* La reforma de Ortega y Murillo permite a funcionarios de Migración y Extranjería de Nicaragua portar armas de fuego y disparar contra migrantes.
** A pesar de las nuevas medidas de Nicaragua, continúa cruce de migrantes por trochas desde y hacia Costa Rica.
Expediente Público
“Luis Alberto”, quien reside en Costa Rica, estaba en Nicaragua cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó las reformas que criminalizan la migración irregular.
Este nicaragüense cruzó de manera irregular desde Costa Rica y, al enterarse de la nueva medida, sintió miedo de regresar al país donde ha vivido los últimos dos años.
La Asamblea de Nicaragua aprobó la reforma a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, el 28 de noviembre de 2024, permitiendo a la policía detener discrecionalmente al migrante que considere una amenaza para el régimen.
“Luis Alberto”, que prefiere usar un seudónimo para evitar represalias, regresó a Nicaragua para alquilar una propiedad en la capital Managua.
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“Tenía amarrada (a punto de alquilar) la casa. No me importaba dejar eso tirado (abandonado), lo que no quería era que me separaran de mi familia que había quedado en Costa Rica”, aseguró a Expediente Público.
Los diputados sandinistas y sus aliados también reformaron la Ley 641 del Código Penal de Nicaragua, que impone de dos a seis años de prisión a “quien ingrese, salga o pretenda salir del territorio nacional” evadiendo los controles migratorios “con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía”.
Continúan cruces de migrantes
Expediente Público habló con uno de los llamados “coyotes” que cruza migrantes por los “puntos ciegos” de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, quien afirma que, por ahora, “todo está normal”.
“La gente está con miedo y algunos (nicaragüenses) se echan para atrás (…) Otros dicen que tienen fe y van a viajar”, relata “Adrián”, un joven de 28 años que prefiere mantener el anonimato por razones de seguridad.
La Organización Internacional para las Migraciones monitoreó tres cruces irregulares o “trochas” en el norte de Costa Rica y registró 12,528 movimientos de personas entre el 27 de diciembre de 2021 al 31 de enero 2022.
Quita nacionalidad y disparan a migrantes
A pesar de sus temores, “Luis Alberto” cruzó por las trochas en la frontera de Peñas Blancas, utilizadas por miles de nicaragüenses que evaden los controles migratorios de ambos países.
“Ese día que volvía (a Costa Rica), iban otros para Nicaragua. Gracias a Dios no tuve problemas y solo pagué por el cruce, algo así como un impuesto a los ticos para pasar por sus propiedades”, recuerda el migrante.
La reforma migratoria entró en vigor el 29 de noviembre de 2024 e incluye el retiro de la nacionalidad a quienes sean condenados por “traición a la patria”. Además, aumenta los controles de ingreso y salida del territorio e impone cárcel a quienes crucen las fronteras irregularmente.
También se autoriza a los funcionarios de Migración y Extranjería a portar armas de fuego y disparar discrecionalmente para “prevenir” actividades que puedan “menoscabar el orden constitucional”.
Reforma migratoria con derechos humanos
César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), explicó que los Estados tienen derecho a regular el ingreso y permanencia de personas en sus territorios, pero deben hacerlo en cumplimiento de los tratados internacionales que reconocen la migración como un derecho fundamental.
“Aquí el tema es cómo estamos viendo el tema de migración, si lo estamos viendo como una política más de regulación del Estado, una política más represiva, más de control, más del tema de seguridad nacional que más del tema de derechos humanos”, dijo Castillo a Expediente Público.
Castillo enfatizó que “las políticas migratorias no deberían de ser tan restrictivas como en el caso de Nicaragua.
Criminaliza a quien escapa de la represión
Braulio Abarca, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, dice a Expediente Público que el objetivo de la reforma migratoria es “castigar y criminalizar”.
“Es públicamente conocido que el Ejército vigila la frontera norte de Nicaragua y la frontera sur, y que, cuando (las personas) son detenidas por militares, uno, son llevados directamente a la policía; o dos, son detenidos y enjuiciados”, señaló Abarca.
Los cambios en la ley no buscan frenar la migración irregular, sino criminalizar a quienes intentan huir de la represión, afirmó la activista política Alexa Zamora.
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“Este tipo de reforma no está orientada a evitar que las personas que, por ejemplo, residen en Costa Rica ya hace muchísimos años puedan ingresar, pero sí, está orientado, digamos a controlar”, dijo Zamora a Expediente Público.
Represión transnacional
Abarca dice que el régimen implementa la represión transnacional contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas “y que les puede realizar, incluso, juicios en ausencia”.
La reforma migratoria de Daniel Ortega multa con USD1,000 a quien evada el control fronterizo con fines ilícitos.
El régimen puede negar el ingreso a quienes considere una amenaza a la integridad nacional, una medida aplicada contra cientos de opositores detenidos y sentenciados.
Migrantes hacia Costa Rica
Hasta octubre de 2024, Migración y Extranjería costarricense registró 243,841 solicitudes de refugio de nicaragüenses.
La reforma migratoria del régimen coincide con las fiestas de Navidad y Fin de Año, cuando muchos nicaragüenses en Costa Rica regresan al país.
En enero de 2024, la OIM registró 62,233 movimientos migratorios en los puestos fronterizos oficiales de Peñas Blancas y Las Tablillas.
¿Una respuesta a Estados Unidos?
Nicaragua a su vez es una puerta de la migración irregular hacia Estados Unidos que deja millones de dólares de ganancias al régimen Ortega Murillo.
La investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto “Instrumentalización de la migración en América Latina como ejercicio de guerra híbrida contra Estados Unidos de América”, expone que la migración irregular es una herramienta política de manipulación para desestabilizar a Estados Unidos.
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Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), cree que la reforma migratoria “no es casualidad”.
“Tiene que ver con la política migratoria de (Donald) Trump y algún tipo de intercambio que se pueda dar, diciéndole que ellos (el régimen) también están actuando con respecto a la migración”, refirió Martínez a Expediente Público.
La amenaza de Trump
Donald Trump regresa a la Casa Blanca con una campaña centrada en ejecutar la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos.
Ortega y Murillo buscarían congraciarse con Trump.
“Nuestros países se han visto desbordados en el tránsito de migración (…) hemos tenido flujos migratorios exponencial de países de Sudamérica, principalmente Venezuela, incluso algunos haitianos, cubanos que han emprendido la ruta hacia el norte”, mencionó Castillo.
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Mientras, Abarca anticipa que pronto podrían trasladar casos desde las fronteras para ser “juzgado por haber entrado irregular” a Nicaragua.
Pero, María Laura Alvarado, activista política nicaragüense, considera que todo es parte de la consolidación en el poder del régimen.
“El flujo migratorio, ya sea de migrantes económicos o de exiliados políticos, va a ir en aumento mientras el régimen esté en el poder”, agregó Alvarado.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó de que en Nicaragua adopta “políticas cada vez más represivas que aumentan el poder del Estado para castigar a la disidencia”.
