* Expertos en América Latina que participaron en un foro sobre la persecución religiosa en Nicaragua, realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), advierten que el objetivo del régimen de Daniel Ortega es silenciar a la Iglesia católica, la última institución independiente que queda.
**Sugieren reaccionar ante la ola represiva del régimen con sanciones personales hacia Ortega, la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y además investigar a Dante Mossi, presidente del BCIE, por “financiar dictadores”.
Expediente Público
Aplicar más sanciones directas a Daniel Ortega y perseguir su dinero, intervenir los fondos de pensiones que los militares nicaragüenses tienen invertido en el mercado de valores estadounidense, así como suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. También, investigar al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, por favorecer el financiamiento de la dictadura Ortega-Murillo, son algunas de las medidas sugeridas por expertos en un evento en Washington, D.C.
Hay que “sancionar al Ejército nicaragüense que no tiene ideología, sino que es leal a la dictadura por sus negocios y por el dinero que recibe de Ortega”.
“Si ellos se dan cuenta que estar con Ortega les perjudica más que estar sin Ortega, entonces dejarían su lealtad con el gobierno. Eso solo sucedería si sus fondos de pensiones o sus cuentas en el exterior son congeladas y son procesados”, afirmó el exministro nicaragüense de Educación, Humberto Belli, hoy en el exilio.
El evento realizado el 2 de septiembre y denominado “Persecución religiosa y cierre del espacio cívico en Nicaragua”, fue organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y contó con la participación de académicos y diplomáticos estadounidenses, así como con la presencia del exministro nicaragüense de Educación, Humberto Belli (exiliado) y el arzobispo católico Timothy P. Broglio.
El religioso, vicario de la Arquidiócesis de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y miembro del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, hizo una introducción resaltando la histórica persecución religiosa de los sandinistas en Nicaragua.
FSLN enemigo histórico de la Iglesia
“En la visita de San Juan Pablo II a Nicaragua en 1983, fue la única visita internacional que recuerdo, que quienes estaban en el poder intentaron bloquear el mensaje del Santo Padre haciendo un cortocircuito en el sistema de amplificación y poniendo música a todo volumen cuando él habló en la misa en la plaza”, recordó.
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Broglio visitó Nicaragua en 2018 para expresar la solidaridad del episcopado norteamericano a los obispos del país centroamericano.
“Escuché relatos horribles, vi iglesias manchadas de sangre y estatuas profanadas, agujeros de bala aún en las paredes de las iglesias. Vi el sufrimiento del pueblo nicaragüense y vi el valiente liderazgo moral de los obispos y sacerdotes nicaragüenses”, dijo el arzobispo estadounidense.
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Con la persecución a los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez, el sandinismo ha mostrado “cada vez más sus tendencias autoritarias”, afirmó Broglio.
Monseñor Silvio Báez salió de Nicaragua el 23 de abril de 2019 y se exilió en Estados Unidos, porque se convirtió en una voz incómoda para el régimen de Ortega y Murillo.
Por su parte, monseñor Rolando Álvarez está bajo investigación policial desde el pasado 5 de agosto. El obispo estuvo 16 días encerrado en la Curia Arzobispal de Matagalpa, luego fue llevado a Managua donde tiene “casa por cárcel” sin que haya una acusación formal en su contra.
“Cuando un obispo denuncia el arresto arbitrario de los líderes de la oposición como es la represión total de los manifestantes pacíficos, está predicando el evangelio”, señaló Broglio.
El arzobispo estadounidense citó las palabras de Juan Pablo II en Asunción, Paraguay, en 1988, para compararla con la situación nicaragüense: “no se puede arrinconar a la Iglesia en sus templos como no se puede arrinconar a Dios en la conciencia de los hombres”.
Persecución a la Iglesia: objetivo es silenciar el tejido social
Los últimos ataques contra la Iglesia incluyeron el cierre del Canal Católico de Nicaragua, Canal 51, el 20 de mayo de 2022. A eso le siguió la clausura de al menos siete radios en agosto, principalmente emisoras pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa, (norte del país) que dirige el obispo Álvarez.
La principal motivación de la dictadura Ortega-Murillo para perseguir a la Iglesia católica es silenciarla e impedir que siga denunciando abusos y violaciones de derechos humanos, coincidieron los participantes en el panel de CSIS.
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“El reciente arresto del obispo Rolando Álvarez es parte de un patrón más amplio del régimen no solo para reprimir, sino silenciar todos los días a los ciudadanos. El régimen está erosionando el tejido social del país, defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y todo ciudadano que se atreva a hablar son vigilados, intimidados y detenidos arbitrariamente”, denunció Deborah Ullmer, directora regional de Programas para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés).
Ullmer dijo que en Nicaragua “hoy se considera opositor al académico, al jurista, al religioso, al científico o a cualquiera que exprese mensajes que contradigan al régimen”.
La cifra de personas presas políticas del régimen en Nicaragua aumentó a 205 hasta agosto de 2022, incluyendo a líderes religiosos, reveló el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Régimen de terror
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas es una organización de derechos humanos conformada por familiares de personas presas políticas, redes de activistas territoriales y digitales que documentan las detenciones de opositores en Nicaragua.
“Las tácticas represivas del régimen son diferentes según su conveniencia, tanto pueden ser encarcelamiento, deportación, campañas de desprestigio entre otras acciones, con el fin de infundir miedo entre los ciudadanos”, agregó Ullmer.
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Para la directora regional del NDI en el caso de la Iglesia católica, las tácticas del régimen buscan evitar que los obispos, los sacerdotes o incluso los feligreses se pronuncien sobre la realidad económica, política y social de Nicaragua.
“Los líderes de la Iglesia se han vuelto más visibles por defecto, son los últimos que quedan en pie en Nicaragua para pronunciarse claramente”, enfatizó Ullmer.
Murillo y Ortega manipulan religión
El exembajador estadounidense John Feeley, actual director del Centro para la Integridad de los Medios en las Américas, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), recordó cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo “usaron iconografía religiosa” durante la campaña 2006-2007, hablando de “paz, amor y comprensión”.
El exdiplomático estadounidense sostuvo que el resultado de todos estos años bajo Ortega-Murillo ha sido “un régimen al estilo de Corea del Norte”, con una policía dirigida por una familia acusada de crímenes de lesa humanidad y el peor récord de derechos humanos en América Latina en los últimos 30 años.
¿Qué hacer para salir del régimen?
El exembajador Feeley sostiene que Estados Unidos nunca dirá claramente que busca un cambio de régimen en Nicaragua y advierte que, igual que como la Unión Europea “tienen opciones limitadas”.
Feeley sugirió como prioridad “ir tras el dinero de Ortega” porque es lo que lo mantiene en el poder para pagar a sus seguidores y pagar sobornos.
“¿Cómo haces eso? Ejerciendo en toda su extensión la legislación de los Estados Unidos como la Nica Act o la Ley Renacer”, dijo Feeley.
La ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), impone sanciones al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, restringe a los bancos multilaterales a otorgar préstamos y pone en la mira la corrupción.
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La Nicaraguan Investment Conditionality Act («Ley de Condicionamiento a la Inversión Nicaragüense»), más conocido como la «Nica Act», apunta a bloquear «los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua», en la exigencia al régimen para que asegure el fortalecimiento del Estado de derecho, el combate de la corrupción y el respeto a elecciones democráticas.
Sancionar a Daniel Ortega y a Mossi
Segundo, Feeley cree conveniente “sancionar personalmente al presidente Ortega”.
“Daniel Ortega es el violador de derechos humanos en jefe, que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Tenemos información más que suficiente para fundamentar una sanción a él mismo”, dijo el diplomático.
En tercer lugar, Feeley recomienda suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamerica y República Dominicada (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). “Es hora de hacerlo”, dijo.
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Además, Feeley sugiere que Estados Unidos hable con Japón y Corea del Sur para que cualquier préstamo en condiciones favorables para Nicaragua, se retenga de inmediato.
“Finalmente, lo que haría sería que el Tesoro de los Estados Unidos tomara una mirada muy seria al Banco (Centroamericano) de Integración (Económica), dirigido por un individuo llamado Dante Mossi, que se ha convertido en el banquero de los dictadores, literalmente se han gastado miles de millones de dólares en Nicaragua con muy poca supervisión, lo que conduce a la corrupción”, dijo Feeley.
“Algo está podrido ahí y hay que investigarlo rápidamente”, sentenció.
Fondos de pensiones de militares
Para Deborah Ullmer, dos factores claves para responder a la ola represiva del régimen Ortega-Murillo es ir tras los fondos de pensiones que el Ejército nicaragüense tiene en Estados Unidos y otros negocios con sus aliados.
La directora del NDI señaló que los militares hacen negocios a través de “una red cleptocrática” con testaferros y aliados en América Central, como exfuncionarios hondureños del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico.
“Son negocios que cruzan por Centroamérica, necesitamos estar siguiendo el dinero, necesitamos presionar a otros gobiernos centroamericanos para que lo hagan”, dijo Ullmer.
Sobre el CAFTA, Ullmer afirmó que la suspensión de Nicaragua sigue “bajo consideración” y recordó cómo las importaciones de azúcar bajo el Tratado fueron suspendidas en agosto por la administración de Biden, y pidió “analizar las exportaciones de carne” nicaragüense.
Sanciones son al régimen no a la población
El exministro nicaragüense de Educación, Humberto Belli, dijo que su país “tiene la peor dictadura de América Latina”.
El exfuncionario de la administración de Violeta Chamorro abogó por sanciones que afecten al régimen sandinista, pero no a la gente pobre.
Belli también sugirió que los oficiales y funcionarios que estén más identificados con el régimen, deberían ser incluidos en el tipo de sanciones en la Ley Magnitsky.
“Eso haría más difícil mantenerlos leales”, señaló Belli.
El exministro abogó porque Estados Unidos y la Unión Europea sigan monitoreando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
“Es triste que nuestra tragedia no esté en los periódicos. Yo quisiera que la Casa Blanca estuviera menos callada y hablara más sobre Nicaragua”, puntualizó Belli.
