*Acusados de corrupción, de tráfico de influencias, de vínculos con el narcotráfico, testaferros de grupos delincuenciales y desvisados por Estados Unidos, todavía insisten en ser magistrados.
*Jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, dijo que en su momento harán llegar a la Junta Nominadora toda la información que tienen sobre algunos candidatos.
**Para el miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, Aníbal Cálix, hay grupos políticos y de poder que tratarán de sacar provecho de la elección de nueva CSJ.
Expediente Público
A pesar de que 80 de los 185 postulantes iniciales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han quedado fuera del proceso de selección, entre ellos algunos que eran cuestionados por supuestos vínculos con el narcotráfico, en la lista continúan estando figuras polémicas por sus nexos políticos o familiares, decisiones jurídicas o señalamientos de actos irregulares.
La Junta Nominadora (JN) anunció el viernes 18 de noviembre el listado de los candidatos que, tras superar las pruebas de conocimiento, psicométricas y toxicológicas, han pasado a la etapa de investigación que inició el lunes 21 de noviembre.
“Las 105 personas postulantes que continúan en el proceso realizarán la práctica de un estudio socioeconómico, que está integrado por entrevista personal, visita domiciliaria e investigación en bases de datos y fuentes abiertas”, señala un comunicado en el que aparece el listado completo de los candidatos que continúan en el proceso de selección y las fechas para sus entrevistas.
El esfuerzo que está realizado la Junta Nominadora fue considerado histórico por la Misión Internacional de Observación (MIO) que visitó Honduras los días 15 y 16 de noviembre y que hizo sus primeras recomendaciones al proceso.
Una de ellas es que se le pida información de los candidatos a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).
Impugnación de candidatos
El jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, dijo a Expediente Público que en su momento “vamos a presentar algún escrito bajo el conocimiento que tenemos para impugnar algunos candidatos” ante la Junta Nominadora.
El fiscal confió en que la JN “va a depurar a todas esas personas que tienen algún vínculo con la corrupción, con el narcotráfico o con cualquier otra actividad ilícita” antes de que puedan llegar al Congreso Nacional que elegirá el 25 de enero de 2023 a la nueva CSJ.
Para Santos, de acuerdo a la información que ha trascendido en los medios, la JN “ha desarrollado un proceso normal”, pero recordó que debido a la escasa participación, al final serán elegidos “los 45 mejores o menos peores” para integrar la nómina que será enviada al Legislativo.
“Si todos los abogados hubieran participado, yo le aseguro que allí hubiera habido más que suficiente para poder escoger 45 personas con todos los requisitos que se requieren para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, añadió.
En Honduras para ser magistrado de la Corte es requisito el título de notario, pero de los 1,619 que aparecen registrados hasta 2022, solo 185 se autopostularon.
Santos opinó que la ciudadanía, autoridades, funcionarios y periodistas, entre otros, deben unirse “para evitar que las personas que tengan algún vínculo con alguna actividad ilícita o que de antemano sepamos que el papel que van a ir a desarrollar a la Corte Suprema de Justicia va a ser fatal, porque van a responder a intereses de sus clientes que defienden ahora” no lleguen a la CSJ.
Pobres criterios para elegir a magistrados
“Todavía hay personas que realmente uno sí cuestiona que tengan la audacia de autoproponerse porque se sabe que han estado involucradas en actos de corrupción” o que han sido partícipes de Cortes Supremas anteriores “que definitivamente contribuyeron a los niveles de impunidad que tenemos en este momento”, dijo de su lado a Expediente Público el exdiputado Aníbal Cálix, miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras).
La participación de estos personajes tiene que ver con que en años anteriores esas situaciones lesivas para el país “no se consideraban en lo más mínimo” al momento de seleccionar a los candidatos a magistrado, quienes eran propuestos por las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora y que por lo tanto necesitaban de “padrinos”.
Para Cálix, la vara con la cual se han medido a los candidatos y candidatas a la CSJ “estaba demasiado baja”, pero en la medida que los candidatos menos idóneos sean eliminados, se enviará un “buen mensaje para en el futuro el nivel de las autopropuestas” sea mejor.
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Buscan deslegitimar el proceso
El también director ejecutivo de Congreso Primero no dudó que haya personas y sectores interesados en deslegitimar el trabajo que realiza la Junta Nominadora, que recientemente fue denunciada por la supuesta filtración de preguntas para el examen de conocimientos jurídicos realizado el 14 de noviembre.
Lo irónico es que entre los que denunciaron hay reprobados, entonces para Cálix “no tienen derecho a ningún tipo de reclamo porque algunos de ellos hasta tuvieron acceso a las preguntas y ni aún así pasaron”. Sin embargo, consideró que las denuncias deben ser investigadas.
Quienes quieren desprestigiar el proceso son personas “que han estado acostumbradas en el pasado a tener control de la Junta Nominadora”, acotó, en referencia a grupos de poder y políticos que ejercerán presión para sacar el máximo provecho de la elección de la Corte, “como ha sido, desafortunadamente, una tradición en el país”.
Yerno de Mauricio Oliva
Entre los candidatos que siguen aspirando al cargo de magistrados de la CSJ está el yerno del expresidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva Herrera, el abogado y notario César Antonio Pinto Pacheco, casado con Rina Oliva Brizzio, nombrada como directora del Banco Central de Honduras (BCH) en febrero de 2019 en una decisión que fue cuestionada por diversos sectores.
En mayo de 2020, Expediente Público reveló que testaferros del cartel de narcotráfico “Los Cachiros” traspasaron cuatro propiedades a Oliva Herrera, entre ellas una casa que en 2006 fue puesta a nombre de Tania Gabriela Pinto Pacheco, diputada suplente del Partido Nacional.
En 2011, la parlamentaria “le regaló” la casa a su hermano, el yerno de Oliva Herrera, cuando era diputado suplente de Antonio Rivera Callejas, uno de los señalados en el escándalo de corrupción conocido como Pacto de Impunidad, que fue denunciado por la ahora extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Un exfiscal adjunto “desvisado”
En la lista de candidatos que aspiran a ser magistrados en el período 2023-2030 sigue también el exfiscal adjunto del Ministerio Público en el período 2004-2009, Yuri Fernando Melara, a quien el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa en 2005 por presuntos actos de corrupción.
En agosto de 2017, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra por falsificación de documentos públicos para la constitución fraudulente de bienes, aunque un mes después un juez le dictó sobreseimiento definitivo.
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Magistrado que avaló la reelección
También continúa en el proceso de selección de la Junta Nominadora el actual magistrado de la CSJ, Abilio Serrano, quien busca reelegirse.
Serrano integra la Sala de lo Constitucional, que en abril de 2015 avaló de forma definitiva la reelección presidencial al fallar de forma unánime a favor de un recurso que buscaba inhabilitar el artículo 239 constitucional que prohibía que un presidente volviera a serlo.
La decisión de la Sala permitió al entonces presidente Juan Orlando Hernández participar en las elecciones de noviembre de 2017, en las que fue reelegido en medio de denuncias de fraude.
Una magistrada de apelaciones investigada
Otra de las aspirantes a ser magistrada es la abogada Ingrid Ebelinda Monzón, quien fue denunciada en abril de 2019 por supuestamente favorecer el proceso contra la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, acusada por el caso conocido como Caja Chica de la de la Dama, presentado también por la MACCIH.
Monzón, quien fungía como magistrada de apelaciones de lo civil, fue denunciada por “hechos irregulares” como coordinadora del Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, para favorecer a su prometido, Julio César Ramírez, quien era apoderado legal de la exprimera dama.
Rosa Elena de Lobo fue condenada a más de 58 años de prisión, aunque en un nuevo juicio se le rebajó a más de 14 años.
En otra denuncia contra Monzón se pide que se le investigue por la propiedad de una lujosa camioneta, para determinar si era producto de sus actuaciones en el caso de la exprimera dama.
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Magistrada señalada de tráfico de influencias
Otra magistrada de apelaciones señalada que aspira a integrar el pleno de la CSJ es Norma Iris Coto, contra quien el Ministerio Público solicitó en 2015 un antejuicio por abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Según la información que trascendió entonces, Coto habría realizado una serie de llamadas para que los apoderados legales de unos médicos acusados en un caso de homicidio culposo, quienes habían acudido a su hijo para llegar a ella, lograran a ubicar a la persona de turno ante la que debían presentar unos recursos, ya que el plazo se les estaba venciendo.
Magistrada del TJE
Otra aspirante a la Corte es la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Miriam Barahona, acusada junto a los otros dos magistrados de prevaricato por la ciudadana Janina Aguilar Galeas.
En las elecciones de 2021, Aguilar Galeas fue electa primera regidora de la capital hondureña por el partido Libertad y Refundación (Libre). Su esposo, Cárlenton Dávila quedó como vicealcalde por la alianza de Libre con el Partido Salvador de Honduras (PSH), razón por la cual este solicitó su inhabilitación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo declaró sin lugar. El PSH presentó un recurso de apelación ante el TJE, que lo declaró con lugar.
Sin embargo, en su resolución el TJE afirma que Aguilar Galeas participó en las elecciones primarias de marzo de 2021 y que por lo tanto está sujeta a la ley electoral vigente entonces, que prohibía que los cónyuges fueran miembros de una misma municipalidad. A lo anterior, Aguilar Galeas alega que ella no participó en las primarias, por lo cual los magistrados del TJE han incurrido en prevaricato judicial.
Un fiscal adjunto, un magistrado del TSC y un excanciller
También aspiran a ser magistrados de la nueva Corte el fiscal adjunto Daniel Arturo Sibrián, el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Roy Pineda y el excanciller en el gobierno de Manuel Zelaya, Milton Jiménez Puerto.
Los dos primeros fungen en dos instituciones cuestionadas, la primera porque estuvo supuestamente al servicio del expresidente Juan Orlando Hernández, contra quien nunca presentó un requerimiento fiscal, y la segunda por su labor ineficiente como responsable de la fiscalización de los fondos del Estado.
De su lado, Jiménez Puerto protagonizó en diciembre de 2007 un incidente con unos policías que lo requirieron por conducir bajo los efectos del alcohol, tras lo cual presentó su renuncia.
La esposa y la hermana de Flores Lanza
Otras dos figuras de la lista de candidatos que no pasan inadvertidas son la esposa y la hermana de Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial, Sonia Marlina Dubón y Tirza Flores Lanza.
Flores Lanza, quien fue ministro de la Presidencia en el gobierno de Zelaya, enfrentaba cinco procesos penales por supuestos actos de corrupción, pero fue beneficiado con la amnistía política aprobada por el Congreso Nacional y que cubría a exfuncionarios del gobierno de Zelaya.
