**La decisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, deja en el aire 12 investigaciones sobre irregularidades en el manejo de fondos de la pandemia por parte de instituciones de su gobierno.
***La OEA acusa a Bukele de obstruir investigaciones e intentar instrumentalizar la comisión contra los opositores.
Expediente Público
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dio por terminada una de sus promesas más repetidas de campaña: la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), bajo la justificación de que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, había contratado como su asesor al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, procesado por delitos relacionados a negociaciones con pandillas y asuntos administrativa.
“Hemos decidido, como Presidencia, romper el acuerdo con la OEA-CICIES porque no íbamos a mantenerlo con los que promueven la impunidad en El Salvador”, dijo Bukele en una inesperada conferencia de prensa la noche del viernes.
La CICIES había denunciado ante la Fiscalía 12 irregularidades en cinco instituciones del Estado respecto al manejo de fondos de emergencia de la pandemia de COVID-19.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el lunes 7 de junio la decisión de salvadoreña de romper el convenio con la CICIES y acusó al Gobierno y a la Fiscalía General de la República de impedir los avances en investigaciones de corrupción contra la administración actual.
“Lo que ha sucedido es que, deliberadamente, el secretario general de la OEA, anuncia la contratación de un delincuente ayer, para que reaccionáramos, no había otra reacción que aplicar la ley”, subrayó el mandatario salvadoreño.
Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador entre 2018 y mayo 2021, está siendo procesado por “fraude electoral y negociaciones ilícitas”, que tiene su fundamento en un vídeo donde aparecía entregando dinero a pandilleros previo a las elecciones de 2014. Muyshondt, del derechista partido Arena, alega que estaba pagando una extorsión ya que los pandilleros no permitían votar a sus militantes.
Además, Muyshondt fue detenido el viernes por una causa administrativa relacionada al descuento de retenciones laborales que no llevó a su destino: Seguridad Social y pensiones, entre otros.
“Los salvadoreños con principios sintieron una bofetada cuando vieron que Luis Almagro contrataba a Ernesto Muyshondt, alguien que negoció con la vida de las familias, de la gente», insistió Bukele.
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Enfrentamiento
Muyshondt se declaró “el primer preso político de Bukele”.
“Enfrenté a un régimen dictatorial y autoritario, que envió turbas criminales de un ministro de trabajo delincuente, un Fiscal títere del Gobierno, presionaron a los jueces, y sus noticias falsas, acoso, hostigamiento y persecución. Me presenté, di la cara. Hoy soy preso político”, escribió Muyshondt en su cuenta de Twitter poco antes de su detención.
El convenio de la CICIES fue firmado el 6 de septiembre del 2019, dos días antes que Bukele cumpliera 100 días de gobierno y a su firma asistió Luis Porto, representante de Almagro.
El convenio fue suscrito en septiembre de 2019 con la Secretaría General de la OEA que ordenó instalar una misión en San Salvador bajo la dirección del diplomático guatemalteco Ronalth Ochaeta.
En la misma conferencia, el mandatario dijo que si quiere tener una CICIES que investigue corrupción e impunidad en el país centroamericano, y que buscarán otra organización.
“El Salvador sí quiere una CICIES, pero no podemos continuar con la Secretaría de la OEA que contrata a un criminal; vamos a buscar otro organismo internacional para conformar una CICIES. ¿Cómo es posible que alguien que se supone que está luchando contra la impunidad venga a darle impunidad a alguien que ha cometido todos estos delitos y que todos los salvadoreños los conocen?”, señaló Bukele.
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Las investigaciones de la Cicies
Y aunque la Cicies nunca reveló públicamente sus casos, en abril pasado, el comisionado, Ronalth Ochaeta, informó que ya habían entregado 12 avisos de posibles ilícitos en 5 carteras de Estado, como parte de las 25 asistencias solicitadas, una auditoría al 85% de los fondos de la pandemia y 7 investigaciones integrales.
En esa ocasión, Ochaeta señaló límites que tenía la CICIES: “Espacios frágiles y tiempos inciertos” y una falta de regulación que permitiera alcanzar a las personas particulares involucradas en la corrupción.
La Fiscalía había hecho en noviembre 2020, veintidós allanamientos relacionados al proceso de adjudicación y asignación de fondos públicos relativos a la pandemia en los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el Fondo Ambiental de El Salvador.
Investigaciones periodísticas han revelado irregularidades en la compra de equipos de bioseguridad y por la compra millonaria de paquetes alimenticios que se han repartido desde el inicio de la pandemia.
El fiscal que dirigió esas investigaciones, Raúl Melara, fue destituido por la nueva Asamblea Legislativa bajo mayoría oficialista y sustituido por Rodolfo Delgado, un fiscal afín a Bukele.
La CICIES era una instancia de asistencia técnica a la Fiscalía General de la República y otras instituciones de control en El Salvador.
En enero de 2020, la Fiscalía requirió asistencia técnica para investigar tres casos: la última etapa del proyecto hidroeléctrico El Chaparral, la asignación del subsidio al transporte público de pasajeros y la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte del Area Metropolitana de San Salvador (Sitramss), tres investigaciones que apuntaban a gobiernos anteriores. Tampoco hubo informes públicos al respecto.
Con la decisión de Bukele, hay voces que piden a la Cicies divulgar los detalles de esas investigaciones.
“La CICIES debe poner a disposición de toda la población todo el trabajo que se ha hecho incluyendo los expedientes de avisos a la Fiscalía. Esos casos posiblemente explican el porqué de todo el desmantelamiento”, dijo a Expediente Público, Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
OEA: Bukele obstaculizó investigaciones
En el comunicado divulgado este lunes 7 de junio, la Secretaría General de la OEA reveló al menos seis motivos por los cuales considera que la Comisión anticorrupción no podía seguir trabajando en El Salvador.
Señaló en primer lugar la aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, popularmente conocida como «Ley Alabí». El 5 de mayo, el Gobierno aprobó esta normativa que decreta inmunidad para eventuales irregularidades.
«(La ley) beneficia a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción por la inmunidad que se establece en el Art. 4 de dicha ley, y la CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad», apuntó la OEA.
La OEA también señaló a la Fiscalía de «cercenar completamente las posibilidades de investigación de la CICIES» durante las últimas semanas tras la destitución de Raúl Melara y el nombramiento de Rodolfo Delgado como su sucesor.
La secretaría aseguró que hubo acciones de parte del Gobierno «encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración», y denunció una «recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente».
Debido a estos elementos, acusó la OEA, la «lucha contra la corrupción» es «más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, lo cual hace imposible para la CICIES acompañar ese proceso».
El comunicado de la OEA también señala que Muyshondt «no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización», y rechazó la argumentación del Gobierno para eliminar el convenio con la CICIES.
“Ernesto Muyshondt no fue contratado como dice su comunicado, sino que solamente se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, aunque este contrato nunca se firmó», sostuvo la OEA.
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El comunicado informó que la Organización había notificado previamente sobre el posible contrato a la Cancillería salvadoreña, sin recibir «ninguna discrepancia».
“La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país (sin perjuicio de eventualmente considerar en su momento las denuncias realizadas por el señor Muyshondt en cuanto a violación de garantías del debido proceso)», subrayó la Secretaría general de la OEA en el comunicado.
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Críticas desde EE.UU.
El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, lamentó la decisión del presidente salvadoreño.
“Como lo dijo nuestra embajada, lamentamos la decisión del fiscal general de suspender la cooperación con la CICIES. La lucha contra la corrupción es realmente una parte esencial para crear las condiciones para que los ciudadanos puedan progresar en su hogar”, dijo Zúñiga el viernes 4 de junio en una conferencia con medios centroamericanos.
El diplomático estadounidense urgió a El Salvador a apegarse a las normas constitucionales y evitar que se perpetúe la impunidad para los funcionarios involucrados en actos de corrupción.
“Consideramos que existe una exigencia popular muy profunda en favor de la rendición de cuentas, un esfuerzo de combatir la impunidad en Centroamérica, es lo que estamos viendo”, agregó Zúñiga.
Desde el congreso norteamericano también ha habido reacciones.
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“Estoy sumamente preocupado por las acciones del gobierno salvadoreño contra la CICIES. Como dijo el presidente Biden, la corrupción es una amenaza a nuestra seguridad. Tenemos que asegurar que se completen las investigaciones”, escribió en su cuenta de Twitter el congresista Albio Sires, Demócrata de Nueva Jersey.
La sociedad civil salvadoreña también criticó la decisión de Bukele y vio lo de Muyshondt como una excusa para impedir investigaciones sobre los gastos de la pandemia.
“La principal promesa de campaña se cae. La excusa es pobre, lejos estaría Neto ((Ernesto Muyshondt) de influir en un ente tan complejo como la OEA. Pero al final es la excusa perfecta. La CICIES solo fue utilizada con fines políticos”, dijo Wilson Sandoval de Funde-Alac, capítulo local de Transparencia Internacional en declaraciones a periodistas.
Esa organización calificó de “un nuevo retroceso en la lucha contra la corrupción” la decisión presidencial.
“Con estas acciones queda en evidencia la intención de frenar las investigaciones que la comisión pueda realizar sobre los casos de posible corrupción o de presentación de nuevos indicios y en especial, despeja a la ciudadanía de la oportunidad de obtener justicia frente a la corrupción sistemática que se ha evidenciado en el contexto de la pandemia”, dijo Funde-Alac en un comunicado.
Por su parte, la Fundación Salvadoreña para el desarrollo económico y social de El Salvador (Fusades), uno de los principales centros de pensamiento, dijo que la decisión mostraba “la tendencia hacia el desmantelamiento y la lucha contra la corrupción”.
“Lo que queda claro es que no existe un compromiso real para luchar contra la corrupción y ello no pasó de ser una promesa electoral”, señaló Fusades en un comunicado difundido el sábado 5 de junio.
