*Expertos consultados por Expediente Público analizan los pro y los contra de la nueva modalidad «patrullas interceptoras», la cual podría socavar aún más la desconfianza de la ciudadanía ante las fuerzas policiales.
** Pamela Ruíz de Crisis Gruop expone su inquietud en cuanto al riesgo de arrestos ilegales en el uso de unidades no identificadas por la Policía de Honduras.
Sharon Ardon / Expediente Público
La decisión de la Secretaría de Seguridad de Honduras de utilizar «patrullas interceptoras» que no tienen identificación oficial ni distintivos policiales, le ha valido críticas al Gobierno desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos por el riesgo de que se presenten abusos por parte de los oficiales o por delincuentes que se hagan pasar por policías.
En América Latina hay registros de incidencia de servicios policiales con estas mismas características que supone el plan impulsado por el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez en Honduras.
Por ejemplo, el caso del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como la policía política del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la que ha sido señala por organismos de derechos humanos, como Naciones Unidas, de torturar a disidentes y opositores venezolanos.
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¿Cómo operan las patrullas interceptoras?
El 19 de julio del 2023, el ministro de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, anunció el sistema de “patrullas interceptoras” exponiendo que es con el objetivo de intervenir “en situaciones que ameriten” como alteración del orden público, el control del tráfico y tránsito vehicular, así como en casos de delitos, que no especificó.
El vocero de la Policía Nacional (PN), Edgardo Barahona, explicó a Expediente Público que el programa de vehículos interceptores se enmarca tanto en acciones contra estructuras criminales como en el estado de excepción vigente en 123 municipios, y son apoyadas por la Operación Candado (realizada en el departamento de Atlántida) y otros entes de la Seguridad del Estado.
Los vehículos están operando desde el 17 de julio del 2023 como parte de una prueba piloto en el Valle de Sula, ubicado en el norte de Honduras y un sector con bastante incidencia criminal. En esa zona se destinaron 32 radio patrullas.
Barahona explicó que estos vehículos no llevan identificación policial, pero cuentan con un oficial y tres agentes de la Escala Básica con identificación alusiva a la Policía Nacional. El objetivo sería apoyar y coordinarse con operaciones focalizadas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Policial Anti-Maras Pandillas y Crimen Organizado (DIPAMCO), fuerzas especiales, policía de fronteras u otras unidades de seguridad.
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¿Por qué utilizar patrullas interceptoras?
Con esta modalidad se pretende un efecto sorpresa en las intervenciones, ya que, “teníamos el problema que cuando las operaciones llegaban a las comunidades a intervenir, los delincuentes tenían de antemano información de que las patrullas policiales estaban llegando y tenían suficiente tiempo para poder huir”, explicó Barahona.
El comisionado señaló que esta estrategia está estipulada en Ley Orgánica de la Policía Nacional, simplemente bajo el concepto de intervenciones. Expediente Público revisó esa ley en donde no se menciona la facultad de este tipo de estrategias.
Lo que sí obliga esa Ley en su artículo 24, inciso 15, es que todos los miembros de la Policía Nacional de Honduras a “identificarse en el momento de proceder a una detención y brindarle la información” requerida en las detenciones.
¿Se compraron camionetas nuevas?
El comisionado Barahona detalló que el presupuesto utilizado para este programa de patrullas, que en su mayoría son vehículos de marca Toyota Hilux, provienen de los mismos fondos asignados por el Gobierno a la Secretaría de Seguridad para su funcionamiento que es de 9,202,258,600 lempiras, equivalente a 373 millones de dólares.
Expediente Público verificó en el Presupuesto General de la República de Honduras en 2023 pero no se encontró ningún monto asignado para esta nueva modalidad.
Barahona justificó que en la Secretaría de Seguridad no compraron las camionetas “exclusivamente para esta actividad” de patrullas interceptoras ni se graduaron policías especialmente para esta operación.
“A partir del 1 de julio (de 2023), la Policía Nacional ya no está participando en la intervención administrativa ni de seguridad de los 25 centros penitenciarios del país, por lo que las radio patrullas y casi mil elementos policiales que estaban designados a este tipo de actividades fueron replegados y ya los tenemos con nosotros (en la Secretaría de Seguridad)”, dijo.
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Socava la confianza de los ciudadanos
“Esos vehículos con los que ya contábamos, los hemos recuperado del trabajo que estábamos realizando con el Instituto Nacional Penitenciario y personal policial que también lo recuperamos producto de que se cedió la administración de los centros penitenciarios a la Policía Militar del Orden Público”, afirmó Barahona.
Evan Ellis, profesor investigador de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, dijo a Expediente Público que debe preocupar el uso de las “patrullas interceptoras” como nueva modalidad de la Policía, sobre todo por la falta información sobre los protocolos de uso y si esta práctica sería adecuada en el contexto hondureño.
Ellis señala que el uso de vehículos no marcados también puede generar confusión sobre quiénes son realmente los agentes de Policía, y existe la posibilidad de que los criminales utilicen uniformes para fines delictivos.
“Estos vehículos podrían ayudar al policía de preservar un elemento de sorpresa para ciertos tipos de operaciones, esta ventaja viene con el costo de la posibilidad de socavar la opinión pública y la confianza en la policía”, determinó.
Para el experto estadounidense, la visibilidad pública juega un papel fundamental en la percepción de la Policía por parte de la comunidad, y cualquier enfoque que aumente la inseguridad o desconfianza hacia las fuerzas del orden público podría tener consecuencias negativas a largo plazo.
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Las patrullas policiales deben estar identificadas
Para el analista político, Joaquín Mejía Rivera, el contexto de Honduras debería de ser un factor crucial a tener en cuenta en la implementación de la medida de patrullas policiales no identificadas.
Mejía expuso que la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad no están analizando los altos riesgos de la medida en “un país con tanta criminalidad y desconfianza en una institucionalidad relacionada con las fuerzas de seguridad pública, debido al involucramiento de estos en actos ilícitos y además a la depuración fallida” de la Policía.
Según datos que recoge la fundación Insight Crime, que investiga las amenazas a la seguridad en la región latinoamericana, hasta 2022 Honduras tenía el segundo puesto en cuanto a niveles de violencia, superado únicamente por Guatemala.
“Honduras continuó su racha como el país más mortífero de Centroamérica en 2022, con una tasa de homicidios de 35,8 por cada 100.000 personas, según cifras del Gobierno”, detalla el reporte.
“El Gobierno debería de reflexionar más sobre esta medida, convocar a diferentes sectores sociales y buscar medidas que realmente se adapten al contexto. Entiendo perfectamente la necesidad que hay de que existan este tipo de actuaciones digamos para disuadir, sin embargo, el contexto nos indica que no es una medida idónea”, afirmó Mejía.
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¿Los ciudadanos no deben desconfiar?
Gonzalo Sánchez, criminólogo hondureño, dijo a Expediente Público que el uso de patrullas policiales no identificadas ayudará a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad con el factor sorpresa que es clave en la lucha contra el crimen.
Sánchez, quien laboró por 13 años en la Policía hondureña explica que “el delito tiende a mutar”, en el que “los antisociales buscan otro tipo de actividades que puede ser el secuestro, el robo de buses incluso robo de vehículos y otro tipo de delito”, por lo que la nueva estrategia policial contribuiría a disuadirlo.
“Le adelanto que eso va a ser todo un éxito y le va a devolver la confianza a la población”, subrayó.
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Abusos policiales
Sin embargo, Pamela Ruiz, analista de International Crisis Group, señala que, en Honduras donde la Policía “carece de legitimidad y se rumora sobre niveles de corrupción en su interior”, existe el riesgo de que se acuse injustamente a personas y se realicen arrestos sin suficiente evidencia.
Planteó a Expediente Público que, las detenciones bajo el marco de infraganti, (en el acto de cometer el delito) “es aún más problemático porque los tribunales podrían no encontrar suficiente evidencia para mantener los casos, lo que llevaría a personas a permanecer (de forma injusta) en un sistema penitenciario que ya tiene problemas de hacinamiento”.
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Ruiz recordó cómo “la falta de investigación adecuada por parte de la policía ha sido un problema histórico en Honduras”, y teme que la nueva estrategia complique la situación, lo que afecta “los derechos constitucionales y humanos de las personas que son injustamente encarceladas”.
