**Alcaldes advierten complicidad del liderazgo del Partido Liberal Constitucionalista con el régimen Ortega-Murillo, lo cual deja sin una oposición real a Nicaragua en las elecciones municipales 2022.
Expediente Público
“La gestión ha sido con mucho sacrificio, lucha y ha sido muy difícil”, afirmó a Expediente Público, Grenchen Martínez, alcaldesa del Camoapa, municipio del departamento de Boaco, a 115 kilómetros de Managua, una de las 11 alcaldías que fueron confirmadas en las elecciones municipales del 2017 por el Consejo Supremo Electoral (CSE) al Partido Liberal Constitucionalista, (PLC).
Desde las fraudulentas elecciones municipales del 2008 se asignó al Frente Sandinista el 60% de las municipalidades. A raíz de esto y tras las negociaciones entre Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán, exdirigente del PLC, se consolidó una de las expresiones de conquista de poder más significativa, la cual comenzó un proceso de centralización que fue la clave para la represión municipal, según investigación realizada por Expediente Público. Alemán perdió el control del PLC que pasó a manos de la diputada María Haydée Osuna, convertida en la nueva aliada del régimen de Daniel Ortega.
Aunque ese pacto político de las cúpulas no lo comparten y menos beneficia a los alcaldes liberales.
“A nosotros nadie nos entregó la alcaldía, nada más nos entregaron una llave, la memoria de traspaso y de gestión. Llegamos a la oficina y yo casi me caigo de la silla. El colmo fue el inodoro del despacho, casi que se caía (a pedazos). Caen en el colmo de la miseria”, rememoró Martínez sobre el traspaso municipal de manos de alcaldes sandinistas en enero del 2018.
Los actuales directivos del PLC se negaron a dar entrevistas a Expediente Público sobre los reclamos de sus alcaldes de haberles dejado sin apoyo político.
El saqueo de las alcaldías municipales es un denominador común entre las denuncias de los partidos que se dicen adversar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
FSLN heredó saqueo
Aseguró que después de asumir funciones, detectaron el traspaso de propiedades de la alcaldía de Camoapa al Gobierno central. Las instalaciones fueron entregadas sin ninguna información sobre el trabajo realizado en la gestión anterior e incluso con deudas y estados financieros en rojo.
Martínez, una de las alcaldesas que aún se atreve a alzar su voz contra los abusos a los derechos humanos del régimen, explicó que a la calamidad financiera que recibieron, se suma la reducción de las transferencias presupuestarias.
«Nos dimos cuenta después de que a mediados del año nos redujeron las transferencias municipales”. Un año antes, los alcaldes sandinistas habían recibido “un poco más de 30 millones de córdobas (alrededor de 900 mil dólares). A nosotros nos mandaron nada más 17 millones” (unos US$530 mil).
Castigo con transferencia
Para 2022, se proyecta que las 135 alcaldías del Frente Sandinista reciban unos 91.5 millones de dólares en transferencias, lo que representa el 95.7 por ciento del pastel presupuestario para las municipalidades en este año.
Mientras que entre las 18 alcaldías opositoras que conforman los partidos Ciudadanos por la Libertad, PLC y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) se distribuirán unos 4.1 millones de dólares que equivale al 4.3 por ciento del presupuesto municipal total, reveló el análisis de Expediente Público a los documentos oficiales.
El Gobierno municipal que preside Martínez este año recibirá una partida equivalente a 234 mil 192 dólares, es decir, verá su presupuesto recortado en un 5 por ciento con respecto a 2021 cuando recibieron unos 245 mil 996 dólares.
Enfatiza que al comparar las transferencias que reciben otras alcaldías de Boaco, como San Lorenzo o Santa Lucía, del mismo departamento, cuyos «territorio no es tan grande como Camoapa, ellos están recibiendo mucho más dinero porque son sandinistas”.
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Estrategia de exterminio a la oposición
Persecución política, exilio, detenciones, amenazas, reducción al presupuesto municipal, conflicto de intereses, saqueos y un pacto intacto de la cúpula del PLC con el FSLN son algunas de las complejidades que Expediente Público pudo constatar sobre la gestión política de las alcaldías liberales en los últimos cuatro años. Al menos hasta ahora no les han sido arrebatadas formalmente, como ocurrió con las cinco alcaldías de Ciudadanos por la Libertad, ahora en poder de funcionarios del Frente Sandinista.
Apolonio Fargas, exalcalde de Mulukukú, dijo a Expediente Público que la reducción de las transferencias municipales forma parte de un mecanismo de castigo. Esto supone un retroceso en el desarrollo de las comunidades.
Mulukukú es un municipio ubicado en el departamento de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Fargas ganó las elecciones de 2017 con 7,800 votos en contra de 6,000 del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
En 2018 esta alcaldía recibió 15 millones de córdobas (unos 464 mil dólares), pero en 2019 la cantidad se redujo a 3 millones (poco más de 93 mil dólares), explicó Fargas, quien ahora se encuentra en el exilio tras vivir un proceso de persecución y encarcelamiento.
Planteó que con la aplicación de la Ley de Transferencias presupuestarias a los municipios de Nicaragua los recursos brindados por los gobiernos anteriores al sandinismo (2007-2022), aumentaron hasta por un 10% del total de los ingresos tributarios obtenidos en el Presupuesto General de la República. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda decretó pasar a los municipios solo el 4%.
“Esos fondos son de los impuestos que pagan los ciudadanos para el mejoramiento de caminos, aguas, calles. A las alcaldías liberales se les suspendió ese derecho y solo dejaron el pago de planilla, que es la Ley de Transferencia de inversiones», explicó Fargas, quien fue víctima de uno de los recursos del régimen, la persecución política.
El exilio o de nuevo la cárcel
“Fue una persecución política que comenzó desde abril de 2018, en su momento lo que querían era silenciarme y no dejarme trabajar, porque querían que la alcaldía quedara en manos del Frente. Ese era su objetivo principal”, denuncia.
Apolonio Vargas fue acusado de participar del ataque a la delegación policial en una comarca de Pueblo Nuevo donde murieron tres oficiales y tres más resultaron heridos.
“Cuando me detuvieron en 2018 desconocía los delitos por los que me estaban acusando, porque nunca me llevaron ni una hoja, o una cita de la Fiscalía o del juzgado”, aseguró. Pero el Ministerio Público lo acusó de terrorismo y asesinato. Estuvo en la cárcel durante 11 meses sin ser juzgado, logró su libertad con la Ley de Aministía que aprobaron los diputados sandinistas en julio del 2019, en un intento por reducir la presión de la comunidad internacional por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen desde las protestas del 2018.
Fargas explicó que durante su detención llegó un comisionado del municipio de Siuna (que no identificó) y comenzó a darle golpes en el rostro y patadas.
Al ser trasladado a la cárcel el nuevo «Chipote» en la capital Managua, sufrió tortura física y psicológica, denunció.
A pesar de habérsele restituido como alcalde de Mulukukú, Vargas tuvo renunciar y salir de Nicaragua en 2019 porque nuevamente fue acusado, esta vez porque la Contraloría General de la República le señaló de supuesta malversación de fondos.
En septiembre de ese año, Silgia Lorena Gómez Ruiz, fue juramentada por el Consejo Supremo Electoral como alcaldesa de Mulukukú.
Exdirigentes y trabajadores de la alcaldía han señalado a Silgia Gómez como aliada del FSLN, porque no le correspondía asumir como alcaldesa. Quien fue electo para sustituir a Fargas fue Francisco Obando Cano por concejales del PLC y de Ciudadanos por la Libertad.
«Entonces más bien hubo un complot para tratar de que yo pudiera abandonar el país”, afirmó Vargas al reclamar que nunca fue defendido por la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista, dirigida por la diputada María Haydée Osuna.
Dirigentes del Partido Liberal a la orden de los Ortega-Murillo
Para Fargas la situación de los líderes del PLC como “partido opositor” no es real porque se siguen prestando al pacto con el FSLN. “No les interesa nuestra población liberal, sino que más bien defienden los intereses propios y los intereses partidarios del Gobierno. Definitivamente han dejado mucho que desear después que asumió María Haydée Osuna”, criticó.
Ella es la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista y diputada en la Asamblea Legislativa, cuyas gestiones permitieron la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad y la sustitución de varios concejales de su propia organización política.
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Los alcaldes liberales entienden el desánimo de la población en respaldar a ese partido se debe a la falta de confianza de sus dirigentes como verdaderos opositores. Desde hace cuatro años no se realiza la convención nacional para elegir a las autoridades. Entre los reclamos están que no hay organización de las bases y, hasta ahora, se desconoce el proceso para seleccionar a los candidatos a alcaldes y concejales del PLC en las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre.
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Elecciones: una contienda unipartidaria
Para el exalcalde Fargas, existe también un trato bajo la mesa entre algún sector de la oposición y el partido de Gobierno para participar en las elecciones, como una forma de sobrevivir gracias al reembolso de los gastos en la campaña electoral, que en base a la Ley Electoral se les entrega a los partidos conforme los votos válidos asignados por el Consejo Supremo Electoral. «Entre más votos sacan, más reciben dinero. Buscan participar para estar sacando dinero y no para aportar a salvar al país de la crisis”, explicó.
Todas las estrategias del régimen son con el fin de mantener el poder y dar una falsa apariencia de normalidad. En el período de 2008 a 2017 el FSLN pasó de gobernar 99 alcaldías a controlar 135.
En las próximas elecciones municipales de noviembre, el contexto de la contienda electoral es de una oposición sin liderazgos ni organizada.
De su lado, la alcaldesa Martínez asegura que desde Camoapa prevé que el FSLN se lleve todas las alcaldías y que se encuentran preparados para entregar, pues existe una baja probabilidad de ganar de nuevo esa municipalidad: «Estamos hablando de que en las elecciones nacionales (2021) se supone que sacaron una votación de 13,000 votos. Eso es casi la población total votante del municipio”.
