** En Honduras los señalamientos de corrupción con dineros de la emergencia para combatir el COVID-19 están a la orden del día. Precios sobrevalorados, compra de televisores y percoladoras en lugar de equipo médico, pago de facturas hoteleras y adquisiciones de materiales biomédicos a empresas que venden celulares por cifras superiores a los 3.5 millones de dólares son algunos de los hallazgos en las compras del Estado.
Quienes están vendiendo a precios sobrevalorados en el marco de la emergencia por COVID-19 no son empresarios, sino, delincuentes infiltrados contra quienes los hondureños deben ejercer presión social y los organismos de justicia tienen que imputarles responsabilidades, señaló el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero.
La CCIC tiene su sede en San Pedro Sula y con casi 3,000 socios es una de las organizaciones empresariales más influyentes de Honduras. El Valle de Sula, donde está dicha ciudad, genera más del 60 por ciento del Producto Interno Bruto de Honduras.
“Una persona que se está aprovechando de una emergencia nacional vendiendo al doble de precio y un funcionario público que lo acepta están actuando igual de mal y es inaceptable”, dijo Barquero a Expediente Público durante una entrevista telefónica.
Reconoció que “lamentablemente hay unas cuantas personas que están infiltradas en el sector privado y que han estado haciéndole el juego a la corrupción. Lo que te puedo decir es que la mayoría de los empresarios no estamos involucrados en eso. La inmensa mayoría de los empresarios en este país somos personas que nos levantamos todos los días a trabajar, pasamos trabajando todo el día y nos acostamos tarde porque pasamos trabajando”.
Sin embargo, aunque Barquero insiste en que los corruptos son unos pocos, hay una larga historia de aprovechamiento del sector salud en Honduras, tanto de empresarios que venden medicamentos y equipo médico, como de funcionarios que les facilitan el saqueo. En julio de 2019 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que, solo en 8 líneas de investigación que habían abierto, encontraron pérdidas por 700,000 millones de lempiras (más de 28,000 millones de dólares) para el Estado hondureño a causa de la corrupción en los últimos años.
“Hay algunos malos hondureños que se han dedicado a estafar el dinero público, a estafar al gobierno en contubernio con los políticos y eso lo tenemos que eliminar de raíz en este país, y asegurarnos que las personas que tienen que pagar las consecuencias legales las paguen y ejercer los mecanismos de control para que no siga sucediendo”, enfatizó.
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A la falta de transparencia en el uso del dinero se suma la desinformación de las autoridades en el tema sanitario. Por ejemplo, entre el 13 y el 17 de abril reportaron muertes por COVID-19 a diario, para un total de 21 en cinco días, lo que puso a Honduras con uno de los más altos porcentajes de letalidad del mundo, al alcanzar el 10.07 por ciento. Esto disparó las alarmas en los medios de comunicación. Desde el 18 de abril no se reportaron más muertes de manera oficial hasta el 22 de abril, cuando volvieron a reconocer un deceso, lo que permitió una baja notable en el porcentaje de letalidad, hasta 9,06.
Sin embargo, el miércoles 22 de abril La Prensa reportó un entierro masivo de 9 personas y el canal de televisión HCH mostró un video donde enterraban a 7 personas en ese periodo de cero muertes “oficiales”.
TURQUÍA NIEGA VENTA
Los señalamientos del presidente de la CCIC se producen en medio de una oleada de indignación de los hondureños en las redes sociales , luego que trascendieran compras de hospitales móviles, equipos y suministros médicos, a precios muy por encima de lo normal y con severos problemas de eficiencia, porque algunos de los bienes adquiridos tardarán meses en llegar, pese a la gravedad de la situación. El 10 de febrero de 2020, un mes antes de que se reportara el primer caso de COVID-19, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 mediante el cual declaró Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, y con ello facultó a los funcionarios a hacer compras directas, es decir, sin licitaciones.
Según una publicación del diario La Prensa, de San Pedro Sula, para enfrentar la emergencia el gobierno ha dispuesto usar 92,800 millones de lempiras (3,742 millones de dólares), lo que equivale a un 33 por ciento de todo el presupuesto general de la República para el 2020.
Para Barquero esos montos “no se justifican” con los resultados que se están teniendo: uno de los porcentajes de letalidad más alto de América y del mundo; una de las tasas de aplicación de pruebas más bajas de Centroamérica, lo que no permite tener una dimensión clara de la afectación que están teniendo; y una economía paralizada, y con cero incentivos para la gran empresa. Leer más aquí
“Honduras es uno de los países que oficialmente ha reportado más dinero invertido y uno de los resultados más bajos. Entonces definitivamente hay algo que no cuadra y hay algo que no es coherente. Obviamente los recursos no están siendo utilizados de forma eficiente ni de forma transparente. Eso se ve reflejado en las órdenes de compra con sobrevaloración”, señaló el empresario.
La falta de eficiencia se observa, por ejemplo, en la adquisición de tres hospitales móviles a un costo de 7,959,000 dólares cada uno y otros cuatro a un costo de 5,750,000 dólares cada uno, según documentación subida a la página web de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras). Esta es “una unidad de gestión (planeación, administración e implementación) de proyectos y programas estratégicos para el desarrollo del país adscrita a la Coordinación General de Gobierno”, según se lee en su web, y es una de las entidades encargadas de hacer compras durante la emergencia por COVID-19.
Los hospitales fueron comprados a la empresa estadounidense ELMED Medical Systems, Inc. DBA Hospitales Moviles, la que a su vez los mandó a construir a Turquía y los entregará entre el 15 de junio y el 15 de julio próximos, pero una vez estén en Honduras hay que sumar un tiempo para su instalación, lo que sin duda podría ser demasiado tarde para muchos pacientes en un país con una letalidad de 9.06 por ciento por coronavirus.
Además, compraron al mismo proveedor 7 plantas de tratamiento de residuos médicos por un valor de 87,500 dólares cada una, las que llegarán junto a los hospitales. La inversión total supera los 46.8 millones de dólares.
En cambio, Panamá construyó un hospital modular en menos de 30 días y lo dio por terminado el pasado 16 de abril a un costo de 6.5 millones de dólares, por lo que podrá dar servicio en pleno auge de la pandemia. Su capacidad es de 100 camas. Los más caros comprados por Honduras tienen capacidad para 91.
Otro ejemplo de eficiencia lo dio El Salvador, que el 12 de abril anunció haber terminado de remodelar edificaciones y comprado equipos para instalar dos hospitales temporales a un costo de 372,000 dólares, ambos, y con una capacidad de atención de 250 pacientes cada uno. Por su parte, las autoridades hondureñas informaron haber instalado un hospital temporal, que en realidad es una enorme carpa, en la ciudad de Villanueva, al norte de Honduras, a un costo superior a los 5.5 millones de lempiras (220,826.87 dólares), con capacidad para albergar a tan solo 20 personas. Esas instalaciones siguen sin usarse.
Los cuestionamientos han sido tan fuertes que incluso el gobierno de Turquía, a través de su embajada para Centroamérica, se desmarcó del asunto y emitió un comunicado. “La Embajada de la República de Turquía concurrente para Honduras informa que hasta el día de hoy no se tiene conocimiento que el Gobierno hondureño haya realizado la compra de los hospitales móviles directamente a la República de Turquía o alguna compañía turca”, aseguran.
Ante el cuestionamiento, el director de Invest-H, Marco Bográn, dijo a la hondureña Radio América, que “el comunicado no plantea ninguna noticia nueva, viene a aclarar mucha desinformación que se ha dado en redes sociales”, pues en ningún momento han estado en contacto con el Gobierno de Turquía para adquirir hospitales. “Nos pusimos en contacto con un proveedor de hospitales estadounidense, ellos fabrican en Turquía. El fabricante es el mismo proveedor, no es un intermediario”.
SOBREVALORACIÓN AL 100%
Pedro Barquero, quien es ingeniero industrial y de sistemas, y además tiene un máster en administración de empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), sondeó una de las órdenes de compra de Invest-Honduras, la 017-2020, mediante la cual se adquirieron mascarillas, batas, anteojos descartables, protectores faciales, guantes, oxímetros y termómetros a una compañía con sede en Miami por un total de 3,547,500 dólares.
“Si miras los precios, son precios que hemos confirmado con otros comerciantes aquí en San Pedro Sula, estas mascarillas de 4.81 (dólares), la otra de 90 centavos (de dólar), los guantes a 27 centavos (de dólar). Todos esos pudimos conseguir cotizaciones de China que sumándole el flete aéreo para poderlo tener aquí aproximadamente en dos semanas, pagando el desaduanaje y todo lo demás, se pueden vender ya con ganancia a la mitad de ese precio”, indicó Barquero.
El empresario explicó que “una persona ganándole un porcentaje normal, lo pudo haber vendido a la mitad, en 1.7 millones de dólares y los otro 1.7 millones de dólares es sobrevaloración. Imagínate lo que se pudo haber hecho para alimentar gente. Jamás van a alcanzar los impuestos si seguimos pagando el doble por las cosas que compramos”.
Según la orden de compra, el proveedor es Access Telecom, con sede en el 1882 NW 97th Avenue, Miami, Fl 33172. Sin embargo, un vistazo a su página web hace ver que el giro principal de la empresa son los celulares y no equipo médico.
En su página de presentación dice: «Somos líderes en innovación y servicios diversificados para la industria inalámbrica”. En otra página, bajo el texto «¿Qué es lo que hacemos?», explican: «Hacemos la tecnología móvil accesible a todos. Proveemos más de 1 millón de aparatos de los fabricantes líderes de la industria a miles de clientes cada año, los que van desde operadores de sistemas privados a agentes, revendedores, distribuidores y tiendas”. Abajo de esta explicación aparecen los logos de marcas de celulares como Huawei, Samsung, LG, Motorola, Apple y Haier.
En ninguna parte aparece que distribuyan equipo médico. Investigadores de Expediente Público se comunicaron vía correo electrónico con la empresa, pero no habían contestado hasta la redacción de este reportaje.
“Entonces lo que vemos es que obviamente hay personas que están abusando a través de compras sobrevaloradas y eso es algo que no debería suceder nunca, menos ahorita en medio de un problema de una pandemia, en la cual cada lempira puede significar una vida”, dijo Barquero.
Sobre el giro de la empresa, teléfonos y no equipo médico, el empresario señaló que “es importante verificar que las empresas, que están ofertando productos y servicios, tengan experiencia con esos productos y servicios y no sea que están experimentando por primera vez con una emergencia nacional”.
Y es que con un presupuesto de 3,742 millones de dólares pareciera que el dinero alcanza para todo. Por ejemplo, una de las facturas pagadas por Invest-H fue por 101,199.40 lempiras (4,074 dólares) por hotel y alimentación para cuatro “consultores que atienden gira técnica para atender la emergencia por COVID-19 en Honduras” y que estuvieron 15 días en Tegucigalpa.
EL INFORME DEL CNA
El gobierno dispuso que el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) fuera el organismo supervisor de las diversas actividades en torno a la emergencia por COVID-19. El Fonac es una entidad de sociedad civil que estuvo inactiva en los últimos años, hasta que el mismo gobierno la revivió en diciembre pasado, como ente supervisor anticorrupción, previo a rechazar la prolongación del trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, Barquero considera, diplomáticamente, que el Fonac tiene poco tiempo de estar activo y carece de la experiencia necesaria en veeduría, por lo que la organización que preside, la CCIC, ha venido abogando para que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social para el Desarrollo y la Deuda Externa en Honduras (Fosdeh) sean los vigilantes de las compras. Ambas instituciones de sociedad civil han demostrado independencia en sus análisis y han cuestionado decisiones del gobierno, sin que este sea capaz de refutar sus señalamientos.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Fonac, Omar Rivera, dijo a la radio HRN que “todos pueden ser partícipes del proceso de veeduría sin ser invitados”, para después añadir que tienen escasez de personal, solo 18 personas, de las cuales 7 son adultos mayores, por lo que se han limitado a supervisar la entrega de alimentos que realiza el gobierno, y no las adquisiciones para el combate de COVID-19.
“Se nos ha informado del proceso de compra por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Suplidora Nacional de Productos Básicos, porque no podemos estar en todo”, dijo Rivera.
Hasta ahora el gobierno de Juan Orlando Hernández ha hecho oídos sordos a la petición de incorporar al Fosdeh y al CNA, y tampoco da explicaciones de porqué no se les incorpora a la veeduría, pero el Consejo Anticorrupción ya hizo su primer análisis que tituló “La corrupción en los tiempos del COVID-19. I Parte”.
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En ese informe explican que, en el Congreso Nacional, un diputado propuso que el CNA fuera el encargado de velar por el correcto uso de los fondos, pero “la propuesta fue desestimada de forma categórica y contundente, sin justificar las razones”. En el Legislativo la mayoría de votos la tiene el Partido Nacional, al que pertenece el presidente Juan Orlando Hernández.
Este primer análisis del CNA solo llega hasta el 3 de abril, cuando se habían ejecutado 2,195,092,789.07 lempiras (más de 88.4 millones de dólares) y de esa cantidad solo revisaron compras por 12,177,300 lempiras (490,608 dólares), encontrando una sobrevaloración de 3,653,960 (147,213.63 dólares).
El método que utilizaron fue comparar las compras hechas por el Poder Judicial contra las compras del Ministerio de Salud, específicamente de mascarillas y guantes. El principal hallazgo fue que con los precios logrados por el Poder Judicial, el Ministerio de Salud no hubiera tenido que pagar los más de 12 millones de lempiras que pagó, sino 8,523,340 lempiras (343,395.06 dólares).
Cuestionan, además, que las compras realizadas por el Ministerio de Salud fueron mucho mayores que las del Poder Judicial, lo que pudo facilitar negociar mejores precios, pero no lo hicieron.
PIERDE EL PUESTO
Otra de las entidades autorizadas a hacer compras en el marco de la emergencia por COVID-19 es la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Las autoridades de esta oficina pública se pusieron en el ojo del huracán cuando empleados enviaron a la Secretaría de Finanzas algunas órdenes de compra, entre ellas la número 2590, emitida el 30 de marzo de 2020, para ser subida a una página web de acceso público.
Mediante esa orden estaban, en proceso de compra a una empresa llamada Inversiones Múltiples Bernata, varios oasis, lavadoras, secadoras, televisores, percoladoras y cables eléctricos a un costo total de 380,000 lempiras (15,310 dólares). Algunos empresarios comenzaron a cuestionar que los precios aparecidos en el documento eran, incluso, el doble del valor real de mercado.
En un intento de frenar las críticas el 14 de abril se ordenó suspender temporalmente al administrador de Copeco, Cristian Elías Santelli Echeverría, “y a todos los empleados que estuvieron relacionados con el envío de información a la Secretaría de Finanzas”. Es decir, pretendían castigar a quienes dieron información, no a quienes ordenaron hacer las compras.
Como las críticas no cesaron, el 20 de abril, la Copeco anunció que había anulado la polémica orden de compra. Sin embargo, para entonces el Tribunal Superior de Cuentas (TSC, órgano encargado de auditar las cuentas del Estado) ya había comenzado a indagar y el 21 de abril emitió un informe preliminar que encontró irregularidades en las compras de la institución. Eso terminó con el despido del jefe de la Copeco, Gabriel Rubí.
El informe del TSC refiere que Copeco no cuenta “con la documentación administrativa necesaria para haber iniciado un trámite de compra, por tanto, no se evidencia las autorizaciones correspondientes, denotando serias fallas administrativas que han permitido que muchos procesos de compra ya realizados o pendientes de hacerlo presentan deficiencias que pueden traducirse en responsabilidades en una investigación especial posterior”.
En un comunicado el TSC explica: “En el Informe se detallan una serie de deficiencias de control interno, entre ellas que Copeco contrató con intermediarios, es decir empresas que tienen un giro totalmente distinto al que se debe dedicar una empresa de acuerdo a los productos que vendió a la institución, con las cuales no era conveniente la relación”.
El TSC encontró “inconsistencias mayores y menores” en 17 cheques pendientes de pago, por la suma de 16,662,388.00 lempiras (671,307.45 dólares), pero también encontró inconsistencias menores en 13 cheques, que igualmente están archivados y pendientes de pago, por la suma de 12,575,540.00 lempiras (506,653.29 dólares). “Los mismos no cuentan con la documentación interna necesaria”, apunta el informe.
Entre los cheques con inconsistencias estaba precisamente el número 00000052, a favor de Inversiones Bernata, por un valor de 380,000 lempiras. Esta es la empresa cuya orden de compra supuestamente se había anulado.
Otros cheques con inconsistencias fueron el número 00000059, a nombre de GNM Corporación, por la suma de 647,000 lempiras (26,066.85 dólares); otro con número 00000063, cuyo proveedor es la empresa Distribuciones Valencia, por un valor de 668,748 lempiras (26,943.05 dólares); el último con numeración 00000079, a favor de GNM Corporación, por la suma de 2,391,100 lempiras (96,334.53 dólares).
Para el empresario Barquero es necesario que los hondureños sigan presionando, haciendo veeduría social y que, después de que este proceso de emergencia haya terminado, se realice una auditoría forense para deducir responsabilidades a funcionarios y a quienes realizaron las ventas sobrevaloradas.
“También tenemos que pedirle a estas organizaciones que no solamente publiquen las órdenes de compra, sino que publiquen desde el inicio hasta el final todo el proceso de compra. Lo primero es hacer público las necesidades que tienen para las compras futuras, después tienen que hacer públicas todas las cotizaciones que reciben y luego tienen que hacer público cuál de las cotizaciones fue la elegida y la justificación del por qué, y la orden de compra. Es necesario ser transparentes, no sólo con las órdenes de compra, sino, con todo el proceso en la compra de cualquier insumo o material”, concluyó el empresario.
