*La convocatoria de una “contramarcha” por parte del partido oficialista de Honduras, Libre, ha generado preocupación de la sociedad civil que también había solicitado salir a las calles el mismo día.
**Libre imita prácticas de gobiernos anteriores al obligar a trabajadores del Estado a asistir a la marcha oficialista.
Sharon Ardón y Aimée Cárcamo
Expediente Público
El partido oficialista de Honduras, Libertad y Refundación (Libre), boicoteó una marcha anunciada por diferentes agrupaciones que reclaman mejoras sociales, anunciando una “contramarcha” el mismo día y a la misma hora usando a trabajadores del Estado, una práctica usual de otros regímenes autoritarios cuya finalidad es enfrentar a sectores sociales.
Esta estrategia ha sido usada en Venezuela y Nicaragua, países donde los partidos oficialistas usan a trabajadores del Estado en “contramarchas” para que la oposición desista de sus demandas tratando de evitar incidentes violentos.
Al menos 40 movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil encabezadas por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) convocaron para este 18 de julio a una marcha de las antorchas, con la que pretendían reactivar el movimiento de los indignados que surgió en 2015 a raíz del escándalo de corrupción en el Seguro Social.
Bajo el lema «Retomamos las antorchas contra la corrupción» convocaron a la ciudadanía para el 18 de julio en el puente de la Guadalupe, en la capital Tegucigalpa, a partir de las 5:00 de la tarde. Al final, fue cancelada.
El mismo día el partido de gobierno Libre, convocó a sus simpatizantes a movilizarse en respaldo a la Ley de Justicia Tributaria y por la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH).
Obligados a marchar
Expediente Público constató que el Gobierno de Libre presiona a los trabajadores del Estado para que respalden la marcha política, una práctica que criticaban de la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), y también una similar registrada en los países de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
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Un ejemplo de esto es la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que en un comunicado dirigido a sus trabajadores, orientó que asistan a la marcha este martes vistiendo camisas rojas, “como que fuera un viernes rojo” del color del partido Libre, señala el comunicado al que tuvo acceso Expediente Público.
La participación forzada de los empleados públicos en una marcha política supone preocupaciones sobre la libertad individual de los trabajadores y la politización de las instituciones gubernamentales.
Expediente Público se contactó con los dirigentes de transporte de Honduras para consultarles si el Gobierno les había solicitado movilizar a las personas hacia la marcha, sin embargo, expresaron que no fueron contactados como en años anteriores.
Pactos de la impunidad
El dirigente del transporte, Wilmer Calix señaló a Expediente Público que son alrededor de 1,200 unidades de transporte en la capital de Honduras, Tegucigalpa y “esta vez no nos han solicitado”, lo que considera que puede ser parte de “su estrategia, me imagino que la gente llega de alguna forma”.
Es de recordar que en 2015 ese movimiento ciudadano, que exigía un mecanismo anticorrupción similar al que había en Guatemala (CICIG), tuvo tal impacto que obligó al entonces presidente Juan Orlando Hernández a instalar con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La convocatoria de sociedad civil para este martes 18 de julio tenía como propósito exigir la derogación de los llamados pactos de impunidad que todavía no han sido derogados por el Congreso Nacional, la transparencia y rendición de cuentas en el Gobierno y la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Gobierno negocia con ONU pero mantiene trabas
A pesar de que en el país centroamericano se encuentra desde el 9 de julio una misión técnica de las Naciones Unidas, que se encargará de evaluar las condiciones para la llegada de un mecanismo anticorrupción internacional todavía no ha sido aprobada la Ley de Colaboración Eficaz, ni se han eliminado todos los decretos aprobados en el anterior Gobierno y que han favorecido la impunidad.
Pero, además, la presencia de la mexicana María Antonia Quiroz como parte de la delegación gubernamental que participa en las reuniones sobre la CICIH ha generado suspicacias.
Quiroz fue asistente del mexicano Jacobo Domínguez cuando este integró la MACCIH y fue señalado de boicotear ese mecanismo. Aunque el Gobierno de Castro trató de desmentir ese hecho, al final se reveló que Quiroz sí es asesora en las negociaciones.
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Presidenta convocó
El día, lugar y la hora anunciados para la marcha convocada por Manuel Zelaya, asesor de su esposa la presidenta Xiomara Castro eran exactamente los mismos propuestos por las organizaciones de la sociedad civil. Además de la CICIH el expresidente incluyó entre las “demandas” la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y la adhesión a la Corporación Andino de Fomento (CAF).
También la presidenta Castro publicó un mensaje instando a participar en la marcha paralela, lo que activó en redes sociales mensajes descalificadores y polémicos que acusaban a las organizaciones de sociedad civil de estar en contra del Gobierno y anticipaban posibles enfrentamientos el día de las manifestaciones.
Finalmente, representantes de las organizaciones sociales anunciaron en una conferencia de prensa el lunes que cancelaban la marcha ante el riesgo que podían correr los manifestantes y las amenazas contra algunos de los organizadores.
Boicot a sociedad civil
“Nos preocupa la respuesta no solo del Partido Libertad y Refundación (Libre), porque se traduce en una postura gubernamental que restringe el derecho a contar con espacios cívico-democráticos, siembra terror y dificulta la construcción del consenso social”, señala el comunicado leído en la conferencia.
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Varios sectores se pronunciaron por la arremetida del Gobierno contra esta iniciativa de sociedad civil y se solidarizaron con las organizaciones cuyo propósito era el de reactivar uno de los mayores movimientos anticorrupción que ha surgido en Honduras en los últimos años y que ha estado adormecido, en parte, porque algunos de sus principales promotores pasaron a engrosar la lista de los empleados del actual Gobierno.
Copiando prácticas de JOH
En una entrevista con Expediente Público, el analista político, Raúl Pineda expresó que la marcha convocada por el partido oficialista tiene a su criterio, tres calificativos, “es una provocación, es innecesaria, y se parece a lo que hacía el Gobierno anterior. Se dice que avanzando por la izquierda se termina en la derecha”.
Pineda considera que convocar a empleados públicos y circular órdenes para que apoyen al Gobierno es una práctica que se asemeja a la del Gobierno anterior, aunque sin los incentivos económicos que se solían ofrecer.
“Se está haciendo lo mismo que se hacía en el Gobierno del presidente Hernández con la diferencia que antes daban pan con mostaza y 50 lempiras y parece que en este evento no se van a dar este tipo de incentivos”, manifestó.
Asimismo, refirió que “yo digo que es provocadora porque es un desafío para boicotear otra marcha previamente señalada, que es innecesaria porque ellos son el Gobierno ellos tienen la capacidad de tomar las decisiones que estimen convenientes si el tema es la venida de la CICIH”.
Además, señala que esta acción pone en evidencia una contradicción en el discurso del Gobierno, ya que a nivel internacional se muestra solidaridad con gobiernos de izquierda como Cuba y Venezuela, pero a nivel interno se comporta de manera similar a un Gobierno de derecha.
