* Al menos 96 asesinatos de periodistas han sido reportados en Honduras desde el 2001 hasta la fecha, el 90% están en total impunidad y en el 10% de casos penalizados no se dio con el autor intelectual del crimen.
** Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y con menos libertad de prensa. Se encuentra en el lugar 165, de 180 países, según un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) del 2022.
Expediente Público
En los últimos 20 años Honduras convirtió el periodismo en una escalada de muertes, amenazas, criminalización, altos índices de impunidad y donde prevalecen un centenar de denuncias sobre acciones contra la libertad de expresión.
Las cifras de instituciones locales e internacionales solo representan la peligrosidad que conlleva ejercer una profesión que en el país bien puede ser calificada como “mortífera”, por las condiciones hostiles a las que se enfrentan diariamente periodistas y comunicadores sociales. El 25 de mayo se conmemora el Día del Periodista en Honduras.
Impunidad en su máxima expresión
Del 2001 hasta la fecha, 96 periodistas han sido asesinados en Honduras. De estos crímenes, apenas un 10% fue judicializado, pero únicamente juzgaron a los autores materiales, no a los intelectuales, según el registro del Comité para la Libre Expresión (C-Libre).
La mayoría de los periodistas que murieron de forma violenta en Honduras trabajaban en temas relacionados con denuncias, irregularidades en las instituciones públicas, actos de corrupción; otros tenían relación con dirigentes políticos, narcotráfico y contrabando.
Amnistía Internacional reportó solo en el mes de enero de 2022 la muerte de tres personas relacionadas a la labor periodística y a la defensa de los derechos humanos en Honduras.
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“Los Estados tienen la obligación de investigar los asesinatos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y con una línea de investigación principal que considere la labor de defensa de los derechos humanos o actividad periodística. Eliminar la impunidad en estos casos es crucial para lograr un entorno seguro para defender derechos humanos y enviar un mensaje claro que estos actos no son tolerados”, declaraba la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
La investigación de crímenes de periodistas es una utopía en Honduras. La periodista y directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Dina Meza, expuso a Expediente Público que pareciera que el Estado hondureño no quisiera que esos crímenes se resolvieran, con la intención de generar temor e incertidumbre entre los mismos periodistas.
“Pareciera que hay, a propósito, una estrategia para que estos crímenes no se resuelvan y que no se pueda llegar a la verdad, porque no se castiga a los autores materiales e intelectuales, porque unos son los gatilleros y los otros los que mandaron a asesinar a esa persona, pienso que no se resuelven para generar el temor”, enfatizó.
Meza reiteró que hay una seria falta de investigación por parte del Ministerio Público y de la Policía, lo que quiere decir que no existe voluntad política por salvaguardar la integridad de los periodistas hasta el momento.
“No hay una voluntad política o no ha habido, esperamos que en este gobierno sí la haya y que lo tomen en serio y que puedan castigar a los hechores e investigar los más de 90 crímenes contra periodistas”, declaró.
Dentro de esta montaña de casos de impunidad se encuentra el periodista, de 35 años, Luis Almendárez, quien fue asesinado el 27 de septiembre del 2020, con tres impactos de bala en la ciudad de Comayagua, en el centro de Honduras.
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«Ay señor, Dios mío, ayúdenme, ayúdenme, sáquenme de aquí, señores, me acaban de disparar, ocupo una ambulancia, me estoy desangrando», imploraba el periodista mientras grababa su último vídeo.
Almendárez murió al día siguiente en un hospital local debido a la gravedad de sus heridas.
Amenazas y agresiones
Del 2001 hasta mayo del 2022 han recibido amenazas y agresiones públicas 2,000 periodistas y trabajadores de medios de comunicación y solo en este año C-Libre ha registrado 34 agresiones en contra de periodistas, comunicadores sociales y ciudadanos que ejercen su derecho de Libre Expresión.
La directora de C-Libre, Amada Ponce, dijo a Expediente Público que “en promedio cada 36 horas hay una agresión en contra de la libertad de expresión en Honduras”.
“Esto es sumamente peligroso porque los Estados deben de garantizar este derecho que es un derecho llamado, llave, es decir, la libertad de expresión nos sirve a todos los ciudadanos para exigir otros derechos”, manifestó.
Asimismo, enfatizó en que “la libre expresión es un derecho eternamente anhelado, la libertad de expresión es el primer derecho que se fractura en países antidemocráticos”.
Honduras sigue siendo uno de los países más mortíferos para el periodismo. La clasificación de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras para el 2022 demuestra que se encuentra entre las cuatro naciones en situación de libertad de prensa más grave, en el lugar 165 de 180 países, incluso por debajo de Nicaragua, que se ubica en el sitio 160. En América, solo Cuba, en el sitio 173, está por debajo de Honduras.
La presidenta del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) Capítulo Noroccidental, Liseth García, mencionó a Expediente Público que una forma de coartar la libertad de expresión es a través del mismo Estado, puesto que existen leyes que tienen ese propósito.
“Tenemos que recordar qué tenemos en este momento una legislación que también nos limita, nos coarta, nos restringe el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces tenemos que enfocarnos en que justamente esas leyes, el Código Penal, está criminalizando la labor de los periodistas y los medios. Deben eliminarse del Código Penal figuras como la injuria, la calumnia, difamación. No tenemos toda la libertad de expresión que necesitamos en Honduras”, remarcó.
48 periodistas enjuiciados
Desde el 2001 a mayo del 2022 C-Libre reporta que 48 periodistas fueron acusados por injuria, difamación y calumnia en Honduras. La mayoría se encuentran todavía en proceso judicial.
El caso más emblemático relacionado con el delito de calumnia fue el del periodista David Romero Ellner, de 65 años, quien fue detenido por agentes policiales mientras transmitía su programa de radio y televisión. Él había sido condenado a 10 años y ocho meses de reclusión por el delito de difamación y calumnias en perjuicio de la abogada Sonia Gálvez.
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Romero solía denunciar actos de corrupción en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. En el momento en que se le acusó, Sonia Gálvez era esposa del subdirector de fiscales Rigoberto Cuéllar, quien había sido denunciado por el periodista por supuestos actos de corrupción.
En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una denuncia que fue del conocimiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión.
No obstante, nunca se consiguió la liberación del periodista, quien en todo momento se declaró como un preso político y en su momento denunció que había un plan para asesinarlo. Romero falleció en julio del 2020 de un paro cardiaco en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, luego de contraer covid-19 mientras estaba recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara, donde cumplía su condena.
Desde hace varios años la sociedad civil hondureña demanda del Poder Legislativo despenalizar los delitos contra el honor. Los políticos se han pronunciado en favor de la exigencia, pero siguen sin concretar la promesa.
Además de lo establecido en el Código Penal con lo relacionado en los delitos de honor, en Honduras también existe otra ley que limita la libertad de expresión e incluso pone en riesgo la vida de los periodistas. La Ley de Escuchas fue legalizada en el 2011 por el expresidente, Porfirio Lobo Sosa. Consiste en que por supuesta información de un delito el Ministerio Público puede grabar, captar y escuchar llamadas, asimismo, leer mensajes y correos electrónicos.
La ley de los Secretos, que fue derogada en marzo de este año, simbolizaba en el país un retroceso en acceso de información relacionada con la Seguridad y Defensa Nacional, sin embargo, aún sigue siendo limitado acceder a cierta información, lo cual es evidente en los portales de las secretarías de Estado.
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El miedo de morir
Más del 85% de los crímenes contra periodistas se dieron después del Golpe de Estado de junio 2009, como otro golpe a la difusión de hechos reales cruzados por la corrupción, el narco o solo un pensamiento crítico.
Muchas de las víctimas laboraban en medios de comunicación localizados en el corredor del narcotráfico o donde se desarrollaban proyectos de explotación ambiental, algunos de los cuales tenían implícito el despojo de tierras u otros recursos a los pobladores.
El número de asesinatos que Devis Leonel Rivera Maradiaga, capo hondureño del narcotráfico, admitió orquestar a lo largo de más de diez años en una corte de Nueva York, fue significativo. Rivera Maradiaga admitió que autoridades nacionales y locales fueron pagadas por él para proteger sus intereses e igualmente declaró que había personas que describió como “matones, violadores y pandilleros” que se encargaron de asesinar a seis periodistas. En el listado de víctimas se encuentran Alfredo Landaverde y Julián Arístides Gonzales, quienes laboraban en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
Liseth García admite que con estas situaciones se enfrentan todos los días los periodistas al ejercer su labor y que sus vidas están en constante amenaza.
“Ejercer el periodismo en Honduras siempre ha sido de riesgos, no únicamente porque está nuestra vida amenazada, siempre ha estado amenazada, sobre todo porque hemos tenido el narcotráfico encima; hemos tenido maras y pandillas encima; hemos tenido situaciones con las que hemos tenido que aprender a convivir. Más allá de ese riesgo del que hablamos, y toda la gente se imagina que únicamente ese es el tipo de riesgo, aquí en Honduras enfrentamos una serie de situaciones”, esclareció.
Solamente en el 2019 se fueron al exilio 22 periodistas. De acuerdo a Amada Ponce esta cifra puede ser el triple porque la mayoría de periodistas no reporta que deben salir del país, por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran.
“Lo peor que puede pasar después del asesinato es el exilio para un periodista”, mencionó.
Igualmente, Ponce menciona que es muy difícil que los periodistas ejerzan su profesión en otro país.
“Es muy difícil que un comunicador siga ejerciendo de comunicador fuera del país, porque pierde sus fuentes, pierde su medio de comunicación”, subrayó.
