* En la actualidad en Honduras existen pocos avances en el procedimiento de cambio de nombre, todas las instituciones “se tiran la pelota”.
** Esta inacción del Estado hondureño ocurre mientras aumenta la discriminación y violencia hacia las personas sexualmente divergentes.
*** Recuento de organizaciones de derechos humanos contabiliza 155 muertes violentas de personas trans en Honduras desde el 2009 hasta la fecha.
Bercely García/Pasos de Animal Grande; Sharon Ardón y Yarely Madrid/Expediente Público
En el municipio de Meámbar, en el noroeste del departamento de Comayagua, Honduras nació “una niña” como dijeron los médicos al momento de su nacimiento, mientras lo vestían con ropa femenina y lo llamaban con un nombre de mujer.
Sin embargo, al crecer, su voz y su cuerpo comenzaron a cambiar, un proceso que desconcertó a quienes lo rodeaban y marcó profundamente la vida de quien hoy es Marlon Fabricio.
Marlon nació con órganos reproductivos masculinos y femeninos. A este tipo de personas se les llama intersexuales, una condición biológica que sigue siendo invisibilizada en la sociedad hondureña.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aproximadamente el 1.7% de la población mundial es intersexual.
Sin embargo, en Honduras no se dispone de cifras exactas sobre la prevalencia de esta condición.
Esto genera que no existan políticas públicas que garanticen los derechos de las personas intersexuales ni su derecho a asumir la identidad con la que se auto perciben.
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Marlon fue criado vistiendo ropa femenina. A los siete años, ya era consciente de que no quería ser percibido como una niña.
Debido a su condición de vulnerabilidad, Marlon sufrió abusos sexuales y psicológicos. “Los hombres se aprovechaban de mí, y las mujeres me señalaban llamándome ‘marimacha’”, recuerda.
Su testimonio no es un caso aislado en el país. No obstante, como señala Seydi Irías, de la organización de comunidad LGTBIQ+, Cattrachas, los casos como el de Marlon “pasan desapercibidos debido a la falta de visibilización de su identidad”.
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Derechos negados
Al igual que Marlon, Rebeca Sánchez también tuvo que enfrentarse a un sistema que la invisibiliza hasta el punto de obligarla a migrar en busca de un lugar donde pudiera sentirse libre de ser quien realmente es.
Rebeca, mujer trans e indígena hondureña y defensora de derechos humanos, decidió emigrar a Estados Unidos en busca de seguridad y mejores perspectivas de vida.
Según el Observatorio de Muertes de Personas Lésbicas, Gays, Trans, Intersexuales y Bisexuales (LGBTI) de Cattrachas, desde el golpe de Estado en 2009 hasta 2024, se registran 155 asesinatos de personas trans en Honduras.
“No me sentía cómoda siendo yo allá”, contó, refiriéndose a su experiencia en Honduras, donde ser trans e indígena significa enfrentarse diariamente a la doble discriminación, el estigma y el constante peligro de ser asesinada.
Tanto Marlon como Rebeca se beneficiarían de una ley de identidad de género que les garantice el derecho a asumir la identidad con la que se sienten mejor.
Ya que, el no tenerlo, limita el acceso a un trabajo digno, servicios de salud, estudiar en escuelas, colegios y universidades, inclusive a la apertura de cuentas en los bancos, entre otras cosas.
Sin embargo, las organizaciones trans hondureñas y diversos funcionarios lamentan la falta de voluntad política para reconocer que las personas trans accedan a un cambio de identidad de género.
En lugar de una legislación sólida, se reduce a un protocolo de cambio de nombre que podría ser fácilmente revertido, poniendo en riesgo los avances logrados en materia de derechos para las personas sexualmente diversas.
La sentencia en el caso de Vicky Hernández vs. Honduras, una mujer trans hondureña asesinada durante el Golpe de Estado de 2009 es determinante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabiliza al Estado de Honduras por su muerte.
En dicha sentencia se obliga al Estado a cumplir con una serie de medidas de reparación incluyendo el de reconocer las identidades trans. Sin embargo, a pesar de esta condena, los avances en este tema siguen siendo prácticamente inexistentes.
Reparación ordenada por la Corte IDH
Expediente Público consultó a la Corte IDH sobre el plazo que tenía el Estado hondureño para cumplir con las medidas de reparación ordenadas, específicamente la relacionada con la adopción de un protocolo para el reconocimiento de la identidad de género.
Según la Corte IDH, la Sentencia del Caso Vicky Hernández y Otras vs. Honduras se emitió el 26 de marzo de 2021 y fue notificada el 28 de junio del mismo año.
La fecha de notificación de la sentencia marca el inicio para calcular el tiempo para el cumplimiento de las reparaciones.
Entre estas, se estableció un plazo de dos años, a partir de la notificación, para adoptar un procedimiento que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en documentos oficiales y registros públicos.
Lo que significa que el plazo venció en 2023, pero hasta la fecha, el Estado hondureño no ha cumplido con esta reparación.
¿Cuáles son los obstáculos en Honduras?
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también señala la falta de voluntad política en la socialización y aplicación de los protocolos para el cambio de nombre y género en los registros civiles.
“Hemos observado que no existe voluntad política dentro de la institucionalidad hondureña”, aseguró Alex Fernando Flores, coordinador de diversidad sexual del Conadeh.
Otro de los principales desafíos es la dificultad de aprobar leyes en favor de la población LGBTIQ debido a la configuración actual del poder legislativo.
“Se requiere de un número alto de votos para que pueda aprobarse”, lamentó Flores.
Este escenario es confirmado por Víctor Grajeda, el único representante de la comunidad LGBTIQ dentro del Congreso Nacional de Honduras, quien ocupa una curul de diputado suplente por el partido Libre.
A pesar de su posición, no ha encontrado la apertura esperada para proponer leyes que beneficien a la comunidad.
“En la actualidad, estoy 100% seguro de que no voy a poder hacer prácticamente nada en este Congreso para beneficio de la comunidad”, lamentó Grajeda.
En una ocasión, Grajeda intentó presentar un proyecto de ley para conmemorar la lucha contra la discriminación que enfrenta la comunidad LGBTIQ, pero el anteproyecto fue tergiversado, expuesto y ridiculizado frente al Congreso.
“Estamos hablando de un acto de discriminación, de burla, de violencia contra mi persona en un poder del Estado”, relató el diputado. Este incidente dejó en claro que “los temas de la comunidad no son de relevancia para este poder del Estado”.
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Atascado en procedimientos
La Procuraduría General de la República (PGR) y el Registro Nacional de las Personas (RNP) son las entidades encargadas de implementar la sentencia en el caso de Vicky Hernández, que establece el derecho de las personas trans a expresar libremente su identidad de género.
Con el objetivo de conocer el avance de este reglamento, este equipo de periodistas contactó al comisionado del Registro Nacional de las Personas, Óscar Rivera, quien explicó que, hasta el momento, solo se logró “avanzar con el protocolo” (de cambio de nombre), el cual aún está en discusión.
Por su parte, Javier Carrington, coordinador de la Unidad de Políticas para la Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), detalló que el protocolo es de carácter administrativo, pero es necesaria una Ley de Identidad de Género para proteger los derechos de las personas trans ante la posible intervención de otras autoridades con ideologías conservadoras.
“Necesitamos también una ley general que ampare estos derechos y permita el reconocimiento de las personas trans”, dijo Carrington, advirtiendo que el protocolo «podría representar un arma de doble filo», dejando en desventaja a las personas con identidades de género diversas.
No obstante, el comisionado del RNP reconoció que, en este momento, no existe voluntad política en el Congreso Nacional para aprobar una iniciativa de ley en favor de la comunidad trans.
«Como ley sería imposible porque el Congreso Nacional no tiene un ambiente político a favor de la iniciativa, pero como modificación a los procedimientos administrativos, que es lo que manda la sentencia, creemos que existe voluntad», aseveró Rivera.
Deslice para más información
Daniella Rueda, asesora en la Dirección de Derechos Humanos, Litigios y Arbitrajes Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que la PGR, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y diversas organizaciones están trabajando en conjunto para hacer cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Vicky Hernández vs. Honduras.
Rueda indicó que el papel de la Procuraduría es “desarrollar los procedimientos dentro de las instituciones correspondientes para dar paso al cumplimiento de la sentencia”, destacando que la PGR es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las sentencias internacionales contra Honduras.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la sentencia a favor de Vicky Hernández aún no ha sido cumplida en su totalidad. El Estado hondureño sigue sin satisfacer varias de las exigencias establecidas por la Corte IDH.
“Se tiran la pelota”
Jlo Córdova, de la asociación LGTBIQ+ Arcoíris, considera que tanto el Registro Nacional de las Personas (RNP) como la Procuraduría General de la República (PGR) «se tiran la pelota» y no están tomando acciones concretas para avanzar en la implementación del protocolo relacionado con la identidad de género.
Al consultarle si la comunidad LGTBIQ+ se siente acompañada por la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Córdova señaló que no es el caso.
«Ni un director se ha sentado con nosotros a conocer la problemática de las personas LGTBIQ+. Hemos pedido reuniones, pero no hay nadie que nos diga, aquí estoy», comentó con frustración.
En respuesta a estas declaraciones Expediente Público intentó en diversas ocasiones, entre septiembre y octubre de 2024, concretar una entrevista con la titular de la SEDH, Angélica Álvarez, a través de su asistente.
El objetivo era conocer el papel que desempeña la institución frente al cumplimiento de la sentencia internacional, pero la cita fue repetidamente postergada, y hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Derecho a cambiar de identidad
Vivir como una persona transgénero o intersexual en Honduras implica enfrentar riesgos graves, tanto por la discriminación social como por la violencia institucional, lo percibió Alice Shackelford,
Jlo Córdova, como defensora de la comunidad trans hondureña, sufrió acoso a través de mensajes y llamadas telefónicas donde le expresan odio y la amenazan a muerte.
Debido a ello, acudió al Mecanismo Nacionales de Protección, pero sus denuncias no han sido atendidas adecuadamente.
«Estoy con el Mecanismo de Protección y no me han realizado ni el análisis de riesgo que se debe hacer cuando uno presenta una denuncia y recibe mensajes y llamadas de odio», expresó Jlo Córdova, evidenciando la falta de respuesta efectiva.
El Mecanismo Nacional de Protección es una entidad dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos que tiene la obligación de garantizar la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia en el país.
Sin embargo, Córdova denuncia que dentro de esta institución hay complicidad de agentes policiales que, lejos de proteger, intimidan y hostigan a los defensores.
«Hay policías dentro de la institución (el Mecanismo de Protección) amenazando y acorralando a defensores de derechos humanos», denunció, subrayando la gravedad de la situación.
“Ilegales en nuestro propio país”
La inacción de las instituciones hondureñas perpetúa un estado de vulnerabilidad extrema para las personas trans. Como señala O’Brian Robinson, defensor garífuna, «vivimos prácticamente como ilegales en nuestro propio país».
La ausencia de una ley de identidad de género en Honduras restringe derechos fundamentales, desde el acceso a un empleo digno hasta la participación política de las personas trans.
Esta carencia obliga a muchas a recurrir al trabajo informal o, en el peor de los casos, al trabajo sexual, mientras que otros se ven forzados a migrar en busca de un entorno más seguro.
Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, publicado en 2024, los niveles de discriminación y exclusión social que sufren las personas trans son alarmantes, debido a los prejuicios profundamente arraigados en la sociedad.
En línea con estos hallazgos, Alice Shackelford, excoordinadora residente de la ONU en Honduras, en su última entrevista con medios independientes a finales de septiembre, destacó la urgente necesidad de aprobar una ley contra la discriminación en el país.
Para Shackelford, la discriminación es la raíz de todos los ataques de odio contra la comunidad LGBTIQ+.
«La discriminación es la base de la violencia y el odio. Sin una legislación clara que la combata, estos ataques seguirán siendo una amenaza constante», afirmó en su intervención.
Además, Shackelford subrayó que «el grupo más excluido, más victimizado, es el que necesita mayor atención y prioridades en la agenda nacional».
De acuerdo con su visión, es fundamental que las autoridades respondan rápidamente, implementando políticas enfocadas en la no discriminación y en el repudio a cualquier tipo de violencia dirigida hacia las personas LGBTIQ+.
«Nos preocupa naturalmente los ataques y asesinatos regulares y diarios contra personas LGBTIQ+», señaló Alice Shackelford. A la vez, subrayó la importancia de transmitir un mensaje claro: «La vida humana es la misma para todos, y nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.»
Discriminación en el sistema sanitario
El acceso a la salud es uno de los mayores retos que enfrenta la comunidad trans en Honduras, ya que está marcado por prejuicios y discriminación.
La falta de políticas inclusivas impide que las personas trans reciban atención médica respetuosa con su identidad de género, exacerbando su vulnerabilidad.
Nefer Mejía, subdirectora de la Asociación Feminista Trans, señaló que en el contexto de la salud existe un estigma «arraigado fuertemente en la sociedad hondureña», que erróneamente vincula a las personas trans con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
“Existe discriminación, rechazo y estigmatización. Se asume que por ser LGTBIQ+, y más aún si eres una persona trans, automáticamente tienes VIH”, expresó Mejía.
Por su parte, Henry Rodríguez, defensor de los derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+, relató una experiencia desafortunada en una clínica privada de Choluteca: “Fui a una consulta con una gastroenteróloga, y cuando le expliqué mi situación, me preguntó: ¿cuál es tu orientación sexual?
Le dije que era gay, y ella respondió: ‘pues lo que tienes es VIH’. Ni siquiera me había hecho una revisión médica”, relató Rodríguez, indignado.
El defensor añadió: «Si llega una mujer trans a un hospital, lo primero que van a pensar es que tiene VIH, y será tratada de manera distinta. Eso es exclusión dentro del sistema de salud”.
Henry Robinson, defensor garífuna, también denunció que las Clínicas Vicits —destinadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS)— niegan atención a los hombres trans.
“Las clínicas acogen a mujeres trans, pero no a hombres trans, pues no somos reconocidos como vulnerables o en riesgo de ITS”, explicó.
Las Clínicas Vicits son un proyecto conjunto entre el gobierno de Honduras y organismos internacionales, lo que agrava aún más la exclusión de los hombres trans en el acceso a servicios de salud esenciales.
Se intentó contactar a la doctora Clara López, jefa de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud, para obtener información sobre los servicios de salud dirigidos a las personas trans.
Sin embargo, la doctora López hasta el momento no dio respuesta.
Ley de Equidad y Antidiscriminación
Desde 2022, las organizaciones de la sociedad civil han intentado impulsar la Ley de Equidad y Antidiscriminación, pero la iniciativa sigue siendo bloqueada en el Congreso Nacional, según denuncian activistas de las comunidades sexo-divergentes.
Ante la falta de apertura legislativa, en octubre de 2024, diversas organizaciones de derechos humanos y defensores de las comunidades LGTBIQ+ presentaron un borrador de anteproyecto de ley a la subsecretaría de la rectoría de políticas públicas de la SEDESOL.
Mirtha Gutiérrez. Esta entidad tiene la responsabilidad de implementar acciones y estrategias que garanticen los derechos sociales, económicos y culturales de los grupos vulnerables en el país.
Comparado con otros países de la región, Honduras se encuentra retrasada en este aspecto.
En Colombia, por ejemplo, existe la Ley Antidiscriminación (Ley 1482), que fue aprobada en 2011. Esta ley permitió, en 2015, que las personas trans pudieran modificar su sexo en los documentos de identidad a través de un proceso sencillo basado únicamente en su voluntad.
Cindy Bautista, de Colombia Diversa, explicó que, en su país, las personas trans pueden cambiar su nombre y género legalmente mediante una declaración juramentada en una notaría, sin necesidad de una revisión médica o un proceso judicial largo.
El contexto regional: avances y obstáculos
Colombia y México han logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+.
En México, por ejemplo, no hay límite de edad para que una persona cambie su nombre y género en los documentos oficiales. Basta con su declaración de voluntad.
Tania Morales, de Infancias Trans-México, comentó que, aunque no existe una ley nacional, 22 de los 32 estados del país ya tienen sus propias leyes de identidad de género.
En contraste, en El Salvador, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2022 que permite modificar el nombre de las personas trans en los documentos, aún no se ha aprobado la modificación del género.
Además, el proceso sigue siendo largo, burocrático y humillante. Karla Guevara, la primera mujer trans en cambiar su nombre legalmente en El Salvador, describió el proceso como revictimizante, señalando que las personas trans deben someterse a revisiones médicas invasivas y presentar testigos para validar su identidad de género.
«Estos trámites pueden tardar hasta 10 años», lamentó Guevara.
El derecho al reconocimiento de nombre, puede que sea un tema irrelevante para las autoridades y la sociedad hondureña, pero hay un sector en específico al que le devolvería la libertad de Ser.
Rebeca sueña con poder regresar a su país y que ya no sienta miedo de mostrarse tal cual es, como una mujer plena.
Y Marlon, que nació y ha transitado a la deriva e indocumentado toda su vida por tener ambos géneros, ansía profundamente que se le reconozca su derecho al cambio de nombre legalmente para retribuir la violencia psicológica y física que sufre día a día.
“Mi sueño es poderme operar y poder ser como cualquier hombre, ese es mi anhelo. Se lo pido a mi papá Dios, poderme casar y poder ser feliz. Así no me rechazarían las mujeres”, finalizó.
Edición: Lolany Pérez
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
