*Dante Mossi, presidente ejecutivo el BCIE, se mostró evidentemente regocijado en presencia de Ortega y Murillo, al extremo de alardear sobre supuesta “calidad de primer mundo” de los hospitales de Nicaragua.
**Mossi “ve el progreso” de infraestructura, desconociendo corrupción y violación de derechos humanos evidenciados en las sanciones contra funcionarios e instituciones del régimen sandinista atornillado en el país durante 15 años consecutivos.
***Expediente Público verifica que no todos los hospitales en Nicaragua son de “calidad de primer mundo” y que tampoco hay transparencia en los datos oficiales como para dar por hecho que la cobertura de electricidad es casi del 100%.
Expediente Público
La mirada sobre la realidad de Nicaragua, por parte del presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, no solo es abiertamente generosa sino también, exagerada y sesgada, según un ejercicio de verificación y contrastación de datos realizado por Expediente Público sobre el discurso del alto funcionario de la institución financiera.
Mossi se reunió con Daniel Ortega, Rosario Murillo y parte del gabinete del régimen sandinista en Managua el día martes 15 de marzo.
Ahí, emocionado, Mossi reconoció como legítimas autoridades de Gobierno a Ortega-Murillo; alabó la gestión y ejecución de créditos a Nicaragua, elogió la calidad de los hospitales al extremo de considerar que “son realmente de primer mundo” y exaltó el avance de la cobertura de electricidad, sin detenerse a evaluar aspectos negativos de tales logros.
A contracorriente de la comunidad internacional
El presidente ejecutivo del BCIE es, a contracorriente de la comunidad internacional, uno de los pocos en otorgar legitimidad de Gobierno a la administración Ortega-Murillo.
Mossi lo hizo por partida doble: primero de manera tácita reuniéndose con Ortega-Murillo, viniendo a firmar acuerdos de negocios e inaugurando las oficinas del BCIE en Managua, además, alabando la gestión estatal en la ejecución de los créditos.
Y segundo, lo hizo de manera personal, literal y verbal mediante su cuenta de Twitter: “En misión a #Nicaragua para reunirme con autoridades de Gobierno, discutir la agenda de reactivación económica y la apertura de nuestra nueva oficina del @BCIE_Org en Managua”.
A contrapelo de Mossi, la mayoría de organizaciones e instituciones internacionales no reconocen al régimen de Nicaragua como autoridad legítima desde las votaciones de noviembre del 2021, cuando Ortega-Murillo apresaron a los principales contendientes políticos, controlaron a su favor el sistema electoral y se prorrogaron cinco años más de poder.
Al contrario, desde el cuestionado proceso electoral de 2021, a Ortega-Murillo, su familia, su gabinete y a las propias autoridades electorales, han sido sancionados internacionalmente. Hasta marzo del 2022, son 53 funcionarios y familiares de la pareja presidencial sancionados.
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BCIE ignora estas sanciones
En febrero de este 2022, 10 países se sumaron a las sanciones impuestas por la Unión Europea en enero en contra de siete personas afines al Gobierno de Ortega-Murillo y de tres instituciones, por considerar que violaron los derechos humanos y por las elecciones “fraudulentas” de noviembre de 2021.
Los países que se sumaron a las sanciones son Ucrania, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, Noruega, Moldavia, Georgia y Liechtenstein.
Ellos se plegaron a las sanciones emitidas en enero por la Unión Europea y que fueron aplicadas a los hermanos Camila Ortega, directora del Canal 13; y Laureano Ortega, asesor presidencial de negocios del régimen de sus padres en Nicaragua.
También fueron sancionados los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, junto a Nahima Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Correos y Telecomunicaciones (Telcor); y Luis Ángel Montenegro, titular de la Superintendencia de Bancos.
Y finalmente, sancionaron a las entidades señaladas de reprimir, negar derechos y espiar a la ciudadanía como la Policía Nacional; el Consejo Supremo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones (Telcor).
¿Son los hospitales de Nicaragua de primer mundo?
Los elogios de Mossi a Ortega-Murillo alcanzaron su clímax cuando valoró la calidad de los hospitales de Nicaragua: “Nicaragua tiene el programa quizás más grande y mejor estructurado de toda Centroamérica, las cosas se ejecutan bien, los hospitales son realmente de primer mundo, creo que el pueblo nicaragüense debe sentirse muy complacido de la calidad de hospitales”.
Sin embargo, su criterio y visión de la calidad de los hospitales de Nicaragua contrasta con la preocupación constante emitida por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud a lo largo de 2020 y 2021, en el periodo más crítico de la pandemia en Nicaragua.
Y se oponen, además, a los informes emitidos en 2020 y 2021 por el no gubernamental Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, que denunciaron la limitada capacidad de atención médica, falta de insumos y condiciones, así como errores de atención médica en los hospitales y centro de salud nacionales.
A lo largo de 2020 y 2021, la OPS admitió no tener “elementos suficientes” para monitorear la evolución de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, por lo que instó al Gobierno de Ortega a paliar esa falta de transparencia con mayor información sobre las infecciones en el país.
“La OPS no tiene elementos suficientes para valorar el estado de la pandemia en Nicaragua y en nuestro sitio, donde se reporta la situación por países y tendencias, hay reportes de todos los países, pero Nicaragua está en blanco”, indicó por ejemplo Carissa F. Etienne, directora regional de la OPS, en octubre de 2021, durante la conferencia semanal para abordar la situación de la pandemia en las Américas.
Según datos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), hasta agosto del 2021, la red de unidades de salud pública a nivel nacional contaba con 73 hospitales, 143 centros de salud, 1,343 puestos de salud, 5 centros especializados, 178 casas maternas con 2,371 camas y 93 casas para personas con necesidades especiales.
De hecho, algunos de los centros médicos o de atención en salud que reporta el Minsa, se basaron sobre la confiscación de edificios de medios de comunicación como la sala de redacción de Confidencial de Carlos Fernando Chamorro y el local de 100% Noticias, tomados por la policía y asignados arbitrariamente al Minsa por el régimen.
Sin embargo, los hospitales más grandes y modernos del país son cuatro: Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, de servicio mixto (construido nuevo en Managua, atención privada y atención a asegurados); Hospital Occidental Dr. Fernando Vélez País (Managua, atención pública); Hospital Metropolitano Vivian Pellas (Managua, construido en 2004, privado) y Hospital Berta Calderón (Managua, remodelado en 2019, atención pública).
En realidad, solo dos de ellos han recibido una acreditación independiente que los califica con calidad internacional: el Hospital Metropolitano Vivian Pellas por parte de la Joint Commission International y el Hospital Militar por parte de Accreditation Canadá.
La explicación sobre esta acreditación se puede leer textual en el sitio del Hospital Metropolitano.
La Organización Mundial de la Salud considera que la seguridad es un principio fundamental del cuidado del paciente, ya que existe un determinado grado de riesgo relacionado a cada paso del proceso de atención de salud.
En la búsqueda de soluciones a esta problemática sanitaria mundial, la OMS estableció una estrecha colaboración con la Joint Commission y la Joint Commission International (JCI).
La JCI es la acreditadora internacional de hospitales y organizaciones de salud más prestigiosa y exigente en términos de seguridad y calidad en la atención al paciente en todo el mundo.
Los hospitales que han declarado su compromiso con la calidad y la seguridad del paciente se someten voluntariamente cada tres años a un proceso intenso de revisión, efectuado por evaluadores de la JCI quienes revisan el cumplimiento de más de 1,300 elementos medibles contenidos en más de 300 estándares de calidad.
En el caso del Hospital Militar, fueron acreditados en 2019 con el nivel diamante, máxima de tres categorías que otorga esta organización privada e independiente de la OMS, pese a que en septiembre de 2017 se inundó una parte del edificio por supuestas fallas en el sistema de drenaje.
El citado hospital se construyó con un préstamo del BCIE al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un monto de 66.5 millones de dólares en 2010, y con fondos provenientes de otras instancias internacionales y estatales, canalizados por el gobierno a favor del Ejército de Nicaragua con trámites de urgencias.
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Energía sí ¿pero a qué costo?
Otro aspecto destacado por Mossi y evaluado por Expediente Público, es el tema referente a la cobertura total de electrificación en Nicaragua.
“Nicaragua va a ser el segundo país de Centroamérica en llegar a cubrir 100% de su población, yo creo no es un logro menor, es un logro muy importante para Nicaragua, el país más extenso está logrando llegar con servicio de energía eléctrica a todo el pueblo nicaragüense”, dijo Mossi.
Hay un doble sesgo en la apreciación del funcionario del BCIE: la falta de transparencia de los datos de Nicaragua para medir su veracidad y los aspectos coyuntales que a propósito omite Mossi.
En los datos del Banco Mundial, Costa Rica a nivel centroamericano es el primer y único país con cobertura eléctrica del 100%, mientras Nicaragua hasta 2019 tenía un 88.2 %.
En cambio en los datos oficiales de Nicaragua, reflejados en la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), desde 2007 hasta enero de 2022 el porcentaje de cobertura total de 99.1%.
Es decir, que tras 15 años en el poder y bajo acusaciones de violaciones de derechos humanos, el régimen Ortega-Murillo no ha alcanzado la meta de llevar electricidad a todo el país centroamericano, sino que sus datos no son creíbles por las organizaciones internacionales.
Además, destaca el hecho de la falta de transparencia de la participación de la familia Ortega-Murillo en el negocio de la generación, distribución y control de la energía.
En 2020 el Gobierno de Ortega mandó con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional bajo control suyo, la Iniciativa de Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Energía Eléctrica a la población nicaragüense, con el fin de “nacionalizar”, la totalidad de las acciones de la española TSK Melfosur.
Esta empresa había adquirido las acciones del anterior distribuidor, Gas Natural, con participación accionaria de la empresa nicaragüense ligada a la familia Ortega, Albanisa, sancionada por Estados Unidos por corrupción junto distribuidor de combustible Petronic.
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Sin embargo, el banquero del BCIE ignora dos aspectos que ponen en duda su positiva valoración: la falta de transparencia de Nicaragua y las sanciones por corrupción a las instituciones de energía en el país.
El Índice de la Percepción 2021, publicado por la organización Transparencia Internacional en enero de este 2022, ubica a Nicaragua como el país menos transparente de la región centroamericana y entre los más corruptos de América Latina y el mundo.
En un listado de 180 países, Nicaragua se ubica en la posición 165 entre los menos transparentes, solo superada por Venezuela en el continente.
La falta de información verás y la ausencia de mecanismos de auditoría impiden a las organizaciones internacionales calificar al país como “transparente”.
Otro aspecto ignorado por Mossi, y que evidencia de igual un modo un sesgo en su visión, es que las autoridades de energía en Nicaragua han sido sancionadas por corrupción.
Tal es el caso del expresidente de la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Salvador Mansell Castrillo, hoy ministro de energía y minas, sancionado en 2021 por corrupción por Estados Unidos.
Lo más visible de esos datos públicos son los anuncios de Rosario Murillo por los medios de comunicación en poder de su familia: cada mediodía anuncia más y más proyectos de energía, pero sin mayores datos que permitan auditorías de verificación.
Tampoco mencionó Mossi que Nicaragua es el país Centroamérica con los costos de energía más caros en la región, seguido por Honduras y Costa Rica, según datos del sitio especializado GlobalPetrolPrices.com.
