*La destitución aún no anunciada oficialmente del presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas, expone una vez más el sometimiento del sistema de justicia a los intereses del presidente Daniel Ortega y la necesidad de una profunda reforma al Poder Judicial.
Expediente Público
La destitución esta semana de un magistrado considerado fiel al régimen de Daniel Ortega, por admitir recursos judiciales en contra de las decisiones del Tribunal Electoral que afectaron al principal partido opositor en Nicaragua, ratificó que en Nicaragua de la represión estatal no se escapan los funcionarios que se enfrentan o cuestionan los intereses y el control político del presidente y del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En medio de inusitados procesos judiciales contra 37 opositores en las cárceles policiales de la Dirección de Auxilio Judicial, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), en la capital de Nicaragua, admitió recursos del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) por la cancelación de su personería jurídica y de la Universidad Centroamericana (UCA), alma mater jesuita que litiga por las asignaciones presupuestarias contra el progobierno Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El magistrado Gerardo Rodríguez Olivas pagó esta acción con su destitución de facto: medios y redes sociales afirman que su casa fue allanada por la policía, le quitaron el pasaporte y su licencia de conducir este domingo 3 de octubre.
Hasta ahora ni el Gobierno de Nicaragua ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han confirmado la noticia.
Rodríguez Olivas no era cualquier juez, tenía la presidencia del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), continuamente reelecto desde hace más de una década, se graduó en la década de los 70 en León y estaba en Apelaciones desde los años 80.
En marzo de 2021 fue reelecto presidente del TAM por unanimidad de los magistrados de las cinco salas del departamento de Managua.
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Un exalumno de Rodríguez Olivas, quien precisamente fue docente de la UCA recuerda que desde la década de los ochenta presidía una sala civil del TAM y era el administrador del complejo judicial, “era sumamente servil”.
“Coordinaba la seguridad, el ingreso y egreso, las horas de salida y entrada, a los jueces civiles y penales; cuando hacían reuniones en 2018 hicieron juntas con delegados, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, era el representante del complejo, y el enlace con Alba Luz Ramos, la presidenta de la Corte”, manifestó la fuente a Expediente Público que pidió no ser citado debido al riesgo de sufrir represalias por parte del régimen.
¿Por qué solo a uno lo destituyeron?
Otra fuente judicial que conocía a Rodríguez Olivas desde 2005, afirmó a Expediente Público, también pidiendo no ser citada, a que es muy probable una falta de cálculo político del magistrado, quien era una ficha leal al régimen y tenía más de dos décadas de servicio en los TAM, es decir, desde antes que Ortega llegara al poder en 2007.
Sin embargo, el primero de octubre el Tribunal de Apelaciones de Managua admitió un recurso de amparo del partido opositor CxL contra la cancelación de su personería jurídica por el Consejo Supremo Electoral (CSE), acción que habían introducido los opositores dos meses antes.
Sin embargo, Rodríguez Olivas tuvo que actuar de forma colegiada con las magistradas de la Sala Dos del TAM, integrado también por los jueces Perla Arróliga y Vida Benavente.
El lunes 4 de octubre, la misma sala se retractó y no dio a lugar al recurso, pero solo Rodríguez Olivas es el único sancionado de la Sala 2, hasta ahora.
“Me sorprende, ¿qué lo llevó a tomar esas decisiones, porque estaba advertido? Quizá quiso evitar ponerse en el radar y el costo político de no admitir los recursos, sobre todo, de CxL, prefirió darle la responsabilidad a la Corte Suprema que lo resolviera. No es que se volvió honesto, o que se volvió azul y blanco (opositor), era una cuestión de oportunismo para él”, indicó el judicial consultado.
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El reemplazo y un ascenso
La salida de Rodríguez Olivas deja el puesto de presidente del TAM libre. La vicepresidenta del tribunal debería asumir, al menos, de forma interina: se trata de Adda Vanegas Ramos, sobrina de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos. La magistrada Ramos está sancionada por la Unión Europea por «la instrumentalización del Poder Judicial a favor de los intereses del régimen de Ortega».
Sin embargo, en diferentes medios nicaragüenses se publicó que el ascenso en el TAM de Ernesto Rodríguez Mejía, el judicial que condenó a Brandon Lovo y Glen Slate por el crimen del reportero Ángel Gahona en abril de 2018, aunque la familia de la víctima asegura que fue la policía quien mató al periodista en las protestas de ese año en Bluefields, en la Costa Caribe Sur.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mencionó directamente al ahora magistrado Rodríguez Mejía, en su informe de 2019, por impedir el ingreso de los relatores al juicio por el asesinato del periodista Gahona, una audiencia que debía ser pública.
Rodríguez Mejía llevó también los juicios contra el líder estudiantil Edwin Carcache y contra un grupo de manifestantes opositores del municipio Sébaco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua, posteriormente fue nombrado magistrado de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
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Un mes antes de iniciar la crisis sociopolítica de 2018, Rodríguez Mejía condenó a la madre de un migrante camerunés que reclamaba el cadáver de su hijo en Medicina Legal y que denunciaba al Ejército por acribillarlo en el auto en el que los coyotes lo transportaban desde la frontera sur; también llevó el juicio por injurias contra el empresario Milton Arcia, en 2015, el mismo que este año renunció a la candidatura presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
También queda una vacante en el TAM que deberá asumir un juez de distrito, por lo cual es el momento de los funcionarios colaboracionistas del régimen para subir en el escalafón judicial, asumió una de las fuentes consultadas.
A partir de la crisis de abril 2018 en Nicaragua, una de las primeras iniciativas, aunque aún emergente, que empezó a abordar la necesidad de una reforma profunda al sistema de justicia en Nicaragua fue Acción Penal.
Pese a que hay trabajos internacionales de apoyo al tema de justicia, en Nicaragua no ha quedado una capacidad instalada en la sociedad civil, no hay una organización como en otros países de la región que son ONG especializadas en monitorear los temas de reforma e independencia judicial, por lo cual, “es un desafío empezar a generar una plataforma de organizaciones que se involucren con el tema de agenda judicial para trabajar localmente el tema”, indicó a Expediente Público la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) en una consulta realizada en octubre de 2019
