* Aunque es una herramienta fundamental para la seguridad pública, decisiones en el Sistema Nacional de Emergencia 911 en Honduras son políticas y vulnera capacidad de respuesta.
** Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911 en Honduras se ha enfocado en despedir al personal clave para reemplazarlos por militantes del partido oficialista Libre.
Expediente Público
Las acciones de la Comisión Interventora del Sistema Nacional de Emergencia 911 se han enfocado en despedir al personal para poner en su lugar, según denuncias de exempleados, a miembros de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre).
El próximo 28 de febrero de 2024 se cumple un año desde que la Comisión Interventora nombrada por la presidenta Xiomara Castro tomó control del sistema.
Creado el 29 de junio de 2015 en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, el Sistema Nacional de Emergencia opera, además de la línea telefónica 911, una red de videovigilancia de más de cuatro mil cámaras, según la Policía Nacional.
El sistema integra a una veintena de instituciones públicas para atender accidentes de tráfico, desastres naturales y daños a la salud y a la vida, entre otros.
De allí que el 911 sea de interés para las estructuras criminales que buscan tener personas dentro de la institución para controlar ciertos movimientos de autoridades y bandas rivales, según fuentes consultadas por Expediente Público.
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“La información que tengo (es) que ‘Don H’ y ‘El rojo’ intentaron apropiarse del contrato del 911, pero no lo lograron”, compartió con Expediente Público el periodista e investigador Óscar Estrada, autor del libro Tierra de narcos.
Don H y El Rojo son los narcotraficantes hondureños Héctor Fernández (condenado a cadena perpetua en Estados Unidos) y Víctor Díaz, quien sería uno de los testigos en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández.
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Control político con datos ciudadanos
Uno de los riesgos tiene que ver con el control de la población, de activistas o personas incómodas, lo que ha sido una preocupación para los movimientos que defienden la protesta social desde que el gobierno de Hernández instaló el sistema de seguridad y tomó control del mismo.
“El peligro que existe ahora es esta politización que se ha venido dando desde las estructuras de seguridad” como el 911, acotó Estrada.
El periodista ecuatoriano Paul Mena, recordó a Expediente Público lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa con el Servicio Integrado de Seguridad.
“Politizó el servicio de Inteligencia, creando la Secretaría Nacional de Inteligencia, SNAI, que tenía acceso a las cámaras del ECU 911 para hacer seguimiento a políticos opositores, ambientalista y periodistas”, resumió.
Lo último que se conoció es que “ECU 911 puede rastrear la movilidad de una persona a través de su número celular y que un gran narco, Leandro Norero, tenía acceso a ese sistema para seguir a las personas contra las que quería atentar”.
ECU-911 fue desarrollado, en gran parte, por dos empresas chinas: la estatal C.E.I.E.C. y Huawei.
Vigilancia a causa de inseguridad y violencia
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la tasa de homicidios fue de 38.2 por cada cien mil habitantes en 2022, cuatro veces más alto que el estándar mundial de 8.8.
La violencia doméstica e intrafamiliar, también en 2022, representó el 76.6 % del total de las denuncias por delitos contra la integridad corporal en la Dirección Policial de Investigación (DPI) y en promedio hubo cinco muertes diarias en accidentes viales.
El 911 es “una herramienta fundamental para la seguridad pública”, dijo a Expediente Público el comisionado en retiro, Leandro Osorio, quien cuestionó el nombramiento de una persona “sin el conocimiento, sin la experticia en materia de seguridad” como presidenta de la Comisión Interventora.
En este puesto fue designada mediante acuerdo publicado en La Gaceta el 20 de julio de 2023 la abogada Miroslava Cerpas, después que su predecesor y también abogado, Roberto Reina, salió sorpresivamente del cargo.
911 reactivado
Uno de los cometidos de la Comisión Interventora era declarar nulo el contrato del 911 con la empresa Dynamic Corporation, que el 31 de agosto de 2022 suspendió los servicios de videovigilancia por falta de pago.
El servicio se restableció parcialmente el 14 de marzo de 2023 después que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) asumió la plataforma tecnológica.
“Yo no sé, Miroslava (Cerpas) realmente qué capacidad tiene para poder tomar un espacio tan importante como es la seguridad, como es el 911”, criticó Estrada.
Cerpas, exalumna de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio Gamero, fue una de las fundadoras del Frente Estudiantil Revolucionario Normalista, con el que salió a las calles para manifestarse contra el golpe de Estado de 2009 y “por la refundación del Estado”.
Antes de pasar al 911, Cerpas fue subdirectora de la Dirección de Servicio Civil, donde tuvo enfrentamientos con el entonces director, Juan Leonardo Bú, a quien acusó de ser del Partido Nacional y de despedir a gente de Libre, por lo que ambos fueron suspendidos y luego separados de sus respectivos cargos.
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Despidos y pugna interna
Los despidos en el 911 comenzaron tan pronto inició funciones la Comisión Interventora, pero Roberto Reina los hizo más consensuados y sólo separó a los empleados administrativos, dijo a Expediente Público Carlos Ochoa, vocero de los exempleados.
Por no hacer despidos desproporcionados, Reina entró en conflicto con los otros dos miembros de la Comisión Interventora, Gosset Moncada y Gerardo Hernández, quienes “hablaron contra de él” con el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Castro, para quitarlo del cargo.
Querían “limpiar” el 911 de empleados del Partido Nacional y dejar sólo gente de Libre, agregó Ochoa, quien calcula que los despidos podrían superar los 3,500 a nivel nacional.
A pesar de su trayectoria como galardonada defensora de derechos humanos, la funcionaria ha sido señalada de abuso de poder por empleados y exempleados del 911 y su gestión ha estado marcada por protestas por atrasos de salarios y despidos injustificados y sin prestaciones.
Expediente Público pidió una entrevista a Cerpas, pero delegó para ese fin a la jefa de Relaciones Públicas del 911, Francia Reyes.
Sistema 911 responde
Reyes respondió que “la decisión de retirar a los empleados que estuvieron durante siete años en el sistema es precisamente por todas las anomalías” administrativas o por “el hecho de que el sistema fuera manejado por el narcotráfico, por la delincuencia, por personas que trabajan en forma ilícita”.
“No estamos diciendo que el personal era delincuente o algo por el estilo, nada que ver, pero sí, los altos rangos eran así”, agregó.
En septiembre de 2023, Cerpas denunció un desfalco en el 911 mayor que el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y declaró que se había depurado al personal corrupto en un cien por ciento y que el cinco por ciento que pasó las pruebas de confianza fue recontratado.
Un exempleado del 911 que pidió omitir su nombre ya que está en proceso una demanda contra el Estado por despido injustificado, aseguró a Expediente Público que la razón para nombrar una Comisión Interventora fue porque “requerían buscar estrategias para despedir al personal (…) Esa fue la única función de la Comisión”, es decir, “llenar de activistas políticos un sistema de emergencia que protege la vida de las personas”.
Sobre las denuncias de Cerpas de que el 911 estaba cooptado por el narcotráfico, Estrada ponderó que “no hemos visto realmente ninguna prueba que nos indique que eso que está acusando retóricamente es cierto, y tampoco hemos visto cuál es el plan para poder evitar que eso vuelva a ocurrir”.
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¿Qué papel tiene “Mel” Zelaya?
El 12 de agosto de 2023, el exmandatario Manuel Zelaya, asesor presidencial y esposo de Castro, encabezó en el Salón Morazán de Casa Presidencial la “Refundación del Sistema Nacional de Emergencia” acompañado de Cerpas.
“Ustedes están propuestos para un proceso de contratación”, dijo Zelaya a los presentes que escucharon su monólogo durante dos horas hasta que por fin anunció que: “Vamos a hablar un poco del 911 y, como el 911 es un organismo de seguridad nacional, fuera cámaras”, con lo que cesó la transmisión en vivo que hacía el Canal 8 (oficial).
El evento fue parecido a otros que desde abril de 2022 realiza el exmandatario junto a directores o ministros de entidades públicas que llegan a la sede del Ejecutivo para firmar contratos de trabajo con las bases de Libre, en el marco del denominado Programa Mártires de la Resistencia, con el que hasta agosto de 2022, es decir, en seis meses de gobierno, se habían entregado sólo en Tegucigalpa 1,324 plazas en el sector público.
Para el asesor presidencial, cuyo partido se encuentra en campaña prematura de cara a las elecciones de 2025, “los territorios”, como ha clasificado a sus grupos de apoyo, son base fundamental de su proyecto político, de ahí que cumplir una de las principales demandas, el empleo, es una estrategia clave para sostener su adhesión.
Y “no solo en el 911, casi todas las instituciones relacionadas al 911 y las instituciones públicas están bajo el criterio de Manuel Zelaya y eso es peligroso porque no fue la persona que el pueblo eligió para llevar las riendas del país”, dijo una fuente anónima.
“Los sesgos de esta persona en contra de todo lo que no haya pensado igual que él en el pasado son peligrosísimos, son nocivos para la administración de un Estado”, indicó.
“No me sorprende que sea él (Zelaya) quien está tomando el control, él y las personas cercanas que tienen una alta desconfianza, imaginando golpes de Estado, imaginando conspiraciones por todos lados”. El tema de las cámaras de seguridad es un recurso que no dejarían en manos de un tercero, apuntó Estrada.
Precisamente, por eso es que Miroslava Cerpas, después de lo que ocurrió en Servicio Civil “aparece ahora tomando control de la Comisión Interventora del 911 sin dejarnos claro exactamente qué es lo que están interviniendo”, añadió.
¿Sin pruebas de confianza?
Aunque Zelaya también ha dicho que, se le realizarían pruebas de confianza a los empleados del 911, estos “sólo llegaban con el currículum firmado a trabajar”, afirmó Ochoa, quien fue despedido en julio de 2023.
“Ellos no capacitaron a nadie, es mentira, no les han hecho ninguna prueba de confianza”, aseguró.
En cambio, antes de que entrara el nuevo gobierno, “cada seis meses nos mandaban a hacer pruebas de confianza a las oficinas de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones)”.
Se le consultó al director de la DPI, Eduardo Turcios, cuántos empleados del 911 han sido sometidos a pruebas de confianza en el último año, pero no respondió a los mensajes que se le enviaron por Whatsapp.
Para Estrada, “dentro de este desorden, dentro de este hábito que aparentemente tiene el gobierno de contratar gente del partido” sin importar capacidad y formación, sino para mantener ciertas lealtades, “se corre el peligro de que se esté colocando la gente menos capacitada para poder enfrentar la presión que viene desde los carteles” que buscan penetrar instituciones de seguridad.
“Lo que sí podemos intuir es que se está pensando en el 911 como un espacio para contratar activistas y creo que eso más bien terminará dañando esa estructura” a nivel operativo y de credibilidad, alertó Estrada.
“En el momento que nos damos cuenta de que la estructura está siendo utilizada para perseguir opositores, para vigilar personas incómodas para el gobierno, entonces sería un gran desprestigio para el país, sería un golpe muy duro para la política de seguridad del gobierno y nada de lo que está ocurriendo ahorita nos indica que no hay peligro de que eso no pueda ocurrir”, puntualizó.
