*La Encuesta de Presupuesto Abierto mide la capacidad que la normativa legal otorga para realizar una vigilancia efectiva, aunque no mide aún el cumplimiento de estas obligaciones.
**Además, la falta de independencia debilita la función de control de las instituciones y da paso a la corrupción, afirman expertos.
Expediente Público
La crisis de institucionalidad y la destrucción del Estado de Derecho que enfrenta Nicaragua se reflejó en el ejercicio del Poder Legislativo en la discusión y aprobación del Presupuesto General de la República.
Además, este deterioro se denota en la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) hacia los recursos públicos, de hecho, el año pasado no publicó las auditorias del presupuesto de la República.
A pesar de presentar parte de la documentación exigidas por ley, Nicaragua vivió un retroceso de 5 puntos porcentuales en el Índice de Fortaleza de las Instituciones de Vigilancia de la edición 2023 de la Encuesta de Presupuesto Abierto (OBS, por sus siglas en inglés).
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Nicaragua bajó de 59 a 54 de una calificación posible de 100 puntos entre 2021 y 2023, pues la OBS se realiza cada dos años por la International Budget Partnership (IBP, por sus siglas en inglés) o Asociación Presupuestaria Internacional, con el apoyo de una red de organizaciones aliadas.
La OBS mide tres dimensiones del proceso presupuestario que son la transparencia, la participación ciudadana y la fortaleza de las instituciones de vigilancia.
En el segmento de vigilancia institucional, la OBS examina a través de 18 indicadores, el papel que desempeña la Asamblea Nacional y el grado de supervisión que ejerce la CGR en el proceso. La calificación de 54 puntos que Nicaragua obtuvo, lo ubicó en el segmento de países con supervisión limitada.
Cierta capacidad de control, pero no es usada
Leonardo Labarca, investigador de Expediente Abierto, aclara que se debe tener en cuenta que este índice se limita a evaluar la capacidad que tienen las instituciones a partir de lo que contempla el marco normativo, “pero de ahí a que se haga es algo que no se mide”.
Por su parte, el economista y exdiputado Enrique Sáenz, lamenta que este mecanismo sólo permita ver una parte de lo que ocurre con la vigilancia por parte de la CGR y no la fotografía completa, ya que es evidente la carencia de independencia de la institución.
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Alexandre Ciconello, oficial de programa de IBP, explica que la Asamblea Nacional y la Controlaría General de la República (CGR), hacen la vigilancia formal, pero existe otra vigilancia “que es súper importante” y es la que hace la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y las organizaciones internacionales.
“Pero esta no se verifica en Nicaragua, lo que se verifica en un nivel de vigilancia un poco mayor por parte de la Asamblea Nacional y en esta ronda se cayó mucho la vigilancia por parte de la Controlaría que dejó de publicar sus informes de auditoría, entonces se bajó el puntaje”, dice Ciconello.
Labarca atribuye el deterioro de la vigilancia al contexto actual del país, en el que las instituciones y los poderes del Estado no tienen independencia y el trabajo de vigilancia se ha reducido.
Contraloría de mal en peor
“El caso de la Contraloría es preocupante porque dejó de publicar los informes de auditoria… ya son dos años consecutivos en que no publica estos informes en su página web, entonces por esa parte hay un retroceso bien importante en esta medición”, dice Labarca.
El investigador añade que la Contraloría bloqueó el acceso a las personas que están fuera del país, dificultando aún más la vigilancia por parte de los ciudadanos.
Este retroceso provocó que en la medición directa que le hacen a la CGR la institución perdiera 17 puntos porcentuales con respecto a la encuesta anterior cuando obtuvo 50 puntos de 100, pero el año pasado bajó a 33 puntos. En este apartado los líderes fueron los mismos del Índice general, es decir, Brasil, Costa Rica y Perú.
Para Juan Sebastián Chamorro, economista y exreo político desterrado, la CGR tiene asignadas otras funciones que en la última década tampoco cumplió.
“Está en la obligación de investigar a los funcionarios que ejecutan (el presupuesto), pero no ha hecho absolutamente nada… Porque precisamente cuando hay un Estado de Derecho que es violentado por una dictadura, ponen básicamente a monigotes que no hacen su investigación”, expone Chamorro.
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Asamblea Nacional sumisa
Ciconello explica que la vigilancia por parte del poder Legislativo y la CGR es fundamental, porque cuando no se hace, los recursos que el Estado capta a través de los impuestos que la población paga y los recursos naturales del país, no se invierten adecuadamente para cubrir las necesidades básicas de la población, principalmente en el campo de la salud, educación y vivienda, sino que las prioridades se eligen bajo otros criterios.
En el caso de la medición directa al trabajo de la Asamblea Nacional la OBS 2023 le otorgó 64 de 100 puntos posibles y la ubicó en el segmento de vigilancia adecuada.
Esa calificación, según Labarca, refleja nuevamente que en este segmento de la encuesta no se mide lo que realmente se hace, sino la capacidad que le otorga el marco normativo y lo que la institución dice que hace.
“La encuesta no dice si se están publicando los documentos que permitan saber si se está haciendo o no, una adecuada vigilancia al Presupuesto por parte de la Asamblea Nacional… En cambio, en la parte de la Contraloría sí se mide la parte de la publicación de los documentos y las posibilidades que tiene de vigilar el presupuesto”, aclara Labarca.
Para Chamorro la falta de vigilancia por parte de la Asamblea Nacional y la CGR propician que se cometan actos de corrupción.
“La corrupción crece en Nicaragua, porque hay una dictadura y hay una argolla de contratistas, de funcionarios públicos, comenzando con el secretario de la comuna de Managua, Fidel (Moreno), en la cual ellos mismos se reparten los contratos a través de sus empresas”, dice Chamorro.
Añade que este esquema ha dado paso a múltiples actos de corrupción conocidos recientemente, entre ellos el defalco millonario en materiales de construcción al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) que se reportó en Estelí; y la investigación al Tesorero General de la República, que es la persona encargada de resguardar los recursos del Estado en el Ministerio de Hacienda y al parecer está robando.
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“Cuando vos tenés casos de corrupción que ya son tan generalizados, empezás a tener efectivamente ineficiencias económicas, porque básicamente esta plata que debería ir hacia hospitales, hacia carreteras, va hacia los bolsillos de los corruptos, y no hay quien los controle, (porque) como había mencionado, la Contraloría no opera”, expone Chamorro.
Miedo interno a opinar o debatir
A pesar del dominio absoluto que Daniel Ortega ejerce sobre la Asamblea Nacional y sobre la CGR, e incluso a pesar del autoritarismo del régimen, Ciconello considera que, entre las instituciones, la Asamblea Nacional es la que todavía tiene chance de promover algunos debates sobre el Presupuesto, la deuda pública o los impuestos.
Además, el informe de resultados de la OVS 2023 recomienda que el Poder Legislativo cree una comisión que examine la ejecución del Presupuesto y los informes de auditoría y publique sus conclusiones.
Por su parte Labarca, considera fundamental que la CGR tenga independencia y los recursos necesarios para hacer su trabajo. La independencia la conseguiría si los diputados de la Asamblea Nacional, de forma independiente y no por orden del Ejecutivo, eligen a sus miembros y le garantizan los recursos necesarios para que realicen una vigilancia efectiva.
“Pero sabemos que en Nicaragua hay una fusión de poder, esto no se puede hacer… se sabe de años anteriores que no cuentan con los recursos necesarios y por lo tanto no auditan al 100 por ciento de las instituciones, andan si no me equivoco, auditando alrededor del 60 por ciento”, afirma Labarca.
En la edición de la encuesta 2023 participaron 125 países y entre los 18 de Latinoamérica Brasil con 83 puntos lideró el Índice de Fortaleza de las Instituciones de Vigilancia, le siguió Costa Rica con 78 puntos y Perú con 76 puntos de 100. Nicaragua con 54 puntos se ubicó en el puesto 12 de la lista que cerró Venezuela con 28 puntos.
Según el informe de resultados de la OBS 2023, la pandemia de Covid-19 “proporcionó una excusa” para que muchos gobiernos evadieran a los Poderes Legislativos de sus países, el problema es que “las prácticas de supervisión legislativa no se han recuperado desde entonces”.
