*Ley Nica Act tardó dos años antes de ser aprobada, pero Ley Renacer ya es discutida en ambas cámaras del Congreso estadounidense.
**Nueva ley plantea la aplicación de sanciones contra el gobernante Daniel Ortega, su familia y personas o instituciones involucradas en actos que impidan elecciones libres, justas y transparentes
Expediente Público
Tres meses después de plantearse al Senado la Ley Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform (Fortalecimiento de la adhesión de Nicaragua a condiciones para la reforma electoral, Renacer Act), este 22 de junio de 2021, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta votaría esta propuesta con algunas enmiendas que no se han hecho públicas.
La Ley Renacer también se encuentra en discusión en el subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental en la cámara baja desde el 30 de abril y es patrocinada por 12 congresistas, republicanos y demócratas.
Pese que no se solicitó un trámite urgente, la ley se podría aprobar en un tiempo acelerado. Según los comunicados de diferentes legisladores copatrocinadores, se está tomando nota de la situación actual de Nicaragua y se desprende que una enmienda sería agregar la revisión del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana (DR-Cafta) a las herramientas de presión de Washington contra el Gobierno de Nicaragua, señaló el experto en Derecho Internacional, Harold Rocha, en un webinar el 19 de junio.
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“Es difícil predecir tiempos, pero las señales son claras de que hay prioridad legislativa en ambas cámaras”, manifestó Rocha.
Por otra parte, la congresista de Florida, María Elvira Salazar pidió el 17 de junio “requerir al Representante Comercial de Estados Unidos que presente un informe sobre la forma y grado en que Nicaragua cumple con el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos”.
¿Y la Nica Act?
En 2018 el Gobierno de Estados Unidos aprobó por primera vez desde la década de los ochenta una legislación contra el país centroamericano.
La Nica Act, aprobada como Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua, vetaba el financiamiento externo, particularmente de organismos multilaterales donde Washington tiene incidencia, además, aplicaba sanciones a personas o instituciones involucradas en corrupción y violaciones a los derechos humanos.
“Hay que recordar que el Ejecutivo cuenta con todas las herramientas propuestas por Renacer, incluyendo el Cafta, pero Renacer tiene aportes significativos”, dice Rocha; por ejemplo: “agrega el concepto de democracia al marco que ya había adoptado la Nica Act que se centraba en corrupción y derechos humanos, al aprobarse podría tomarse medida a la falta de espacios democráticos, falta libertades y derechos humanos”.
Bajo la Nica Act fue sancionada la Policía Nacional, la exministra de Salud Sonia Castro, así como los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Justo Urbina y Juan Valle, mientras otros funcionarios y entidades fueron sancionadas bajo la orden ejecutiva 13851 de Donald Trump.
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La Nicaragua Investment Conditionality Act (Ley de Condicionamientos a las Inversiones en Nicaragua, Nica Act), tuvo que pasar dos periodos legislativos para ser aprobada.
Renacer toma en cuenta los cambios de circunstancias que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos y remarca en las obligaciones internacionales de garantizar los Derechos Humanos, sostiene Rocha.
Otro punto relevante, a juicio del experto, es que la nueva propuesta de ley pide una coordinación internacional por medio de sanciones y medidas coercitivas bilaterales.
Consecuencias incalculables
Entre las acciones están la solicitud de informes, particularmente sobre los abusos contra comunidades indígenas y campesinas, la fiscalización de organismos multilaterales y otros agentes de cooperación internacional relacionados con Nicaragua, lo cual también implicaría un aislamiento diplomático del país, precisa Rocha.
En particular, la cancelación del Cafta es una de las medidas más importantes que implicaría Renacer, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pero Rocha explica que no existe en el tratado sanciones establecidas, solo la salida voluntaria o la inclusión de otro Estado.
Una cláusula exime los compromisos comerciales por razones de seguridad nacional y por ello se prevé que ciertos o muchos artículos del tratado podrían implicar la pérdida de los beneficios arancelarios del acuerdo, pero Nicaragua podría pedir un panel de solución de controversias para que Estados Unidos explique sus medidas, analiza Rocha.
“El hecho que se mencione tanto en la Cámara de Representantes y el Senado, como personajes públicos, implica que la situación en Nicaragua se ha agravado de forma que constituye una amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos, tal como lo dijo el presidente Donal Trump en 2018 en el decreto ejecutivo vigente hasta noviembre de este año”, asegura.
Lon congresistas se asegurarán de que las restricciones requeridas no impacten negativamente las necesidades humanas básicas del pueblo de Nicaragua.
Argentina y México analizan acciones conjuntas
Mientras tanto, se conoció este 21 de junio que los gobiernos de Argentina y México llamaron a sus embajadores en Nicaragua con el objetivo de realizar consultas sobre las acciones políticas legales del régimen de Ortega contra la oposición.
La instrucción fue girada a los embajadores Mateo Daniel Capitanich y Gustavo Alonfo Cabrera Rodríguez, quienes deberán trasladarse a sus “respectivas capitales, con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas legales” realizadas por el gobernante nicaragüense.
“Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”, dice el comunicado conjunto de ambos países.
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Versión del Gobierno
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, elevó el tono de confrontación contra Estados Unidos, acusando a ese gobierno de «trasladar todo su financiamiento y actividades desestabilizadoras» a través de USAID, con el supuesto objetivo de «provocar un golpe de Estado» en el país centroamericano al financiar a organizaciones no gubernamentales locales, según publicación del oficialista El19Digital este 21 de junio.
Moncada defendió las detenciones de los cinco precandidatos opositores: «quienes están siendo procesados, hay que dejarlo claro, no son candidatos presidenciales, son directivos de organismos no gubernamentales que reciben financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea, y los destinan precisamente, para desestabilizar el país”, centroamericano afirmó el canciller a medios de comunicación que son dirigidos por familiares de la pareja presidencial.
Análisis interno
El sociólogo Óscar René Vargas en un análisis que compartió con medios independientes, el lunes, señaló que mientras el Gobierno de Nicaragua “mantenga detenido a los candidatos presidenciales, empresarios, banqueros, líderes políticos y congelar las cuentas bancarias a miembros de ‘los de arriba’; la presión norteamericana continuará con la posibilidad de aprobar la Ley Renacer y la Ley de Revisión del Cafta. Esas leyes pueden crear fisuras en el interior del círculo íntimo de poder, en los poderes fácticos económicos y en el propio Ejército”.
A pesar de esto, Vargas cree que “entre los miembros del círculo íntimo de poder que, de manera irrestricta, apoyan a Daniel Ortega y Rosario Murillo, existe la percepción que la presión internacional de las últimas semanas ejercida en contra del régimen no pasa de ser un bochinche más y que pronto las cosas volverán a la normalidad”.
“Es necesario preguntarse qué efecto tiene la represión generalizada y el mayor aislamiento internacional del régimen al interior de sus propios simpatizantes. La primera comprobación es la pérdida de base social por el empobrecimiento y la merma de empleo entre sus simpatizantes. La segunda constatación es la disminución de su influencia entre los jóvenes. La tercera verificación es las quiebras y dificultades de los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas”, afirma el sociólogo.
Más supervisión a préstamos
La Ley Renacer amplía la supervisión de los préstamos y asistencias que otorgan a Nicaragua el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El texto de la ley sugiere “tomar todas las medidas posibles para aumentar el escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua”, para asegurarse que están siendo usados con los fines previstos.
La legislación promete más presión para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitan que haya elecciones libres, justas y transparentes.
“El Gobierno de los Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar elecciones libres, justas y competitivas en Nicaragua. Debemos implementar una estrategia diplomática orientada a resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del régimen de Ortega de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas electorales”, señaló el congresista Albio Sires al momento de presentar la iniciativa.
En línea con las últimas acciones de la comunidad internacional se “desarrollará e implementará un plan coordinado” para lograr la implementación de sanciones específicas que conlleven a unos comicios libres, señala el texto.
En consonancia con la Nica Act, se aplicarán sanciones a las personas que “obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
La iniciativa prioriza las sanciones a funcionarios del gobernante Ortega y su familia, miembros de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua; del Consejo Supremo Electoral (CSE), así como integrantes del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus familiares.
Además, el texto señala que pueden ser sancionados personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno del presidente Ortega, su partido o su familia, es decir contra toda persona involucrada en actos de corrupción pública en Nicaragua.
Coordinación con Canadá y Unión Europea
Con la Ley Renacer, Estados Unidos plantea la aplicación de una estrategia de sanciones coordinadas con Canadá y la Unión Europea en respuesta a las “violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos” en el país.
El 4 de mayo de 2020, la Unión Europea impuso sanciones a seis funcionarios del régimen de Ortega identificados como responsables de las graves violaciones de derechos humanos y por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.
El director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz; los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional.
La lista de sancionados en ese momento la completaron el asesor personal presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
No habrá descanso en búsqueda de sanciones
Posteriormente, el 12 de octubre de 2020, la Unión Europea prorrogó por un año, hasta el 15 de octubre de 2021, las sanciones vigentes e impuso medidas restrictivas específicas sobre los responsables de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.
La nueva propuesta de ley estadounidense plantea la presentación de informes clasificados sobre las actividades de la Federación Rusa en Nicaragua, incluyendo la “cooperación entre personal militar ruso y nicaragüense, servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos, cooperación relacionada con las telecomunicaciones y navegación por satélite”.
“Los atropellos de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen perdón de Dios”, ha dicho la congresista Salazar, quien advierte que hará todo lo posible por obtener la libertad de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y democráticas.
