* Estados Unidos ha anunciado el retiro de cientos de visas a quienes apoyan al régimen de Daniel Ortega, pero se han reportado casos de personajes afines que entran y salen de ese país sin problemas.
**En marzo del 2023 llegaron a Miami dos altos comisionados de la Policía Nacional, órgano señalado como violador de derechos humanos y que participa activamente en la detención, represión, persecución y acoso contra opositores en Nicaragua.
***También entraron el alcalde Ebert López, señalado como represor y Edgard Zapata Arévalo, un paramilitar confeso.
Expediente Público
El estatus de protección temporal a los migrantes nicaragüenses (TPS) está en manos del presidente Joe Biden, quien podría aliviar las condiciones de miles de nicaragüenses que huyeron de la constante represión y violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sin embargo, los exiliados ven con preocupación e incredulidad cómo funcionarios, incluso, de alto rango del régimen de Daniel Ortega viajan sin ningún problema a este país, particularmente cuando el Departamento de Estado ha anunciado cientos de visas canceladas a personas vinculadas a violaciones de derechos humanos en ese país centroamericano.
En marzo del 2023 dos altos comisionados de la Policía Nacional participaron en Florida como miembros del cuerpo técnico de la selección nacional de béisbol. El mánager del equipo, el subcomisionado Sandor Guido, el comisionado Julio Sánchez, miembro del cuerpo técnico, el alcalde sandinista del municipio de El Rosario, en Carazo, Ebert López; como secretario de la Federación Nicaragüense de Beisbol Aficionado (Feniba) y el médico acusado de paramilitar, Edgard Zapata Arévalo, viajaron como parte de la delegación oficial al evento deportivo.
Así actuaban
Sánchez estuvo al frente de la represión de las manifestaciones de abril de 2018, exigiendo a los protestantes que dejaran los tranques. Ebert López, es un edil que tras las protestas personalmente señalaba las casas de opositores con el lema “plomo”, que significaba que paramilitares debían aniquilar a sus habitantes.
Además, estuvo Edgard Zapata Arévalo, quien dice ser médico, pero es un paramilitar que en el 2018 apareció en redes sociales apoyando al régimen y posando en fotos con armamento pesado usado por grupos del régimen para atacar a la población civil.
Como parte de la represión contra la iglesia católica, en julio de 2020 un sujeto desconocido entró encapuchado a la Catedral de Managua y lanzó un artefacto explosivo que provocó un incendio, en la Capilla de la Sangre de Cristo, destruyendo la imagen que tenía al menos 382 años de historia y a la que se le atribuían centenares de milagros. Sánchez fue el encargado de la investigación que al final nunca se llevó a cabo.
No es la primera vez que prominentes sandinistas llegan a Estados Unidos, a pesar de que en julio de 2021 Estados Unidos canceló visas a 100 funcionarios y en junio de 2022 anunció la suspensión de otras 93 visas.
Posteriormente, el 24 de octubre, anunció la prohibición de viajes a otros 500 funcionarios de la Policía Nacional, miembros del sistema de prisiones, jueces, fiscales, trabajadores de la educación y otras personas que participan en la «represión y corrupción del régimen».
Nieta de Ortega
En mayo de 2022, la exnuera de los Ortega-Murillo, Yadira Leets, llegó a Estados Unidos con sus dos hijas, incluso un de ellas, Ariana Ortega Leets presumió en noviembre en sus redes sociales de su nueva vida en libertad.
El experto en Derecho Público Internacional y asesor de la Alianza de Derechos Humanos Nicaragüense-Estadounidense (Nahra), Harold Rocha, explicó que el Gobierno de los Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Nicaragua, a nivel de Estado.
Eso suele valorarse a la hora de emitir una visa y a pesar de todos los anuncios de sanciones e impedimentos migratorios para ciertas personas, estas no alcanzan a todos los funcionarios. “No hay un veto global” que diga que cualquier persona que ha trabajado para el Gobierno no pueda entrar a ese país.
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Pueden denunciar a actores criminales
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tienen una línea abierta gratuita para denunciar a personas que participaron en acciones represivas. Si el Gobierno de Estados Unidos considera que esa información tiene algún valor, la investiga. Si se logra tener alguna evidencia, pedirían a la persona que salga del país o le niegan el ingreso, agregó Rocha.
El ICE tiene dentro de Estados Unidos la línea (866) 347-2423 o su plataforma digital para realizar denuncias anónimas. Fuera del país está el número 802-872-6199.
Rocha recordó que Estados Unidos tiene leyes que impiden presencia en el territorio a personas que han participado en represión o violación de derechos humanos. Si ya está dentro del país incluso se le puede retirar los beneficios migratorios, inclusive después que se hayan nacionalizado, como es el caso de varias personas que participaron en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
“Depende mucho de que esa información se pueda canalizar por las vías correctas para poder hacer ver y luego que se pueda verificar, porque no es solamente, cosa de decir tal persona es, si no poder comprobarlo”, señaló Rocha.
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Tema es justicia y derechos humanos
Tanto Rocha como Damaris Rostrán activista de la diáspora y miembro de la Mesa de Trabajo New Jersey-New York coinciden que las prioridades de los nicaragüenses son los llamados a la justicia y la mejor forma de ejercerla o buscarla por todo lo acontecido en Nicaragua, es en los tribunales.
Rocha considera que a corto o mediano plazo no será posible que estas demandas de justicia se lleven en tribunales nicaragüenses con jueces nicaragüenses bajo el derecho nicaragüense, por lo cual se comienzan a explorar otras vías.
Una de ellas es la vía a través de la doctrina de justicia universal que todo Estado tiene una obligación moral, aunque esos son procesos sumamente lentos.
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El reporte general del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU de marzo pasado, indica claramente que se debe estudiar la cadena de mando de la represión. “Estos paramilitares podrían ser acusados en los tribunales internacionales si hay pruebas”, manifestó Rostrán.
«Si una persona tiene pruebas de que alguien fue parte de esa cadena de mando o ejecutó alguna orden, se le puede acusar”, argumentó la fuente.
TPS para los que están dentro
Por otra parte, el juez del Distrito Sur de Texas Drew Tipton aceptó la demanda de estados republicanos contra el parole humanitario vigente que beneficia a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Rostrán indicó que pese a la audiencia del 12 de junio, el parole humanitario continuará. “El circuito debe dar un veredicto, pero si la gente de estos cuatro países no está conforme, sobre todo la diáspora, pueden contrademandar y seguir en la Corte Suprema”.
Las organizaciones de migrantes indican que el parole es para las personas que están fuera de Estados Unidos y quieren migrar legalmente, así como los que pueden pedir asilo, una medida que tiene el fin de evitar los riesgos del viaje ilegal.
En cambio, el TPS es para los miles que ya se encuentran en Estados Unidos sin un estatus migratorio y podrían ser deportados.
Una prioridad
Rostrán afirmó a Expediente Público que los abogados aseguran que el TPS para los nicaragüenses es una prioridad para la administración, pero desconocen por qué Biden todavía no lo firma.
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La activista recordó que este caso se parece a la demanda contra la cancelación del TPS de la Administración de Donald Trump en 2018, conocida como “El caso Ramos”, donde los afectados de seis países, incluyendo casi tres mil nicaragüenses, no perdieron nunca sus derechos porque no hubo orden final, aunque la disputa continúa en el Tribunal de Apelaciones del Distrito Nueve de California.
Sin embargo, el parole no es indefinido. “Puede que mañana el presidente diga que no es necesario, sobre todo para los nicaragüenses que aplican muy poco, y porque se va a aprobar el TPS y el beneficio sería para los que ya están dentro del país”, dijo Rostrán.
Entre el 15 y 17 de marzo ser realizó en Washington D.C., el encuentro TPS Strategy Convening con decenas de organizaciones de la diáspora de diferentes países, donde se definieron algunas políticas y acciones para presionar por la situación migratoria de las comunidades.
Desde 1990
El estatus temporal es implementado a ciudadanos originarios de 16 naciones, desde que nació en 1990 para beneficiar a miles de salvadoreños sin documentos, pero que no podían regresar por la guerra civil, por medio de una reforma a la política de migración.
Con esto el gobierno podría brindar un estatus temporal a ciudadanos sin permisos migratorios de ciertos países elegibles y viviendo en Estados Unidos, por razones de conflicto armado, desastres naturales o condiciones extraordinarias o temporales que impidieran un retorno seguro.
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Para el especialista en Derecho Público Internacional y Nacional, Haroldo Rocha, el TPS está diseñado para los conflictos que se viven no solo en Nicaragua o la región, sino, en casi todo el mundo.
Crisis de democracia
Sobre las causas “el problema es que existe una crisis de democracia no solamente en Nicaragua, y no solamente en Centroamérica, hay una crisis de democracia que es bastante generalizada y hay un auge de autoritarismo bastante generalizado”, dijo.
Aunque las razones de migración como el autoritarismo están presente en muchos países, estos programas no pretenden dar alivio ni ampliar el derecho de emigrar para quien no está en el país, pero hay un momento en que es bastante difícil separar toda la coyuntura sociopolítica de la decisión o por lo menos el deseo de emigrar, expresó.
En el caso de los nicaragüenses, las condiciones para un TPS son más factibles que hace dos meses, porque ahora hay un proceso para solicitar un permiso de dos años para llegar al país y trabajar y residir legalmente o bien para solicitar una cita y presentar una solicitud de asilo.
“Había que establecer algún tipo de control migratorio para luego poder ver cómo se resuelve la situación de los nicaragüenses que ya están en territorio”, señaló Rocha.
