*Para el experto en política internacional, Graco Pérez, el gobierno de Xiomara Castro en Honduras busca ganar tiempo con Estados Unidos mientras lleva su proyecto político en otra dirección.
***Entre junio y diciembre Honduras pagará 630 mil dólares a una firma privada para que en Estados Unidos le “pinten bonito” el panorama de ese país aliado de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
***Lobby para mejorar relación con Estados Unidos refleja política contradictoria del gobierno de Honduras, aseguran expertos abordados.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
¿Qué resultados pretende el gobierno de Honduras con la contratación de una firma lobista en Estados Unidos mientras, por otro lado, maneja una retórica antiestadounidense y estrecha lazos con países que son antagónicos a Washington?
Esa es una de las preguntas que surge a raíz del contrato suscrito entre la Secretaría de Relaciones Exteriores hondureña y un bufete internacional y que deja también varias lecturas preocupantes sobre la política exterior del llamado gobierno del socialismo democrático que encabeza la presidenta Xiomara Castro.
Las relaciones entre el gobierno de Castro y Estados Unidos comenzaron tan bien, que a su toma de posesión el 27 de enero de 2022 asistió la vicepresidenta Kamala Harris.
Sin embargo, la mandataria hondureña ha desdeñado oportunidades para tener contacto al más alto nivel con el gobierno estadounidense, como cuando el presidente Joe Biden la invitó a la Cumbre de las Américas, que se realizó en junio de 2022, y ella se negó a asistir porque no habían sido incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Pero, por otro lado, sí estuvo presente en la tercera investidura en Brasil de Lula da Silva, en diciembre de 2022, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Argentina, en enero pasado, y este 14 de junio concluyó una visita oficial de seis días a China, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas.
Contradicción e incoherencia
“Entonces, todos esos mensajes son claros y ahí no hay lobby que funcione”, dijo a Expediente Público el abogado y experto en política internacional, Graco Pérez.
El lobby es conocido como un conjunto de personas que hacen presión o cabildeo dirigido a influir ante diferentes naciones, organismos o líderes para promover decisiones favorables a los intereses de un país.
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Desde sus comienzos, el gobierno de Castro ha manejado un discurso antiestadounidense y no son pocas las veces que el canciller Reina ha confrontado a funcionarios de ese país norteamericano por publicaciones que han hecho en Twitter y que son percibidas como una crítica.
Pero en el gobierno hondureño se han abstenido de cualquier opinión contraria cuando se trata de sus países aliados ideológicamente, incluso en aquellos casos que atañen a sus propios ciudadanos.
Migración como elemento de negociación
Para el caso, cuando el régimen de Daniel Ortega negó el paso a 33 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que iban de excursión a Costa Rica, el ministro de Migración reaccionó que se trataba de una decisión “muy soberana”.
En ese sentido, el analista internacional y catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica, Carlos Cascante Segura, dijo a Expediente Público que la presidenta Castro y su esposo, Manuel Zelaya, “quieren desde el discurso político establecer una separación con los Estados Unidos”, un lujo que Honduras y otros países centroamericanos pueden darse al tener el tema de migración como un elemento de negociación.
Pero, en el nivel pragmático, el gobierno de Castro entiende que no puede estar alejado de los Estados Unidos y que debe mantener una relación con ese país.
Y es que por más que Honduras se acerque a China y busque grupos de países alternativos, “separar y eliminar los lazos con Estados Unidos es muy complicado, casi imposible”, señaló el analista.
Para Graco Pérez, resulta también un poco incoherente tener algunos acercamientos con unos países y, por otro lado, querer buenas relaciones con otros que les son antagónicos.
“Entonces pareciera que hubiera mucha confusión y a lo único que se respondiera fuera a un interés de tipo político ideológico y no a un interés de tipo nacional”, apuntó.
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A su criterio, el viaje de Castro a China no es, de una u otra forma, del agrado del gobierno de Estados Unidos, “¿será ese el trabajo que quizá quieren que les hagan lobby?”, se preguntó. Sin embargo, consideró que la cercanía de Honduras con China, Rusia, Venezuela, Nicaragua y Cuba es evidente y esa percepción no se va a cambiar haciendo lobby.
¿Una estrategia para ganar tiempo?
“El mejor lobby se puede hacer desde el país con una política exterior clara, coherente, consistente, basada en el interés nacional, no en temas de tipo político ideológico”, opinó Pérez.
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Para Graco Pérez también es claro que Honduras no está preparado para un alejamiento total de Estados Unidos, que es el principal socio comercial, fuente de inversión, cooperación y destino de los migrantes que envían las remesas que sostienen su economía.
La contratación de la firma lobista responde a una estrategia, ya que “están tomando el tiempo para llevar un proyecto político en otra dirección”. Por ejemplo, el país se está acercando a China y queriendo ingresar al banco de desarrollo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para tener otras fuentes de financiamiento, recordó el analista hondureño.
De esa manera, podrán disponer de recursos en caso de que no haya resultados con los préstamos que ya se tienen o si produce algún tipo de violaciones a la institucionalidad, libertad de prensa o libre empresa, lo que seguramente traerá una mayor confrontación con Estados Unidos.
“Entonces necesitan preparar ese escenario y lo que quieren es ganar algún tiempo con estos lobistas a ver si logran que el impacto de las acciones que se están tomando en el país no se reflejen tanto en Estados Unidos”, porque eso va a tener una repercusión en el tema político y en las próximas elecciones de 2025.
Contrato sin ninguna garantía
El contrato que firmó la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras con el bufete internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Delaware, tiene como fin “mejorar y profundizar las relaciones de la República con el gobierno de los Estados Unidos de América”, como se lee en el documento.
Por esos servicios, Honduras pagará a la firma 90 mil dólares mensuales durante siete meses, comenzando el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del presente año, lo que suma un total de 630 mil dólares sin contar con otros gastos como la contratación de “personas con capacitaciones o experiencias especiales”.
La figura central de la firma lobista es el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, cuya firma aparece en el contrato con el gobierno hondureño, representado por el canciller Reina, quien declaró a los medios el pasado 5 de junio que se trataba de una “inversión”.
Reina dijo también que se buscará cabildear un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS), nuevos programas para migrantes temporales y cambios en el Tratado de Libre Comercio. Es de mencionar que el 13 de junio el gobierno estadounidense anunció la extensión del TPS por 18 meses más para los hondureños.
Arnold & Porter subcontratará a Global Partners LLC, compañía del exembajador estadounidense en Honduras entre 2008 y 2011, Hugo Llorens, quien se encargará de la asesoría y el diseño de la estrategia.
Cascante Segura expuso que en estos contratos de lobi los gobiernos buscan firmas y personas de su confianza porque se manejan temas muy sensibles.
Y entre el exembajador y Zelaya “hay una relación personal”, dijo Pérez por su parte.
Venden red de contactos
En el contrato, Arnold & Porter deja claro que “no podemos hacer promesa o dar garantía alguna con respecto al resultado” y que, si “el asunto no avanza o no llega a la conclusión deseada por algún motivo, la República sigue siendo directamente responsable de todos los costos y gastos”.
Además, el gobierno de Honduras renuncia a todo reclamo por conflicto de intereses y acepta un arbitraje confidencial y vinculante en Washington en caso de resolución de disputas.
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“Estas firmas, generalmente muy bien posicionadas en los Estados Unidos, buscan de muchas maneras evitar generarse responsabilidades y posibles conflictos del orden judicial”, dijo Cascante Segura.
El lobista, especialmente en los Estados Unidos, lo que vende es su red de contactos y en general no asegura resultados sino el trabajo de posicionar ideas, pero no que estas se lleven a la práctica, amplió el analista costarricense.
Pérez, por su parte, consideró que el gobierno de Honduras debió haber establecido objetivos claros de qué debería de hacer el bufete.
Gasto innecesario
Pero si lo que se quiere es tener buenas relaciones con Estados Unidos, como dice el contrato, “eso en teoría podría hacerlo la embajada de Honduras en Washington y no necesitaría contratar un lobby porque va a pasar el tiempo, no vamos a ver resultados, pero igual se le tiene que pagar lo acordado a esa empresa”, sostuvo el analista hondureño, quien ve complicado usar ese mecanismo para cambiar una imagen que es evidente a nivel internacional.
Aunque se señala que todos los gobiernos han hecho lobby, Pérez mencionó que en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández sus relaciones con Estados Unidos eran muy tensas por los cuestionamientos que se le hacían, entonces él necesitaba que le hicieran cabildeo en ese sentido.
Cascante Segura dijo también que ha sido muy común que países con debilidades en sus cuerpos diplomáticos o que tienen una enorme carga de imagen negativa en el ámbito internacional recurran al mecanismo del lobby para mejorar la percepción sobre ellos y alcanzar ciertos objetivos en capitales mundiales, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa y algunas naciones asiáticas.
No obstante, considera que para obtener resultados es indispensable que el lobby vaya acompañado de un ejercicio diplomático sólido y con una claridad de lo que se quiere en el mediano plazo.
A su juicio, es esperable que este tipo de medidas generen resquemores y dudas razonables sobre el empleo de los fondos públicos, en parte por la falta de transparencia sobre los alcances de los contratos, pero también porque mientras en Estados Unidos hacer lobi es una actividad permitida y hasta regulada, en los países centroamericanos recuerda los peores actos de favoritismo.
