*Hospitales privados “inflaron sus precios y nadie les ponía límites”, dijo la exjueza Gracia Bertrand, mientras que defensora de derechos humanos señaló que centros privados también cometieron “abusos”.
**En tanto la corrupción pública hizo averías con los fondos destinados a la compra de hospitales móviles, equipos e insumos para tratar a los pacientes del COVID-19 en plena pandemia.
Expediente Público
Un día de agosto de 2021, después de que unos parientes cercanos empezaron a mostrar síntomas de COVID-19, la abuela de “Leonarda” se realizó una prueba del virus que dio positiva.
Tres días después del examen la septuagenaria empezó a manifestar los síntomas de la enfermedad, pero estuvo recibiendo atención médica en casa, contó a Expediente Público la nieta, quien se describió a sí misma como una emprendedora y pidió ocultar su nombre real.
Cuando se le desencadenó una neumonía a la señora fue necesario llevarla a un centro asistencial, pero el hospital Atlántida Integrado, el único público en la ciudad de La Ceiba (Norte del país), estaba abarrotado ante el aumento de casos de coronavirus por lo que decidieron ingresar a la paciente a un centro privado en el que pedían un depósito de cien mil lempiras (4,101 dólares al cambio actual).
Para reunir esa cantidad toda la familia hizo su aporte, incluyendo los parientes que viven en Estados Unidos (EE. UU.). Unos vaciaron sus ahorros y otros pidieron prestado o “pusieron sus tarjetas de crédito”, recordó “Leonarda”.
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH) para el tercer trimestre de este año las remesas aumentaron 1,323.3 millones de dólares comparado con 2020, cuando en ese mismo período hubo un decrecimiento de 7.5 millones en relación a 2019 debido al impacto del COVID-19 en la actividad económica mundial, especialmente en EE. UU.
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El incremento de las remesas se debe a la resiliencia de los migrantes como a “su compromiso con la salud y el bienestar de los familiares en los países de origen”, se lee en un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Tras diez días internada sin ninguna mejoría y una deuda aproximada de medio millón de lempiras (20,506 dólares), la abuela de “Leonarda” fue trasladada a un hospital público donde murió en septiembre.
Volvieron a juntar dinero entre todos para pagar el hospital privado y algunos estuvieron a punto de hipotecar sus casas; al final no hubo necesidad de llegar a ese extremo, pero quedaron endeudados.
Sistema sanitario desbordado
Los picos de la pandemia se reflejaron en la saturación del sistema hospitalario público, integrado por la Secretaría de Salud y el Seguro Social.
El primero da cobertura a entre un 50 y 60 por ciento de la población hondureña y el segundo al 16 %, de acuerdo a un informe de 2018 del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
Honduras cuenta con 87 hospitales privados que dan cobertura a entre un 10 y 15 por ciento de la población, señala el mismo documento.
Los primeros casos de COVID-19 fueron confirmados el 10 de marzo de 2020 por la Secretaría de Salud y un día después la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dio a la nueva enfermedad la categoría de pandemia.
Ese mes el gobierno hondureño impuso un toque de queda absoluto que se sumó al impacto que el virus tendría en la economía, pero no evitó que este siguiera propagándose.
Uno de los sectores afectados económicamente por la pandemia en un inicio fue el de la salud privada, ya que por miedo al contagio muchos pacientes “no querían visitar a sus médicos” aún si su dolencia no tenía que ver con el coronavirus, dijo la presidenta de la Asociación de Hospitales Privados de Honduras (Ashoprho), Melba Martínez, a Expediente Público en entrevista para este reportaje el 21 de octubre de 2021.
Eso que ella calificó de “histeria colectiva” causó “una baja muy grande” en las atenciones en los hospitales privados, que además debieron asumir la dotación de equipo de protección para el personal médico y colaboradores, así como el cambio en infraestructura “para poder adecuar los espacios para la atención de una enfermedad altamente contagiosa”.
Los precios se fueron a las nubes. “Un botecito de gel podía costar tres o cuatro veces lo que cuesta hoy en día, un termómetro digital costaba 4,500 lempiras (184 dólares) cuando hoy está costando mil (41 de dólares)”, y la rotación de personal se disparó ya que muchos médicos mayores o que vivían con sus progenitores no querían atender pacientes con COVID-19”, detalló Martínez.
Pero reconoce que mientras algunas empresas decidieron suspender operaciones o despedir personal, “ese no fue el caso de los hospitales”.
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Nadie les pone límites
Con la pandemia “salieron los mercantilistas”, dijo a Expediente Público la exjueza de Sentencia Gracia Bertrand, quien cuestionó que los hospitales privados “inflaron sus precios y nadie les ponía límites”.
Incluso se daban el lujo de rechazar pacientes: “uno llevaba sus parientes con el examen de COVID-19 negativo y aun así no lo querían tratar”.
Fue lo que le pasó a ella, cuando buscó atención privada para su madre, quien murió por complicaciones de salud no relacionadas con el coronavirus.
“Había mucha discriminación en los hospitales privados, había mucho maltrato a las personas de la tercera edad”, señaló la letrada.
En junio de 2020, el Colegio Médico de Honduras pidió en un comunicado que todos los hospitales privados atendieran a personas con COVID-19 para descongestionar al sector público, ya que “hay varios que simplemente han decidido no atender estos pacientes”, decía el llamado.
“Si usted no daba medio millón o 300 mil lempiras, su pariente tenía que ir a esperar un cupo” en uno de los hospitales públicos, donde hay tráfico de influencias para conseguir una camilla, sustracción de medicamentos para reventa en el mercado negro, lo que empeora el desabastecimiento, y se debe pagar hasta para retirar un cadáver de la morgue, denunció la letrada.
En marzo del 2021, Bertrand criticó en sus redes sociales que era posible exigir que pacientes graves que no habían conseguido cupo en un hospital público fueran ingresados completamente gratis en uno privado.
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Recibió unos 80 mensajes directos de personas que estaban o habían estado en esa situación. “Tuvo un efecto increíble, nunca me imaginé que tantas personas me iban a escribir”, recuerda.
La exjueza explicó que ese procedimiento debe hacerse ante un juez de jurisdicción contencioso administrativo.
El paciente deberá presentar una constancia de que no pudo ser recibido en un hospital público por falta de cupo para que el juez lo remita a un hospital privado, “interviniendo prácticamente una institución privada y obligando al Estado a que pague la factura para garantizar ese derecho”.
El problema es que este procedimiento puede tardar entre una o dos semanas, un tiempo que para muchos pacientes graves puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Otra de las deficiencias del sector público ha sido la aplicación de pruebas para detectar el virus como la PCR, que llegaron a costar en los centros privados de 3,500 a 5,415 lempiras (143 a 222 dólares).
En la actualidad, una PCR se consigue en “promoción” hasta por 2000 lempiras (82 dólares). Si la entrega de los resultados es en menos de 24 horas el costo podría ser de 3,890 (159 dólares).
En su informe anual 2020, el Conadeh registró 713 quejas a nivel nacional contra la Secretaría de Salud por violaciones al derecho a la salud, las que aumentaron en julio y agosto “cuando se alcanzaron los niveles más altos de incidencia de casos de COVID-19”, informa el organismo de derechos humanos.
En 2019 las denuncias fueron 257.
El Conadeh recibió denuncias por la “falta de insumos importantes” en el servicio público de salud y “muchas personas, tanto personal de salud como usuarios” debían adquirirlos “en lugares privados, a altos costos” debido al acaparamiento “e incremento indebido e injustificado por muchas personas y empresas”.
Costos privativos en salud
Buscar atención privada sigue siendo caro en Honduras, cuyo salario mínimo oscila entre 7,033 y 13,346 lempiras (288 y 547 dólares) y donde el gasto de bolsillo en salud es de 45% del gasto total, según el informe “Indicadores Básicos 2019” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el más alto de Centroamérica después de Guatemala (53.3%).
El depósito en un hospital privado para un paciente con COVID-19 es de 100 mil a 150 mil lempiras (4,101 y 6,151 dólares).
La estadía diaria podría oscilar entre 80 mil y 90 mil lempiras (3,280 y 3,691 dólares), “y eso no incluye honorarios médicos, medicamentos ni materiales”, detalló el empleado de un centro privado consultado por Expediente Público.
Mientras que el depósito que debe pagar un paciente no relacionado con el COVID-19, que ha sufrido un infarto, por ejemplo, podría oscilar entre 15 mil y 20 mil lempiras (615 a 820 dólares) por una “habitación sencilla”, pero si es de cuidados intensivos el costo se dispara a 150 mil lempiras.
Martínez, la presidenta de la Ashoprho, integrada por 26 hospitales privados, dijo que no son ellos los que incrementan los costos y que estos dependen de los honorarios del personal médico especialista y de enfermería, quienes por lo general no son contratados por esos centros, sino que son independientes.
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“Nosotros englobamos el servicio, pero no somos los proveedores directos y es algo que a la gente se le olvida”, explicó.
Lo mismo pasa con los medicamentos que en el caso del COVID-19 “son de alta complejidad” y “aún hoy en día son carísimos” a pesar de que ha habido un declive de la pandemia.
Para el caso, una ampolla de tocilizumab (ampolla antiinflamatoria) puede andar en 48 mil lempiras (1,968 dólares).
“Entonces, realmente pueden decir: ‘sí, los hospitales incrementaron el depósito por el paciente COVID-19, pero hay que tomar en consideración todo lo que conlleva”, resumió Martínez.
También compartió que “pasa mucho que cuando la persona fallece a veces los familiares carecen de los recursos para cancelar toda la cuenta”, y no solo por el coronavirus sino en general.
De manera extraoficial, este medio conoció que en algunos hospitales privados la mora ha aumentado en tiempos de pandemia y los departamentos de cobro están ocupados tratando de recuperar ese dinero.
Las demandas ordinarias de pago en los juzgados civiles a nivel nacional pasaron de tres en 2020 a 19 hasta octubre de 2021, según la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), sin especificar de dónde provienen.
En 2019 fueron 34 y cuatro en 2018.
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Corrupción y abuso
Para la directora ejecutiva de la Asociación para una Ciudad Participativa (ACI-Participa), Hedme Castro, los hospitales privados se aprovecharon de las personas que no pudieron recibir atención en los centros hospitalarios públicos.
“Como defensoras de derechos humanos pensamos que también hubo abuso de parte de los hospitales y de parte de los médicos privados, no cumplieron con su juramento hipocrático”, declaró a Expediente Público.
Castro consideró que el gobierno debió establecer un arancel, como ocurre con los abogados, para evitar los abusos, pero dejó claro que el irrespeto al derecho a la salud de los hondureños empezó con el desfalco millonario al Seguro Social y la corrupción pública en la compra de hospitales móviles, mascarillas, ventiladores mecánicos, entre otros, que no reunían los requisitos y fueron sobrevalorados.
Dijo que el monto que se gastó entre el Seguro Social y la pandemia es de 9,357 millones 400 mil lempiras (374.3 millones de dólares), pero no se tradujo en medicamentos ni equipo médico, sino que fue a dar a manos de particulares.
“No hay persona en Honduras que no haya perdido un familiar o un amigo con el COVID-19”, lamentó.
