* Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, afirmó que excarcelación de 222 presos políticos de Nicaragua «abre la posibilidad de diálogo» con régimen de Nicaragua, pero sanciones continúan.
**Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle, consideró que medida «no puede ser visto como borrón y cuenta nueva» a los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Expediente Público
La decisión unilateral del régimen de Daniel Ortega de liberar y desterrar a 222 presos políticos fue valorada por el Gobierno de Estados Unidos como un «primer paso» para lograr abrir un diálogo sobre la democracia en Nicaragua, sin embargo las sanciones impuestas contra funcionarios, entidades estatales y empresas sandinistas se mantienen.
«Nuestras sanciones y otras restricciones siguen vigentes», afirmó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, en conferencia de prensa este 9 de febrero de 2023.
Reiteró que «no hubo un trato» con el régimen de Nicaragua por parte de Estados Unidos, y que cualquier entendimiento sobre el restablecimiento de la democracia depende del régimen de Ortega.
Los 222 presos políticos, entre ellos siete exprecandidatos presidenciales, fueron sacados de las cárceles en la madrugada de este 9 de febrero y desterrados a Estados Unidos en un vuelo privado de Managua al Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, Washington, D. C.
Lea además: Régimen destierra a 222 presos políticos de Nicaragua
EE.UU. espera diálogo con Ortega
El secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado valoró que la acción del régimen de Ortega «representa un paso constructivo para abordar los abusos de derechos humanos» en Nicaragua, además que «abre la posibilidad de que continúe el diálogo» sobre el restablecimiento de la democracia en el país centroamericano.
«El desarrollo de hoy es producto de la diplomacia estadounidense concertada, y continuaremos apoyando al pueblo nicaragüense», afirmó Blinken.
La medida de desterrar a 222 personas presas políticos no debe ni puede ser visto como un “borrón y cuenta nueva” de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen sandinista, y menos contra las personas que «han soportado largas e injustas detenciones”, afirmó Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle a Expediente Público.
¿Por qué liberaron a los presos políticos?
Olson analiza que en la decisión de excarcelar y desterrar a más de 200 reos de conciencia podría responder a que «el costo ya era muy grande, el costo político y costo social», debido a las condenas internacionales por las detenciones y condenas ilegales, además de las denuncias de torturas y otros abusos que sufrían en las cárceles.
«La gente estaba en condiciones realmente peligrosas y serias y a los mejor (el régimen) no quería asumir el costo de que muriera otro de ellos (los presos políticos)», dijo Olson.
Hugo Torres, antiguo líder guerrillero sandinista murió en prisión el 14 de febrero de 2022 mientras esperaba el juicio por supuesta «traición a la patria». Tenía 73 años
«Creo que con esta liberación, que es bienvenida, no cambia mucho porque sigue siendo un régimen antidemocrático, que no respeta los derecho humanos, de hecho hasta les quitaron su ciudadanía», mencionó Olson.
Premeditadamente, y mientras los presos políticos viajaban, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial que regula la Pérdida de la Ciudadanía, reformando el artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua para despojar de su ciudadanía a los 222 nicaragüenses.
«No puede ser visto como borrón y cuenta nueva, pero simplemente es una noticia muy bien recibida y ahora hay que atender las necesidades de los excarcelados y velar por ellos, sus familias y las personas que han quedado en Nicaragua porque la situación sigue grave», señaló Olson.
¿Quiénes son los presos políticos?
Entre las personas excarceladas y desterradas hay líderes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes que fueron detenidos en el contexto preelectoral de 2021 como los exguerrilleros Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, José Antonio Peraza, Violeta Granera, entre otros.
Los empresarios Álvaro Vargas, Michael Healy y José Adán Aguerri, quienes formaron parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula empresarial del país centroamericano también fueron desterrados y les quitaron la nacionalidad nicaragüense.
Líderes opositores como Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios también fueron expulsados de su país.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, (al Norte), no es parte de la lista de los excarcelados y desterrados. Según información extraoficial, el obispo rechazó salir de Nicaragua. Su juicio por la acusación de difusión de «noticias falsas» está previsto para el próximo 15 de febrero.
El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, el primer religioso encarcelado por el régimen tampoco figura en la lista de desterrados.
Otros ciudadanos detenidos antes de 2021 como Kevin Antonio Zamora Delgado, que sufrió una parálisis facial y Sergio Beteta Carrillo, detenido el 21 de diciembre de 2020 frente a la Universidad Centroamericana, por protestar con la bandera de Nicaragua y quemar la del Frente Sandinista de Liberación Nacional, también fueron llevados a Estados Unidos.
¿Camino a un diálogo con Ortega?
Para el analista estadounidense Eric Olson «hay una oportunidad» de diálogo entre Ortega y la administración de Joe Biden.
«Crea una nueva oportunidad, no estoy diciendo que hubo algún intercambio, Estados Unidos mantiene que no, pero desde mi punto de vista tiene que haber la oportunidad para un diálogo. Obviamente hay muchos problemas con la falta de democracia en Nicaragua que no se limita a los prisioneros políticos (sino) la falta de independencia de los poderes, los ataques contra las organizaciones, las universidades, la falta de libertad de expresión», señaló.
El 8 de noviembre de 2021, un día después que el Consejo Supremo Electoral (CSE) declaró ganador al FSLN en las elecciones generales, un furibundo Ortega dijo aseguró que Estados Unidos debería llevarse a los presos políticos.
Puede interesarle: Ryan Berg: “El BCIE debería cesar todo financiamiento” al régimen de Daniel Ortega
«Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían de llevar para allá, para los Estados Unidos porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria», dijo en ese entonces Ortega en un acto que se realizó en Managua para conmemorar el 45 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador.
La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, desconoció las elecciones de 2021 en las que Ortega se reeligió para un cuarto período, y su esposa Rosario Murillo para un segundo mandato consecutivo.
Crímenes de lesa humanidad permanecen
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, señaló que la excarcelación de los presos políticos es «un paso constructivo que permite un mayor diálogo».
La excarcelación de 222 presos políticos, según Olson, no exime a la pareja del régimen de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
«El informe que hizo el Grupo (Interdisciplinario) de Expertos Independientes habló de crímenes de lesa humanidad y eso requiere una justicia del pueblo nicaragüense y la comunidad internacional (…) Ojalá el régimen nicaragüense entienda que hay que crear condiciones y acepten los cambios necesarios, aunque eso es bastante complicado», mencionó Olson.
En octubre de 2022, Argentina inició un proceso de investigación penal en contra de Ortega y Murillo sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua a partir de una denuncia que presentaron los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Hernán Pirota.
Puede interesarle: La justicia internacional persigue los crímenes de Ortega y Murillo
39 presos políticos siguen encarcelados
Al 31 de enero de 2023, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, registraba 245 personas encarceladas por motivos políticos en el país centroamericano.
Los 10 presos políticos, detenidos antes de abril de 2018 y que el Mecanismo incluye en su lista, no fueron enviados a Estados Unidos. En total son 39 personas que siguen encarceladas, por lo que siguen demandado su «libertad».
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el régimen una vez más utilizó al
Poder Judicial como el «instrumento principal de la represión», al desterrar a los 222 reos de conciencia.
«Están llamándole deportación a un destierro que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos», denunció el Cenidh.
