*Asamblea Nacional aprobó con “carácter de urgencia” una iniciativa de reforma al artículo 97 de la Constitución Política y a la Ley de la Policía Nacional.
**La reforma somete al cuerpo policial por completo y eliminó el carácter “profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante”.
***La experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, considera la reforma constitucional y policial es la confirmación y el último paso a la “institucionalización del Estado policial” en el país centroamericano.
Expediente Público
El Parlamento nicaragüense aprobó con “carácter de urgencia” una reforma al artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872) que convierten a la institución en la nueva “guardia nacional” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo e institucionaliza el “Estado policial” instaurado desde 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica.
Con el voto de los 91 diputados –en una Asamblea dominada por el oficialismo y partidos colaboracionistas- las dos reformas fueron aprobadas este 5 de julio de 2023. A partir de la reforma, del artículo 97 de la Constitución, el cual establece el marco legal de las fuerzas de seguridad, la Policía se convierte en un “cuerpo armado” y subordinado al régimen de Ortega, eliminando su “naturaleza civil” de la institución.
El texto aprobado refiere que la Policía Nacional “depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego política a la que guardará respeto y obediencia en el cumplimiento de sus funciones”.
“Eso de lo que habla es de un aparato, de una institución, con una forma de organización con un tipo de función y estructura completamente distinta (…) Le da preeminencia a la subordinación directa a la figura de la Presidencia”, explicó la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra.
“Se hace a un lado el modelo preventivo, proactivo, comunitario que resaltaba la participación de las personas, habitantes, la familia y la comunidad. En este caso, el énfasis está en la misión, la función, relacionada con preservar el orden social, el orden interno, habla de proteger la vida de los habitantes y velar por los bienes nacionales, sociales y particulares”, agregó la también directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).
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Institucionalización del Estado policial
La experta en temas de seguridad señaló la reforma se enmarca en el contexto de la “institucionalización del Estado Policial”. Desde 2018, Nicaragua vivía un estado policial de facto instaurado por el régimen, quien a partir de la rebelión de abril suprimió «todas las libertades”, como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El control de los organismos e instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como la Policía Nacional, el Ejército y la creación de aparatos de control y vigilancia de la ciudadanía como los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), facilitó que el país se transformara en un “Estado policial”, señaló la CIDH en su informe «Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua«.
La reciente reforma es comparable con el decreto legislativo del 14 de mayo de 1925 que creó a la otrora Guardia Nacional y que indicaba también que se trataba de una instancia destinada a la “mantener el orden social» y «la conservación del orden público», primero funcionaba paralela al Ejército, pero años después asumió su rol, haciéndolo desaparecer.
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“Eso hace que la Policía sea proclive a las disposiciones que emanan directamente de la presidencia, sin ningún tipo de principio, ni doctrina, que pueda frenar las disposiciones centralizadas del Ejecutivo”, añadió Cuadra.
El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, acusó a ciertos sectores de tratar de hacer una “alharaca” y un elemento “distractor” sobre el tema. “Como si esas cosas son las que determinan el actuar, aquí lo más importante es que estamos reafirmando una policía que además de cuidar y preservar el orden interno, también preserve el orden social, y preserva la vida de los ciudadanos, sus bienes y los bienes de las instituciones”, sentenció el sandinista.
La reforma recibió el respaldo de las otras bancadas que desde hace varios meses vienen plegándose al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Asamblea Nacional. No obstante, por tratarse de una reforma constitucional antes de entrar en vigencia, debe ser aprobada en segunda legislatura.
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Castigo a policías desertores
Por otro lado, la reforma a la “Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872)”, que también contó con el respaldo de los 91 diputados, añadió tres artículos: delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y por último la deserción que antes no existía en el marco normativo de la institución.
Cuando un oficial “sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
“El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
Las iniciativas presentadas coincidieron con una publicación en Twitter del abogado, Yader Morazán, en la que denunció que la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en el departamento de Matagalpa, desertó de las filas policiales y se fue a Estados Unidos.
La jefa policial llegó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario implementado por el Gobierno de Estados Unidos para responder a la crisis migratoria.
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Sanciones internacionales
“Frente a las deserciones, a las fugas y al descontento que hay a lo interno de la institución se está tratando de introducir medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos y que el aparato policial no se vea reducido en su número o en sus capacidades”, añadió Cuadra.
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En esa misma línea, Javier Meléndez, experto en temas de Seguridad y director del centro de pensamiento Expediente Abierto, señaló que es evidencia de que al menos el “desasosiego prevalece en esa maquinaria de represión”.
“Sin dudas, el régimen y sus operadores han medido que en la tropa y buena parte de la oficialidad hay hartazgo de que sean usados para reprimir al pueblo”, señaló Meléndez.
La entidad la preside el primer comisionado y sancionado Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Rosario Murillo. Bajo su mando, la institución fue acusada por el Departamento del Tesoro en julio de 2018, de que “ha cometido graves abusos contra los derechos humanos del pueblo de Nicaragua”.
La Policía fue acusada de “disparar indiscriminadamente y matar a manifestantes pacíficos” en los momentos más álgidos de las protestas. La CIDH registró al menos 355 personas asesinadas en ese contexto.
Frente a esto, las reformas pretenden “proteger” a los policías bajo el temor de acusaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad, pues se sugiere que sus acciones solo están sancionadas bajo el código penal y las leyes nicaragüenses.
