*El pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, firmado en 1998, parece seguir teniendo vigencia en 2021.
**En 2011 el PLC constituía la tercera fuerza política del país, pero en 2016 Ortega “lo rescató” y colocó como el segundo partido con más curules en la Asamblea Nacional después del FSLN.
***Golpe de timón: a inicios de este año el PLC vivió una litis interna en la que su presidenta María Haydée Osuna, que en 2019 votó a favor de la reelección de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional, destituyó al círculo cercano del expresidente Arnoldo Alemán, otrora socio político de Daniel Ortega. Ahora, a Osuna se le ha visto muy colaboradora con el FSLN pese a que públicamente ha dicho es su “adversario político”.
Expediente Público
El pacto firmado en 1998 entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que transformó el sistema político y sentó las bases para acabar con la institucionalidad en Nicaragua, parece seguir teniendo vigencia en el país centroamericano después de dos décadas, según el análisis de fuentes consultadas por Expediente Público.
Uno de los más recientes casos que ofrece indicios de que el PLC sigue actuando en contubernio con el FSLN ocurrió el 6 de agosto de 2021, cuando en cuestión de horas el Consejo Supremo Electoral (CSE), un tribunal controlado por magistrados sandinistas, a petición de la diputada liberal y presidenta nacional del PLC, María Haydeé Osuna, emitió una resolución para sacar del proceso de elecciones a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Osuna presentó dos demandas aduciendo que CxL estaba realizando “acciones contrarias” a las obligaciones de los partidos políticos y que Kitty Monterrey, como representante legal de la organización política, no cumplía con lo establecido en el artículo 49, numeral 6, de la Ley Electoral que dice que el nombre de su representante legal y su suplente, “deberán ser nicaragüenses”.
“La presidenta nacional (del PLC) toma decisiones a título personal con cinco personas ahí, yo estoy asustado y sorprendido. Yo era el candidato oficial del partido y ni siquiera me tomaron en cuenta. Mi idea es no ir a sacar un partido democrático a impugnarlo. Yo creo que aquí todos teníamos derecho y que ganara el mejor, eso es lo que quiere Nicaragua”, señaló el empresario nicaragüense Milton Arcia al referirse a la solicitud que hizo Osuna ante el CSE.
Arcia era el candidato presidencial por el PLC para las elecciones, pero después de conocer la impugnación de CxL valoró renunciar. La presidenta nacional del partido, sin embargo, antes de que Arcia renunciara, el 7 de agosto de 2021, inscribió ante el CSE al diputado Walter Espinoza Fernández como su nuevo candidato presidencial.
“Yo soy un hombre demócrata y he luchado por la democracia, y por eso estamos, haciendo el último esfuerzo en Nicaragua. Sacamos a Arnoldo, sacamos a la esposa, sacamos a todos los zancudos que estaban ahí (…). Yo soy hombre claro, franco y transparente que quería a estas elecciones y que aquí ganara el mejor, pero aquí seguimos todavía con puñaladas traperas y yo no me presto a eso”, enfatizó Arcia.
La carta que presentó Osuna ante el CSE fue firmada por los “miembros de la junta directiva nacional” del partido liberal, entre ellos el actual candidato Walter Espinoza Fernández, quien acusó a CxL de querer “destruir” al PLC.
“Quería destruir al PLC y no es de este momento, le estoy hablando de tiempos atrás hasta el tiempo de hoy, un CxL o un PLI con todos los que han estado con Eduardo Montealegre, el verdadero pactista que fue a reconocer al señor Daniel Ortega (…). Hasta el día de hoy, todas estas cúpulas, el partido que ha estado dentro de Eduardo Montealegre o CxL han venido destruyendo al Partido Liberal Constitucionalista”, dijo Espinoza Fernández en entrevista con Expediente Público.
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Entre los firmantes de la solicitud también aparece el extitular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Martín Aguado, acusado por actos de corrupción y que estuvo prófugo de la justicia nicaragüense a inicios de la década del 2000.
Desde la perspectiva de la politóloga Carmen Chamorro, la expulsión de CxL de la contienda electoral fue una “estrategia más del régimen”, en la que usó al PLC para lograr su objetivo.
“Al PLC ni siquiera le compete hacer eso que hicieron con el CxL (…). Ellos le tratan de sacar provecho a cualquier otra herramienta que les pueda servir para lograr su objetivo. Y en este caso, yo creo que eso fue lo que hicieron, manipularon a las personas que todavía tienen aliadas dentro del PLC para que metiera esta denuncia en contra de Kitty Monterrey y del partido que presidía ella para sacarlos de la competencia”, señaló Chamorro, quien es también activista de Construimos, una organización de jóvenes que se fundó a partir del estallido social de 2018.
Otra movida política en destitución de concejales
En una nueva movida política, el CSE atendió más recientemente otra solicitud de la presidenta nacional del PLC al destituir a siete concejales de diferentes municipalidades del país.
La resolución del 19 de agosto de 2021, retira la “condición de concejales” a Douglas Martín Ulloa Pereira, del municipio de San Jorge en Rivas y Marco Antonio Torrez Meza, de Nindirí en el departamento de Masaya.
En el departamento de Matagalpa se retira la condición como concejal a José Francisco Orozco Leiva, de San Dionisio; Marileth del Socorro Vallejos Rayo, de Ciudad Darío y Teudys Castrillo Martínez, del municipio de Esquipulas.
Mientras que en Managua a Carlos Humberto Bonilla Alfaro y José Agustín Cedeño Garay les fue aplicada la misma medida a solicitud de Osuna.
La solicitud habría sido presentada el 8 de julio de 2021 y Osuna, en calidad de representante legal del partido, pidió al CSE “tener por excluidos en forma definitiva” del PLC a los concejales antes mencionados.
Los concejales, según el CSE, violaron el artículo 68, párrafo quinto, de la Ley Electoral que señala que las y los funcionarios electos mediante sufragio universal por listas cerradas propuestas por partidos políticos o alianza de partidos políticos, “que se cambien de opción electoral en el ejercicio de su cargo, contraviniendo el mandato del pueblo elector expresado en las urnas, perderán su condición de electo o electa debiendo asumir el escaño una o un suplente de acuerdo al procedimiento establecido en la presente Ley ante la falta definitiva”.
Según la resolución emitida por el CSE, los concejales destituidos “han venido teniendo comportamiento fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales dentro de su organización política”.
Los concejales fueron sustituidos por Mayela Berríos Molina (San Jorge), María Elena Sánchez (Nindirí), Rosa María Laguna (San Dionisio), Juan Ortega Bermúdez (Ciudad Darío), Silvio Otero Loáisiga (Esquipulas), Delfa Carcache López y Benjamín Bartolo Castro, estos últimos para el municipio de Managua.
Listen to «PLC, el partido colaboracionista del FSLN» on Spreaker.El caso de María Fernanda Flores de Alemán
Pese a que Osuna en reiteradas ocasiones ha dicho que el FSLN es su “adversario político”, en el seno de la Asamblea Nacional se le ha visto muy de cerca con los legisladores sandinistas, incluso el 9 de enero de 2019 apoyó la reelección de Gustavo Porras como presidente de la junta directiva del Parlamento.
Aunque se definen como un partido de oposición, Osuna parece contar con el apoyo de la aplanadora sandinista en asuntos legislativos, como ocurrió en el caso de la desaforación de la diputada María Fernanda Flores, esposa de Arnoldo Alemán, el expresidente nicaragüense que fue acusado de corrupción.
La petición de desafuero también fue atendida con beligerancia en el Parlamento nicaragüense, dominado por la aplanadora de diputados sandinistas.
Con 80 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones y 4 presentes, el 26 de noviembre de 2020, la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo aprobó el desafuero, pérdida de la inmunidad y de la condición de diputada de la legisladora María Fernanda Flores Lanzas.
En la acción promovida por Osuna se acusó a Flores Lanzas de violar los estatutos del partido y de afectar la “imagen del PLC”, por ser una persona acusada de corrupción por parte de Estados Unidos.
En su defensa, Flores acusó a la diputada Osuna de ser “aliada del Frente Sandinista” y de venir trabajando en “pacto y alianza” con el partido de Ortega. Posteriormente, el 21 de junio de 2021, la Policía Nacional detuvo a la exdiputada del PLC, quien permanece en su casa bajo custodia policial, investigada por realizar “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, además de “incitar a la injerencia extranjera”.
Meses antes, en enero de este año, la misma presidenta nacional del PLC había solicitado al CSE la destitución de cuatro de sus diputados: Jamileth Bonilla, del Parlamento Centroamericano; los legisladores propietarios ante la Asamblea Nacional Melba Martínez, Paul González y Martha McCoy, esta última suplente.
Adicionalmente, la legisladora solicitó retirar de su cargo al asesor jurídico del partido, Silvio Américo Calderón.
Osuna en ese momento se defendió aduciendo que estaban “limpiando la casa” en alusión al partido. Todos los diputados que fueron retirados de sus cargos eran allegados al expresidente Alemán, que ejerció el liderazgo de esa plataforma política por muchos años.
“Básicamente lo que ha venido haciendo el PLC en estos últimos años es aceptar las reglas del juego que ha impuesto la dictadura. En vez de deslegitimar y en vez de denunciar todas estas leyes irregulares que se han venido aprobando, obviamente, todos los crímenes de lesa humanidad ellos lo han venido viendo como que todo lo que se está haciendo aquí es constitucional y que ellos deben de jugar bajo esas mismas reglas del juego y desde ese principio yo creo que todo está mal, porque no podés jugar bajo las reglas de una dictadura que definitivamente está cometiendo crímenes contra su propia ciudadanía”, señaló Chamorro.
Los Osuna y el caso Fariñas
En las últimas décadas varios dirigentes del PLC que han estado involucrados en actos de corrupción han salido bien librados de las acusaciones, gracias a los “favores” políticos.
El caso más recordado es el del expresidente Alemán, acusado de corrupción el 7 de diciembre de 2003, cuando fue sentenciado a una pena de 20 años de prisión por los delitos de fraude, lavado de activos, y enriquecimiento ilícito.
A través de un cuestionado fallo judicial, el 16 de enero de 2009 la Sala Penal de la CSJ absolvió al expresidente Alemán, quien pasó algunos meses en la cárcel luego de la condena, pero la mayor parte de la sentencia la cumplió en prisión domiciliar.
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“Obviamente el más pronunciado es el de la familia Alemán, pero también hemos visto otros casos como el apoyo que el régimen le ha dado a la familia de María Haydeé Osuna con sus hermanos que han sido acusados de narcotráfico y de lavado de dinero y obviamente en situaciones como estas siempre hay favores dados y deudas con el que te dio el favor”, señaló Chamorro.
La fundación InSight Crime y Expediente Abierto, en julio de este año, en una investigación profunda a partir del asesinato del cantante argentino Facundo Cabral, ocurrida hace diez años en Guatemala, dejó al descubierto cómo los tentáculos del narcotráfico rodean a la Policía y cómo la corrupción ha contaminado la justicia en Nicaragua.
El tiroteo del 9 de julio de 2011 en el que murió Cabral estaba dirigido al empresario nicaragüense Henry Fariñas, quien acompañaba al cantante, y fue planificado por su antiguo socio de negocios, un costarricense llamado Alejandro Jiménez, alias “Palidejo”.
Este caso, al que bien se refiere la politóloga Chamorro, salió a relucir el nombre del exmagistrado suplente del CSE, Julio César Osuna, hermano de la legisladora liberal María Haydeé Osuna, quien posteriormente fue vinculado a una red de tráfico de drogas.
La investigación de InSight Crime y Expediente Abierto señala que Osuna mientras estuvo como magistrado suplente en el CSE era el encargado de emitir documentos de identificación falsos para «El Palidejo”.
El exmagistrado Osuna dirigió una red que proporcionaba documentos de identidad nicaragüense falsos a extranjeros, con la ayuda de su hermano, José, su secretaria, Carolina González, y su abogado Jorge Acevedo, señala el análisis de InSight Crime y Expediente Abierto.
El exmagistrado Osuna, según una nota de prensa del Poder Judicial de Nicaragua, fue condenado en 2012 a 18 años de prisión e inhabilitado en el ejercicio de la profesión de abogado y notario por un periodo de nueve años, pero logró su libertad en menos tiempo.
En 2016, el sistema judicial nicaragüense controlado por el orteguismo, aplicó una medida administrativa de “régimen abierto” a favor del exfuncionario del Poder Electoral quien debía presentarse a firmar una vez al mes en el juzgado, pese a que la diputada Osuna negó cualquier negociación política a favor de su hermano, el exmagistrado acusado de pertenecer a la red de “El Palidejo”
“Este es un partido que hemos visto que entre sus liderazgos más prominentes siempre siguen sucediendo este tipo de cosas que logran zafarse de algunos asuntos o de algunas infracciones a la ley a través de estas amistades o de estos favores políticos”, sostuvo Chamorro.
PLC y FSLN siguen controlando estructuras del Estado
Las negociaciones entre el expresidente Arnoldo Alemán y el actual caudillo del FSLN, Daniel Ortega, culminaron con una serie de reformas a la Constitución Política y la Ley Electoral, llevadas a cabo a partir del año 2000, en la que se repartieron los puestos en las principales estructuras del Estado.
Para el candidato presidencial del PLC, el pacto entre Ortega y Alemán solamente es asunto del “pasado”.
“Yo creo que de los errores no podemos vivir más, yo creo que en su momento el doctor Arnoldo Alemán le pidió perdón al pueblo nicaragüense, ya eso es un pasado y no podemos usar esa bandera como muchos dirigentes políticos la han usado en contra del PLC, si bien es cierto, sucedió lo que ha sucedido y no podemos seguir viviendo de esa forma (…). Nosotros hemos venido luchando en búsqueda de la unidad”, señaló Espinoza Fernández.
Con los acuerdos alcanzados a través del pacto, el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se elevó a 16 en lugar de 12, además se nombraron 16 nuevos conjueces de forma tal que garantizaba una repartición del 50% para cada bando, es decir ocho magistrados con sus ocho conjueces.
Los magistrados sandinistas Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar ocupan la presidencia y vicepresidencia de la CSJ, un Poder del Estado dominado por el FSLN.
Como parte de las negociaciones, el Consejo Supremo Electoral se amplió a siete miembros, tres de cada partido y un presidente supuestamente neutral. El pasado 4 de mayo de 2021 se eligieron a los nuevos magistrados, todos afines al partido FSLN.
Por otro lado, con el pacto se creó el Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR) en un ente colegiado integrado por cinco contralores propietarios y tres suplentes, con duración de cinco años en el cargo y elegidos con votaciones calificadas en la Asamblea Nacional, de tal modo que Alemán y Ortega garantizaron ocho cargos para repartir entre sus incondicionales en este organismo rector, en teoría, del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado.
Desde 2014, la exdiputada María Dolores Alemán, hija del expresidente Alemán, es miembro propietario del Consejo Superior de la CGR.
El pacto también garantizó un escaño, como diputado en la Asamblea Nacional, al expresidente de la República para el período siguiente, una vez que fuere concluido su mandato.
Con el pacto, Arnoldo Alemán obtuvo una diputación en la Asamblea Legislativa, que le otorgó inmunidad parlamentaria.
Ortega, que había sido derrotado en tres elecciones consecutivas (en 1990 con el triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro; en 1996, cuando llega al poder Arnoldo Alemán y en 2001 cuando Enrique Bolaños se alzó como favorito en los comicios generales), ya había preparado el terreno para volver al poder en 2006.
Como fruto del pacto, la reforma electoral del año 2000 estableció que para ganar la presidencia en primera vuelta se requería solo el 40% de los votos válidos, o el 35%, si el partido político superaba a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales.
La división de la oposición liberal y la reforma electoral permitió que Ortega fuera electo con el 38% de los votos válidos en los comicios generales de año 2006.
Tres años más tarde, el 19 de octubre de 2009, un fallo de la Sala Constitucional de la CSJ declara inaplicable el artículo 147 de la Constitución Política de 1995 y da vía libre a Ortega para la reelección presidencial.
Una reforma aprobada en 1995 a la Constitución Política prohibía la reelección inmediata a la presidencia. El fallo que vuelve a causar polémica en el país garantizó a Ortega la continuidad en su cargo, pese a que ya había ejercido dos mandatos previos, violando la Carta Magna, y aspiraba nuevamente a ocupar la silla presidencial, aunque constitucionalmente estaba inhabilitado.
En 2013, Ortega nuevamente mueve sus tentáculos y logra en la Asamblea Nacional hacer una reforma constitucional a su medida, dando un paso más a su reelección indefinida, anulando el inciso “A” del artículo 147 de la Constitución Política.
PLC como fuerza política
El PLC fue el favorito en la vida política de Nicaragua durante una década, ganando por primera vez la presidencia en 1996 bajo el liderazgo de Arnoldo Alemán y posteriormente con Enrique Bolaños Geyer (q.e.p.d) en 2002.
Las elecciones de 2011, sin embargo, dejaron al FSLN en una posición de dominio por primera vez desde los años ochenta en la Asamblea Nacional.
El CSE ratificó a Ortega como ganador de los comicios con el 62.46% de los votos; el 31% para el empresario radial Fabio Gadea, del Partido Liberal Independiente (PLI) y el 5.9% para Alemán del PLC que se había postulado para un segundo mandato.
Los resultados dejaron al FSLN en clara ventaja con 62 escaños en la Asamblea Nacional. La representación del PLC quedó reducida a dos escaños, siendo desplazado por el PLI que obtuvo 26 sillas en el Parlamento.
Debido a ese arreglo entre los dos partidos que controlan el poder político en Nicaragua, el PLC se convierte en la segunda fuerza política en las elecciones de 2016 al lograr 14 escaños en la Asamblea Nacional, en unas elecciones dominadas por el abstencionismo y rechazo general a los partidos políticos.
Según Espinoza Fernández, existen personas externas que en algún momento de la historia del PLC “se han lucrado de este partido” y que ahora han pretendido deslegitimarlo como fuerza de oposición de cara a los comicios de 2021.
“Cuatro personas que les hemos servido de escalera para que ellos estuvieran en las mejores posiciones y ser los que encabezaran cualquier índole de oposición de elección popular (…). Debieran de tomar conciencia, como no quedaron de candidatos le dieron una patada al PLC, sin embargo, creo que no podemos seguir viviendo de esa manera, no es justo que muchos de ellos que han tenido las mejores posiciones y al frente de muchas elecciones no es posible que hoy en día digan que no hay por quién votar”, cuestionó Espinoza Fernández.
El PLC en la actual crisis sociopolítica
La politóloga Chamorro insiste que el PLC no es “un partido confiable en quien podamos poner todas nuestras esperanzas para salir de una dictadura que definitivamente ha venido cambiando las reglas del juego para todas las organizaciones y espacios políticos”.
En las actuales condiciones del país, como se ha dicho anteriormente, no existen condiciones para unas elecciones transparentes, valoró Chamorro. El FSLN eliminó a sus principales contendientes y queda únicamente con los partidos “zancudos” que le siguen el juego, el PLC no tienen nada que ofrecer al pueblo nicaragüense, insiste la politóloga.
“La actitud del PLC en estos últimos meses ha sido bastante precavida con respecto al contexto, creo que ellos jugaron un papel en un tiempo en el que todavía no se decidían si les iba a favorecer más estar del lado de la oposición o del lado del régimen”, enfatizó Chamorro. Expediente Público buscó a la diputada María Haydée Osuna para obtener su versión, y de la misma manera a otros líderes dentro del partido, pero ninguno de ellos respondió a la solicitud.
