sobre restringir el ingreso de “migrantes económicos” a su país, ha causado sorpresa por su aparente desconocimiento del tema migratorio, alarma por objetivizar a personas en situación de riesgo y preocupación por alentar a grupos xenófobos.
Las organizaciones que acompañan a los migrantes en Costa Rica alertaron sobre la aparición de “grupos hostiles” que pudieran realizar acciones contra de extranjeros solicitantes de refugio en el país centroamericano, tras el anuncio de Chaves de frenar el ingreso de “migrantes económicos”.
Las declaraciones de Chaves irían en contra no solo de los miles de refugiados, sino incluso de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito Costa Rica, país donde en el 2021 se recibieron 108.712 solicitudes de refugio, pero solo fueron aprobadas 2,430, según datos oficiales.
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El Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, una organización que vela por la protección y derechos humanos de personas extranjeras en Costa Rica, recibió alertas de “algunas acciones colectivas contra personas venezolanas”, denunció su directora Karina Fonseca a Expediente Público.
“Nos preocupa cómo se están envalentonando grupos hostiles alrededor de diferentes comunidades extranjeras en el país, ya hemos recibido algunas alertas de algunas acciones colectivas en contra de personas venezolanas, o que se exacerbe la xenofobia u hostilidad hacia grupos (…) De alguna manera ciertas narrativas que se están colocando en la opinión pública pueden ser entendidas como un apoyo a estos grupos más hostiles que rechazan la migración y a las personas solicitantes de refugio”, explicó Fonseca.
En 2021, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Costa Rica recibió 108,500 solicitudes de refugio. No obstante, el mandatario Rodrigo Chaves durante su comparecencia semanal del 16 de noviembre advirtió que hay 200,000 personas solicitando refugio político en el país centroamericano.
El mandatario señaló que “con solo la llamada por teléfono, al número correspondiente, (el migrante) tiene el derecho a quedarse aquí y el derecho a trabajar”, lo cual según explican las organizaciones de derechos humanos, es algo incorrecto y que no está acorde con la verdad del procedimiento porque no es de su competencia decidir a quiénes se les otorga el refugio.
Chaves advirtió que Costa Rica no puede “seguir pagando, seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos”, sin embargo, este discurso tampoco toma en cuenta que estas personas en Costa Rica pagan impuestos, pagan servicios, comida, transporte, alquileres y hasta sus propios gastos médicos.
Después de esas declaraciones, Fonseca estimó que deberán estar “muy pendientes de actuaciones que puedan parecer incorrectas en la sociedad costarricense de grupos minúsculos, pero que son hostiles, que incitan al odio y que pueden generar grandes dificultades”.
Tras las declaraciones de Chaves, el sábado 19 de noviembre fue convocada en redes sociales una manifestación de costarricenses en el emblemático parque La Merced (donde usualmente se reúnen nicaragüenses) para “defender la soberanía del país” mientras circulaban videos en los que se ven imágenes de personas haciendo el saludo nazi y con la bandera de Costa Rica.
En agosto de 2018, un grupo de costarricenses xenófobos realizó una protesta en el mismo parque contra la presencia de nicaragüenses donde se hizo presente la Fuerza Pública para contener la tensa situación.
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Existen procedimientos de ley
Los refugiados son personas que no pueden regresar a su país de origen. Según Acnur, existe un «temor fundado de persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias” por las cuales requieren protección internacional.
Adilia Eva Solís, presidenta del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), recordó que las personas solicitantes de refugio tienen la obligación de someterse al procedimiento establecido por las leyes costarricenses.
“Además de eso, tienen el derecho a las debidas apelaciones para eso hay un Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) que ve esas solicitudes”, dijo Solís.
En primera instancia, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio es la oficina que decide el otorgamiento del estatus de persona refugiada en el país centroamericano, según los estándares y acuerdos internacionales, que en materia de Derechos Humanos suscribió Costa Rica.
Solís coincide que las declaraciones del presidente Chaves alientan a aquellos “grupos extremistas” que no simpatizan con las poblaciones que están en desplazamiento forzado.
“Ese discurso o esa narrativa es peligrosa, nosotros estamos, de por sí, en una situación económica difícil, lo cual es cierto, hay un desempleo galopante y la pobreza se está agudizando (…) entonces en el imaginario costarricense pueden decir que los responsables de que estemos en esta situación son estos migrantes venezolanos y nicaragüenses que nos están quitando a nosotros los recursos y eso es peligroso”, insistió Solís.
Nicaragüenses con más solicitudes
A los venezolanos que buscan refugio ante la represión gubernamental de su país, se suman los nicaragüenses que huyen del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que desde 2018 implementó una estrategia de persecución, debido a la crisis sociopolítica iniciada el 18 de abril de ese año.
Las solicitudes de refugio de nicaragüenses se han incrementado de manera exponencial. Datos de la Unidad de Refugio de la Dirección de Migración de Costa Rica indican que desde 2018 a octubre de este año hay 179,269 solicitudes de refugio.
“Quisiera seguir pensando que Costa Rica seguirá siendo un país protector de los derechos y que dará acogida a la población que esté en una situación de peligro de cualquier país, de Nicaragua o Venezuela. Estaremos atentos, porque eso puede hacer peligrar la no devolución en frontera, es decir que cualquier autoridad que está en frontera haga la devolución y en eso hay que estar atentos”, dijo Solís.
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Sobre el caso específico de los nicaragüenses, Fonseca afirmó que se debe reconocer que están en una “situación crítica” de violaciones a los derechos humanos que está bien documentada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Todas las personas nicaragüenses que solicitan refugio no es que ya son reconocidas con refugio, sino que se están sometiendo al debido proceso con las instancias correspondientes en Costa Rica para ver si se les otorga o no. Hay que entender que hay una normativa y una legalidad que se sigue”, manifestó Fonseca.
La directora del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica reconoció que desde hace muchos años el país no responde en “tiempo y forma” a la resolución de esos casos.
“Hay que tener cuidado y no echar la culpa solo a la gran demanda y lógicamente (…) Ha habido diferentes iniciativas de organismos internacionales y sociedad civil para un mecanismo de protección temporal a esas personas y que los solicitantes de refugios tengan el permiso laboral, porque es penoso que las citas de elegibilidad estén hasta el 2032”, mencionó Fonseca.
Chaves manda carta a Naciones Unidas
El presidente Chaves además instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, enviar una carta a la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica exponiendo la situación.
“Llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros como sociedad y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país”, mencionó el mandatario costarricense.
Al respecto, Solís reconoció que en Costa Rica hay una situación económica “difícil” y afirmó que recibir una “población adicional requiere recursos”, pero rechazó lo argumentado por Chaves en su conferencia semanal.
“Puede ser que sea insuficiente, pero sí ha recibido colaboración internacional de parte de las agencias de Naciones Unidas y de otros países que están comprometidos. La Dirección General de Migración en el área de refugio opera con financiamiento del Acnur, entonces no es cierto y ese discurso es peligroso”, puntualizó Solís.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) dirigió este 17 de noviembre a los nicaragüenses un mensaje de adviento en que el expresan sus “preocupaciones” sobre la coyuntura “social, político, y económico”, pero en particular señalan que la crisis migratoria es “reflejo de un drama humano que nos interpela”.
