*Son uno de los grupos más invisibilizados en la política y en los planes de gobierno; representan apenas el 4.43 por ciento del padrón electoral, el 43% no tiene ningún nivel educativo y solo el 9.79% terminó la secundaria, según las cifras oficiales.
Expediente Público
De los 5.3 millones de personas que tramitaron su nueva cédula de identidad en Honduras hasta el 5 de septiembre, cuando venció el plazo para poder integrar el padrón electoral, el 4.43 % padece de alguna discapacidad.
Ese porcentaje, equivalente a 237,554 hondureños que se enrolaron para poder votar este 28 de noviembre según el Registro Nacional de las Personas (RNP), estaría lejos de representar a la población de personas con discapacidad de Honduras, donde el total de habitantes es de 9.5 millones.
“Yo soy una persona con discapacidad, mi discapacidad es leve, pero en el proceso de enrolamiento a mí no me consultaron si tenía o no discapacidad y en mi tarjeta de identidad yo no aparezco con el símbolo de discapacidad”, contó a Expediente Público Julio Moncada, director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (Ciarh).
A su criterio, el RNP se enfocó más en las discapacidades visibles y dejó por fuera los casos que no son tan evidentes, “entonces la encuesta no es un dato real, eso sí tenemos que dejarlo claro”.
Miles fuera del proceso por incapacidad de inscribirse
Moncada menciona también los casos de personas con discapacidad que no pudieron enrolarse debido a que sus familias no las llevaron a hacer ese trámite o porque aún no tienen la edad para solicitar su Documento Nacional de Identificación (DNI), lo que también contribuye al subregistro de ese segmento poblacional.
Según el Banco Mundial, el 15% de la población global, alrededor de mil millones de personas, padece algún tipo de discapacidad y el 80% de ese total se encuentra en los países en vías de desarrollo.
En Honduras, los datos disponibles del Registro Único de Participantes (RUN) del gubernamental Centro Nacional de Información del Sector Social (Ceniss), que corresponden al período 2018-2019, registran 222,388 personas con discapacidad, de las que 117,895 (53%) son mujeres.
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Rurales, pobres y con bajo nivel educativo
Según datos del gobierno, de un conteo de 164,468 personas con discapacidad, 93,596 (56.91%) viven en la zona urbana.
Pero para Moncada, la mayoría de esa población está en el área rural, en condiciones de pobreza y con limitado acceso a la salud y educación.
“No es que la pobreza genere discapacidad”, explica, sino que en entornos de bajos recursos económicos la alimentación de las futuras madres es deficiente, no reciben control prenatal, llegando a carecer de suplementos vitales como el ácido fólico, y tampoco tienen una atención adecuada al momento del parto, una serie de factores que aumentan el riesgo de que sus hijos nazcan con alguna discapacidad.
Los mismos datos oficiales señalan que el 73.6% de la población hondureña vive en pobreza y de ese porcentaje más del 53.7% se encuentra en pobreza extrema.
La falta de acceso a la salud pública impacta también educativa y financieramente en la vida de las personas con discapacidad, algunas de las cuales requieren de muchos más recursos en salud, rehabilitación y habilitación, los que deben ser costeados por sus familias, que dejan de invertir en su formación para poder suplir esas necesidades.
“Si las personas sin discapacidad se enfrentan a situaciones difíciles en el sistema de salud público se imagina una persona con discapacidad, que se le dificulta hasta poder llegar a un centro asistencial”, dice Moncada.
Limitaciones de educación
Según datos oficiales, de 161,646 personas con discapacidades evaluadas, 69,626 (43.07%) no tiene ningún nivel educativo y apenas el 9.79% terminó la secundaria, lo que incide también en su situación de pobreza al no poder conseguir un empleo.
El artículo 35 de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad manda que las entidades de la administración pública y las empresas privadas están obligadas a contratar un número mínimo de personas con discapacidad, “pero la mayoría de las empresas nacionales no lo hacen”, aseguró Moncada.
Las empresas del sector privado que cumplen con la norma son multinacionales como Walmart, franquicias como McDonals o bancos como Bac-Credomatic, en las que la inclusión es algo “implícito” y “no porque nazca por parte de los representantes del país”, aseveró.
En su informe anual 2016, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) registra que recibió 465 quejas de personas con discapacidad, de las que el 21% se relacionaba con el derecho a la educación, trabajo, salud y seguridad social.
“No hay un proceso de acompañamiento y seguimiento de las denuncias y quejas”, señala el organismo.
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Participación política
En el actual proceso electoral, al menos 14 personas con discapacidad compiten por un cargo público, entre ellos para diputado propietario o suplente, asegura Moncada, quien conoce apenas un par de personas con discapacidad que han ocupado un cargo en el Congreso Nacional como suplentes.
El caso de Dayana Martínez fue una excepción a la regla, cuando quedó como diputada propietaria en el período 2006-2010 por el Partido Liberal.
Martínez, quien a los 20 años sufrió un desprendimiento completo de retina por negligencia médica, es parte del grupo mayoritario de personas con discapacidad que hay en Honduras, que son los que presentan discapacidad sensorial visual.
De ellos, el RNP registra un total de 108,703 personas enroladas.
“En las corporaciones municipales se les pone en algunas regidurías pero muchas veces no llegan porque participan por los partidos minoritarios”, dijo Moncada.
Se sienten ignoradas por los políticos y autoridades
“Nos hemos visto ignorados, hemos sentido la indiferencia de los congresistas actuales, por lo que se hace necesario que las personas con discapacidad estén dentro del Congreso Nacional y del gobierno”, dijo la presidenta de la Federación Nacional de Organismos de Personas con discapacidad de Honduras (Fenopdih) María Enecon Perdomo el pasado 17 de noviembre en un evento para promover la participación política de este sector.
Además de la escasa participación política, los planes de gobierno de los partidos políticos solo mencionan “acciones puntuales” orientados al sector discapacidad en beneficio de unos pocos, pero carecen de un plan transversal que permita atender adecuadamente a la diversidad de discapacidades, opinó Moncada.
Para el director de Ciarh es importante además una política pública dirigida a la prevención de las deficiencias de las personas, enfocada en la alimentación, el control prenatal y la atención del parto.
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Problemas para ejercer el sufragio
El miércoles 24 de noviembre, el Ciarh lanzó una campaña para incentivar la participación de las personas discapacitadas en las elecciones del 28 de noviembre.
Sin embargo, existen varios problemas que limitan el ejercicio del sufragio, entre ellos la falta de condiciones arquitectónicas en los centros de votación para las personas con movilidad reducida y de comunicación para las que tienen problemas auditivos y visuales, además de las dificultades de transporte.
Según Ciarh, el 80% de los Centros de Votación son inaccesibles o poco accesibles para las personas con discapacidad, por lo que este año implementará la figura de “edecanes” acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para atender a estos votantes.
Sin vías de acceso a la salud
Además, pondrá a disposición un intérprete de lenguaje de señas a través de Whatsapp.
Pero las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad son mucho más graves y requieren medidas más integrales.
Solo en el caso de los centros de atención médica la situación es alarmante.
Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) establece que el 77% de al menos 154 centros de salud y clínicas en el país no tiene rampas, el 97% carece de información indicada, el 98% no cuenta con soportes en los baños y el 96% no tiene pasamanos en los pasillos.
Y según el Conadeh, las personas con discapacidad tienen limitaciones para el acceso a la justicia, en parte por la falta de facilidades de acceso físico en las instalaciones públicas.
